¿QUE CONTIENE LA NUEVA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO?

Salvador Mejía

El pasado 28  de Abril de 2011, el Senado de México aprobó la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, y a la cual simplemente llamaremos La Ley en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El hecho de que el Poder Legislativo discutiera y aprobase  una legislación en materia de lavado de dinero es un gran avance per se; hemos venido diciendo sistemáticamente que el error más grande en la administración del Presidente Felipe Calderón fue el lanzarse directamente a una campaña en contra de la delincuencia organizada basándose en el uso de la fuerza; tan fue esto un error que al paso de los meses el Presidente se vio obligado a incorporar al Ejercito y a la Armada de México con los pésimos resultados que todos conocemos.

Las voces críticas, desde México y el extranjero, se ensañaron en contra de la estrategia del Presidente debido a que esta no contemplaba un apartado sustentable de inteligencia financiera, es decir que no se tenían los instrumentos idóneos para prevenir, combatir y castigar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de hecho las herramientas jurídicas se limitaban a los tipos penales contenidos en el Código Penal Federal para las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, así como a las diversas Disposiciones de carácter administrativo para los Bancos, SOFOMES, Casas de Cambio, Casas de Bolsa y demás. Inclusive en el multicitado Mutual Evaluation Report–Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México liberado por el Financial Action Task Force en Octubre de 2008 (www.fatf-gafi.org) se apuntó que México no contaba con los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios para enfrentar a la delincuencia. El FATF señaló entre otras cosas que, a esa fecha, el Gobierno de México tan solo había presentado 149 acusaciones por lavado de dinero y en las cuales tan solo constaban 30 sentencias firmes (incluidas 5 sentencias absolutorias) y, de igual forma, mencioné que no se contaba con un proceso para el “congelamiento” inmediato de bienes y recursos económicos de personas y/o empresas que fueran incluidas en las llamadas listas negras.

Derivado de estas críticas el Gobierno Federal comenzó, a casi cinco años del inicio de esta lucha,  se vio obligado a cambiar su directriz el 27 agosto 2010 al remitir el Presidente Felipe Calderón a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la Ley Contra el Lavado de Dinero en el marco de la llamada “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”. Dicha iniciativa contiene, según el Gobierno Federal, la creación de leyes como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, así como reformas a 13 ordenamientos complementarios como a los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de igual manera la iniciativa busca, en teoría, solucionar el caos que prevalece en las Leyes de Instituciones de Crédito; Mercado de Valores; Sociedades de Inversión; de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; del Ahorro y Crédito Popular; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito; del Sistema de Ahorro para el Retiro y para regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.

Como parte de esta estrategia se desarrollo la Ley en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la cual pretende constituirse como el marco regulatorio-operativo para regular, por fin, no solo al sistema financiero, sino también al sistema económico e imponer sanciones penales y económicas a sectores específicos como el Notariado, la construcción, la correduría de arte y demás; el problema radica en que tal y como esta Ley fue aprobada por el Senado se aprecian errores de técnica jurídica y problemas de tipo operativo; siendo los más importantes el que se pretenda incluir nuevamente al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo a un contexto Fiscal, cuando el tipo penal, que fue incorporado en la legislación nacional en el Código Fiscal de la Federación, fue posteriormente removido de este para ser incluido en el Código Penal Federal toda vez que fue demostrado que este ilícito no era necesariamente compatible con el delito de defraudación fiscal; los artículos 7, 55, 63 y 64 en los cuales se pretende dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que las multas que esta determine tengan la categoría de créditos fiscales pretenden regresar a ese esquema.

Otro problema es que, salvo por el título, se omitió totalmente incluir al financiamiento al terrorismo en el resto del texto, al parecer los legisladores no están al tanto del problema que implica el fenómeno del terrorismo híbrido a nivel mundial http://columnas.ejecentral.com.mx/mexicobajofuego/2010/07/28/sigue-al-dinero-y-encontraras-al-terrorista/ el hecho de no saber a quién nos enfrentamos nos impide implementar un plan adecuado para vencer. En opinión del Senador Alejandro González Alcocer, con el cual tuve la oportunidad de conversar sobre este proyecto, en México no era necesario legislar sobre el tema, evidentemente el Senador debe estar consciente de que al avalar esta postura deberíamos por simple congruencia derogar los artículos 97, 123 fracción XV, 139, 139 Bis., 139 Ter., 142, 145, 148 Bis., 148 Ter. y el  148 Quárter así como diversos tratados internacionales firmados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.

