El Ejército y la ley

Ana Paula Ordorica
Nexos

Desde que el gobierno federal determinó la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, el Ejército ha cobrado una importante visibilidad en una sociedad acostumbrada a tenerlo en los cuarteles, según mandato del artículo 129 constitucional para tiempos de paz. Esta visibilidad, de la que participa también la Armada, ha detonado un conjunto de peticiones que exigen el retiro de los militares de las calles a causa de supuestas y repetidas violaciones a los derechos humanos.

¿Rompen la ley los secretarios de Defensa y Marina al obedecer la orden presidencial? ¿Debemos preocuparnos por la presencia de los militares en las calles o debemos regularlos mejor? ¿Qué papel han jugado en esta lucha?

Combatir el cáncer
En febrero de 2009, en entrevista con Milenio, el presidente Felipe Calderón dijo que el narcotráfico era un “cáncer que había invadido todo”, y no una mera apendicitis, como se pensó inicialmente: “Lo que se tiene que hacer es extirpar, y radiar y atacar con todo esta enfermedad, y cuesta y duele, por supuesto, pero es lo que hay que hacer”.

El matiz no es menor. Ante un problema de seguridad pública el Ejército está incapacitado para actuar, según mandatan los artículos 129 y 21 constitucionales. El asunto cambia cuando hablamos de amenazas a la seguridad interior.

Así lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la acción de inconstitucionalidad que presentó en 1996 el entonces diputado federal Leonel Godoy Rangel, por la presencia del Ejército en su estado, Michoacán, enviado por el entonces presidente Ernesto Zedillo.1

La tesis de la SCJN2 fue clara. Sustentada en la fracción VI del artículo 89 constitucional, los ministros observaron que existe la facultad del presidente de la República de disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para salvaguardar la seguridad interior sin tener que hacer una declaratoria de guerra, como lo prevé el artículo 129 constitucional.

En esa fecha los ministros determinaron por unanimidad que la realidad puede generar situaciones que no justifiquen el estado de emergencia (art. 29 constitucional). Sin embargo, ante el peligro de que éstas se agudicen, es posible disponer de la fuerza con que cuenta el Estado, aunque sujetándose a las disposiciones constitucionales.

A causa de este fallo podemos afirmar que la presencia del Ejército en las calles no viola la Constitución: no rompe con el artículo 129; tampoco transgrede el 21, que ordena a las instituciones de seguridad pública ser de carácter civil.

El problema es que esto es solamente una tesis de jurisprudencia que puede cambiar en cualquier momento. Sobre todo si se toma en cuenta la rotación de ministros ocurrida en la SCJN desde 1996.
De los 11 ministros que emitieron ese fallo, sólo cuatro siguen en la Corte: Juan Silva Meza, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero.

¿Cómo fallarían los actuales ministros si tuvieran que emitir nuevamente una tesis sobre la presencia del Ejército en las calles sin la declaratoria de estado de emergencia? Si nos guiamos por el fallo unánime del pasado mes de julio, en el cual la SCJN acotó el fuero militar (al determinarse que, ante violaciones a los derechos humanos de civiles, los militares serán juzgados por tribunales civiles, no militares), se advierte una tendencia a limitar el radio de acción del Ejército. Esto hace de suma importancia que se regule la presencia de estas fuerzas.

Papel de las Fuerzas Armadas
En el marco de la estrategia de seguridad planteada por el presidente Calderón, el Ejército y la Marina constituyen las principales fuerzas de contención temporal a la expansión del crimen organizado, ante la ausencia de instancias de seguridad, administración y procuración de justicia confiables.

De inicios del sexenio al 1 de febrero de 2011 se han registrado mil 68 agresiones en contra de personal militar: 91 efectivos han muerto, 461 han sido heridos. En esos enfrentamientos, según la Sedena, mil 167 delincuentes han perdido la vida y 228 han resultado heridos; 70 lugartenientes han sido capturados y siete grandes capos3 han sido abatidos.

Adicionalmente, tres oficiales y 10 elementos de tropa han pasado a situación de retiro, incapacitados por lesiones de arma de fuego producidas por la delincuencia organizada. En este mismo periodo hay 89 efectivos desaparecidos; 44 mujeres han quedado viudas y 74 niños huérfanos.

Las bajas del Ejército han sido poco documentadas. En contraparte, llueven quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de la Sedena.

Quejas
La mayor parte de esas quejas proceden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A ella se han unido Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y, en los últimos meses, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.

Desde 2007 la CNDH ha recibido más de cuatro mil denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por militares, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas.

Human Rights Watch ha sido, por su parte, una de las instituciones que más insiste en este tema. Ante lo que considera una violación constante a los derechos humanos (documentada en el estudio “Impunidad uniformada”), en septiembre de 2010 pidió al Departamento de Estado norteamericano que retuviera parte de los fondos de la Iniciativa Mérida (aproximadamente 26 millones de dólares de ese año fiscal), hasta que el Estado mexicano cumpliera con cuatro requisitos sobre derechos humanos, dos de los cuales atañían directamente al Ejército:

1) Garantizar que los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a policías federales y militares contra los que existan denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos.

2) Hacer cumplir la prohibición de utilizar declaraciones que se obtengan mediante tortura.

