CELEBREMOS 50 AÑOS DE LUCHA: AMNISTIA INTERNACIONAL

Colegas,

Amnistía Internacional (AI) celebrará 50 años de ardua labor en defensa de los derechos humanos, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante medio siglo AI ha demostrado que el cambio es posible, y que las personas, unidas en una acción común más allá de fronteras y creencias, pueden lograr cosas extraordinarias.
En México la vela de Amnistía Internacional lleva 40 años encendida, y continúa escribiendo una larga historia en la que sus protagonistas, simpatizantes, activistas, miembros, voluntarios y organizaciones, han actuado con coraje y determinación en la lucha para hacer de los derechos humanos una realidad.
En esta ocasión Amnistía Internacional se complace en invitarte a formar parte de esta celebración que tendrá lugar el 9 de diciembre de 6pm a 9 pm, en la Universidad del Claustro de Sor Juana ubicada en José María Izazaga 92 colonia Centro, México, D. F. (mapa)
Registraté ya en: http://amnistia.org.mx/diciembre
Gracias por acompañarnos en nuestra celebración por los derechos de todas y todos.
Daniel Zapico
Coordinador de Movilización e Impacto.
Amnistía Internacional México


Universidad del Claustro de Sor Juana
9 de diciembre de 6pm a 9 pm
José María Izazaga 92 colonia Centro, México, D. F.(mapa) (registro)

La mitad de los mexicanos desconfía de la impartición de justicia: UNAM

 Las instituciones en México y su legitimidad se han deteriorado a tal punto que su restauración requiere un rediseño del Estado, advierte un estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales.

Además, subraya que los mecanismos de control del sistema político, como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, han permeado ya el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde, dice, su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.

Y, por si fuera poco, menciona que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.

Dirigido por el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Héctor Fix-Fierro, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión, el estudio abarcó más de 2 mil entrevistas, entre las que siete de cada 10 personas expresaron que la situación que priva actualmente en el país es peor que la de 2010, y más de la mitad dijo ser poco optimista de que las cosas cambien el próximo año.

La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo pasado, y para comparar los datos obtenidos se dividió al país en cuatro regiones.

En un estudio anterior, aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro, mientras que en la encuesta actual sobresalieron la violencia generalizada y la delincuencia organizada.

Respecto de la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante. Uno de cada seis, la calificó de peligrosa.

Casi cinco de cada diez (47.7%) señalaron que el funcionamiento de la justicia en México no es el idóneo y 22% ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.

Siete de cada 10 entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, mientras que cinco de cada 10 consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.

El 36.3% consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con 21.9% de opiniones desfavorables, y seis de cada 10 encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.

Alrededor de siete de cada 10 entrevistados señalaron que “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”, y 75.7% consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.

Un 54.8% respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada 10 afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.

El 57.1% consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.

Ocho de cada 10 consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad, y uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, mientras que a 27. 2% le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada 10 expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.

En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos, seguidas por el Ejército y los maestros, en tanto que los partidos políticos, los diputados y la policía ocuparon los últimos sitios de la escala.

Seis de cada 10 personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen “poco” caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos de 50%.

Casi seis de cada 10 personas expresaron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios, y 60% se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas. (APRO)

CORRUPCIÓN: TUMOR DE DIMENSION NACIONAL

Conrado Garcia Jamin


Usted lo leyó o escuchó así: el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que efectúo Trasparencia Mexicana dio a conocer que durante el 2010, los ciudadanos pagaron alrededor de 165 pesos por mordidas o sobornos en diferentes 35 trámites.

Edmundo Berumen, de Transparencia Mexicana, explicó que de acuerdo a las 15 mil 326 encuestas realizadas a nivel nacional los actos de corrupción disminuyeron en los Estados de Baja California Sur, Yucatán, Morelos y Durango pero se dispararon en Guerrero, Hidalgo, Colima y Oaxaca.

"En 2010 se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares", explicó.

Las encuestas fueron respondidas en un 79 por ciento por los jefes del hogar, quienes reconocieron haber tenido que ver directamente con la entrega de mordidas o sobornos en diferentes tramites, sobre todo en multas. 