De igual manera el proyecto incluye un número ínfimo de tipologías y se omitió incluir actividades que están plenamente identificadas como tipologías como el  futbol, los restaurantes, los servicios turísticos, los sindicatos, los grupos musicales, la filmación de películas y videohomes, las tiendas departamentales, el comercio exterior y el comercio electrónico entre muchos más; en este mismo sentido las sanciones no son equiparables para sujetos económicamente similares como es el caso de Notarios y Corredores Públicos. Como sea, insisto en decir que el tener una Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo ya es per se, un avance, ahora corresponde al Poder Legislativo dar solución a los errores que esta contiene para proceder a redactar el Reglamento correspondiente.

Espero que los Diputados estén mejor preparados para la discusión de una Ley trascendental. (Fuente: México Bajo Fuego)

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES LETRA VIVA: TERESO MEDINA

Dip. Tereso Medina Ramírez

El presidente de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, Tereso Medina Ramírez, pidió al PAN que no se desespere, que no violente y que no confronte en el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Medina Ramírez, también dirigente de la CTM en Coahuila, explicó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo “no ha muerto, ni morirá”.

“Al formar parte de la Comisión Permanente para el segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, me encargaré de que se mantenga vigente la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral, porque es necesaria para el país”, indicó.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que el trabajo en la Comisión que preside llevó a cabo una serie de análisis y se tomaron acuerdos importantes, con los 28 legisladores integrantes, con el fin de “lograr un dictamen consensuado”.

Medina Ramírez afirmó que el trabajo en la Comisión está hecho, “nosotros ya cumplimos, ahora corresponde a la Junta de Coordinación Política que lo incluya en la agenda legislativa. Tenemos grandes avances en materia laboral y los consensos se realizaron en forma responsable en las centrales obreras y en el Congreso del Trabajo, que agrupa a los sindicatos más importantes”.

Inclusive, agregó, tenemos “avances ya realizados en materia de negociación y entendimiento con el resto de los integrantes de la Comisión del Trabajo y tenemos tres coincidencias, la primera es que se requiere una reforma laboral que dé respuesta al rezago en el empleo. Requerimos más de 4 millones de empleos”.

Asimismo, se necesita atender a los jóvenes, “coincidimos en que debemos atender la necesidad de 7 millones de ellos que hay en el mercado con una necesidad de empleo y esta reforma laboral resulta estratégica, porque además incluye medidas inteligentes que le permitirán al país avanzar en los temas de competitividad.

“Ya coincidimos todos en que lo que importa es México y el tema del empleo; en esa medida llegamos a acuerdos para que los intereses personales se dejen a un lado porque no pueden ser más fuertes que la demanda de los trabajadores para insertarse en el mercado laboral con las mejores condiciones y con las mejores relaciones obrero-patronales”.

Insistió: “Los acuerdos avanzados de ninguna manera violentan el Artículo 123, hay un respeto por la contratación colectiva, el derecho a huelga, la autonomía sindical, el derecho al salario, entre otras cosas”.

“Ellos (los legisladores panistas) me conocen muy bien y saben perfectamente que los he convocado a una alianza estratégica, no solamente al PAN, sino a todos los partidos políticos, a que veamos una reforma laboral por México, en donde veamos estrategias inteligentes sobre cómo resolver el grave problema del desempleo”, dijo el legislador priísta.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el mismo legislador, en México hay más de 4 millones de personas desempleadas, y más de 8 millones de jóvenes que desean ingresar al mercado laboral; por eso la reforma a la Ley Federal del Trabajo debe contener fórmulas y facilidades para crear empleo y oportunidades.

“Por eso hablo de que la reforma laboral no está muerta, lo que estamos haciendo es trabajar a favor del país. La Comisión del Trabajo tiene las puertas abiertas para incluir propuestas y demandas, para hacer una reforma que le quede a México y a los trabajadores”, señaló.

La propuesta, anticipó el diputado federal, tiene 70 por ciento de consenso, porque la fracción parlamentaria del PRI “hace leyes a favor de México y no a favor de las ocurrencias”.