El pasado 9 de noviembre, HRW presentó un segundo informe, “Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. A través de un trabajo de campo en cinco estados en situación crítica (Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco), concluye que la política de seguridad del presidente Calderón ha fracasado en dos aspectos: no sólo no ha logrado reducir la violencia, además ha generado un incremento drástico en las violaciones a los derechos humanos, que casi nunca se investigan adecuadamente.4

Las conclusiones centrales de este informe son, en primer lugar, que las violaciones a los derechos humanos en contra de civiles aún son investigadas y juzgadas en la jurisdicción militar.5 En segundo lugar, el documento afirma que, además de que los abusos contra la población civil no son investigados correctamente, es cosa común que las autoridades se refieran a las víctimas como delincuentes, y asuman que sus acusaciones son falsas.6 HRW destaca un tercer punto: sigue siendo práctica común obtener pruebas mediante torturas, y sigue siendo práctica común que los jueces admitan estas pruebas.

El investigador de Amnistía Internacional para México, Rupert Knox, declaró en diciembre de 2009 que esta organización ha comprobado detenciones forzadas, tortura y ejecuciones por parte del Ejército: “El patrón de abusos aumenta… Mientras no exista un instrumento que garantice la legalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas, los crímenes continuarán en impunidad”.7

Tras estas acusaciones, políticos, instituciones y la sociedad misma han solicitado que el Ejército se retire de las calles y se ofrezca una fecha clara de su vuelta a los cuarteles.
Felipe Calderón ha declarado que la principal amenaza a los derechos humanos no viene del Ejército, sino de la corrupción, la impunidad y la inseguridad. “Por décadas, estos problemas crecieron hasta convertirse en una amenaza para la sociedad y un desafío para el Estado […] esta vulnerabilidad de la fuerza de la autoridad local dejaba a los ciudadanos en estado de indefensión”.8

También el secretario de la Defensa ha validado el trabajo del Ejército: “De ningún modo es nuestro objetivo violentar la dignidad y los derechos universales de las personas, tampoco somos proclives a la discrecionalidad en la aplicación de la fuerza coercitiva. Pugnamos, sí, por una transparencia que refleje la veracidad de nuestras acciones, somos respetuosos de la legalidad […] la perseverancia en la consecución de estos objetivos se verá siempre reflejada en la validez de nuestras acciones”.9

Si las críticas de la CNDH y HRW señalaban que el fuero militar garantizaba impunidad, como lo demuestran los pocos casos conocidos con sentencias condenatorias cuando hay acusación de violación de los derechos humanos y la escasa transparencia alrededor de lo que sucede en un tribunal militar, el debate zanjado por el fallo de la SCJN —y dado que no sabemos cuánto tiempo más estarán las Fuerzas Armadas en la calle— hace necesario formular reglas claras sobre el uso legítimo de la fuerza del Ejército.

Las Fuerzas Armadas son las más preocupadas en que esto suceda. Tan sólo un día después de que la Corte acotara el fuero militar, un grupo de oficiales de alto rango (el subjefe de Doctrina Militar, el jefe de Asesoría Jurídica, el subjefe del Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estrategia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el jefe de la Sección Quinta) asistieron al Senado para urgir la aprobación de una Ley de Seguridad Nacional que defina conceptos clave, como el de seguridad interior; que aclare el uso de la inteligencia militar y explique cómo y con qué facultades intervendrá el Ejército en las afectaciones a la seguridad interior.

La Ley de Seguridad Nacional
Si el artículo 129 prohíbe la presencia del Ejército en labores que no impliquen disciplina militar en tiempos de paz, y el artículo 21 señala que las instituciones de seguridad pública en el país sólo pueden ser de carácter civil, ¿cómo puede justificar el presidente la presencia del Ejército en la lucha contra el crimen organizado?

Su fundamento es el artículo 89 constitucional, fracción VI, que le otorga la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior. ¿A qué se refiere la Constitución con “seguridad interior”? Ahí se encuentra la parte sustancial del debate.

Ante la falta de una definición clara, el gobierno redactó dos decretos que buscaban reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Estos decretos fueron publicados en el Diario Oficial el 9 de mayo10 y el 17 de septiembre11 de 2007. Planteaban la creación de un cuerpo especial, dentro de las Fuerzas Armadas, que apoyara a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública.

No se sabe qué fue de ese Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que contaría con personal, material, uniforme y tecnología especiales. No está claro si el proyecto fue enterrado por falta de presupuesto o porque iba a cometerse una barbaridad legal.12

Los decretos revelan, sin embargo, que para el presidente era necesaria la creación de un marco jurídico que permitiera al Ejército realizar las labores de apoyo. Como primer paso, el Ejecutivo redactó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) que envió al Senado el 23 de abril de 2009.

Un año después, el 27 de abril de 2010, la minuta del Ejecutivo fue aprobada por el Senado con 105 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ésta fue una votación que pudo haberse capitalizado como histórica ya que establecía las causas específicas y el procedimiento a seguir para que el presidente dispusiera de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior.

Es decir, avanzaba sobre la ley vigente,13 en donde, si bien se establecen las bases de acción coordinada entre instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, no se señalan las causas específicas ni el proceso a seguir ante una amenaza a la seguridad interior.

El sentido histórico de esta votación proviene también de la inclusión del voto aprobatorio por parte de la izquierda mexicana, el PRD, partido compuesto en buena parte por quienes se han sentido agraviados por la labor del Ejército ante los movimientos sociales y políticos de los años sesenta y setenta, cuyo emblema es el movimiento estudiantil de 1968.

Este aspecto histórico de la votación pronto quedó opacado —y nada aprovechado por el actual gobierno.

