BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO

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La verdad nos hará libres...
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lunes, 5 de agosto de 2019

JAVIER DUARTE DICE NO TENER CASAS

Desde el lugar en que merece estar, o sea la cárcel, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó que no tiene conocimiento de las presuntas propiedades que se le atribuyen en Estados Unidos y que supuestamente fueron adquiridas con recursos del erario de la entidad que encabezaba.
A través de Twitter, Javier Duarte de Ochoa publicó una carta donde aclara que no sabe de esos inmuebles y que jamás ha estado “presente” en ellos, por lo que consideró falso el “vínculo por el cual se pretende hacer creer a la sociedad de mi relación con estas propiedades”.
El exgobernador veracruzano detalla que al respecto ya hay resoluciones judiciales de las cortes de Texas y de Florida, Estados Unidos, donde se han desechado las denuncias por “considerar que no existen elementos para un juicio, es decir, no hay nada”.
En el documento firmado por él, Javier Duarte culpa a sus “enemigos políticos” de las acusaciones en su contra, debido a la exposición mediática que ha tenido en días pasados.
También indica -para Ripley- que por su “precaria situación económica”, la cual saben sus “enemigos políticos”, le es casi imposible mantener una defensa en las cortes de Estados Unidos, ya que tendría que costear honorarios de juristas en esa nación, y él podría quedarse sin defensa por no tener los recursos suficientes para pagar a alguien que lo represente.
!Que poca o nula vergüenza!


Papelito habla
Duarte podrá jurar y perjurar que no compró bienes raices en Estados Unidos, pero la realidad dista mucho de sus lloriqueos. Los registros de sus operaciones, directa o indirectamente, dejan huellas indelebles que en su oportunidad fueron rastreadas y reunidas en un largo documento que por mayoría de votos se tituló como dice abajo. Sugieron a quienes me lean que descarguen o impriman la información, misma que formará parte de un libro que tengo en preparación.



Éste tema continuará con mas material documentado sobre las propiedades que Duarte "no compró" en el extranjero.

martes, 5 de febrero de 2019

CORRUPCIÓN DEVORA FONDOS PETROLEROS EN VERACRUZ

FALTA DE CONTROLES ARREBATA LA AYUDA SOCIAL

 Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.
Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.
A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.
Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.
Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.
A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.
Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.
Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.
Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias) , en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.
Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.
Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.
Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.
El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.
Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.
Además la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuestos cobrados a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

VERACRUZ REPARTE A DISCRECIÓN FONDO PETROLERO

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.
Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.
Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.
Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.
Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.
García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.
El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.
García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.
García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.
En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.
A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable
Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.
“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua ”, se queja.
Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.
La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.
Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.
Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.
Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.
El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.
Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.
En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Un reportaje de Flavia Morales

domingo, 6 de mayo de 2012

ENÉRGICO COMUNICADO


Al Presidente de la República,
Al Senado de la República,
A la Cámara de Diputados,
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Al Gobernador del Estado de Veracruz,
Al Congreso del Estado Veracruz,
Al Presidente Municipal Boca del Río,
A la comunidad en general:

En pleno Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, los enemigos de las mismas retan cobardemente al gremio y a la sociedad en su conjunto, al asesinar a 3 colegas más y a una mujer que les acompañaba, al igual que la anterior víctima mortal, en el estado de Veracruz.

Desde el año 2000 en que se incrementaron los delitos contras las libertades de Prensa y Expresión el gremio organizado: Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Club Primera Plana junto con las 110 organizaciones que la conforman en toda la República, ha exigido a las autoridades, en especial y directamente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, justicia ante estos crímenes, acabar con la impunidad imperante y en consecuencia ponderar su falso discurso de que en nuestro país se respeta el libre ejercicio periodístico.

Nunca a la fecha, hemos obtenido respuesta, sólo el maniqueo palabrerío de que “se pondrá todo el esfuerzo para esclarecer los lamentables hechos y llevar a los autores a los tribunales”, ante tan claras omisiones, negligencias e inclusive complicidades, en forma exponencial se han disparado los asesinatos y desapariciones forzadas sobre todo en lo que va del actual sexenio al sumar en el primer caso 78 muertos y 12 desaparecidos.

Las entidades mundiales ahora nos dan la razón: en nuestro país no hay libertad de prensa. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, en entrevista a El Universal, declaró que México se ubica en “zona roja” dentro del radar de los organismos internacionales ante el número de asesinatos, desapariciones y ataques contra periodistas, “una de las situaciones más graves del planeta”, y lo clasifica entre aquellos países en los que “la libertad de prensa no existe”.