Medina Ramírez mencionó que en la reforma se mantiene el respeto al artículo 123 constitucional, que habla sobre el derecho al trabajo y el respeto al contrato colectivo.

También la propuesta tiene flexibilidad en productividad, capacitación, adiestramiento para los empresarios y bonos para los trabajadores que reciban esta mejora.

Además, la reforma combatirá la discriminación por edades y por género, además de que reforzará medidas para evitar el trabajo infantil.

¿PROTECCIÓN A PERIODISTAS... POR EL GOBIERNO? ¡GULP!

Por David Luhnow - WSJ


CIUDAD DE MÉXICO—Los editores de diarios mexicanos celebraron el jueves un nuevo plan del gobierno para proteger a los periodistas, luego de los asesinatos de decenas de reporteros atrapados en la creciente guerra contra el narcotráfico, pero indicaron que las medidas no serán suficientes para proteger la libertad de prensa.
El presidente Felipe Calderón anunció el plan a última hora del miércoles, en medio de la indignación internacional por los asesinatos, incluido el de la semana pasada que le costó la vida a un fotógrafo de 21 años de El Diario, una publicación de Ciudad Juárez.
El plan, que tomó como modelo uno similar implementado en Colombia durante los años 90, incluye una reforma judicial para convertir el asesinato de un periodista en un crimen federal y la adopción de un sistema de alerta temprana para ayudar a reubicar a los periodistas que reciban amenazas creíbles debido a su trabajo.

México se ha transformado en el país más peligroso en el hemisferio para los periodistas, con por lo menos 22 reporteros asesinados y siete desaparecidos durante los últimos cuatro años, según el Comité para Proteger Periodistas, con sede en Nueva York.
"Me duele que México es visto como uno de los lugares más peligrosos para la profesión", indicó Calderón el miércoles luego de una reunión con el Comité para Proteger Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a los medios más importantes del hemisferio.
Los diarios de México están tan intimidados por las bandas de narcotráfico que muchos simplemente dejaron de cubrir la guerra contra las drogas que se libra en el país, que ha cobrado alrededor de 30.000 vidas desde que Calderón asumió el poder en diciembre de 2006, indicaron editores de diarios el jueves.
"Ya no informamos sobre esto, más allá del conteo de muertos básico. Hemos recibido amenazas", señaló Patricia Mercado, la directora del diario Imagen, en el estado norteño de Zacatecas. "No estamos entrenados para esto. No sabemos cómo reaccionar".
En partes de México, muchos eventos en la guerra contra el narcotráfico se conocen recién días más tarde o no se informa sobre ellos.
El catalizador del plan fue el asesinato de Luis Carlos Santiago la semana pasada. Se trata del segundo periodista asesinado que trabajaba en el diario insignia de Juárez en menos de tres años. El domingo, El Diario publicó un editorial de primera plana en el que llamaba a una "tregua" y le preguntaba a las bandas de narcotraficantes qué querían del diario para que pudiera proseguir su trabajo sin temor a las represalias.
El editorial dominó los titulares en todo México, donde el tema de la intimidación a los medios de comunicación por parte de los narcotraficantes rara vez había sido tratado en forma pública.
También tocó el tema crítico de cuánto puede proteger a los periodistas el gobierno de México, aunque quiera hacerlo. Un importante candidato a gobernador, varios alcaldes y muchos policías locales y federales han sido asesinados en todo México en lo que va del año.
"¿Por qué deberíamos pensar que esto va a funcionar? El gobierno federal tiene tantos problemas que no puede protegerse a sí mismo", sostuvo Pedro Torres, director de El Diario.

¿VIVIR EN ARIZONA? ¡NI CON PAPELES!

Periodista invitado: Luis Manuel Ortiz

Si tratamos de medirlo de manera convencional, es decir con números y estadísticas, no llegaremos muy lejos. Es muy difícil saber el daño que la ley de Arizona SB1070 le ha hecho al estado. No hay manera fiel de saber cuántas personas han huido hacia otras entidades o de regreso a sus lugares de origen. Tampoco sabemos cuántos negocios propiedad de personas indocumentadas han sido mal vendidos o cerrados antes de verse envueltos en problemas mayores.

