GOBERNADORES EN AVIONES PRIVADOS

Colima fue hace unos días la sede de una más de la reuniones para hacer frente al presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo al estilo de los viejos regímenes gubernamentales, algunos gobernadores arribaron a la entidad desafiando la austeridad Republicana y con dinero del erario lucían lujosos aviones privados y camionetas blindadas entre un espectacular operativo de seguridad.
De hecho se les vio bajar custodiados como si se tratara de una cumbre de jefes de estado ante la mirada de cientos de humildes pobladores de la ex Hacienda de Nogueras, quienes a pesar de su pobreza se armaron de valor y les pedían el retiro del lugar por temor al contagio del covid-19.

Justificando la reunión disque para organizar un plan de reactivación económica, los mandatarios del PRIAN y de Movimiento Ciudadano -que para el caso es lo mismo- han llegado a la ex Hacienda, en el municipio de Comala pero ahí, los habitantes los recibieron con rechiflas y protestaron por su presencia.

“ESTOS SON, ESTOS SON, LOS QUE ROBAN LA NACION”, “EL PUEBLO PRESENTE APOYA AL PRESIDENTE” Y ¡FUERA CORRUPTOS!" gritaban los presentes.

Fue el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez quien encabezó el evento donde llegaron los conservadores Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco; Jaime Rodríguez Calderón, “el bronco”, de Nuevo León; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y José Rosas Aispuro Torres, de Durango, todos en aviones y avionetas para luego trasladare en camionetas blindadas a quienes corporaciones policiacas les habrían paso mientras la gente se ocultaba ante una escena propia de narcotraficantes tomando una plaza.

De las reuniones anteriores, una de ellas en Michoacán, solo se ha notado el despilfarro de recursos, ya que los ciudadanos que les pagan esos viajes lujosos no conocen resolutivo alguno.

EL BRONCO Y GRUPO LOMEX
No obstante las carencias, inseguridad y el déficit en infraestructura urbana de Nuevo León, tenía que ser el primer mandatario de dicho estado, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien luciera uno de los aviones privados más ostentosos.
En efecto el Jet Embraer Phenom 300 (XA-LOB), es popiedad del Grupo LOMEX de la Sultana del Norte y la renta se paga con dinero de los Neoloneses. Abajo aparecen los últimos vuelos incluyendo el suntuoso viaje -de conspiración- a Sonora. ¿Acaso hay asuntos sonorenses pendientes en Nuevo León o en los demás estados con gobernadores golpistas?

Gobernadores en conflicto

Raymundo Riva Palacio


Las tormentas están ubicadas sobre el PRI, y los rayos se lanzan sobre tres ex gobernadores de Tamaulipas indiciados por presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas. La procuradora general, Marisela Morales, ya lo dijo: en breve habrá noticias sobre el ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, y los tres ex gobernadores de Tamaulipas vinculados al crimen organizado. Así que, señores del PRI, prepárense para la segunda fase de la temporada de patos, pero no con retórica, como hasta ahora han hecho en su defensa.

Los priístas deberían de haber aprendido que en este gobierno los tentáculos judiciales suelen mezclarse con los políticos. Eduardo Medina-Mora llegó a su límite cuando al pedírsele tras el llamado “Michoacanazo” que preparara una acción similar contra priístas, prefirió renunciar. Arturo Chávez, su relevo, se opuso a las mismas directrices, y cuando pidió el cambio de Morales, en ese momento subprocuradora Especializada en Delitos de la Delincuencia Organizada, el presidente Felipe Calderón se la negó. La última víctima de ese episodio es José Luis Vargas, hasta este lunes fiscal para delitos electorales.

Morales llegó a la PGR con la decisión –aseguraba en privado–, de no utilizar la justicia con fines políticos. La han presionado dentro del gabinete por no apurar los casos en reserva bajo un criterio implícito de justicia juarista: aplicación estricta para quienes no son sus amigos. 

Los priístas, como los perredistas en su momento, han sido incapaces de responderle al Gobierno en sus propios términos. En la analogía de acciones jurídico-políticas contra políticos y funcionarios, el caso más emblemático es “El Michoacanazo”, donde el gobernador Leonel Godoy quedó atrapado en las detenciones de una treintena de funcionarios de su gobierno y presidentes municipales, via-a-vis el de Morelos, cuando el Ejército y la Policía Federal tomaron la Procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos por estar al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero el gobernador Marco Adame, jefe de la extrema derecha del PAN, quedó sin mancha.

