Autor: Trabajo Conjunto / Contralinea
El gobierno de Coahuila omitió reportar el 72 por ciento de su deuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. El endeudamiento oculto no es el único problema que enfrenta el estado: el secretario de finanzas de Humberto Moreira habría recibido diariamente –durante tres meses– más de 500 mil pesos en efectivo de Banorte. Las autoridades federales investigarían, también, los presuntos flujos de efectivo que le habría entregado el banco Interacciones. Ante lo que consideran una arbitrariedad, empresarios promueven amparos masivos y exigen rendición de cuentas del uso del dinero público
Piedras Negras, Coahuila. Quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, Héctor Villarreal Hernández, habría recibido 500 mil pesos diarios en efectivo durante tres meses del Grupo Financiero Banorte. También el banco Interacciones habría entregado dinero en efectivo a ese mismo exfuncionarios aunque aún se desconoce el monto.
Las operaciones, que ya estarían siendo investigadas por las autoridades federales, implicarían a los empresarios Roberto González Barrera y Jorge Hank Rhon, ambos ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que desde enero de 2011 dirige Moreira Valdés.
El dinero en efectivo se habría entregado, al menos, durante un periodo de tres meses por lo que superaría los 50 millones de pesos. Consultado al respecto, Fernando Solís Cámara –director corporativo de Comunicación e Imagen de Banorte– refirió que los movimientos en efectivo son un delito. Y aunque se comprometió a dar en tres días la versión oficial del banco, propiedad de González Barrera, a 20 días de hecha la solicitud, no hubo respuesta.
Éste no sería el único escándalo que habría enfrentado Villarreal Hernández. El pasado 29 de octubre fue detenido por la Policía Investigadora e internado por unas horas en la cárcel de Saltillo. Ahí compareció ante el Juzgado Segundo Penal por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila, el exsecretario de Humberto Moreira habría intervenido en la contratación irregular de créditos por 3 mil millones de pesos a largo plazo con los bancos del Bajío y Santander.
Y aunque hasta ahora se desconocen los acuerdos a los que Héctor Villarreal habría llegado con Banorte e Interacciones para la entrega del dinero en efectivo, ambas instituciones figuran entre los acreedores del gobierno estatal.
Incluso el pasado 30 de septiembre el Grupo Financiero Banorte informó que, junto con diversas instituciones financieras, suscribió un acuerdo con el gobierno de este estado para refinanciar la deuda mediante un crédito simple por 33 mil 867 millones de pesos, más costos de refinanciamiento, a un plazo de 20 años.
En ese acuerdo también participó Interacciones, de Hank Rhon, cuyo crédito renegociado con Coahuila ascendió a 10 mil 488 millones de pesos. Tras esta operación, Moody’s Investors Service (agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales) bajó la calificación de fortaleza financiera de este banco.
La deuda oculta
Coahuila es la tercera entidad más endeudada del país y es la primera en la lista de las 21 que han ocultado parte de su deuda a las autoridades federales. Y es que los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López omitieron enterar adeudos por 23 mil 643 millones 800 mil pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revela el Análisis de la deuda pública de las entidades federativas y municipios, 2000-marzo 2011.
El informe –elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y presentado a la Cámara de Diputados en junio pasado– señala que el estado reportó un pasivo por concepto de contratación de créditos de tan sólo 8 mil 329 millones 300 mil, al primer trimestre de 2011. No obstante, datos del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero citados en el reporte revelan que la deuda real en ese periodo ascendía a 31 mil 973 millones 100 mil pesos.
Alejandro Gurza Obregón, empresario de la industria automotriz, señala en entrevista que durante los cinco años que Moreira Valdés gobernó la entidad manejó presupuestos públicos por más de 150 mil millones de pesos en total, cifra a la que se le deben agregar la deuda con bancos, por 34 mil millones, y los pasivos con proveedores, que superan los 200 mil millones de pesos. “¿Qué hizo con ese dinero?”, se pregunta el militante panista.