De la misma manera, estamos limitados para averiguar cuánto le han costado a Arizona las docenas de boicots que le han decretado grupos, condados, ciudades, estados e instituciones diversas. Unos hablan de que ya se han perdido cientos de millones de dólares, otros dicen que no pasan de cincuenta.

Pero una cosa sí es cierta y por demás evidente: el racismo en Arizona anda al galope.

Y eso sí tiene un alto costo, que quizás tampoco pueda medirse, pero sí advertirse en el sufrir de mucha gente.

Este estado donde vivo no era difícil para vivir. Cierto que ha sido tradicionalmente conservador y mayoritariamente republicano, pero no iba muy lejos en sus extremos. Nada que ver con la Alabama y otros rumbos de los 50 y los 60.

No le podemos echar la culpa a California, pero queriéndolo o no, ha sido el vecino del lado oeste quien, por reflejo, comenzó a cambiar a Arizona. En 1994 California aprobó la Proposición 187 (conocida como “Save our State”) que incluía, diferencias más diferencias menos, lo que dicta la hoy mundialmente famosa ley SB1070 de Arizona.

Pero además la 187 les negaba acceso a los indocumentados a vivienda, educación, salud y todo tipo de servicios públicos.

¿Por qué Arizona?
Los legisladores de Arizona no tardaron nada en imitar a los de California (a pesar de que la 187 nunca entró en vigencia porque los tribunales anularon en su mayor parte, por anticonstitucional) y comenzaron a aprobar leyes estatales cada vez más específicas contra la población indocumentada, que en los 90 estaba muy lejos de ser tan numerosa como es ahora.

En ese mismo 1994 se estableció en el área fronteriza Tijuana-San Diego la Operación Guardián (“Gatekeeper”) que consistía en levantar una barda triple, instalar sofisticados equipos de vigilancia con capacidad para visión nocturna e incrementar enormemente el número de agentes de la Patrulla Fronteriza.

El resultado fue igual al de una lancha con varios agujeros. Cuando se tapa uno, por los otros entra más agua. Los grupos de indocumentados que ingresaban por aquella zona vinieron a unirse a los que ya entraban por la extensa frontera desértica de Sonora con Arizona, convirtiendo a ésta en una región sumamente conflictiva. No sólo aumentó voluminosamente la población de residentes indocumentados sino que también florecieron otras actividades ilegales como el coyotaje, el narcotráfico, el secuestro, etc.

El 4 de febrero de 2003, en el momento en que el entonces presidente Vicente Fox descendía del avión presidencial en el aeropuerto de Phoenix, cerca de allí, en la transitada carretera Interestatal 10 rumbo a Tucson, se liaban a balazos los integrantes de tres vehículos. Dos de ellos transportaban a 24 inmigrantes indocumentados. El resultado fue de 4 muertos, 5 heridos y una docena de arrestados.

La versión oficial fue de un encuentro entre coyotes y “bajadores” (quienes les roban su carga humana a los traficantes) pero no todo el mundo lo creyó, pues hay quienes afirman que grupos paramilitares locales y grupos racistas organizaron la operación justo cuando se tenían preparada una fuerte, ruidosa y alborotada protesta de grupos extremistas afuera del recinto donde Fox daría su discurso ante miles de mexicanos residentes en Arizona.

El objetivo sería lograr lo que hoy se ha logrado: llamar poderosamente la atención hacia el fenómeno de la inmigración indocumentada y obligar a actuar al gobierno federal o justificar la creación de leyes estatales con el mismo fin.

Napolitano, la culpable
La encargada de darle la bienvenida a Fox fue la entonces gobernadora y hoy secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano, quien había sido una suerte de escudo contra las acometidas cada vez más frecuentes y más agresivas de los republicanos. Aunque habían logrado que se promulgaran algunas leyes como la que priva de licencias de manejo a los indocumentados, Napolitano les había frenado mediante el veto otras piezas, incluyendo la primera intentona de criminalizar a los inmigrantes. Sin embargo, no se opuso a dos leyes, la “anticoyote” y la “antinegocios”, que claramente invadían el fuero federal y que todavía hoy están siendo impugnadas en los tribunales.