En las dos últimas semanas, la PGR se ha remontado casi dos décadas para buscar las historias cruzadas entre el nacimiento y la consolidación del cártel del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas, mediante expedientes donde aparecen tres ex gobernadores indiciados en las averiguaciones previas. Los priístas han respondido con lugares comunes que, para efectos prácticos, no sirven ni para litigar en medios. Frente a ellos, sin embargo, están elementos similares para la defensa, mediante la vieja y eficaz estrategia de disuasión.

Si quiere la PGR remontarse a los 90 para encontrar en Tamaulipas la consolidación de un cártel, pueden también ir a las raíces de la crisis en Chihuahua, cuando durante el Gobierno panista de Francisco Barrio (1992-1998), creció, se consolidó, floreció y penetró los más altos mandos de las Fuerzas Armadas el cártel de Juárez, de la mano de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”. Y también debería la procuradora, para evitar acusaciones de que actúa políticamente, llamar a explicar al gobernador Adame el porqué en las grabaciones de la Marina durante la operación donde murió Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 en Cuernavaca, el capo gritaba a un subalterno que llamara al gobernador Adame para pedirle que interviniera para frenar la acción.

Gobernadores en conflicto son varios y no están pintados de un solo color. La delincuencia no tiene ideología ni partidos, sino intereses. La diferencia es que hoy en día la lucha de buenos contra malos está electoralmente infectada. El PRD no lo entendió en 2009, y el PRI no lo está entendiendo en 2012. En esa falta de análisis técnico, y de seguir por la misma ruta, pagarán en las urnas las consecuencias de sus omisiones.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx / @rivapa

LOCAL RIPPLES AS THREE FORMER TAMPS. GOVS (AND RELATIONS) ARE UNDER COUNTRY ARRES

By Juan Montoya

The announcement by Mexico's PGR (Procuraduria General de la Republica) that it was restricting three former Tamaulipas governors and 43 other people related to their tenure in office to Mexican territory has sent ripples across the Rio Grande.

At least one – Tomas Yarrington Rubalcava – was also a former Matamoros mayor with close ties to Brownsville and the Rio Grande Valley. His term ended in 2004. At last report, he was sighted  in Texas and eluded the immigration restriction imposed upon him.

 The other two Eugenio Hernandez Flores, who left office in 2010, and Manuel Cavazos, who left office in 1999, There have long been suspicions that state officials may have favored the once-dominant Gulf cartel, but that has never been proven. Hernandez was interviewed in Mexico City and was adamant he was not guilty of any wrongdoing.
Cavazos, interviewed in the Tamaulipas capital of Cuidad Victoria said they were the victims of a "dirty war" waged by the government for political reasons.

The news of the immigration prohibition against the three and 43 others including some journalists, camr to light after a directive was issued to customs and airports and these issued directives to implement the restrictions. It is unknown whether it includes the owners of newspapers, their employees or news room reporters.

A Tamaulipas airport supervisor was fired for issuing a memo identifying those named in the PGR list. The PGR (the US equivalent of the Attorney General’s Office) has not said why the former officials are being investigated, but by necessity it would involve federal crimes. Organized crime, drug trafficking and money laundering are all considered federal offenses in Mexico.

The statement did not name the officials, but the three former Tamaulipas governors confirmed that they had been targeted in the probe.  Hernandez, who left office in 2010, and denied any links to organized crime.

And Yarrington, whose term ended in 2004, wrote in a Twitter account linked to his website that he had learned he had been named in the case, and said he hoped authorities would explain why.

Cavazos, who left office in 1999, told El Universal that the investigation was “suspicious ... coming in an election campaign,” and suggested it might have political overtones. He denied any wrongdoing.All the former governors are members of the Institutional Revolutionary Party, or PRI, which held Mexico’s presidency for 71 years until President Felipe Calderon’s National Action Party won the 2000 presidential elections.

  Hernández Flores is the outgoing Tamaulipas governor and is part of the campaign team of front runner PRI Mexico presidential candidate Enrique Peña Nieto.

