México, DF.- Los tres ex gobernadores tamaulipecos, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, llegaron a acuerdos con líderes del cártel del Golfo como Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén.
La investigación federal en la que se encuentran implicados los ex mandatarios se encuentra sustentada en declaraciones de un testigo protegido, ex integrante de otro grupo de la delincuencia organizada antes aliado de la organización, hoy principal rival de ellos, reveló el diario “La Jornada”.
De acuerdo con fuentes de la PGR citadas por ese diario, Miguel Ángel Soto Parra, presunto miembro de un cártel y quien desde 2009 es testigo protegido del Gobierno mexicano y de agencias de Estados Unidos, entre ellas el Servicio de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) informó que los ex gobernadores realizaron viajes para reunirse con líderes del cártel del Golfo.
Refiere además que la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) ha tomado en cuenta las declaraciones de Soto Parra porque, al igual que los primeros integrantes de la organización, formó parte de la escolta de Osiel y Ezequiel Cárdenas Guillén, cabezas del cártel del Golfo, y supuestamente tuvo acceso a información sobre los nexos de los ex mandatarios tamaulipecos con el narco.
Sin embargo, según las fuentes, la indagatoria se encuentra en fase de integración y tras dos años no se ha podido confirmar la existencia de esos viajes, supuestamente realizados por Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y algunos de sus familiares.
Aun así, el pasado lunes 30 la SIEDO emitió una alerta –CGA/595/2012– para registrar las entradas y salidas de los políticos y 46 personas más, entre familiares, empresarios y funcionarios tamaulipecos.
Al final se aclaró que los ex mandatarios no tienen restricción para salir del país.
Soto Parra fue detenido en el Distrito Federal en enero de 2009 y de acuerdo a la averiguación previa que se le inició –PGR/SIEDO/UEIDCS/011/2009– se le imputaron cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
No obstante, según las fuentes citadas por “La Jornada”, sus cargos fueron reducidos para que colaborara con las autoridades mexicanas y luego se convirtió en testigo de agencias estadounidenses para el proceso penal en contra de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel de 1998 a 2007.
Luego de ser extraditado a Estados Unidos, Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de prisión y al pago de una multa por 50 millones de dólares por narcotráfico.
Las declaraciones de Soto Parra dieron pie al inicio de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por la que ahora se investiga a los tres ex gobernadores por delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A partir de esa indagatoria, se iniciaron otras tres. La primera de ellas data de 2007 y fue iniciada en Matamoros, Tamaulipas, por la presunta relación de funcionarios de la entidad con actividades para favorecer las operaciones del cártel del Golfo en el envío de cocaína y mariguana a Estados Unidos.
Otra indagatoria está relacionada con la muerte del ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Gubernatura de esa entidad, Rodolfo Torre Cantú, ocurrida en junio de 2010 en Ciudad Victoria, en la que el testigo protegido involucra a Tomás Yarrington.
Entre los vínculos que investiga la SIEDO contra los ex mandatarios priístas, destaca el hecho de que durante su gestión, Manuel Cavazos Lerma, actual aspirante del PRI al Senado de la República, designó en 1993 a Raúl Morales Cadena como subprocurador.
Morales Cadena es hijo del litigante Raúl Morales, quien se desempeñara como abogado de Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, uno de los presuntos fundadores del cártel del Golfo. Morales Cadena duró un año en el puesto y nunca se le formularon cargos.
Indaga la PGR lavado
La PGR indaga a Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por acusaciones de expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de alta plusvalía con dinero de dos cárteles.
Las imputaciones, que constan en informes ministeriales, derivan de denuncias anónimas, de afectados y del testigo protegido identificado como “Pitufo”.
La información recabada apunta que uno de los personajes clave en la investigación es el joven empresario Mohamed Farough Fatemi Corcuera, señalado de ser el supuesto “prestanombres” de Cavazos y Hernández a través de negocios inmobiliarios.
De apenas 35 años, Fatemi aparece como propietario de las constructoras Santa Dolores y Grupo Inmobiliario Comon, empresas que en la pasada década tuvieron un boom en el sector a nivel estatal.
La SIEDO ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y al Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas todos los detalles de las operaciones inmobiliarias de este empresario, así como sus declaraciones fiscales e información bancaria.
El testimonio
Miguel Ángel Soto Parra, presunto miembro de un grupo de la delincuencia organizada, quien desde 2009 es testigo protegido, informó que los ex gobernadores realizaron viajes para reunirse con líderes del cártel del Golfo a los que favorecieron en sus actividades ilícitas.
Escolta de capos
Soto Parra, al igual que los fundadores de otro poderoso cártel, formó parte de la escolta de Osiel y Ezequiel Cárdenas Guillén, por lo que tuvo acceso a información sobre los nexos de los ex mandatarios tamaulipecos.
Los delitos
Los tres ex mandatarios son investigados por delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Indagatorias
2007.- La indagatoria fue iniciada en 2007 en Matamoros, Tamaulipas, por la presunta relación de funcionarios de la entidad con actividades para favorecer las operaciones del cártel del Golfo en el envío de cocaína y mariguana a Estados Unidos.
2010.- Otra está relacionada con la muerte del ex candidato del PRI a la Gubernatura de esa entidad, Rodolfo Torre Cantú, ocurrida en junio de 2010 en Ciudad Victoria, en la que el testigo protegido involucra a Tomás Yarrington.
1993.- Durante la gestión de Manuel Cavazos Lerma, actual aspirante del PRI al Senado de la República, designó en este año a Raúl Morales Cadena como subprocurador, ligado a la defensa Juan García Ábrego.