En Arizona, cuando concluyó la última década del siglo anterior y fue tomando fuerza la primera del siglo 21, el movimiento antiinmigrante ya había rebasado ampliamente los límites de la discreción. Y mucho tenían que ver en ello dos individuos cuya conducta, en el quehacer político, ha estado estrechamente ligada con su propia ideología.

El primero de ellos es alguien del que trataré de hablar poco porque es lo que le gusta, que hablen de él, que lo entrevisten, que lo ataquen y de esa manera se contribuya a su popularidad.

Joe Arpaio (sí, usted adivinó que era él) se postuló en 1992 por el Partido Republicano para alguacil del Condado Maricopa. Ganó y volvió a ganar en 1996, 2000, 2004, 2008 y si no lo parte un rayo seguirá ganando. La eficacia de Arpaio para combatir el crimen está muy en duda pues existen pocas evidencias – excepto las que él mismo prepara y divulga – de que ha logrado abatir los índices de criminalidad en su área. Pero para sus simpatizantes y sus electores, de su misma tendencia ideológica, eso es lo de menos mientras se mantenga como un paladín en la lucha contra los indocumentados a quienes persigue, detiene y encarcela -en su famosísima “Tent City” o “Cárcel de las Carpas”- con lujo de crueldad y desprecio.

El otro personaje crucial en la batida contra los indocumentados es el senador estatal Russell Pearce, cuya delirante tendencia a la creación de leyes contra la inmigración y los inmigrantes le hace olvidar que existen otros rubros que también requieren de legislación.

Pearce ha tenido una trayectoria muy controversial como miembro de grupos policiacos y como burócrata. Fue, incluso, separado de su cargo al frente de la División de Motores y Vehículos del estado cuando una investigación reveló que había cometido malos manejos.

Igualmente, son bien conocidos sus nexos con grupos de supremacía blanca. En 2006, Pearce avaló públicamente a un candidato al Cabildo de Mesa, Arizona, de nombre J.T. Ready, un conocido líder neonazi cuyo grupo comenzó la semana pasada a patrullar armado la zona fronteriza de Arizona con México, en busca de indocumentados y narcotraficantes.

Ese es el Russell Pearce creador de la infame ley SB1070.

Gobernadora sin buscarlo
Cuando Janet Napolitano aceptó el llamado de Obama para ocupar la cartera de Seguridad Interna hizo que ascendiera a la gobernatura la entonces secretaria del Estado, Janice Brewer, una republicana que había deambulado sin mucho lucimiento durante décadas por la legislatura estatal y los altos puestos de la burocracia arizonense. Arpaio, Pearce y compañía sintieron que se habían sacado la lotería. Ninguna amenaza de veto se divisaba en su futuro legislativo antiinmigrante. El camino estaba libre de obstáculos.

Aunque no fue redactada por él, la SB1070 se debe a Russell Pearce quien durante años soñó con hacerla realidad. Cuando finalmente logró que fuera aprobada por la Legislatura estatal y se envió a Brewer para que la firmara, la vetara o dejara pasar el plazo que fija la ley para que automáticamente se promulgara, Pearce sabía perfectamente que haría lo primero. Entre ellos ya había un acuerdo.

Pero el legislador quizás nunca imaginó el enorme favor que le estaba haciendo a la gobernadora. Al firmarla, frente a las cámaras de TV, en trasmisión en vivo, y sobre un tablado que parecía el escenario de un teatro, Jan Brewer se convirtió en una celebridad con una repentina fama y una estatura política que no buscó y nunca imaginó tener.

En ese momento ya era aspirante a reelegirse, pero nadie daba un cacahuate por ella.

Andaba en los últimos lugares de las encuestas. Nadie sabe para quien trabaja y Pearce sin saber trabajó muy bien a favor de la desconocida gobernadora que hoy está al frente de las encuestas tranquilamente enfilada a la reelección. Tiene mucho que agradecerle a Napolitano y a Pearce.

Odio u oportunismo político
Hasta quienes la apoyan saben que la ley SB1070 es muy severa, pero la justifican diciendo que es necesaria ante la ineficacia del gobierno federal para poner alto a una inmigración indocumentada, que ciertamente se ha convertido en un serio problema.