Nada ha pasado desde el 28 de abril de 2010, en que la minuta se turnó a la Cámara de Diputados. A partir de esa fecha esta minuta ha pasado de comisión en comisión, desatando foros y eventos en los que expertos en materia de seguridad nacional y derechos humanos discuten con miembros de la sociedad civil, e incluso con el Ejército —que quedó inconforme con algunas de las propuestas aprobadas por el Senado.

Para el Ejército, la minuta se queda corta en varios aspectos, pero tres se podrían considerar centrales.

El primero es que no regula claramente las actividades que corresponden a la Fuerza Armada Permanente, dependiendo si la afectación es a la seguridad nacional, seguridad interior y/o defensa exterior.

El segundo aspecto relevante que inconformó al Ejército: que sean sólo los estados y/o sus legislaturas, además del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, las que pueden solicitar que se inicie el procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior.

Para el Ejército sería importante que esta solicitud pueda provenir también del gobierno federal. La Sedena considera que para un gobernador o presidente municipal puede resultar difícil aceptar o reconocer una incapacidad para garantizar la seguridad de sus gobernados y por ello su población podría, de acuerdo con el Ejército, estar en riesgo.

Un tercer punto que ha pugnado el Ejército para que se incluya en la Ley de Seguridad Nacional es el que se le faculte para recabar información y realizar la intervención de comunicaciones privadas con fines de inteligencia, lo que, de acuerdo con la Sedena, permitiría que la estrategia en contra de posibles amenazas sea más preventiva y no tan reactiva como lo es actualmente.

A las consideraciones del Ejército se han sumado las de organismos de la sociedad civil que consideran que la Ley de Seguridad Nacional genera un Estado policiaco-militar.
Sus demandas se podrían resumir en una pregunta: ¿La LSN le da prioridad a los derechos del Estado por encima de los derechos humanos fundamentales?

La pregunta es válida, aunque ninguna de las organizaciones ha logrado explicar dónde valida la LSN un Estado policiaco-militar. Gran parte de su inconformidad radica en la presencia misma del Ejército en las calles, y cualquier situación que no sea el regreso prácticamente inmediato de éste a sus cuarteles se quedará corto en sus expectativas.

Conclusión
Discutir la LSN es regular una situación que debe ser de excepción: el actuar de la Fuerza Armada Permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) ante una situación de amenaza a la seguridad interior, dada la carencia de una fuerza policiaca que pueda hacerle frente a este tipo de retos.

La importancia de lograr un marco regulatorio adecuado beneficia a todos. En primer lugar, a un Ejército que, en las actuales circunstancias, teme que se repita la historia de la lucha que emprendió en contra de los movimientos subversivos de los años setenta, lucha por la que, hasta la fecha, se tienen expedientes abiertos en contra del Estado mexicano.

Urge un marco regulatorio adecuado para que el Ejército cuente con reglas del uso gradual de la fuerza; para que se sienta cobijado por la Constitución y las leyes secundarias del país, de tal forma que su participación en una lucha que no les corresponde, que les implica grandes sacrificios, muertes y deserciones, no acabe siendo aún más costosa en el futuro. Y, sobre todo, para que en medio de la situación de excepción, se garantice el cumplimiento a los derechos humanos. Más aún cuando sabemos, por el reciente informe de Human Rights Watch, que ahora los ojos del mundo están puestos en México. La discusión es importante. No debemos olvidar que atravesamos una situación que se encuentra fuera de la normalidad y que, justamente, se tiene que trabajar para que lo más pronto posible regresemos a ella.

Ana Paula Ordorica. Periodista. Conduce el programa de radio Frente al País de Grupo Imagen junto con Pablo Hiriart, y el programa Paralelo 23 de Foro TV. Columnista del periódico Excélsior.

1 Leonel Godoy, como diputado, emitió esta queja por la presencia del Ejército en las calles de Michoacán. Pero al asumir la gubernatura del estado en 2008, fue una petición suya la que permitió el arranque del Operativo Conjunto Michoacán que llevó al Ejército de regreso a las calles del estado.
2 La tesis fue consultada en: http://www.scjn.gob.mx/SiteCollectionDocuments/PortalSCJN/RecJur/BibliotecaDigitalSCJN/Debate08SeguridadPublica/07%20seguridad.pdf el 4 de febrero de 2011.
3 Estos son: Jesús Beltrán Uriarte, Vicente Zambada Niebla, Alfredo Beltrán Leyva, Pedro Díaz Parada, Eduardo Arellano Félix, Gerardo Álvarez Vázquez y se incluye a Ignacio Coronel Villarreal, que falleció en un enfrentamiento con el Ejército en Zapopan, Jalisco, en julio de 2010.
4 Human Rights Watch, “Neither Rights Nor Security: Killings, Torture and Disappearances in Mexico’s War on Drugs”, noviembre, 2011.
5 En julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones de derechos humanos, quienes deberán ser juzgados por tribunales civiles.
6 A este respecto, el informe da cuenta de que el propio presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90% de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico —que estima el gobierno fueron cerca de 35 mil entre 2007 y enero de 2011— eran delincuentes. No obstante, la Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada. Así, el resultado es de 22 acusados vis a vis 35 mil muertes.
7 Reforma, 8 de diciembre 2009.
8 Discurso del presidente Felipe Calderón en la Mesa de Negocios con el Gobierno de México, 4 de junio de 2008, consultado en http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=85&Contenido=36101 el 6 de febrero del 2011.
9 Palabras del Gral. Srio. Def. Nal. Guillermo Galván Galván durante la recepción del “Premio Humanidades” que entrega el ITESM, 13 de agosto 2010, consultado en: http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/discursos el 7 de febrero de 2011.
10 Decreto por el que se crea el cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, consultado el 20 de agosto del 2011 en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4987036&fecha=09/05/2007
11 Decreto por el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, consultado el 20 de agosto de 2011 en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5000808&fecha=17/09/2007
12 Y es que, además de buscar justificar la labor de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, entre una de las atribuciones que el decreto mandaba (artículo 2) era a que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional fuese quien diera la autorización para la intervención del Cuerpo Especial ante amenazas a la seguridad pública.
13 Ley de Seguridad Nacional: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=769100&fecha=31/01/200