"En 2010 una mordida costó en promedio a los hogares mexicanos que la pagaron 165 pesos".

En el 2010, también se dio a conocer que se destinaron 32 mil millones de pesos en mordidas a diferencia del 2007 cuando se registraron 27 mil millones de pesos en actos de soborno y corrupción. Por su parte, Roy Campos, encuestador, dijo que no importa el partido político que gobierne, los actos de corrupción se presentan en todas las entidades.

De acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el pago del impuesto predial es el trámite que menos actos de corrupción reporto. Sin embargo los hogares mexicanos destinaron el año pasado 14 por ciento de sus ingresos a la corrupción.


¿LO ENTENDEMOS Y... LO TOLERAMOS?



Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder".

Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio: "Se designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares".
La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político desviado" (falta de ética política); "conducta política contraria a las normas jurídicas" (falta de ética jurídica y política); y "usurpación privada de lo que corresponde al dominio público". Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse en una definición, pues los actos de corrupción no siempre benefician únicamente intereses particulares.


La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a una causa o movimiento social, político o cultural. Debido a lo anterior, algunos autores han diferenciado la corrupción egoísta de la solidaria. Para efectos de esta disertación, la corrupción se define como un acto racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa e indirectamente.
Consecuencias de la corrupción.

• Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas.
• Erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos.
• Reproduce una concepción patrimonialista del poder.
• Reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.
• Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular.
• Revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.

Tipos de corrupción


Existen diversas tipologías de la corrupción desde la que hace sólo referencia a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales. Estos tipos son:


Extorsión.- Es cuando un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa.
Soborno.- Es cuando un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos.

Peculado.- Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra.
Colusiones.- Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente.
Fraude.- Es cuando servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración.
Trafico de influencias.- Es cuando un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización.
La falta de ética.- Es un tipo especial de corrupción que si bien no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos servidores públicos, una conducta negativa que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas. Esta falta de ética se pude observar cuando determinado servidor público no cumple con los valores de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espíritu de servicio, por citar algunos.
Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o bienes del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal "ambulantaje", la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasma "aviadores", venta de plazas, entre otras manifestaciones.

CORRUPCIÓN: TAN ANTIGUA COMO LA HUMANIDAD


"El poder tiende a Corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". La sentencia pertenece a lord Acton, y no deja espacio para la duda: desde que existe el poder existe la corrupción. Fatalmente, están ligados entre sí. Esta peste, de la que hoy tanto se habla, es casi tan vieja como el hombre; tuvo que haber aparecido unos días después de que nuestros primitivos abuelos abandonaran tI sistema de hordas para constituirse en tribus. 


La historia parece darle la razón a lord Acton. El primer acto de corrupción documentado se remonta al antiguo Egipto. Así lo registra un papiro datado en la XX Dinastía, durante el reinado de Ramsés IX (1142-1123 a de C.). En ese documento se detallan las vicisitudes por las que atravesó Peser, funcionario del faraón, por haberse atrevido a denunciar los negocios sucios de Pewero, otro funcionario de alto rango. Pewero se había asociado con los profanadores de tumbas y, haciendo la vista gorda a esos robos, obtenía suculentas ganancias. Además de ladrón, era astuto: en dos oportunidades pudo anular las pruebas presentadas por Peser y lo sometió a las peores burlas públicas. Finalmente, por lo que da cuenta el papiro, el bien triunfó sobre el mal: Peser recuperó la honra perdida y Pewero fue duramente condenado. 

Los sumerios también estaban preocupados por ese flagelo que se había incrustado en sus instituciones. Uno de los himnos religiosos dedicado a Nanshe, diosa de la ciudad de Lagash, habla de los "hombres imperfectos"; dice que son "los que siguen el camino del pecado y cometen arbitrariedades; los que violan las normas establecidas; los que violan los contratos; los que consideran favorablemente los lugares de perdición; los que sustituyen con un peso ligero uno más pesado; los que sustituyen con una medida pequeña una mayor..." Una cabal radiografía de muchos funcionarios corruptos que por éstos días gobiernan en distintos puntos del planeta. También Grecia, la cuna de la civilización occidental, tuvo que soportarlos. Aristóteles en su "Constitución de los atenienses" se refiere a cierto episodio que protagonizó Solón, uno de los siete sabios griegos. 