El monto que ocultaron las dos recientes administraciones priístas en Coahuila equivale al 46 por ciento de los préstamos no enterados a la Secretaría de Hacienda: entre las 20 entidades restantes, los pasivos por créditos no informados suman un total de 27 mil 730 millones de pesos. Tan sólo entre Coahuila, que ocupa el primer lugar en la lista de entidades omisas, y Chihuahua, que se encuentra en la segunda posición, hay una diferencia de más de 18 mil millones. El estado gobernado por el priísta César Duarte Jáquez no notificó un adeudo por 5 mil 168 millones 400 mil pesos.
“El saldo de la deuda [de Coahuila] al primer trimestre de 2011 asciende a 8 mil 329 millones 300 mil pesos, aunque el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero señala que es de 31 mil 973 millones 100 mil, al no contabilizar 23 mil 643 millones 800 mil [pesos]”, señala el Análisis del máximo órgano de fiscalización en el país. Agrega que eso significa un 283.9 por ciento superior al saldo registrado en la Secretaría de Hacienda.
Armando Guadiana Tijerina, empresario de la industria minera y promotor de la organización civil Claridad y Participación Ciudadana, indica que la deuda pública supera en más del ciento por ciento el presupuesto de Coahuila, que en promedio a ascendido a 31 mil millones anuales. Lo cual, dice, es ilegal.
Para la Auditoría Superior, los pasivos por habitante ascendieron a 3 mil 8 pesos –cantidad que supera en 18.3 veces los 164.3 pesos por persona de 2006– en 2010; no obstante, advierte que “la información con base en la cual se estimaron los indicadores es inconsistente, debido a que no está registrada la totalidad de la deuda”.
La entidad fiscalizadora también señala que “con la información disponible se observa que los indicadores de sostenibilidad revelan una tendencia al deterioro. Esto implica un posible riesgo de las finanzas públicas estatales al comprometer una mayor cantidad de recursos para el pago de la deuda”.
De acuerdo con el Análisis, “la deuda pública estatal representa progresivamente un mayor porcentaje del producto interno bruto, de las participaciones federales y de los ingresos fiscales ordinarios. Respecto del ahorro interno, la proporción se incrementa cada vez más, debido a que el crecimiento de la deuda es mayor al del ahorro interno (la tasa media anual fue de 39.1 por ciento entre 2008 y 2010)”.
Para el órgano fiscalizador, “Coahuila presenta [un] deterioro en sus finanzas públicas debido al déficit en sus balances primario y presupuestario, los cuales han sido cubiertos con disposiciones de deuda de corto y largo plazo. Además, la entidad mantiene una alta dependencia de los ingresos federales, los cuales al cierre de 2010 representaron el 92.2 por ciento de los ingresos totales, lo que es indicativo del bajo dinamismo en la recaudación local”.
Rebelión empresarial
La previsible crisis de las finanzas públicas coahuilenses, cuya deuda podría superar ya los 35 mil millones de pesos, encuentra sus primeras reacciones sociales, sobre todo porque quienes acabarán pagando el déficit serán los contribuyentes. Así, un cada vez más nutrido grupo de empresarios se rebelan a las nuevas cargas impositivas y a la falta de transparencia en el uso del dinero público.
Y es que para hacer frente a los adeudos, el 15 de noviembre pasado el Congreso local aprobó en el paquete fiscal 2012 un aumento de 1 a 2 por ciento en el impuesto sobre nóminas, así como la vigencia del cobro de la tenencia vehicular. Del presupuesto total, por 32 mil 296 millones 300 mil pesos, la nueva administración de Rubén Moreira destinará 4 mil 627 millones 968 pesos al pago a la banca privada.
El grupo de empresarios inconformes, encabezado por Armando Guadiana Tijerina, promueve la presentación de amparos contra lo que consideran el endeudamiento excesivo de las finanzas públicas locales.
En entrevista con Contralínea, Guadiana Tijerina explica que “cuando inició el gobierno de Humberto Moreira, el estado no debía un solo quinto a ninguna institución financiera. La única deuda era la de la operación normal del estado, del orden de 300 millones, a proveedores, obras en proceso y cuestiones de esa naturaleza; pero a bancos o instituciones financieras públicas y privadas no se debía un solo peso. Y ahora resulta que llegamos a 34 mil millones de pesos en deuda”.