Firmes, duras y claras sentencias expresadas poco después de que los cuerpos desmembrados de los colegas fotoreporteros Gabriel Huge Córdoba del periódico Notiver, Esteban Rodríguez del diario AZ y Guillermo Luna Varela de la Agencia Veracruznews, así como el de su novia Irasema Becerra, ejecutiva del diario El Dictamen, fueron encontrados la mañana de este jueves en el Canal de la Zamorana, en las ciudades porteñas de Veracruz-Boca del Río. Todos habían sido reportados como desaparecidos días antes.

Las autoridades explicaron que Gabriel Huge recién acababa de llegar a Veracruz luego de autoexiliarse tras el asesinato de la reportera del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, ocurrido el pasado mes de julio y cuyos restos fueron arrojados en las inmediaciones de las oficinas del rotativo Imagen del Golfo.

A convocatoria de la FELAP-México, de la FAPERMEX, del CPP y de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, APECOMOR, nos reunimos, este 3 de mayo, en cada una de las plazas de la República para reclamar justicia ante el que suponíamos último asesinato ocurrido en la mencionada entidad, del que fue víctima la reportera Regina Martínez Pérez, corresponsal del semanario Proceso.

En plena ceremonia luctuosa, que llevábamos a cabo en el Monumento a la Libertad de Expresión en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y en la cual dijimos que en este día nada teníamos que celebrar los periodistas mexicanos ni la sociedad en su conjunto, nos llegó la terrible noticia de los compañeros masacrados.

Esta es una situación verdaderamente intolerable, clamo nuestro anfitrión, Teodoro Rentería Villa, presidente de la APECOMOR, al afirmar que sólo en la unidad del gremio podremos enfrentar el flagelo, del cual algunas autoridades son responsables por su negligencia o complicidad.

La presidenta de la FAPERMEX, Hilda Luisa Valdemar Lima, después de apreciar las últimas leyes aprobadas por el Legislativo Federal, afirmó que las mismas no sirven de nada cuando se permite el grotesco y fúnebre sonido de los “cuernos de chivo”.

El vicepresidente de FELAP, Teodoro Rentería Arróyave, insistió que estas leyes se hacen necesarias por la situación prevaleciente en el país al coincidir en que efectivamente mientras la impunidad prevalezca y se burlen las leyes, no habrá normas ni poder humano que detenga esta sevicia contra las más primigenias libertades.

Al contrario, de lo que piensan algunos que quieren focalizar el fenómeno en la mala actuación de autoridades municipales, estatales e inclusive federales, nosotros sostenemos que corresponde a la decisión política única y exclusiva del Presidente de la República de llevar ante los tribunales a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes.

Estamos de acuerdo con nuestra par, la Federación de Asociaciones de Prensa de España, FAPE, y en particular con la Asociación de Periodistas de Almería, APE, cuando aseguran: “Sin periodistas no hay periodismo; sin periodistas no hay democracia”, nosotros agregaríamos, “sin periodismo no hay historia, no hay libertad”.

Con estos crímenes sube a 108 los asesinatos contra las libertades de prensa y expresión desde el 2000 a la fecha: 91 periodistas, 9 humildes trabajadores de la prensa, 6 familiares y dos amigos de comunicadores, además de que continúan 14 periodistas victimas de desaparición forzada.

Expresamos nuevamente a Felipe Calderón Hinojosa, ¡Ya basta! Le preguntamos ¿Hasta cuándo actuará para acabar con esta ignominiosa impunidad que envilece a su gobierno y por extensión a todo el país?

Desde luego es un reto a la libertades, con nuestra unidad y decisión, seguro que venceremos.