Pero no muchos advierten que el gobierno federal, el estado de Arizona, sus ciudadanos, el país y los indocumentados mismos se han vuelto rehenes de la política y la retórica electoral. La verdad es que Barack Obama, como antes George W. Bush y todos los presidentes, no pueden hacer mucho por sí solos cuando dependen de los votos de un Congreso cuyos miembros, como la cabra, siempre tienden hacia el monte de sus conveniencias políticas. Veamos:

En 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la llamada “ley Sensenbrenner”, en honor al senador que la propuso, y que dejaba pequeña a la SB1070 de Arizona. La ley Sensenbrenner también criminalizaba a los indocumentados en cualquier parte de la nación y prácticamente desataba una persecución en su contra, en medio de un despliegue de insensibilidad y crueldad. Afortunadamente, la draconiana pieza legislativa fracasó cuando fue analizada y votada en el Senado. Muchos sabemos que esa ley tenía más sustento en el odio que en la realidad.

En el año 2006, el republicano John McCain, quien ha representado a Arizona en el Congreso federal desde 1982, primero como congresista y después como senador, se unió al fallecido senador demócrata Edward Kennedy y ambos patrocinaron un proyecto de reforma de las leyes de inmigración que tenía el apoyo de Bush. Pero el intento naufragó frente a legisladores de la extrema derecha. El tema ya se había polarizado enormemente, aunque nadie se imaginaba que llegaría a extremos entonces insospechados.

Así pues, en la nación, en Arizona y en otras entidades el tema de la inmigración indocumentada se había convertido en prioridad mientras que, a nivel mundial, a diario se hablaba del que entonces se conocía como “muro de la tortilla” que Estados Unidos construía en su línea divisoria con México.

En 2008 sucedió lo nunca imaginado: Un hombre de raza negra ganó holgadamente la presidencia de Estados Unidos frente a –¡miren ustedes qué casualidad!- el arizonense John McCain, quien también ya viajaba en el carro del oportunismo electoral y estaba por convertirse en otro antiinmigrante extremista e irracional.

Estados Unidos estaba sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y frustrado por las fracasadas guerras de Irak y Afganistán, situaciones adonde habían conducido las políticas equivocadas de Bush. Urgía un cambio y el que mejor lo representaba era Obama. Su carisma, su elocuente y convincente discurso hizo olvidar a muchos que no era, racialmente, parte del “american way”.

Hoy muy pocos lo reconocen pero resulta evidente que el resurgimiento de sentimientos y actitudes de extremismo y conductas de odio se deben al sector étnico al que pertenece Obama. El “americano” típico –incluido el hispano nacido en Estados Unidos o asimilado a su sociedad- se siente incómodo con un presidente afroamericano y lo manifiesta con un reavivamiento de sentimientos raciales que se han ido convirtiendo en una conducta nacional aceptable.

Si la ley SB1070 de Arizona estuviera escrita de otra forma y contuviera un código de aplicación diferente encajaría en el tipo de ley necesaria –eso es entendible y aceptable- para defender la soberanía de la entidad y del país. Todo estado y toda nación hace eso en pleno derecho.

Pero no es así. La SB 1070 no sólo fue concebida, y ahora defendida e impulsada, por personas cuyos antecedentes los ubican en el extremismo ideológico. Lo niegan con palabras, desde luego, porque las leyes de Estados Unidos prohíben y castigan la discriminación y el racismo, pero su comportamiento y conducta lo reconoce y confirma.

El autor de éste ´reportaje es Director Editorial del periódico semanal La Voz Arizona que aparece en Phoenix, y primer periodista en español en ser nombrado miembro del Salón de la Fama de Arizona Newspapers Association.

Amandititita escribe canción sobre ley de inmigración SB1070 de Arizona

SHOUTCAST RADIO BLOG señala que la irreverente cantante mexicana Amandititita acaba de revelar una nueva canción, titulada “Sheriff de Arizona” en su página de twitter, inspirada por el polémico tema de la ley de inmigración de Arizona SB1070. La cantante ya había mostrado su disgusto hacia el proyecto de ley, calificándolp de “sin sentido y obtuso”, tal y como ella es conocida por expresarse a través de comentarios políticos y sociales. A lo largo de su carrera ha defendido a su propia igualdad pues muchos la ven como parte de la “subcultura de Naco” y no toleran su personalidad burlona. “Sheriff de Arizona” es una fusión de Cumbia, Rock, Reggaeton, y va en línea recta hasta la médula del asunto. La canción aborda la cuestión de los policías en calidad de agentes de inmigración, por lo que dice la canción, “Fuck the sheriff de Arizona, se han extendido el temor sobre la zona, en el nombre de la ley que te maltratan”. La canción es de confrontación y captura la ira de la comunidad latina ante la ley, manteniendo el humor característico que la ha convertido en una estrella, precisa SHOUTCAST RADIO BLOG.