El empresario Alejandro Gurza señala que en esta previsible crisis financiera, “tan cómplice es Humberto como Rubén: los dos. Uno era el gobernador y el otro era el jefe del PRI”. Para el presidente fundador de Coparmex-Torreón e integrante de la organización civil, “el perverso de Humberto junto con Rubén Moreira [gobernador de la entidad desde el 1 de diciembre de 2011] hicieron un daño más grave a Coahuila que el económico: lo pudrieron, lo corrompieron con cooptaciones, mordidas y compra de votos. Sobre todo [dañaron] al magisterio, que debería ser lo más limpio en el país para bien de la sociedad, porque en el magisterio es donde se le enseña al niño y al adolescente los valores, los principios, la moral, el respeto a los padres, el respeto a los mayores”.
El empresario Víctor Alducin Flores expresa que, “como ciudadanos, hemos sido indolentes, le hemos dejado al gobierno hacer y esa facilidad que le hemos obsequiado, le permitió abusar. Por eso precisamente se ha llegado al grado del cinismo, de lo que pasó aquí, con el famoso coahuilazo. La reacción ciudadana tiene que ser esperada y ya una situación de éstas donde lastima abiertamente al ciudadano y desgraciadamente a los más pobres, a los más necesitados, nos hacen reflexionar y nos hacen accionar”.
En entrevista, el también presidente de la asociación Claridad y Participación Ciudadana y líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la región lagunera advierte que el movimiento de los empresarios apenas comienza. “Esto nada más fue el detonador, el trampolín para exigir a los gobiernos, no nada más al estatal, que es la problemática actual aquí en Coahuila, sino las problemáticas municipales, estatales y la federal”.
Indignado, el empresario Armando Guadiana Tijerina señala: “Definitivamente fue un fraude hacia los coahuilenses, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político y moral. Y ahora resulta que está de presidente nacional de nuestro partido, porque yo pertenezco al PRI. Pero yo quiero un PRI diferente y no el que comanda Humberto Moreira”.
Amparos masivos
La organización civil Claridad y Participación Ciudadana promueve la presentación de amparos masivos en contra de la deuda pública en Coahuila. El abogado Reyes Flores explica en entrevista la estrategia legal que siguen los empresarios y ciudadanos adscritos a esa asociación.
“Es un paquete. Nosotros iniciamos primero con amparos colectivos. Amparos de ciudadanos de manera individual que se presentaron de manera masiva y se siguen presentando. Pero las líneas son varias: una es la oposición en términos del artículo 17 de la Constitución local que es una garantía individual, de oposición ciudadana a la deuda de Coahuila. Ya se presentaron controversias locales constitucionales ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitando la invalidez de la deuda por ser violatoria directa de principios constitucionales”.
El integrante del Partido Acción Nacional agrega que la otra vía es la penal. “Las acciones no sólo son en contra del gobernador interino, que es el que solicita la legalización de la deuda, sino también en contra del gobernador con licencia que consintió durante su periodo la contratación de deuda de manera ilegal. Pero también contra los diputados de la legislatura actual que solaparon y se coludieron con estos funcionarios para legalizar la deuda”.
Reyes Flores agrega: “Nos hemos escandalizado con el monto de los 34 mil millones de pesos, pero lo más grave desde el punto jurídico es el camino de la deuda: primero, los servidores públicos responsables negaron la existencia actual de la deuda. Si se analizan los cinco informes de gobierno y las cuentas públicas de [Humberto] Moreira de los cinco años [de su gobierno], en ninguno se habla de ingresos por deuda. Si lo analizamos en estricto sentido llegamos a la conclusión de que los 34 mil millones de pesos se adquirieron durante el último de gobierno. El año electoral en el que se encapricharon en que su hermano [Rubén] fuera gobernador de Coahuila. ¿Qué sucede en el camino de la deuda? Eso es lo grave desde el punto de vista jurídico”.
El abogado advierte que “la ley de deuda anterior prohibía que la deuda a corto plazo se contratara arriba del presupuesto anual del gobierno. La deuda de Coahuila equivale al 105 por ciento del presupuesto anual y evidentemente han violado la ley. Prohibía expresamente que la deuda se contratara sin la autorización del Congreso; se hizo sin la autorización de éste. Prohibía también que la deuda contratada a corto plazo fuera reestructurada; y el [artículo] 22 de esa ley indica que la deuda contratada en contravención era nula de pleno derecho. Se trata de cuatro principios que impedían la reestructura de la deuda a corto plazo, que la hacía ilegal por haberse contratado por arriba del 5 por ciento del monto del presupuesto anual, y por no haber tenido autorización del Congreso y que también la hacía nula de pleno derecho por no haber cumplido con los requisitos que marca la ley. ¿Qué implica esto? Una deuda nula no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia ni con una nueva ley”.