Teodoro Rentería Arróyave                           José Antonio Calcáneo Collado
Vicepresidente FELAP-México y                 Secretario Ejecutivo de la
Presidente Fundador y Vitalicio                   Comisión Investigadora de
Honorario                                                       Atentados a Periodistas
FAPERMEX                                                 CIAP-FELAP y Presidente
Vitalicio Honorario
FAPERMEX

Hilda Luisa Valdemar Lima                          Teodoro Raúl Rentería Villa                         
Presidenta del Consejo Directivo                  Presidente del Comité de Vigilancia
FAPERMEX                                                 FAPERMEX

Mario Ángel Díaz Vargas                              Roberto Piñón Olivas
Secretario General                                         Presidente Vitalicio Honorario
FAPERMEX                                                 FAPERMEX
                                       
Arturo Bárcena Bazán                                   Josué Beutelspacher Huízar
Presidente                                                      Secretario General
Club Primera Plana                                        Club Primera Plana



miércoles, 21 de septiembre de 2011

LIBERAN A "TWITTEROS" DE VERACRUZ


Apenas un día después de que el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la tipificación del delito de perturbación del orden público, el gobernador Javier Duarte dio a conocer en su cuenta de Twitter (@Javier_Duarte), que la Procuraduría General de Justicia se desistía de ejercer acción penal contra María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez.

Estos dos 'twiteros' estuvieron presos bajo la acusación de terrorismo y sabotaje, lo que generó protestas de cibernautas y como reacción a ello, la legislatura local realizó reformas al Código Penal.

La nueva ley se ha convertido en el tema del día (Trending Topic) bajo la etiqueta #LeyJavierDuarte en la red social, donde su actuación y ahora también la de los legisladores, es duramente criticada.

Este miércoles, una gran cantidad de usuarios de Twitter se congratularon de que los dos presos hayan sido liberados, pero lamentan y se quejan de que el nuevo Código Penal permanezca con "los cambios hechos a modo".

Personalidades del periodismo de opinión a nivel nacional, como Katia D'artigues, también han expresado su inconformidad en la red social: "@kdartigues: Libres los tuiteros d Veracruz, hay q promover inconstitucional d la #LeyJavierDuarte".

Se tipifica como delito difundir rumores falsos, y quien sea hallado culpable de ello puede recibir una pena de hasta cuatro años de cárcel, según las reformas aprobadas recientemente.

VERACRUZ SE TIÑE DE ROJO

martes, 20 de septiembre de 2011

DEFENDER LAS REDES SOCIALES ES VITAL


El abogado Jesús Robles Maloof es un destacado activista de derechos humanos en México. Su trabajo, desde diversos espacios, como Contingente MX es impresionante y conmovedor. Conversamos con él sobre lo que está pasando entre los gobernantes de su país y las redes sociales. @roblesmaloof ha impulsado una serie de protestas ciudadanas contra la violencia.
-¿Qué está pasando en México que dos estados amenazan con sancionar penalmente a los usuarios de redes sociales, mientras en Veracruz dos tuiteros están presos acusados de terrorismo? ¿Todo es consecuencia de la violencia?
-La reciente ola de utilización de leyes penales contra usuarios de redes sociales y las iniciativas para criminalizar el rumor en varios estados del país, tiene que ver no tanto con la violencia sino con la cultura autoritaria que además de controlar los medios convencionales ahora pretende controlar los medios alternativos de comunicación como las redes sociales. Gobernadores de talante autoritario como Javier Duarte en Veracruz, que ha dicho que abiertamente que se identifica con el dictador Francisco Franco, pretenden controlar la manera en que se habla de Veracruz, penalizando usuarios y amenazando a todos los demás.
-Señalaste a la BBC que las redes sociales son espacios de protección ciudadana. ¿En qué momento Twitter y Facebook llegan a transformarse en herramientas de autocuidado?
-Las redes sociales se vuelven espacios de información y protección ciudadana cuando los medios convencionales dejan de informar de los hechos de violencia al ser amenzados por el crimen o censurados por poder. No es menor que en Veracruz tan solo este año hayan sido asesinados 5 periodistas. La ciudadanía necesita información de lo que sucede en las calles para sus actividades cotidianas y la obtiene de las redes sociales, con la ventaja del tiempo real.
-Los usuarios de redes sociales de México se enfrentan a una cadena de autocensura. ¿Qué piensan hacer los defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión?
-Quienes defendemos los derechos humanos vemos el caso de Veracruz como el inicio de una política represiva si lo permitimos. Los políticos mexicanos no están acostumbrados a la libre expresión, prefieren ejercer su influencia y determinar los contenidos y dado que su capacidad disminuye en medios abiertos como las redes sociales, están buscando soluciones penales. Represión para ser claros. Defender las redes sociales es vital para la libertad de expresión en México y para el futuro de la pluralidad democrática. Aunque debo decir que no todos los defensores han entenido aún su importancia, pero tenemos que seguir insistiendo.
-En México, según unos cables de WikiLeaks liberados recién, el poder de los medios ciudadanos es cada vez más relevante. ¿Cuál es tu opinión?
-En un país donde tradicionalmente los medios han sido controlados y los medios independientes continuamente hostigados, la importancia de los medios alternativos es clave, y en este momento aprecio una tentación autoritaria con toda claridad.
-La detención de los tuiteros mexicanos al comienzo solo llamó la atención de los medios locales de Veracruz y de los tuiteros. ¿Por qué los grandes medios tardaron tanto en ocuparse de esta situación?
-Creo que los medios nacionales no le han dado la relevancia a la detención porque no entienden la relevancia del caso, como inicio de una política represiva. O quizás porque han mantenido una relación conflictiva con las redes sociales. Las ven en ocasiones como competencia y no se han sabido adaptar. En muchos casos, los gobiernos estatales tienen grandes contratos de publicidad con estos medios.
-¿Qué significado tiene Twitter para ti como activista?
-Twitter y, en general las redes sociales, me han permitido amplificar mi labor como defensor de derechos humanos. Dar a conocer casos de abusos, establecer alianzas, crear colectivos como el @ContingenteMx que promueve los derechos humanos basado en las redes, en fin, llamar a la movilización. Ha sido un espacio de libertad y de posibilidades amplias que es preciso defender en tiempos que pronostico complicados.
Fuente: Clases de Periodismo