CHISMOSOS: HAY MALAS NOTICIAS

Aprueba Senado por unanimidad Ley Federal de Protección de Datos Personales

El Senado de la República aprobó por unanimidad expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de salvaguardar y regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de las bases de datos, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos señala que la nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos.
Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

Con esta ley se otorga protección a los llamados “datos sensibles”, relacionados con las preferencias sexuales, origen étnico o racial o estado de salud, que podrían ser mal utilizados para discriminar o excluir a una persona.

Entre las obligaciones de los sujetos que utilizar la información de las personas están que sólo se haga uso de los datos personales para los fines por los que fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado.

De lo contrario se sancionará de tres meses a tres años de prisión a quien con fines de lucro vulnere la seguridad a las bases de datos bajo su custodia y de seis a cinco años a quien mediante engaños trate de aprovecharse del error en que se encuentre el titular o persona autorizada a transmitir la información personal.

En el caso de “datos sensibles” las penas se duplicarán.

El dictamen también prevé reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se concibe al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

En la exposición de motivos, las comisiones unidas expresaron que entre los riesgos del derecho para la protección de datos personales se encuentra: el almacenamiento ilícito de datos personales, exactos o inexactos; el abuso o la revelación no autorizada de los mismos; así como la creación de perfiles sin que el titular tenga conocimiento, ni control de ello.

De ahí la necesidad de que frente a la realidad tecnológica, “el derecho no permanezca inmóvil. Los representantes de la sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales”.

Sin embargo, reconocieron que el desafío es complejo, pues involucra el consenso de los involucrados, a fin de hacer efectivas todas las acciones tendientes a proteger la información personal tratada por medio de las cada vez más sofisticadas tecnologías de la información.

Finalmente, argumentaron que con las reformas se busca fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información con la conciencia de que las bases de datos y el tratamiento de las mismas están siempre al servicio del hombre y que, por lo tanto, deben respetarse las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en particular la protección de sus datos personales.

El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, señaló que el manejo de datos de carácter personal, es en México una práctica habitual, de abuso de poder y control de parte del sector público y privado y como se ha visto hasta en tianguis se puede encontrar la base de datos de la región más alejada del país, actualizada.

Por ello, recalcó que a México la regulación para la protección de los datos personales llega tarde, ya que en todo el mundo existe una prohibición tajante y expresa del uso de datos personales sin la autorización de la persona.

Por su parte el senador Silvano Aureoles Conejo, del PRD, subrayó la importancia del dictamen porque los datos personales se trafican y se venden como cualquier otra mercancía, como producto pirata, y además a precios accesibles.

Señaló que la ley otorga una amplia protección a los llamados datos sensibles y pone un alto a los mercados negros de la información.

Agregó que México estará a la altura de los países miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, y cumplirá con los estándares internacionales en materia de privacidad, aprobados en la conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos, en noviembre del 2009.

Con ello se propiciarán flujos de inversión extranjera directa, porque dotará de certeza a los intercambios comerciales transfronterizos, con lo que se proporcionará la generación de empleos y fomentará la inversión extranjera.

Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam explicó que la ley regula la protección de datos de particulares en manos del Gobierno y se inscribe en las reformas realizadas por la LXI Legislatura, que permite “ubicarnos en los tiempos modernos del derecho”.

De Acción Nacional, el senador Alejandro Zapata Perogordo expresó que este dictamen es referente a los llamados derechos humanos de tercera generación porque protege el derecho a la privacidad.

En las reformas se recoge el principio del conocimiento de la información, de la rectificación, de tener el derecho de autorización o de oposición y obviamente de cancelación, es decir, se podrá definir que datos personales se pueden conocer y cuáles deban ser privados, por determinación propia.

El dictamen pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.