Ricardo Peralta
La politización de estadísticas y fenómenos sociales en las agendas electorales más importantes del país, como la próxima elección para gobernador del Estado de México y la Presidencia de la República, enarbolan uno de los estandartes que socialmente más pueden afectar a la de por si muy sensible percepción de la gente: La inseguridad pública.
Para nadie es desconocido, que los retos de las administraciones en materia de seguridad, no dependen de buenos deseos, estrategias, inteligencia y logística, sino más bien, de circunstancias geográficas, demográficas, políticas, económicas y principalmente de voluntad política y visión de estado. Los encargados de la prevención del delito, procuración y administración de justicia, no pueden ser medidos de igual manera; sus acciones y resultados, aunque en muchos casos, dependen uno del otro, son entornos que se deben calificar de manera independiente.
Su resultado, será el espejo que ilustre la personalidad de quien ostenta la titularidad y el proyecto del estatal, ese podrá ser su legado, mismo que podrá ser brillante o simplemente gris.
Es absurdo establecer visiones homogéneas para la seguridad, ya que la desigualdad por zonas y entidades federativas son abismales, no es lo mismo denunciar un delito en la Ciudad de México, que hacerlo en la zona de Tierra Caliente en Guerrero o Michoacán, y ni hablar de su prosecución para consignar una investigación. La impunidad crece o decrece, según la zona sociogeográfica del país, aunque estamos a nada de que sea una constante heterogénea nacional.
La falta de seriedad, experiencia y análisis en la toma de decisiones y acciones por parte del gobierno federal, estatal y municipal, es el motivo por el cual, la descomposición de las áreas de seguridad se haya mantenido y acrecentado. Por ejemplo: la depuración de elementos policiacos en los distintos órganos de seguridad debe ser permanente, pero nunca vista como simplemente eliminar a destajo a personal que se considera nocivo por su antigüedad, por rumores internos, sanciones administrativas, o incluso por la adicción o simple consumo de algún estupefaciente o narcótico (este último, está enfermo y requiere ayuda médica, no quedarse sin trabajo); deben cesarse a servidores públicos de todos los niveles, por los malos resultados en el desempeño de su labor; equivocadamente se ha considerado “hacer limpias” al interior de las instituciones, sin considerar que el personal que tiene 10 o más años en las instituciones, no saben hacer otra cosa más que ser policías; por lo que enviarlos a la calle, es una irresponsabilidad, significa sumarlos, a la de por sí fortalecida delincuencia organizada, ellos los reclutan, los “recontratan” y se convierten tarde o temprano en los peores enemigos de la sociedad y de las propias instituciones encargadas de combatir el crimen; en la comisión de delitos de alto impacto, 7 de cada 10 delincuentes fueron o son policías…
A aquellos servidores públicos, que han cambiado de “bando” y se les acredite cualquier participación con la delincuencia, no sólo se les debe separar del encargo, sino consignarles ante la autoridad judicial para que nunca más dañen y traicionen la confianza otorgada por el estado y la sociedad.
La inseguridad y la violencia, tienen diversos orígenes; uno de ellos se llama IMPUNIDAD; la social, la electoral, la política, económica, jurídica, etcétera, es un grave problema de fondo que se debe atacar de raíz con educación basada en la cultura de la legalidad y los valores morales.
En el mundo de la licitud, donde vivimos la gran mayoría de los habitantes de este país, estamos acostumbrados a cumplir con los órdenes generales de convivencia civilizada, a trabajar, a estudiar, a pagar impuestos y a hacer de nuestros descendientes personas que contribuyan a hacer de México un orgullo permanente.
La gente que ha vivido por generaciones en el mundo de la ilicitud, no puede, ni podrá acostumbrarse a convivir con el resto de la población, ya que crecieron pensando que ese es el único y más cómodo modo de producir recursos para sus familias; su forma de vida, aunque irregular e ilegal, es la única que conocen, ya que la aprendieron en su entorno social y permanecerá hasta que las condiciones de igualdad y crecimiento personal no cambien.
Corresponde al estado y a la sociedad, promover en todos los ámbitos de la vida nacional y en las esferas de educación, el conocimiento y respeto al marco jurídico, hacer notar a toda la población que delinquir estropea vidas, tanto del activo como de las víctimas y también de las ahora de las llamadas “colaterales”.
El ejercicio de la función de justicia en todos sus ámbitos, es una pasión en la que se arriesga no solo la libertad, sino la estabilidad familiar y social, además de la propia vida. Las acciones de los que han utilizado las posiciones para enriquecerse de manera ilegítima o para atacar a sus adversarios políticos, deben dar pie para transformar los mecanismos para el nombramiento de sus titulares y modificar el origen institucional de las dependencias, haciendo de ellas entes independientes del poder ejecutivo, con presupuesto y organización propios, y por supuesto bajo el escrutinio profundo de la sociedad.
Ahora que este 2011 es definitorio para varios estados de la república en las sucesiones del ejecutivo en el 2012, se deben tejer ya las formas de supervisión y control ciudadano de los organismos de seguridad.
El mando único policial es una alternativa viable, pero debe nacer de la mano con una serie de mecanismos para la remoción y reconocimiento a los que encabecen las diversas coordinaciones estatales, ya que no se puede vivir en el sistema de prueba – error, seamos humildes para aceptar recomendaciones y observar experiencias nacionales e internacionales, tanto en la operación policial como en la legislación judicial impositiva de los delitos que más nos aquejan.
La participación ciudadana en la política y en la seguridad se debe convertir en el común denominador de las decisiones de gobierno, el mostrarse ajeno es estar fuera de grave realidad en la que vivimos, este país podría ser inhabitable en 10 años o menos, si no se cambian las estrategias para mejorar nuestra convivencia nacional. (México Bajo Fuego)