martes, 13 de septiembre de 2011

LOS TWITTEROS ENCARCELADOS EN VERACRUZ


No hay crimen si no hay ley

Encarcelar twitteros, el oscurantismo más autoritario imaginable

Legislar al vapor y acusarlos retroactivamente, aberración jurídica

Piden retirar cargos y liberarlos

Va contra libertad de expresión, los acusan de algo que no hicieron

Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas

De las escuelas pedían por teléfono a padres ir por sus hijos

Policías y protección civil desalojaron escuelas

Penalizar la "perturbación del orden público", salida desesperada

A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz


Javier Hernández Alpízar.– Tras un frustrado intento de visitar a los twitteros detenidos en Pacho Viejo, penal al cual no los dejaron pasar, excepto a la abogada, los defensores jurídicos, de derechos humanos, usuarios de redes sociales y un senador nayarita del PRD dieron una rueda de prensa para pedir la libertad de Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera porque, argumentaron, está demostrado que no causaron el pánico de que se les acusa, que no cometieron delito alguno, e incluso es erróneo que el gobierno de Veracruz quiera legislar al vapor un nuevo delito para aplicárselos retroactivamente, aseguraron.

Piden retirar cargos y liberarlos

Algunos legisladores están solicitando un punto de acuerdo del Senado de la República le pedirán para pedir al gobierno de Javier Duarte que "retire los cargos equiparados a terrorismo y ponga a consideración de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la violencia que se vive en el estado de Veracruz." Es ya una exigencia nacional e internacional, "porque es contra la libertad de expresión y culpar a la gente de algo que evidentemente no provocaron". Uno de los twitteros mencionó que Freedom on the net ha puesto a México, por este caso, al lado de Irak, Pakistán y China en represión a libertad en la red.

Para las redes sociales, "no solamente en México sino en el mundo –dijo el senador Francisco Javier Castellón–, esta situación es inaudita. La acusación que el Ministerio Público y el gobierno del estado hicieron a dos usuarios de las redes sociales de que la situación de pánico que presentó el puerto de Veracruz el 5 de agosto fue provocada por ellos y por haber puesto en riesgo a la población. La acusación de terrorismo equiparado que se les hace es una acusación desproporcionada, absoluta y totalmente fuera de todo contexto, y aceptarla, en términos jurídicos y sociales, representa un claro precedente y antecedente del oscurantismo más autoritario que podamos imaginar ver en nuestro país y en el mundo."

A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz

Es una actuación "equivocada del gobierno del estado de Veracruz haber acusado a dos personas de una situación caótica que ellos no generaron, sino que fue generada por la situación de violencia que desafortunadamente vive el estado y viven muchos estados regiones del país." El caso "deja muy mal al estado y al gobierno de Veracruz. Hemos conocido las noticias a nivel internacional en la prensa y sucede que, gracias al gobierno del estado de Veracruz, prensa y medios a nivel mundial se han dado cuenta que hay ciudadanos acusados de terroristas en Veracruz. No es una buena propaganda para el estado."

En la mañana estuvieron en el penal de Pacho Viejo, "tratando de encontrarnos tanto con María de Jesús como con Gilberto. Pudimos entrar, con la señora Anita Vera, madre de Gilberto Martínez, la licenciada Claribel Guevara, y hablamos con la directora del penal, Cecilia Tejeda Ortega, y ella se negó a que yo pudiera ver a los dos compañeros que están detenidos por los cargos de terrorismo equiparado –dijo el senador–, aludiendo a la reglamentación del penal, que yo debía haber pedido autorización de manera anticipada para verlos. Le dije que entendía sus razones, que ella atendía instrucciones, pero que el fuero constitucional del que estamos investidos los legisladores es precisamente para hacer esa clase de diligencias, para ser escuchados y atendidos por todas las autoridades. A pesar de eso, la directora no me permitió ver a los compañeros detenidos. Yo le dije que hacía responsable al secretario general de gobierno de Veracruz (Gerardo Buganza), de quien finalmente ella depende."

La abogada pudo verlos, pero doña Anita no pudo ver a Gilberto, a pesar de que le pedí la consideración a la directora del penal, no pude verlo, dijo el senador. Es muy probable que en el paso por Xalapa de la caravana al sur del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, ella o algún otro familiar de los twitteros dé testimonio de este caso, considerado emblemático. A la visita en Pacho Viejo asistieron también Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Daniel Gershenson, del colectivo Contingente MX.

Penalizar la "perturbación del orden público", salida desesperada

Los reporteros le comentaron al senador que el secretario general de gobierno, Buganza, declaró que presentarán una iniciativa para legislar el delito de perturbación de la paz pública o del orden público y que ellos podrían acogerse a esa ley para salir libres. "Me parece que la salida que está tomando el gobierno del estado es una salida desesperada, ante la presión que está ocurriendo no solamente en Veracruz sino a nivel nacional e internacional. Nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley. Lo que están pidiéndoles es que se declaran culpables de perturbar el orden público, porque parece ser que el secretario general de gobierno dijo que saldrían bajo fianza. Eso significa que, de todos modos, ellos tendrían que declararse culpables, cuando tenemos la convicción de que no existe culpabilidad de ningún tipo, lo que está haciendo el gobierno de Veracruz es que, en fast track, van a mandar la iniciativa, aprobarla en el Congreso publicarla en el periódico oficial del estado y luego hacer que los dos compañeros que están presos se declaren culpables de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron."

No hay crimen si no hay ley

A pregunta de los reporteros, respondió la abogada Claribel Guevara que "ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna". Y aclararon que si su conducta no encuadra en el delito de terrorismo, tendrían que salir libres y ya. Abundó Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y de Contingente MX –que usa las nuevas tecnologías para la defensa de los derechos humanos–: "Hay un principio fundamental en derecho penal que en latín se dice "Nullum crimen sine lege": No hay crimen si no hay ley. No puede existir una propuesta del gobierno y después pasada por el congreso de autorizar penalizar la alteración del orden público, para que después Maruchi Bravo y Gilberto Martínez se encuadren en esta conducta, dado que en el tiempo en que supuestamente realizaron la conducta ese delito no existía. Cualquier legislación en México y en el mundo no es particular sino general. Legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del Estado Mexicano y en este caso sería una aberración jurídica."

Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas

La postura de Contingente MX es que "en los hechos del 25 de agosto hay suficiente evidencia de que el rumor en las calles del puerto de Veracruz se generó en un contexto de desinformación, donde la actividad periodística convencional está amenazada por el crimen organizado y la ineficiencia de las autoridades en brindar seguridad a todos los ciudadanos. Las condiciones estaban dadas para que las amenazas eventuales a los centros escolares estallaran en cualquier momento, ante un hecho concreto y real, que no tiene que ver con internet, el incendio de un vehículo en las cercanías de un plantel escolar."

El rumor inició en las calles "y sólo tardíamente, como se ha demostrado, llega a las redes sociales. Después de horas de caos, el gobierno queda al descubierto, porque no pudo responder a una eventual emergencia. Incluso hay evidencia en testimonios de que el gobierno municipal y estatal colaboraron en el desalojo de los planteles a través de la policía municipal y estatal y a través de los cuerpos de protección civil."

