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Haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia se solicitó que la instancia responsable de negociar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación hiciera público los detalles y condiciones sobre este acuerdo antes de finalizar su negociación. La respuesta es que esa información es reservada. Lo anterior es relevante ya que por ese acuerdo se convertiría a usuarios de Internet en criminales, se facultaría a empresas a vigilar nuestras actividades y puede derivar en la negación del servicio.
Control absoluto que pretende realizar el gobierno en contra de los mexicanos.
Aquí está la prueba:
