La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, reveló que la ciudadanía considera que la situación que enfrenta México empeorará el próximo año.
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miércoles, 24 de agosto de 2011
La mitad de los mexicanos desconfía de la impartición de justicia: UNAM
Las instituciones en México y su legitimidad se han deteriorado a tal punto que su restauración requiere un rediseño del Estado, advierte un estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales.
Además, subraya que los mecanismos de control del sistema político, como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, han permeado ya el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde, dice, su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
Y, por si fuera poco, menciona que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.
Dirigido por el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Héctor Fix-Fierro, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión, el estudio abarcó más de 2 mil entrevistas, entre las que siete de cada 10 personas expresaron que la situación que priva actualmente en el país es peor que la de 2010, y más de la mitad dijo ser poco optimista de que las cosas cambien el próximo año.
La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo pasado, y para comparar los datos obtenidos se dividió al país en cuatro regiones.
En un estudio anterior, aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro, mientras que en la encuesta actual sobresalieron la violencia generalizada y la delincuencia organizada.
Respecto de la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante. Uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Casi cinco de cada diez (47.7%) señalaron que el funcionamiento de la justicia en México no es el idóneo y 22% ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
Siete de cada 10 entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, mientras que cinco de cada 10 consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.
El 36.3% consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con 21.9% de opiniones desfavorables, y seis de cada 10 encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Alrededor de siete de cada 10 entrevistados señalaron que “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”, y 75.7% consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8% respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada 10 afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.
El 57.1% consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
Ocho de cada 10 consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad, y uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, mientras que a 27. 2% le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada 10 expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.
En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos, seguidas por el Ejército y los maestros, en tanto que los partidos políticos, los diputados y la policía ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada 10 personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen “poco” caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos de 50%.
Casi seis de cada 10 personas expresaron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios, y 60% se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas. (APRO)
miércoles, 2 de febrero de 2011
¿Dónde está Adriana Morlett?
La estudiante de la UNAM desapareció el 6 de septiembre y hasta este momento las autoridades no tienen ni hipótesis ni línea de investigación.
Martín Moreno
Bien sabido es que la impartición de justicia es el punto más débil del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Sus fracasos abundan: el caso Martí, su irresponsable y desafortunada actuación en el secuestro y muerte de Yolanda Cevallos Coppel —supieron con anticipación que iba a ser secuestrada y dejaron que el plagio se consumara—, así como infinidad de crímenes y ejecuciones públicas no aclaradas, como la ocurrida en "Pizzas Danys" en julio pasado.
"No se la van a acabar", advirtió bravucón Marcelo Ebrard a los asesinos de cuatro personas en la pizzería. Hasta hoy siguen libres.
A ese rosario de ineficacias se suma la desaparición de la estudiante de la UNAM, Adriana Morlett, desde el 6 de septiembre. El martes pasado, en las páginas de Excélsior, la reportera Claudia Solera detalló la historia de Adriana y la desesperación de su padre, Javier Morlett, a casi cuatro meses de no saber absolutamente nada de su hija.
"En la PGJDF me dicen que no tienen nada: ni hipótesis ni pistas ni líneas de investigación. Nada", comentó ayer a esta columna Javier Morlett.
Del trabajo de Solera se desprende que el último que vio a Adriana —estudiante de 21 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM—, fue otro alumno, de Sicología, Mauro Alberto Rodríguez, cuando la chica tomaba un taxi de avenida Aztecas hacia Copilco, al sur de la ciudad.
Pero Mauro Alberto ha caído en infinidad de contradicciones. Dice no recordar el taxi, se hace bolas al explicar por qué Adriana fue con él a Aztecas —donde vive Rodríguez—, cuando ella ya se encontraba frente a su departamento en Copilco, que comparte con su hermano.
Primero manifestó que Adriana lo había acompañado a su casa porque iba a comprar un sofá. Luego cambió la versión y aseguró que lo hizo "por cortesía".
Sin tener elementos para culpar a Mauro Alberto de la desaparición de Adriana, sí resulta sospechoso que si se dice su amigo, no aporte mayores datos para la investigación. Aún más: acudió a la CDHDF para evitar que lo siguieran interrogando.
¿Dónde termina la protección de los derechos humanos de un individuo, y dónde empieza el encubrimiento hacia un presunto responsable? Hoy, por intervención de la Comisión que encabeza Luis González Plascencia, no se puede interrogar a Mauro Alberto.
El estudiante es clave —por no decir que es la única pista—, para saber qué ocurrió realmente con Adriana. Ante la gravedad del caso, resulta inadmisible la protección que la CDHDF le brinda, ya que en medio está la desaparición de Adriana Morlett. ¿Alguien que se dice amigo realmente evitaría contribuir a la investigación?
"Mauro siempre me dice: no sé (dónde está Adriana). Cuando quedo de verlo me cambia las citas y ya tiene dos meses que no dice nada", dice Javier Morlett.
Señala que en principio "pensamos que era un secuestro; sin embargo, no han pedido rescate y lo que hay es una privación ilegal de la libertad".
Adriana Morlett tenía año y medio viviendo en la ciudad de México, y es una alumna con 9.7 de promedio en la UNAM. Es de Guerrero. Soltera. La Fiscalía Antisecuestros capitalina ha mostrado, una vez más, su incompetencia para resolver el caso, ante la desesperación de un padre mexicano, de rodillas por la falta de seguridad e impunidad que también se vive en el DF.
Ebrard nada ha dicho de este caso. Anda de vacaciones.
Ayer fueron Wallace, Martí y Silvia Vargas. Hoy es Adriana Morlett.
Y todo en el DF, asiento ya del crimen organizado.