Dracón, su antecesor, había cometido algunos errores económicos; con el propósito de corregirlos, Solón decidió abolir las deudas contraídas hasta ese momento. Hubo quienes se enteraron de esa medida antes de que se pusiera en práctica y de inmediato solicitaron préstamos para comprar tierras. ¿Quién les dio la información que les permitió enriquecerse perversamente? Sin duda, alguien que estaba muy cerca de los altos mandos de la república. No es casual que los griegos hayan acuñado la palabra "cleptocracia" (de "kieptes" = ladrón, y "cratos" = poder) para definir a aquellos gobiernos ejercidos por delincuentes.
Acaso sea Roma el mejor ejemplo de cómo el poder absoluto degenera en la corrupción. La pequeña aldea que fundara Rómulo en el 753 antes de Cristo se convirtió tres siglos más tarde en el mayor centro de poder que tuvo la Tierra. Por entonces su grado de corrupción era tan grande que, según señala Paul Veyne en "El Imperio Romano": "No había función pública que no fuese un robo organizado mediante el cual los que ejercían el mando esquilmaban a sus subordinados y todos juntos explotaban a los administrados (...) Los soldados pagaban sobornos a sus oficiales para quedar exentos de servicio, los titulares de las funciones públicas menores vendían su sucesión, los gobernadores provinciales exigían rentas ilegales y no había ningún funcionario que no se dejara sobornar para cumplimentar la menor exigencia ". 


El propio cargo de emperador llegó a negociarse por dinero; ése fue el punto más alto de la corrupción; después vendría la inevitable decadencia. Los más encumbrados héroes de la Roma Imperial -desde Escipión, "el africano" hasta el propio Julio César- se vieron complicados en actos corruptos. El general Escipión no vaciló en hacer quemar todas las pruebas que demostraban que su hermano Lucio había cometido una formidable estafa en perjuicio del estado romano; a consecuencia de esta actitud, y otras de parecido tenor, Escipión fue condenado a pasar sus últimos días en el destierro; ignorado por el pueblo que tanto lo había admirado. 


También Julio César cosechó ejércitos de admiradores, la gente de bien elogiaba su talento en los campos de batalla; los corruptos, las reiteradas estafas que había cometido en contra del Imperio. Julio César no tuvo que soportar el exilio, fue asesinado en las puertas del Foro. Durante la Edad Media se registraron cambios fundamentales en el orden social y político. Pequeños reinos y señoríos reemplazaron a los Estados fuertes que los habían precedido. Los vasallos se encomendaban al poderoso de la comarca y conseguían protección a cambio de trabajo. Los derechos se restringieron al mínimo y los abusos aumentaron al máximo Felipe II, rey de Francia entre 1180 y 1223, que participó en la III Cruzada junto a Ricardo Corazón de León, imponía feroces impuestos a sus súbditos y les obligaba a fuertes "donaciones". Estos ingresos no se destinaban a mejoras en el reino, iban directamente a las arcas privadas de Felipe II, llamado el Augusto. No precisamente por los banqueros judíos, que solían ser sus principales víctimas: los obligaba a que les otorgasen fuertes préstamos que jamás devolvía. Su hijo y sucesor en el trono, Luis VIII, siguió al pie de la letra la política del padre.

Entre tantos pequeños reinados, la Iglesia Católica se transformó en la única institución capaz de cubrir el vacío provocado por el fin de los grandes imperios. 

En su libro "La corrupción", Mariano Grondona detalla con estas palabras el papel del clero de aquellos tiempos: "Hacia el siglo XV, el proceso de mundanización de la Iglesia era sin duda más grave. La política del Papado se reducía a los intereses italianos, dejando de lado el universalismo católico: las grandes familias Italianas se disputaban la titularidad de la Santa Sede; el clero participaba de la vida cortesana y las actividades militares; los altos dignatarios eclesiásticos ostentaban sin pudor sus riquezas..." Las grandes familias, con sus grandes fortunas, en muchas oportunidades lograron que alguno de sus miembros fuese ungido Papa. Los Borgia tuvieron dos, Calixto III y Alejandro IV, y llegaron hasta el crimen para conservar ese poder. 