De las escuelas pedía por teléfono a padres ir por sus hijos

El impacto mayor de movilización de padres de familia "tiene que ver con las llamadas que los inspectores de zona exigieron a los directivos que hicieran desde las escuelas. Cientos de llamadas, que no tienen que ver con redes sociales ni twitter, fueron hechas desde las escuelas para que los padres recogieran a sus hijos. El primer mensaje (en twitter) de Gilberto Martínez, es de las once de la mañana cuando ya habían transcurrido e incluso el caos ya venía a menos."

Desde el punto de vista de Contingente MX, el gobierno, "horas después, crea una teoría que apuntaba a una supuesta red de supuestos terroristas que plantearon con antelación el ataque, cosa que no ha podido ser demostrada. No se sostiene jurídicamente la acusación."

Desde mi punto de vista, dijo Jesús Robles Maloof (@alconsumidor), el gobierno "ha presionado al poder judicial en el estado de Veracruz para emitir esta sanción y creo, entonces, que el correcto camino, en lugar de legislar al vapor y construir adefesios jurídicos, es retirar los cargos, y la propuesta que la comunidad de personas que usan redes sociales en Veracruz hace al gobierno es que construyamos un mecanismo eficaz para avisar de los hechos de violencia, que con la comunidad de twitteras y twitteros, que algunos de ellos están aquí, como Roberto Arrucha, Román Cotera, y otros distinguidos activistas, pueda construir el gobierno un mecanismo eficaz pro activo y automoderado en redes sociales, que aprendamos todos de este caso y salgamos adelante como comunidad." El hashtag del grupo en twitter es: #twitterxslibres

La convicción de la abogada, Claribel Guevara, es que a nivel federal les concederán el amparo y saldrán libres, sin necesidad de acogerse a leyes de aplicación retroactiva. Pero la amenaza, percibida por los reporteros, es que una nueva ley que penalice la "alteración del orden" penda sobre no solamente usuarios de redes sociales, sino periodistas, comunicadores y todas las veracruzanas y los veracruzanos.

jueves, 4 de agosto de 2011

BUSCANDO A GABY

Gabriela Arlene Benitez Ibarra
Gabriela Arlene Benitez Ybarra es una joven veracruzana de 17 años, desapareció vísperas de entrar a la Universidad Veracruzana, quería estudiar Arquitectura y había logrado entrar.

“Gaby” como la llama cariñosamente su familia, iba al turno vespertino, en el Colegio Preparatorio Xalapa, por lo que salía diariamente aproximadamente a las 3:15, porque su entrada era a las 6.

Su mamá cree que ella salió a dar una vuelta o al internet y ya no regresó, no faltaban ni maleta, ni ropa. La señora Barbara Ybarra se da cuenta de la desaparición de su hija porque regresa a su casa antes y no la encuentra.

Su familia se ha acercado a la autoridades correspondientes en Xalapa, entre ellos al gobernador del estado Javier Duarte, quien dijo se buscaría de oficio, junto con otras y otros jóvenes desaparecidos en el estado, sin obtener respuestas, incluso se realizó un plantón y se convocó a la sociedad civil y a familiares de las y los otros jóvenes desaparecidos, sin que todavía se tengan resultados satisfactorios.

Incluso no han querido difundir la nota porque “el gobernador es muy susceptible a este tipo de noticias”, entonces ¿quién ayudará a recuperar a su hija a esta familia veracruzana?

Coalición Regional contra la Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe sigue comprometida con la búsqueda de niñas y mujeres por medio de nuestro sistema de Alerta Roja.

En sitios web y redes sociales también estamos emprendiendo una campaña por medio de causes para difundir a las mujeres, niñas y niños que tenemos en el Sistema de Alerta Roja. Este es el link de Gabriela Arlene Benitez Ybarra: http://www.causes.com/causes/628175-a...

Les agradecemos a los medios que nos ayuden difundiendo esta información es la mejor manera de contribuir a que no prolifere la indiferencia y la apatía, para sensibilizarnos.