¿VUELTA AL AUTORITARISMO?

Culpable o no, ahora tu libertad está en juego

Eduardo Cisneros

El fascismo trata afanosamente por establecerse de manera legal en México de mano de la clase política, esa amenaza permanente de hombres y mujeres sin escrúpulos capaces de escupir a su madre o vender la patria si es necesario con tal de seguir mamando del poder. La criminalización de la sociedad no sólo lleva en marcha lo que tiene Calderón de presidente espurio, ahora también será una excusa para reprimir cualquier manifestación legítima u antigubernamental.

El Estado policiaco es una realidad desde hace años en este país de relaciones súbdito-autoritarias. Un Estado policiaco-militar sería el resultado de esta iniciativa presidencial cuya maniobra legislativa, en caso de ser aceptada, violaría de entrada la Constitución, estableciendo algo así como una democracia dictatorial: las elecciones (como ahora) legitimarían un régimen donde el presidente tendría amplios poderes para usar a discreción bajo el pretexto de la seguridad nacional, como de hecho ya está pasando actualmente. Al aprobar la ley, no sólo se estaría legitimando una actividad en estos momentos anticonstitucional, sino otorgando algo más que poder a la figura presidencial: estaríamos entrando en una nueva era involutiva en la historia de México.

La “guerra” contra las drogas, ese chantaje hipócrita de los gobiernos de Calderón y Obama para justificar el genocidio en México y garantizar el suministro de drogas hacia los Estados Unidos, establece una situación absurda de instabilidad social provocada por sus gobiernos (violencia y terrorismo de Estado) para mantener un permanente estado de miedo en la población, lo que llama acertadamente Naomi Klein como la doctrina de shock, donde expone una nueva técnica guerrerista (presumiblemente de origen estadounidense) consistente en generar miedo y confusión en una sociedad dada para facilitar reformas impopulares.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, se aplica una doctrina de shock en la seguridad pública conjugándose con varios años de mala economía. Siendo una economía predominantemente maquiladora, la crisis mundial económica (2007-) y la militarización de la ciudad por la “guerra contra el narcotráfico” (2008-) han envuelto a la población en una constante vorágine de destrucción sin salida, invadida psicológicamente además, por el bombardeo diario de las massmedia sobre la terrible situación con especial énfasis en destacar la tragedia del sufrimiento humano. La actual crisis hace expresar desesperadamente a su ciudadanía despolitizada cosas como pedir la entrada de los cascos azules de la ONU o del Army estadounidense, aplaudir la limpieza social de los grupos paramilitares o anhelar el regreso a un inexistente pasado “pacífico” en comparación con la violencia actual (Ciudad Juárez ya figuraba entre la urbes más violentas de México).

La propuesta de Ley de Seguridad Nacional calderoniana permite ver tanto su desesperación ante el fracaso de sus iniciativas guerreristas, su miedo a enfrentar a una sociedad mexicana cada vez más exigente y molesta con su gobierno, así como la preparación a modo en el terreno de la sucesión presidencial camino a la elección del 2012, además de su obvia personalidad autoritaria. Calderón apuesta a chantajear al PRI amenazando con ajustar cuentas con tanto gobernador y ex gobernador priista corrupto para aprobar dicha propuesta, que parece le está dando resultados.

Si se llegase a concretar esta ley, estaríamos en el camino de regresar al viejo autoritarismo priista de partido de Estado donde se hacía lo que el presidente en turno quería; o bien es de esperar un retroceso mayúsculo al estilo de las “democracias” árabes hoy desenmascaradas por sus propias sociedades: países “dirigidos” por dictadores o peleles asociados a Washington, las grandes transnacionales y las políticas neoliberales en perjuicio de su gente. La verdad no estamos muy lejos de esta realidad, sólo falta su legitimización política, claro, sin participación ciudadana.

Las amenazas a la humanidad de este siglo se relacionan con la enajenación mental: consumismo, falta de compromiso social, búsqueda del placer inmediato, entre otros, fácilmente manipulables hacia lo que el periodista Manuel Freytas llama Guerras de cuarta generación un invento estadounidense consistente en la conquista de las sociedades por medio de sus mentes (guerra psicológica). El discurso político y mediático de la lucha contra el terrorismo va encaminada hacia ese fin; la iniciativa de Calderón sería una mala copia influida por lo anterior.

CALDERON RECIBE A JAVIER SICILIA... ¿Y LOS DEMÁS PADRES?

Casi dos horas duró el encuentro en Los Pinos, entre el presidente Felipe Calderón y el poeta y escritor Javier Sicilia.