Tamaña corrupción fue repetidamente denunciada en los encendidos sermones pronunciados por el dominico italiano Girolamo Savonarola; pagó con su vida semejante protesta: fue ahorcado y quemado en la plaza del Mercado, en Florencia. Diecinueve años más larde, el 31 de octubre de 1517, el padre Martín Lutero colocaba en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, sus célebres 95 "tesis". De ese modo denunciaba la corrupción que sufría el alto clero y daba comienzo al primer gran cisma que iba a sufrir la Iglesia Católica. Esta crisis de valores que estaba soportando el mundo occidental ya había sido vaticinada por Nicolás Maquiavelo, considerado con justicia el padre de la ciencia política moderna. Para Maquiavelo la corrupción inevitablemente se produce cuando el poder de los ricos se une al poder de los gobernantes. Esta alianza, aseguraba, destruye a la república y convierte a la libertad republicana en "una máscara de dominación." 

Un siglo más tarde Inglaterra parecía escapar de ese sino fatal. A consecuencia de la constitución de 1688 se instituía un parlamento fuerte que, en principio, iba a neutralizar cualquier tentativa de soborno. Nada más lejos de la verdad. El Primer Ministro era a su vez Primer Lord del Tesoro; le resul-taba muy sencillo obtener la mayoría parlamentaria: simplemente, la compraba. ¿Cómo se compraban esos votos? De una manera bastante parecida a la actual: se otorgaban puestos administrativos, pensiones, destinos militares y navales y "sinecuras": la versión británica de nuestros "ñoquis" contemporáneos. El tráfico de influencias -un eufemismo de la corrupción en las altas esferas- se mantuvo inalterable hasta 1901. Era una práctica tan común que la clase alta inglesa la consideraba como un derecho legalmente adquirido. De todos los Estados Alemanes sólo Prusia podía enorgullecerse de mantenerse incorrupta. Esto era gracias a las brillantes administraciones de Federico Guillermo (1657-1713) y Federico el Grande (1712-1786). Estos cristalinos gobiernos cimentaron la unidad alemana que se iba a materializar en el siglo XIX. La honorabilidad produjo la unión de Alemania; la corrupción cimentó la caída de la monarquía francesa: en 1789 triunfó la revolución y se proclamó el orden republicano en Francia. Lo que fundamentalmente preocupaba a los nuevos dirigentes revolucionarios era demostrar su absoluta honradez. A Maximiliano de Robespierre lo llamaban el "Incorruptible". Era, junto al de "Ciudadano", el título que con más orgullo lucía. 

El siglo XIX fue el siglo del colonialismo. Los gobiernos centrales no vacilaron en usufructuar las riquezas de las colonias que estaban bajo su dominio y se abocaron a corromper a los funcionarios nativos con el sólo propósito de incrementar sus ganancias. Todo esto, además, se hacia levantando las banderas del orden y el progreso. Fue una receta invariablemente repetida por ingleses, franceses, alemanes, holandeses e italianos en la India, Indochina y Africa. Cuando a principios del siglo XX estos países recuperaron su independencia, se liberaron de sus colonizadores pero no de la corrupción. 


Los tristes casos de Idi Amin, en Uganda, o de Bokassa, en el Imperio Centroafricano, son dos cristalinos ejemplos. Por desgracia, no son los únicos. Se puede decir que la corrupción recorre el mundo; hoy se encuentra en países tan insospechados como el Japón o en regímenes tan democráticos como los de Inglaterra o Norteamérica. No hay que desesperar, al menos ahora se tiene conciencia del daño que produce, se habla de ella sin eufemismos y se la denuncia públicamente. Tratándose de una enfermedad que persiste desde hace siglos, estos pequeños gestos resultan pasos alentadores; eficaces remedios que tal vez presagian una posible cura.

