El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quedó expuesto a una censura del Congreso por desacato después de que el presidente Barack Obama hiciera valer su “privilegio ejecutivo” para no entregar a los legisladores documentos sobre la operación “Rápido y furioso”.
El comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes discute una moción de su presidente, el republicano Darrell Issa, para reprobar por desacato a Holder, quien no ha entregado los documentos adicionales requeridos por los congresistas.
La operación clandestina del Departamento de Justicia permitió, en 2009, el traspaso de unas dos mil armas de fuego hacia México, con la intención de seguirlas para identificar a los traficantes de droga y otros criminales que las usaran.
La operación fracasó y se perdió el rastro a buena parte de las armas que acabaron siendo utilizadas para delitos muy graves.
El senador republicano Charles Grassley, que ha estado muy involucrado en una investigación paralela a cargo del Senado, sostuvo que “la invocación del privilegio ejecutivo plantea cuestiones monumentales”.
“¿Cómo puede el presidente afirmar el privilegio ejecutivo si la Casa Blanca no ha estado involucrada y se supone que el presidente no ha visto jamás los documentos?”, indicó Grassley.
“Las preguntas que ha hecho el Congreso apuntan a determinar qué ocurrió con un desastroso programa gubernamental y para (asegurar) que nunca ocurra otra vez”, añadió.
El representante demócrata Elijah Cummings alegó por su parte: “el Congreso tiene la responsabilidad de conducir una supervisión vigorosa sobre el Poder Ejecutivo, pero la Constitución también requiere que reconozcamos los derechos legítimos del Poder Ejecutivo”.
El legislador demócrata recordó que el Departamento de Justicia ha entregado ya más de mil páginas de documentos en respuesta a las preguntas de los legisladores.
De seguir adelante el procedimiento en el comité, sería la primera vez desde 1998 en que el Congreso adopta una resolución por desacato contra un secretario (ministro) de Justicia.
Pero no es ésta la primera vez que el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un enfrentamiento acerca de documentos requeridos por los legisladores en sus investigaciones sobre la acción de un presidente.
Al menos 25 veces desde 1980 la Casa Blanca ha esgrimido el “privilegio ejecutivo”. Quien más veces recurrió a ese derecho fue Bill Clinton (1992-2001), quien invocó 14 veces sus atribuciones para retener materiales pedidos por los legisladores.
El presidente George W. Bush (2001-2009) invocó el privilegio ejecutivo seis veces; el presidente George H.W. Bush (1989-1993) lo hizo una vez y su predecesor Ronald Reagan (1981-1989) invocó el privilegio tres veces.
EFE/SERM
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