Vía telefónica, el abogado de la familia de Javier Sicilia, Julio Hernández Barros, informó que el Presidente Calderón los convocó para informarles sobre el avance de las investigaciones del asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia y para manifestarles la disposición del Gobierno Federal para coadyuvar en este caso.

"Nos reiteró la labor de coadyuvancia del Gobierno Federal sino de incluso vigilancia de las indagatorias que está haciendo el gobierno estatal de Morelos y esa fue la razón por la que fuimos convocados a esta junta con el presidente", comentó el abogado.

Julio Hernández informó que en la reunión, Javier Sicilia expresó su inconformidad y que el Presidente Calderón se mostró respetuoso y preocupado:

"No sólo por la situación de Javier, sino en general de la escalada de violencia en el país y se mostró con el empeño de poner a disposición de nosotros la fuerza federal? "

Expresó que hay avances en la investigación, pero no dio detalles? En la reunión estuvieron el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, el encargado de despacho de la PGR, Jorge Alberto Lara y el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.

MEDIOS EN CONFLICTO

Gabriel Guerra Castellanos
Internacionalista


Una de las primeras víctimas en cualquier conflicto armado es la objetividad, y de la mano con ella la verdad. Ya sea por los esfuerzos propagandísticos de una u otra parte, o por la parcialidad natural y comprensible de los medios para defender los intereses reales o percibidos de su país, lo cierto es que es difícil encontrar cobertura imparcial, apegada a la realidad y sin manejos maniqueos.
No sé si las guerras se ganan o no en los medios, pero en el fragor del combate, el ánimo de los soldados y el alto mando por igual influye en el resultado, al igual que el desánimo de la población civil puede resultar contagioso e infectar de derrotismo a la tropa o a la dirigencia política y a las élites hasta de la nación más poderosa del mundo.
La exaltación de los ejércitos propios y la denostación de los ajenos son práctica común, y el manejo propagandístico tan frecuente que no se concibe ya a una fuerza armada que se precie de serlo que no tenga su propio departamento de información y desinformación, de la también llamada contrapropaganda, que sirve lo mismo para despistar al enemigo que para crear confusión y desánimo entra las filas contrarias.
Son raros los casos en que los medios y la sociedad no se suman, a veces renuentes, las más de ellas entusiastas, a los designios propagandísticos del régimen en turno cuando de guerra o combate se trata, aunque en el camino se queden la decencia y la honestidad profesional, lo cual hace aún más notorias excepciones como la de la Guerra de Vietnam, en que los medios estadounidenses se dieran a la tarea de desenmascarar las mentiras de su propio gobierno.
Me viene esto a la mente por el recién anunciado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que busca normar de manera voluntaria y por ende informal, la conducta editorial y profesional de los medios de comunicación mexicanos y de sus colaboradores en los momentos excepcionalmente complejos que atraviesa nuestro país ante el desafío y la dimensión del crimen organizado en sus múltiples facetas.
Sólo aventuro algunos planteamientos, pues ya se han dicho y escrito cosas más inteligentes y profundas al respecto:
—A los medios, como a todos los actores públicos, les corresponde un grado mayor de responsabilidad y cuidado al decir, escribir, transmitir, difundir noticias o información. Es ingenuo o de mala fe quien piense que comunicar sólo se trata de un ejercicio de libertad de expresión. Implica necesariamente códigos de ética, de profesionalismo, de seriedad y sentido común.
—En las guerras entre dos o más países, e incluso en las civiles, no siempre es fácil discernir quiénes son los buenos y quiénes los malos. Aún en casos tan aparentemente obvios como el de la rebelión en Libia, en la que resulta moral e intelectualmente imposible defender a alguien como Gaddafi, no está claro, más que para los propagandistas “aliados”, de qué madera están hechos los rebeldes, de los que poco bueno se sabe.
—Hay muchas otras instancias en las que no es tan complejo discernir donde están las diferencias éticas, legales, racionales. Es el caso del combate europeo a organizaciones terroristas, en donde por más simpatía que pudiera existir o haber existido por la causa del independentismo vasco o norirlandés, o de las violentas utopías de las Brigadas Rojas italianas o germanas, nadie en su sano juicio podría condonar sus actos de violencia y terror.
—Se puede y debe cuestionar y criticar el actuar gubernamental, en todos los aspectos y en todas las esferas de la vida nacional. Debemos preguntarnos si las tácticas han sido las correctas, denunciar abusos, excesos, violaciones a los derechos humanos. Imposible pensar en dar patente de corso a ninguna instancia oficial y mucho menos en una situación de conflicto armado.
—Lo que no se puede es cuestionar que se combata al crimen organizado y a la delincuencia criminal que azota a nuestro país. Yo no dudo que se hayan dado y se den errores y desaciertos en esta lucha, pero me parece miope propugnar por un alto al fuego unilateral en una guerra en la que una de las partes no conoce más límites que los de sus propios arsenales y su brutalidad.
No sé en qué momento algunos en México olvidaron quiénes son los malos de esta historia, o cómo pueden pensar que lo condenable es la acción del Estado y no la de la delincuencia, o caer en la trampa propagandística de quienes quisieran adueñarse de nuestro país.
gguerra@gcya.net
www.twitter.com/gabrielguerrac

¿LUCHA CONJUNTA O INVASIÓN A LA SOBERANÍA?