¡No más feminicidios!
¡Alto a la Impunidad y a la indiferencia!
¡Aparición Inmediata y con vida de Gabriela Arlene Benitez Ybarra!
¡Ni una mujer o niña más víctima de las redes de trata!
¡Ni una mujer o niña más víctima del crimen organizado!

jueves, 24 de junio de 2010

ESPÍAS Y LADRONES


José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- A veces, más de las que uno quisiera, la política mexicana se convierte en un juego absurdo en el que no se sabe quién es quién, o si lo que hacen los protagonistas es legal o ilegal.
En esta juerga de papeles, todos se espían y todos se acusan de ladrones. Priistas contra panistas y perredistas se han trabado en una guerra de lodo y se han dicho de todo en los últimos días. Es, como ya se conoce en algunos lugares, una guerra sucia entre mapaches y tejones.
Cuando el PRI estaba en el poder no había duda de quién era el mapache y quién realizaba la práctica del espionaje, pero cuando en el 2000 perdió la Presidencia de la República, muchos personajes organizaron sus propios centros de inteligencia, sabiendo la importancia de tener información de primera mano.
Paradójicamente, el nuevo gobierno del PAN, encabezado por Vicente Fox, desmanteló la estructura del Centro de Investigación Nacional (Cisen) a lo largo de todo su gobierno, hasta que Felipe Calderón la retomó, poniendo al frente a Guillermo Valdés Castellanos, el mismo que fue director de la encuestadora GEA- ISA, la primera que dio a conocer la ventaja del entonces candidato Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de 2006.
Al desmantelarse el Cisen en la administración foxista, algunos de los grupos políticos aprovecharon la fuga de personal y de información para instalar sus propios centros de inteligencia, que en realidad fueron de espionaje.
De esta manera, lo que era una función única y exclusiva del Estado –la labor de inteligencia que incluye la obtención de información– comenzó a ser realizada por los principales grupos políticos del estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León y Distrito Federal. Lo mismo hicieron personajes como Elba Esther Gordillo, Carlos Slim y Lorenzo Zambrano. Estos últimos contrataron para sus servicios a los exdirectores del Cisen: al almirante Wilfrido Robledo Madrid y a Jorge Tello Peón.
En los últimos años hemos visto cómo han operado estos centros de espionaje en el mundo político. En pleno Zócalo capitalino, al culminar la campaña de 2006, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas grabaciones telefónicas en las que se escuchaba a Elba Esther Gordillo negociar el voto a favor de Calderón.
Nunca se dijo de dónde habían salido dichas grabaciones, pero tiempo después se conoció que su entonces secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard, había instalado un centro de operaciones conocido como “El Taller”, con oficinas en avenida Reforma, en la cuales se realizaban labores de inteligencia.
Otro ejemplo del uso del espionaje político fue el caso de las conversaciones del gobernador Mario Marín con el empresario Kamel Nacif, o las de Raúl y Adriana Salinas de Gortari discutiendo sobre el dinero depositado en Suiza, o las de Luis Téllez acusando precisamente al presidente Carlos Salinas de Gortari de quedarse con el dinero de la caja chica de la Presidencia de la República.
Varios centros de espionaje han sido desactivados en estos años. Uno de ellos estaba a unas cuadras de la residencial oficial de Los Pinos, y se descubrió que espiaban a Vicente Fox. Otro más fue revelado en el Estado de México, y uno más reciente en Cancún, Quintana Roo.
Apenas en marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa sobre una red de espionaje telefónico, presuntamente vinculada al gobierno de Oaxaca. Se encontró que se espiaba a opositores del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos a Juan Díaz Pimentel, expresidente del Congreso del estado y del PRI de Oaxaca, así como al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Raúl Bolaños Cacho, ambos simpatizantes de Gabino Cué.
Ahora, en vísperas de las elecciones del 4 de julio, se han dado a conocer nuevas grabaciones, en las que se denota con claridad el apoyo que los gobernadores de Puebla, Veracruz y Oaxaca, Mario Marín, Fidel Herrera y Ulises Ruiz, respectivamente, proporcionan a sus respectivos candidatos.
En este nuevo juego de espías y ladrones, todos están implicados, incluidos los medios que difunden las filtraciones con un afán meramente periodístico.
Y este es un rasgo más del proceso de descomposición que sufre la política mexicana desde hace décadas, misma que adolece de corrupción, traiciones, asesinatos, vínculos con el crimen organizado e impunidad.
Esta práctica del espionaje político seguirá suelta mientras los propios partidos políticos no hagan algo para sujetarla, y es posible que no lo hagan porque nadie se pone la soga al cuello.
El uso político del espionaje, lo mismo lo hace el gobierno federal que los demás grupos de poder. Y es por esto que muy probablemente, en el camino hacia las elecciones entrantes, veamos o escuchemos nuevas grabaciones de vida política y privada de los principales personajes, provocando el enconamiento que precede a la violencia social.
Y de eso, todos los actores políticos, incluidos los medios, serán responsables.