El exgobernador Félix González Canto y el diputado Felipe Enríquez Hernández embarcaron a Mario Villanueva en la compra-venta de un predio y aprovecharon su condición de preso para pagarle parcialmente los 40 millones de dólares acordados; hoy el equipo de abogados de Villanueva ha sido presionado para que desista en su denuncia.
Agustín Ambriz / Luces del Siglo
Cancún, Quintana Roo. En la famosa lista de la OFAC (Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, por sus siglas en inglés) figuran desde 2010 dos políticos priístas que dicen pertenecer al grupo cercano de Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República: el exgobernador Félix González Canto y el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, a quienes las autoridades estadunidenses investigan por su relación de negocios con el exgobernador Mario Villanueva Madrid, juzgado por delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Los nombres de ambos personajes, que arrastran un negro historial de corrupción y que aspiran a obtener candidaturas en las próximas elecciones federales y en 16 estados de la república, surgieron a partir de la prolija correspondencia electrónica que Villanueva ha enviado desde hace 19 meses en que fue extraditado por las autoridades mexicanas con temas directamente relacionados con la compra-venta de 40 hectáreas en el paradisiaco predio conocido como Isla Blanca, al norte de Cancún, propiedad de Mario Villanueva y adquirido por Felipe Enríquez y Félix González en una torcida transacción que está a punto de estallar en los tribunales nacionales, debido al incumplimiento total del pago acordado en 40 millones de dólares.
El origen de esta truculenta transacción se remonta a diciembre de 2007, cuando Mario Villanueva, preso todavía en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, recibió una llamada telefónica del entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González, para preguntarle si conocía al señor Amador Ramos López dueño de una fracción de 19 hectáreas del predio de Isla Blanca.
Mario Villanueva le respondió que sí lo conocía y que el terreno era también de su propiedad, a lo que Félix González le respondió que le interesaba adquirirlo a través del señor Felipe Enríquez, originario de Monterrey. Así comenzaron todos los trámites notariales para que el señor Amador Ramos le cediera los derechos a Villanueva para que éste a su vez los pudiera vender al diputado Enríquez.
El 9 de abril de 2008, según consta en la bitácora del Reclusorio Preventivo Norte, el diputado Felipe Enríquez ingresó hasta la celda del exgobernador donde se asumieron dos acuerdos: el diputado regiomontano no sólo tenía interés de adquirir las 19 hectáreas, sino también los dos predios aledaños, uno de ocho hectáreas perteneciente a la señora Sara Eugenia Pacheco, y otro de 13 hectáreas propiedad del señor Juan Ángel Valle Cárdenas, para sumar una superficie total de 40 hectáreas.
La petición de Felipe Enríquez fue que los tres predios debían concentrarse en una empresa creada por el propio Villanueva y, una vez esto, los predios se trasladarían a otra empresa propiedad del diputado federal regiomontano. Así se hizo, a través de su esposa, Isabel Tenorio de Villanueva, en marzo de 2008 se constituyó la empresa Desarrollos IM SA de CV, la cual procedió a adquirir los lotes que posteriormente fueron trasladados a GLS-4 Corporativo SA de CV.
Para tal efecto se firmaron los contratos de promesa de compraventa de las 40 hectáreas. Entre las cláusulas se estableció claramente que la posesión material no podía ser otorgada a la empresa compradora, en virtud de que los predios se encontraban invadidos por personas armadas al servicio del señor Arturo Bojórquez León, quien reclama también la titularidad de los mismos. Por ello, se acordó que la compra-venta se finiquitaría cuando se recuperara la posesión de los terrenos con apoyo del gobernador Félix González, quien se comprometió al desalojo por parte de la Procuraduría General de Justicia. La fecha de plazo pactada entre ambas partes fue el 1 de agosto de 2008.
Pero el 10 de abril de 2008, el señor Bojórquez León promovió un juicio ordinario civil de interdicto para retener la posesión de los predios, situación que fue tomada como pretexto por Felipe Enríquez para pretender reducir el valor de los predios (de 40 millones a 27 millones de dólares). El 31 de mayo de ese mismo año, Felipe Enríquez visitó por segunda ocasión a Mario Villanueva en el área de ingresos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, acompañado de su abogado Benjamín Rodríguez Anzures, por parte de la empresa GLS-4 Corporativo, y por parte de Desarrollos IM, los representantes Jesús Horacio García Vallejo, Leticia Vergara Ortiz, Juan Manuel Ramírez Pacheco, Enrique Romero Cervera, Leopoldo Betancourt Pacheco y Rafael Galván.