Los senadores de la República reprobaron el rumbo de la política exterior de México y reprocharon airados a la jefa de la diplomacia la actitud de supeditación del país en la relación con Estados Unidos, por la tibieza o complacencia con la que el gobierno federal ha reaccionado frente a operaciones que violan la soberanía nacional bajo el argumento de la cooperación binacional en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Al comparecer ante el pleno del Senado, Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reviró que México no ha perdido liderazgo ni acepta imposiciones de ningún país que afecten la soberanía. Reconoció que con Estados Unidos hay una relación compleja, e "irritantes" que han derivado en reclamos por la vía diplomática en temas preocupantes, como ocurrió al rechazar las declaraciones de Robert Mueller, director del FBI, quien el miércoles pasado cuestionó el éxito de la lucha antinarco.

Sobre los tópicos que dominaron la comparecencia, la funcionaria defendió que los sobrevuelos de aviones no tripulados de Estados Unidos no violan la soberanía nacional, y que es facultad del Ejecutivo autorizarlos. Respecto a la operación Rápido y furioso, afirmó que si las investigaciones confirman que se toleró el tráfico ilegal de armas al país, se exigirá al gobierno de EU que se aplique la ley contra los responsables.

Sin embargo, después de más de tres horas que duró la sesión, la ex canciller Rosario Green lamentó que Patricia Espinosa haya sido incapaz de responder las preguntas de los senadores: "Siempre es lo mismo. Trae sus hojitas escritas machaconamente. No pudo decir al senador determinado, o a este otro, no pudo, porque trae un script, porque no puede salirse de la línea, si no el Presidente les dará un pescuezón".

Al final, sólo los panistas intentaron cobijar a la funcionaria.

Se vulnera soberanía: legisladores

Los partidos de oposición fueron los primeros en fijar su posición. Criticaron con dureza y reprobaron la forma en que se ha conducido la política exterior. También pidieron que se aclare la situación del embajador estadounidense Carlos Pascual, quien al parecer ha dejado de ser un interlocutor válido, y que tiene acceso a información privilegiada, como lo muestran cables de WikiLeaks. En este punto, la canciller se limitó a decir que estas filtraciones sí afectaron la relación con México.

Ricardo Monreal, coordinador del PT, acusó que la política exterior de México "es un desastre y se encuentra en el suelo". Criticó que "la tolerancia de la cancillería a las operaciones ilegales no son muestra de una relación bilateral de cooperación. Son una muestra de una actitud subordinada y pusilánime. Es similar a la de una colonia militar ocupada: no hay una cancillería, sino una mensajería de trámites".

La ex canciller Rosario Green, a nombre del PRI, criticó que en la relación bilateral "nunca antes se había entregado tanto por tampoco y con resultados tan mediocres. Lo que no se entiende son los motivos para vanagloriarse". Sobre todo, dijo, cuando México ha actuado "con tibieza" ante casos como la operación Rápido y furioso.

El coordinador de Convergencia, Dante Delgado, dijo que a la canciller "le ha tocado bailar con la más fea. Le toca a usted la responsabilidad de corregir los errores, la falta de moción y compromiso con la Patria de un Ejecutivo federal que viola todas las normas de comportamiento diplomático".

México controla sobrevuelos: SRE

Llegó el turno a una nerviosa Espinosa Cantellano para responder a las críticas. Dijo que "en la relación con Estados Unidos, como con ningún país del mundo, México no acepta imposiciones, México no acepta ningún tipo de condicionamientos que vulneren la soberanía y el interés nacional", y en varias ocasiones repitió que el país es respetado y reconocido en el mundo.

Reconoció que en la relación bilateral "estamos atravesando momentos complejos que corresponde abordar con seriedad. No podemos negar que existen irritantes como en el pasado; hay situaciones difíciles, como se ha tenido a lo largo de la historia con Estados Unidos, que deben ser ahora abordadas de manera prioritaria".

Sobre los sobrevuelos de aviones no tripulados de EU en el espacio aéreo nacional, se reservó los detalles operativos por cuestiones de seguridad, pero dejó en claro que están controlados por el gobierno mexicano, y que los aparatos no cuentan con armamento

Dijo que "en ocasiones limitadas y específicas se ha pedido el apoyo de vuelos no tripulados para labores de inteligencia. Se trata de acciones concretas que han sido controladas por el gobierno de México; no es un programa permanente, y fuera de las misiones solicitadas no se permite el ingreso de esos aparatos al espacio aéreo nacional".

Sobre el fallido plan Rápido y furioso, rechazó que México haya callado ante la gravedad del tema. "No hubo un silencio por parte del gobierno, hubo una reacción inmediata. Se trata de una situación seria, y si se confirma que la operación incluyó el trasiego transfronterizo de armas, será inaceptable y exigiremos que se sancione a los responsables con el peso de la ley", dijo.

LA GUERRILLA EMITE COMUNICADO

AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!


Vamos a cumplir 47 años con todo nuestro esfuerzo (que no sacrificio), después de haber pasado por condiciones en las que ha habido errores tales como arribar a una relación clientelar debido a que habiendo obtenido medios económicos para crear un fondo de guerra, el dinero se empezó a repartir sin ton ni son, lo que ocasionó que algunos militantes se perdieran caricaturescamente en la comodidad pequeño burguesa, por imitación y falta de formación o consolidación ideológica.

Otra situación difícil que atravesamos fue la lucha por la “horizontalidad” con el fin de esconder detrás de la clandestinidad una actitud ante la vida inconsecuente ante los principios revolucionarios y nuestro lineamiento político y evitar a toda costa la supervisión del trabajo que supuestamente desarrollaban, diciendo que se trataba de una “fiscalización” y falta de confianza que no debía existir entre compañeros.