SEPINO: EL PRIMER PEAJE

En el año 168, por la calle principal de Sepino, una próspera ciudad del imperio romano, pasaba regularmente el ganado estatal Los magistrados locales exigían un pago por el uso de esa calle. Era una norma ilegal, pero Roma quedaba muy lejos y la policía de Sepino cumplía al pie de la letra con la orden de los jueces de la ciudad: si los ganaderos no pagaban peaje, se les confiscaban las cabras. Las ganancias de la maniobra se repartían equitativamente entre los servidores de la justicia y los servidores del orden. Un claro acto de corrupción que fue advenido por Cosimo, funcionario de la cancillería imperial, y rápidamente denunciado a los jueces superiores. Estos procedieron sin vacilación. En la puerta de la ciudad se grabó una orden que no dejaba dudas, decía: "Basseo Ruto y Macrinbio Vindice saludan a los magistrados de Sepino. Hemos recibido copia de la carta escrita a nosotros por Cosimo, liberto inscripto a la contaduría de Augusto. Absténganse de molestar a los conductores de los rebaños de cabras con gran daño para el fisco, para que no sea necesario un nuevo reclamo sobre esto y en los hechos, si el caso se repitiera, ser castigados."


Cualquier semejanza con la realidad mexicana, no es coincidencia. Es consecuencia.

¿Y LOS OTROS 56 MIL ASESINATOS?

Las cifras de la muerte en el actual sexenio no solo se refieren al combate a los grupos criminales, ya que olvidan mencionar lo que pomposamente llaman "interrupción legal del embarazo" y que no es otra cosa mas que el asesinato de un bebé en gestación.

Dos de cada diez mujeres que se practican un aborto en el Distrito Federal provienen del Estado de México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud local.

A cuatro años de la aprobación de la despenalización del aborto en la ciudad de México, la dependencia capitalina ha registrado 56 mil 610 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 22% (12 mil 529) se realizaron a mujeres mexiquenses.

El 74% (42 mil 294) fueron abortos practicados a capitalinas, mientras que el 4% (mil 787) restante corresponde a mujeres que provienen de otras entidades.

Sin embargo, este registro sólo contempla las interrupciones realizadas en hospitales y centros de salud del gobierno del DF, por lo que quedan fuera las que se practican en clínicas particulares.

Piden regular clínicas

La presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Maricela Contreras Julián, indicó que aún existe una “cifra negra” respecto de los abortos que se realizan en hospitales y clínicas privadas, pues no se tiene control de las mismas.

“No existe a ciencia cierta un control sobre la calidad de los servicios que se brindan en ellas, ni sobre si hay trabas para que las mujeres puedan acceder, por lo que es indispensable contar con una normatividad que permita que todos los servicios que se brinden en esas clínicas se presten en beneficio de la salud de las mujeres”, comentó.

Por ello, Contreras Julián enfatizó en que se deben considerar nuevas reformas a la Ley de Salud para regular dichas clínicas, en las que además se contemple un reporte diario de los abortos que realicen, el cual deberá ser entregado a la Secretaría de Salud del DF.

“De esa manera, contaremos con información uniforme y confiable sobre los procedimientos que en materia de salud se realicen en el Distrito Federal y emprender acciones para, por ejemplo, prevenir embarazos no deseados o adoptar medidas preventivas sobre los principales servicios que solicitan las personas”, indicó.

La diputada perredista dijo que las cifras sobre el número de abortos legales que se han realizado en la capital en los últimos cuatro años no representan “el paraíso”, sino que garantiza a las mujeres que puedan elegir una opción segura y confiable.

“Con ello se ha logrado que desde su aplicación no se tengan reportes de muertes de mujeres por abortos clandestinos, ni siquiera existen registros de recién nacidos abandonados en vía pública, por lo que podemos afirmar que a cuatro años este derecho está cumpliendo su objetivo que es garantizar la salud de las mujeres”, aseguró.

Las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del DF fueron aprobadas por el pleno de la Asamblea Legislativa el 24 de abril de 2007 con la oposición de la bancada del PAN. A pesar de la oposición de algunas voces el 2 de marzo del 2009, la Suprema Corte avaló las reformas. (Con información del Centro de Información, Documentación y Análisis de EL UNIVERSAL)