While Matamoros mayor, Yarrington was said to have large holdings on the U.S. side and Cavazos was linked to a large road construction enterprise that went bankrupt while holding multi-million dollar state contracts. Those projects were never finished.

A local businessman with wide ranging contacts in Mexico said that among some of those on the lists were people who have expensive properties in the Rio Grande Valley, including homes in McAllen, Brownsville, Rancho Viejo and South Padre Island.
Although media reports indicate that the other 43 persons named in the PGR missive were not available, the Monterey-based El Norte pub;lished a full lista nd their relatiosn to the three PRI former governors.

Related to Eugenio Hernandez:
Adriana Gonzalez de Hernandez, wife
Elsa Eugenia y Jose Eduardo Hernandez Flores, sister and brother
Alma Lucresia Cano Pastor, sister of Lucia Cano Pastor, ex-delegate of the Public Education Secretariat
Alfredo Sandoval Musi, Ex-Subsecretary of Outlays (Egresos)
Carlos Montiel Saeb, local ex-State Representative, (Diputado)
Manuel Muñoz Cano, ex-Secretary of Social Development
Oscar Luebbert Gutierrez, ex-mayor of Reynosa
Ramon Duron Diaz, director of Tamaulipas Adult Education Institute
Rene Castillo de la Cruz, local representative for the PVEM (?)
Ricardo Garmundi Rosas, ex-director of the PRI-Tamaulipas
Seyed Mohammas Farough Faterni Corcuera, businessman

Related to Tomas Yarrington:
Marco Antonio Yarrington Rubalcava, brother
Maria Antonia Morales Loo, wife of Yarrington
Genaro Antonio Morales Loo, brother-inlaw
Alfonso Salazar Arazola, ex-director of Tourism and International Affairs
Alfredo Perez Salinas, ex-government representative
Daniel Sampayo Sanchez, ex-private secretary
Fernando Tomas Cayuela Villarreal, ex-state prosecutor
Genaro Alberto Quijano, ex-administrator of Social Communications
Jorge Max Castillo, former prosecutor
Manuel Montiel Govea, ex-director fo Social Communications
Pedro Alfonso Garcia, editor of state media
Ramiro Garcia Cavazos, ex-collaborator
Ramon Duron Ruiz, ex-Prosecutor
*Sergio Ramon Arguelles Gutierrez, businessman
Fernando Alejandro Cano Martinez, businessman
*Sergio Arguelles is one of Martamoros' most prominent businessmen and is related by marriage to Roberto Montemayor, a businessman with extensive business and real estate holdings in Brownsville and the Rio Grande Valley, including numerous properties in Rancho Viejo, South Padre Island and McAllen

Related to Cavazos Lerma:
Jose Guadalupe Herrera Bustamante, former state prosecutor and magistrate of state Suprem Court

Others:
Alfonso de la Garza
Carola del Rosario Cano MArtinez
Guillermo Hector Cano Valdez
Gabriel Maldonado Pumarejo
Isela Alejandra Alfaro
Eduardo Rodriguez Berlanga
Jose Monrooy Zorrivas
Juan Manuel Sanchez Guerrero
Lucia Cecilia Cano Martinez
Marco Antonio Cano Valdez
Mauricio Bernando Gonzalez Fernandez
Miguel Alberto Treviño Guevara
Ramiro Rodriguez Cavazos
Raul Morales Cano

Source: El RUNN RUNN

Gobernadores, del daño al escaño

Por: Jorge Zepeda Patterson // 04/01/2012 // Zepeda en Sinembargo // Una bandada de ex gobernadores están moviendo cielo, tierra y mar para hacerse de una candidatura para el Senado. Tendrían todo el derecho si sus motivos fueran republicanos, demócratas, digamos. En teoría, el poder legislativo se podría ver muy beneficiado por la experiencia que acumularon todos estos mandatarios. El problema es que la mayoría de estos ex gobernadores sólo busca en realidad evitar ir a la cárcel gracias al fuero que otorga la Cámara. La fórmula es muy atractiva: durante seis años se dedican a saquear una entidad federativa, hacer los favores correspondientes y luego negociar su blindaje de impunidad durante los siguientes seis años. O sea, del daño al escaño.