Consideraron desde su muy particular punto de vista o “sentido común” que con el gasto que hacían jamás se iban a terminar los bienes de la revolución.

Estas son algunas de las situaciones que cuando no fueron aceptadas ocasionaron que hubieran deserciones y una que otra digna renuncia sin que de por medio existiera una lucha ideológica sino un reclamo por reales o supuestos agravios al no existir el silencio cómplice con lo que estaba sucediendo como lo exigían. Agravios en su mayoría sentidos como tales debido a una falta de salud mental y como consecuencia una parcial pérdida de juicio y el resentimiento social, que no es posible admitir en una persona que se diga ser revolucionaria.

Aunque algunos compañeros se fueron en la finta y en otros despertó su verdadera personalidad con una disminución de su juicio mental, no hablemos ya de su juicio crítico al ser alimentados los peores y más bajos instintos del ser humano.

Una razón de que se diera esa situación fue la necesidad de algunos ex compañeros de que fueran escuchados sus grandes problemas personales y crear una complicidad por comisión u omisión que condujo a lo que fue un complot para atacar a compañeros que no estaban de acuerdo con estos acontecimientos.

Otra razón por la que se dan estas situaciones es porque se abandonan los principios que nos dieron origen y hoy, los que permanecemos en nuestro partido los retomamos con resultados diferentes.

Cuando los desertores se llevaron los medios que decían que servirían para desarrollar las tareas revolucionarias creyeron que nosotros nos íbamos a quedar paralizados. Sin embargo, no fue así, nuestros principios quedaron intactos porque solamente con el pueblo y dentro de él pudimos y hemos podido avanzar.

Sin embargo, quedan resabios de esa actitud que tratamos de corregir pero como decimos nosotros, es difícil educar pero mucho más difícil reeducar, porque los errores que cometimos no solamente son un arma que le dimos al enemigo sino también a algunos militantes que persisten en una mala actitud ante la vida y se resisten a cumplir las tareas que sin imposición se dan o se quieren hacer sino también todavía usan su sentido común para desarrollar lo que ellos consideran adecuado.

La acción que se dice político-militar pero que no tiene demandas concretas políticas no es una acción revolucionaria que construye sino una acción de una confederación en donde hay una repartición del capital recuperado, ¿Habrá una diferencia entre el crimen organizado y esta otra acción?

Nosotros hemos avanzado mucho más en lo político y militar que usando dinero para conseguir clientela.

Históricamente el gran error de los caudillos fue que sin una ideología definida tuvieron poca gente cuando no había dinero; pero después la gente hasta hacía cola para entrarle a la bola para al final dejar nuevamente a los antiguos amos y nefastos generales apropiarse de los medios de producción, y el gobierno y es hasta ahora que estamos en la misma situación que hace cien años.

Desde esta trinchera de lucha revolucionaria le enviamos a nuestro querido pueblo de México un sincero y fraterno saludo revolucionario con motivo del recibimiento de un nuevo año, que consientes estamos que será un año difícil en el ámbito económico, político y social que exigirá de todo nosotros la colaboración, definición y compromiso con los nuevos acontecimientos. Así mismo agradecemos el apoyo económico, físico, de solidaridad, de protección y moral que han hecho posible que sigamos creciendo y fortaleciéndonos al mismo tiempo que estar fuera del alcance del Estado y su s aparatos de represión.

Estamos terminando un año en donde las cuentas son desastrosas, en donde el sistema dominante no cuenta ni un segundo de descanso para: asesinar, robar, encarcelar, desaparecer como a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y muchos mas, corromper, explotar etc. A nuestro pueblo y a los luchadores sociales, ya no nos quedan palabras para calificar el artero asesinato de la activista Marisela Escobedo en Chihuahua, el injustificable “accidente” en los ductos de petróleos de San Martín Texmelucan en donde el desastre ocasionado es lamentable, claro, para nuestro pueblo, para el gobierno es un accidente más en donde no habrá responsables que juzgar ni delito que perseguir, ese es el cinismo, la corrupción y la impunidad con que se conducen los gobiernos local y federal.

A los deudos que han perdido sus familiares en esta lucha, a los que a causa de la corrupción y la impunidad, la de la desaparición forzada, del fuego cruzado y de las balas de las fuerzas represivas de Felipe Calderón han perdido a sus seres queridos, DE NUESTRA PARTE NUESTRO MAS SENTIDO PÉSAME.

A nuestros compañeros que perdieron la vida ya sea porque fueron asesinados, por muerte natural o por enfermedad y que nos dieron forma y estructura y sobre todo a aquellos que al ser torturados no hablaron ni delataron protegiéndonos y protegiendo a quienes hoy son desertores que gozan de las prebendas de los medios económicos que se llevaron y de la clandestinidad en su paso por nuestro partido. A TODOS ELLOS UN RECUERDO PERENNE.

Un saludo fraterno a quienes sin ser parte de nuestro partido se han comprometido a darnos la mano a pesar de los riesgos que corren, a los medios honestos que nos han permitido hacernos visibles y a todo nuestro pueblo les deseamos la unidad y la reflexión para este año venidero.


¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

Año 46.
República mexicana, a 29 de diciembre de 2010.