Archivos confidenciales
*Tras nuestra columna del martes pasado en la que cuestionamos la actuación de las autoridades —federales y estatales—, por la ejecución de Marisela Escobedo, nos envía un correo la comisionada nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres —dependiente de Gobernación—, Laura Carrera Lugo, en el que solamente avala la ineficacia oficial con la que se actuó en el caso. Dice Carrera que Marisela les pidió apoyo y como "esta Comisión no contaba con una partida de atención a víctimas, se le envió a la Procuraduría de Chihuahua". Es decir: ni Carrera ni las autoridades estatales pudieron apoyar, como se necesitaba, a Marisela. "En otras ocasiones también la recibimos en nuestras oficinas de Ciudad Juárez", dice Carrera. ¿Y? ¿Sirvió de algo? No. Fueron incapaces de atender las reclamaciones de justicia de una mexicana desesperada, como ocurre con Javier Morlett en el DF. No tienen presupuesto para personas en desgracia, pero sí se otorgan "bonos de riesgo" para funcionarios federales. Vaya ineptitud.
*Del diccionario de Ebrard. GRANADERO: úsese para proteger en marchas y plantones a los amigos, como los trabajadores del SME, los Panchos Villa y taxis Pantera, pero ordénese que agarren a macanazos a quienes se oponen a la Supervía Poniente y al Metrobús. (Excelsior)
"No se la van a acabar", advirtió bravucón Marcelo Ebrard a los asesinos de cuatro personas en la pizzería. Hasta hoy siguen libres.
A ese rosario de ineficacias se suma la desaparición de la estudiante de la UNAM, Adriana Morlett, desde el 6 de septiembre. El martes pasado, en las páginas de Excélsior, la reportera Claudia Solera detalló la historia de Adriana y la desesperación de su padre, Javier Morlett, a casi cuatro meses de no saber absolutamente nada de su hija.
"En la PGJDF me dicen que no tienen nada: ni hipótesis ni pistas ni líneas de investigación. Nada", comentó ayer a esta columna Javier Morlett.
Del trabajo de Solera se desprende que el último que vio a Adriana —estudiante de 21 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM—, fue otro alumno, de Sicología, Mauro Alberto Rodríguez, cuando la chica tomaba un taxi de avenida Aztecas hacia Copilco, al sur de la ciudad.
Pero Mauro Alberto ha caído en infinidad de contradicciones. Dice no recordar el taxi, se hace bolas al explicar por qué Adriana fue con él a Aztecas —donde vive Rodríguez—, cuando ella ya se encontraba frente a su departamento en Copilco, que comparte con su hermano.
Primero manifestó que Adriana lo había acompañado a su casa porque iba a comprar un sofá. Luego cambió la versión y aseguró que lo hizo "por cortesía".
Sin tener elementos para culpar a Mauro Alberto de la desaparición de Adriana, sí resulta sospechoso que si se dice su amigo, no aporte mayores datos para la investigación. Aún más: acudió a la CDHDF para evitar que lo siguieran interrogando.
¿Dónde termina la protección de los derechos humanos de un individuo, y dónde empieza el encubrimiento hacia un presunto responsable? Hoy, por intervención de la Comisión que encabeza Luis González Plascencia, no se puede interrogar a Mauro Alberto.
El estudiante es clave —por no decir que es la única pista—, para saber qué ocurrió realmente con Adriana. Ante la gravedad del caso, resulta inadmisible la protección que la CDHDF le brinda, ya que en medio está la desaparición de Adriana Morlett. ¿Alguien que se dice amigo realmente evitaría contribuir a la investigación?
"Mauro siempre me dice: no sé (dónde está Adriana). Cuando quedo de verlo me cambia las citas y ya tiene dos meses que no dice nada", dice Javier Morlett.
Señala que en principio "pensamos que era un secuestro; sin embargo, no han pedido rescate y lo que hay es una privación ilegal de la libertad".
Adriana Morlett tenía año y medio viviendo en la ciudad de México, y es una alumna con 9.7 de promedio en la UNAM. Es de Guerrero. Soltera. La Fiscalía Antisecuestros capitalina ha mostrado, una vez más, su incompetencia para resolver el caso, ante la desesperación de un padre mexicano, de rodillas por la falta de seguridad e impunidad que también se vive en el DF.
Ebrard nada ha dicho de este caso. Anda de vacaciones.
Ayer fueron Wallace, Martí y Silvia Vargas. Hoy es Adriana Morlett.
Y todo en el DF, asiento ya del crimen organizado.
Archivos confidenciales
*Tras nuestra columna del martes pasado en la que cuestionamos la actuación de las autoridades —federales y estatales—, por la ejecución de Marisela Escobedo, nos envía un correo la comisionada nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres —dependiente de Gobernación—, Laura Carrera Lugo, en el que solamente avala la ineficacia oficial con la que se actuó en el caso. Dice Carrera que Marisela les pidió apoyo y como "esta Comisión no contaba con una partida de atención a víctimas, se le envió a la Procuraduría de Chihuahua". Es decir: ni Carrera ni las autoridades estatales pudieron apoyar, como se necesitaba, a Marisela. "En otras ocasiones también la recibimos en nuestras oficinas de Ciudad Juárez", dice Carrera. ¿Y? ¿Sirvió de algo? No. Fueron incapaces de atender las reclamaciones de justicia de una mexicana desesperada, como ocurre con Javier Morlett en el DF. No tienen presupuesto para personas en desgracia, pero sí se otorgan "bonos de riesgo" para funcionarios federales. Vaya ineptitud.
*Del diccionario de Ebrard. GRANADERO: úsese para proteger en marchas y plantones a los amigos, como los trabajadores del SME, los Panchos Villa y taxis Pantera, pero ordénese que agarren a macanazos a quienes se oponen a la Supervía Poniente y al Metrobús. (Excelsior)
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