Para el abogado, “el Congreso del estado, coludido para salvar y lavarle las manos a Humberto Moreira y compañía, abroga la ley anterior y dicta una nueva donde anulan el candado del porcentaje, permiten la contratación sin autorización del Congreso, el refinanciamiento y reestructura de la deuda contratada a corto plazo. Eso es gravísimo, sólo sucede en un estado autoritario”.
Reyes Flores pregunta “¿a dónde se destinó la deuda? El Congreso concluye que a la inversión pública productiva sin tener un sólo documento que demuestre el destino, y concluye que hay 34 mil millones de pesos de deuda sin tener un sólo documento que demuestre el origen. ¿De dónde salen los 34 mil millones de pesos?”.
“Gobierno invirtió deuda en desarrollo”
Los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López destinaron los recursos de la deuda al desarrollo de Coahuila, asegura en entrevista Jorge Verástegui Saucedo, secretario de la Función Pública con Rubén Moreira y exsubsecretario de Vinculación de la Secretaría de Fomento Económico local.
El funcionario detalla que la deuda es de 34 mil 867 millones de pesos, monto renegociado con los bancos. “Es una inversión que difícilmente hubiéramos podido hacer con el presupuesto anual. Es un trabajo que fácilmente se haría en 20 o 30 años; eso es lo que estamos adelantando a nivel estado”.
Añade que “la deuda se dio en 2008, cuando la economía del mundo enfrentó un problema internacional severo derivado de la problemática que se presenta en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers [Holdings Inc, compañía global de servicios financieros]. México no estaba absorto de esa situación y tuvimos repercusiones muy graves: el producto interno bruto (PIB) cayó casi un 6 por ciento a nivel nacional”.
Verástegui Saucedo asegura que, para salir de la crisis, “el gobierno de Coahuila decidió lanzar un programa muy ambicioso de infraestructura vial, educativa, de salud y de desarrollo social. Con ese marco es como se adquiere la deuda, como se compra ésta, dicen los empresarios. La deuda se compra. Y no es malo deber; lo importante, precisamente, es no lo que se debe sino la solvencia que tengas para pagarlo y cómo puedes salir adelante con esa situación”.
De acuerdo con el funcionario, el servicio de la deuda es de 8 por ciento. “Eso nos da un margen de maniobra suficiente para poder enfrentar el siguiente sexenio. ¿Cuál es la mejor prueba de que esto va a ser así? Pues el tiempo. Me lo preguntaban algunos empresarios en el estado; les decía: lo importante es esperar que entre el siguiente gobernador, si tienes alguna duda, y esperar a ver el programa de obras y cómo se va a mover. Ése es el servicio de la deuda, un 8 por ciento. Entonces, sí da margen de maniobra para poder enfrentarlo”.
Añade que ese programa posibilitó que el PIB de la entidad cayera menos que el nacional. “Nos permite ser el tercer lugar en productividad laboral: el haber incurrido en este tipo de programas de infraestructura, como la vial, con todo el sistema de vialidades, puentes, avenidas, bulevares, caminos rurales; dio la oportunidad de ocupar a muchas personas, de dar mucho trabajo”.
Respecto de los sectores cultural y social, indica: “Tenemos 20 bibliotecas, museos, teatros. Sacamos a 106 mil personas de la pobreza; y éstos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Contamos con un programa que se llamó Cero Marginación que buscó sacar [adelante] a los municipios que estaban en alta marginación y ya no tenemos ningún municipio en alta marginación. Se hicieron 54 mil viviendas con piso firme, casi 34 mil cuadras pavimentadas. Privilegiamos el acceso al agua potable y la energía eléctrica de esas regiones. Hoy tenemos, por lo menos, una preparatoria en la cabecera municipal de los 38 municipios”.
Fuente: Revista Contralínea 260 / 20 de noviembre de 2011
A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.
—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?
El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.