LAS 10 FILTRACIONES DE WIKILEAKS SOBRE MÉXICO

Entre los documentos sobre México revelados por WikiLeaks destaca la preocupación de EU por la guerra contra el narcotráfico y la inseguridad en el país

Las filtraciones de WikiLeaks han revelado secretos de gobiernos de todo el mundo. De los más de 250 mil cables del Departamento de Estado que el sitio envió a cinco medios de todo el mundo, sólo se han publicado unos cuantos y hasta el momento se han conocido datos reveladores y otros de menor impacto, pero se espera que entre los que aún permanecen guardados exista información trascendental.

Entre los cables publicados han surgido varios dedicados exclusivamente al gobierno de México y a la opinión que tiene Estados Unidos sobre el panorama en nuestro país y otros en los que se incluyen menciones a temas como la inseguridad y el narcotráfico.

Estos son los documentos más importantes que hasta el momento se han dado a conocer sobre México:

Marina vs Ejército

La estrategia del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico y la idea de sacar a las calles al Ejército fue cuestionada por la Embajada estadounidense en el cable 246329.

En el documento, además de asegurar que el Ejército Mexicano no tiene la preparación necesaria para realizar labores de patrullaje, detener a sospechosos o recopilar evidencia destaca que existen "tensiones", entre la Secretaría de Marina y el Ejército por a raíz de los operativos exitosos que ha tenido la primera y de las fallas de los militares, lo que le ha acarreado críticas de la población que ponen en riesgo su grado de confiabilidad.

Estado de excepción

Según el cable 231890, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pidió imponer el estado de excepción y anular las garantías individuales en algunas zonas del país que estarían fuera de control por la violencia del narcotráfico.

El mismo informe señala que el secretario de Gobernación de ese momento, Fernando Gómez Mont, rechazó la propuesta aunque consideró que en Ciudad Juárez la medida "podría discutirse" dado los altos niveles de inseguridad en la ciudad fronteriza.

Petición de ayuda

Las reiteradas peticiones al gobierno estadounidense para que colaborara en el combate al narcotráfico fueron detallas en el cable número 224819.

En diversas reuniones funcionarios del gabinete de Seguridad Nacional pidieron a EU analizar con qué recursos podrían contribuir para combatir los índices de inseguridad en algunas zonas como Ciudad Juárez y Tijuana.

El estrés de Felipe Calderón

En el cable número 238295 la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, pide a los diplomáticos presentes en México que realicen un informe detallado sobre la forman en que los problemas económicos y la crisis de seguridad afectan al presidente Felipe Calderón.

Argumenta que Calderón y su equipo "se encuentran bajo mucho estrés por la guerra contra el narcotráfico y la derrota de su partido en las elecciones intermedias". Clinton pide analizar la forma en que esto ha afectado la personalidad del mandatario y su forma de gobernar.

"Ejército lento"

En otro de los documentos secretos, el número 240473, el embajador estadounidense, Carlos Pascual, destaca la efectiva labor de la Secretaría de Marina en el operativo en el que murió el capo Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, y la incapacidad del Ejército para actuar contra el narcotraficante en una ocasión previa.

En el cable se detalla que una semana antes de la muerte de Beltrán Leyva se hizo llegar al Ejército Mexicano la información necesaria para capturarlo, pero no actuó con rapidez y perdió la oportunidad de apuntarse una gran victoria.

En el mismo documento Pascual criticó la actitud del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien en una reunión habría dicho que le correspondía a él instrumentar el operativo contra Beltrán Leyva, por lo que lo calificó de "perdedor".

Armas para el narco

En un documento enviado a la Embajada de EU en Rusia, el Departamento de Estado expresó su preocupación porque la venta de misiles a Venezuela pudiera beneficiar, en última instancia, a los cárteles del narcotráfico en México.

El cable 014070 revela que Washington desconfía de los candados de seguridad que el gobierno de Hugo Chávez pueda poner al armamento adquirido y que, por la corrupción, pudiera llegar a manos de la guerrilla colombiana de las FARC.

Según EU, este grupo, al disponer de los misiles podría intercambiarlos con narcotraficantes mexicanos, quienes estarían buscando incrementar su poder de fuego para combatir a las fuerzas federales.

Riesgo para los agentes

En el documento 000193 se informa sobre la colaboración de agentes mexicanos con la DEA y el FBI en la lucha contra el narcotráfico, así como el riesgo que corren por la inseguridad.

Según el cable de 2007 a esa fecha habían sido asesinados 10 funcionarios federales que fungían como enlace con la agencia antidrogas (DEA) mientras que desde 2006, 51 personas ligadas al FBI habrían perdido la vida.

¿Nexo Chávez-AMLO?

Durante una reunión entre el presidente Felipe Calderón y el director de Inteligencia de EU, Dennis Blair, el primero había expresado su preocupación por la supuesta intervención del presidente venezolano, Hugo Chávez, en la elección de 2006.

El cable 231175 revela que de acuerdo con sus propias percepciones, Calderón dijo que no descartaba que el mandatario venezolano hubiera financiado la campaña del ex candidato Andrés Manuel López Obrador y que mediante el uso de programas sociales pudiera acercarse a "ciertos gobernantes".

Calderón, un líder

En el último cable revelado hasta el momento se da cuenta de la opinión del Ministerio de Exteriores español sobre varios mandatarios latinoamericanos, incluido el presidente Felipe Calderón.

La ministra Trinidad Jiménez consideró que Calderón, junto con el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, son los líderes naturales de la región. Por el contrario, la funcionaria calificó al venezolano Hugo Chávez de "payaso y bestia", revela el documento.

Fuente: El Universal