Raymundo Riva Palacio
Las tormentas están ubicadas sobre el PRI, y los rayos se lanzan sobre tres ex gobernadores de Tamaulipas indiciados por presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas. La procuradora general, Marisela Morales, ya lo dijo: en breve habrá noticias sobre el ex gobernador de Coahuila y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira, y los tres ex gobernadores de Tamaulipas vinculados al crimen organizado. Así que, señores del PRI, prepárense para la segunda fase de la temporada de patos, pero no con retórica, como hasta ahora han hecho en su defensa.
Los priístas deberían de haber aprendido que en este gobierno los tentáculos judiciales suelen mezclarse con los políticos. Eduardo Medina-Mora llegó a su límite cuando al pedírsele tras el llamado “Michoacanazo” que preparara una acción similar contra priístas, prefirió renunciar. Arturo Chávez, su relevo, se opuso a las mismas directrices, y cuando pidió el cambio de Morales, en ese momento subprocuradora Especializada en Delitos de la Delincuencia Organizada, el presidente Felipe Calderón se la negó. La última víctima de ese episodio es José Luis Vargas, hasta este lunes fiscal para delitos electorales.
Morales llegó a la PGR con la decisión –aseguraba en privado–, de no utilizar la justicia con fines políticos. La han presionado dentro del gabinete por no apurar los casos en reserva bajo un criterio implícito de justicia juarista: aplicación estricta para quienes no son sus amigos.
Los priístas, como los perredistas en su momento, han sido incapaces de responderle al Gobierno en sus propios términos. En la analogía de acciones jurídico-políticas contra políticos y funcionarios, el caso más emblemático es “El Michoacanazo”, donde el gobernador Leonel Godoy quedó atrapado en las detenciones de una treintena de funcionarios de su gobierno y presidentes municipales, via-a-vis el de Morelos, cuando el Ejército y la Policía Federal tomaron la Procuraduría estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos por estar al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero el gobernador Marco Adame, jefe de la extrema derecha del PAN, quedó sin mancha.
En las dos últimas semanas, la PGR se ha remontado casi dos décadas para buscar las historias cruzadas entre el nacimiento y la consolidación del cártel del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas, mediante expedientes donde aparecen tres ex gobernadores indiciados en las averiguaciones previas. Los priístas han respondido con lugares comunes que, para efectos prácticos, no sirven ni para litigar en medios. Frente a ellos, sin embargo, están elementos similares para la defensa, mediante la vieja y eficaz estrategia de disuasión.
Si quiere la PGR remontarse a los 90 para encontrar en Tamaulipas la consolidación de un cártel, pueden también ir a las raíces de la crisis en Chihuahua, cuando durante el Gobierno panista de Francisco Barrio (1992-1998), creció, se consolidó, floreció y penetró los más altos mandos de las Fuerzas Armadas el cártel de Juárez, de la mano de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”. Y también debería la procuradora, para evitar acusaciones de que actúa políticamente, llamar a explicar al gobernador Adame el porqué en las grabaciones de la Marina durante la operación donde murió Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 en Cuernavaca, el capo gritaba a un subalterno que llamara al gobernador Adame para pedirle que interviniera para frenar la acción.
Gobernadores en conflicto son varios y no están pintados de un solo color. La delincuencia no tiene ideología ni partidos, sino intereses. La diferencia es que hoy en día la lucha de buenos contra malos está electoralmente infectada. El PRD no lo entendió en 2009, y el PRI no lo está entendiendo en 2012. En esa falta de análisis técnico, y de seguir por la misma ruta, pagarán en las urnas las consecuencias de sus omisiones.
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