En esa reunión, de la que también quedó constancia en la bitácora oficial, se acordó presentar una denuncia por despojo en contra de Arturo Bojórquez con el objetivo de que la Procuraduría General de Justicia, a cargo en ese entonces de Bello Melchor Rodríguez Carrillo, tuviera fundamentos para ejecutar el desalojo. Sin embargo, a partir de esta reunión, trascurrió el tiempo entre falsas promesas para cumplir con el desalojo por parte del gobierno del estado, amenazas contra Villanueva de parte del diputado Enríquez y un intento de extorsión por parte del procurador Bello, quien a través de su comisionado especial para el caso, Luis Armando Pech Gómez, exigió la cantidad de 350 mil dólares, para que con 50 elementos de la Policía Judicial pudieran ejecutar el desalojo.
Ante el incumplimiento de los acuerdos, Villanueva comenzó los reclamos epistolares contra el exgobernador Félix González, como la siguiente carta:
"Accedí a lo anterior pues mi situación económica era sumamente difícil y tenía participación directa del Gobernador del Estado.
“La creación de la empresa y la adquisición de los terrenos, me generó considerables compromisos económicos con la firma de pagarés y grandes adeudos que sólo podía yo finiquitar, el primero de agosto de 2008.
“Me endeudé confiado en que el Gobernador cumpliría su palabra de llevar a cabo el desalojo de los terrenos antes de la fecha del finiquito, y que el señor Felipe Enríquez colaboraría para realizar dicho desalojo. El Gobernador conocía perfectamente la precaria situación económica en la que nos encontrábamos, mi familia y yo, que dependíamos de la venta de los terrenos para el pago de adeudos, cubrir el costo de los abogados, que participan en mi defensa, y tener lo necesario para subsistir".
Y en otra carta manuscrita, enviada en febrero de 2009, Villanueva le vuelve a reclamar acremente a González Canto:
"Llevamos seis meses esperando que se realice el operativo de desalojo. El Procurador, quien supuestamente tiene órdenes tuyas de llevarlo a cabo, se ha negado a hacerlo y su comisionado el Lic. Luis Pech, ha insistido en que no tiene tiempo, pues le han encargado atender asuntos del señor Renán Castro, por lo que nos daría el nombre de otro abogado para que atendiera este asunto, lo que por cierto, no hizo.
“Por sus actitudes, no podemos confiar en el Procurador y siento que me están dejando solo con el problema, aun cuando acordamos que lo atenderíamos las tres partes (el Gobernador, el señor Felipe y yo).
“Si el gobierno tiene algún inconveniente, necesito saberlo. La solución es relativamente sencilla y no entiendo por qué razón no se ha hecho el operativo si supuestamente el Procurador tiene órdenes tuyas.
“No es correcto que me dejen solo con este problema, pero si de esto se trata, seguramente entraré en conflicto con el Gobernador, con el Procurador y con el señor Felipe Enríquez. Espero una decisión del Gobernador".
Los días transcurrieron hasta el 8 de mayo de 2010 cuando la justicia mexicana decidió extraditar a Villanueva Madrid para ser juzgado por presuntos delitos contra la salud en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Todos estos hechos, según interpretó el propio Villanueva, constituyen diferentes responsabilidades administrativas y delitos por “daño patrimonial” en su contra, ya que de los 40 millones de dólares originalmente pactados, sólo le dieron 18 millones de dólares. Esta es la litis de una denuncia que Villanueva intentó promover ante la justicia estatal a principios de 2010, la cual actualmente está sujeta a negociación con la señora Isabel Tenorio y su hijo Mario Villanueva, quienes han sido sistemáticamente presionados para que se desistan.
Inclusive ha trascendido que el diputado regiomontano Felipe Enríquez tiene amenazado a Villanueva bajo el argumento de ser parte del grupo cercano al precandidato priísta Enrique Peña Nieto, quien supuestamente lo está apoyando para la candidatura a la Presidencia Municipal de Monterrey en julio entrante. En tanto, Félix González –también compadre de Enríquez– espera ser el candidato al Senado de la República por Quintana Roo.
En la famosa lista de la OFAC se encuentran todos aquellos presos en cárceles de Estados Unidos, relacionados con delitos contra la salud. Cada movimiento de Mario Villanueva, toda comunicación que él tenga vía internet hacia el exterior, es permanentemente supervisada por esta dependencia, que igualmente investiga a todas aquellas personas que tengan conexión con el preso y sean sus socios en el exterior.
