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martes, 22 de enero de 2019

Puebla: Impunidad y Corrupción de Pacheco Pulido

Se le acusa de impulsar una red inmobiliaria encabezada por sus hijos que se han hecho millonarios a costa del despojo de tierras al ganar de manera sospechosa juicios con documentos apócrifos

LINO ZENTELLA

A unos días de que el Congreso del Estado elija al gobernador interino de Puebla, el nombre de Guillermo Pacheco Pulido ha destacado no sólo por sus nexos con el ex gobernador Mario Marín Torres y el ex candidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa Huerta, sino también por impulsar una red inmobiliaria encabezada por sus hijos que se han hecho millonarios a costa del despojo de tierras al ganar de manera sospechosa juicios con documentos apócrifos. Investigaciones recientes también revelan que la familia Pacheco Pensado incursiona en el negocio de las gasolinerías gracias a las relaciones con gobiernos emanados del PRI.
Guillermo Pacheco fue presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el sexenio marinista y su nombre se involucró en el complot orquestado en contra de la periodista y escritora Lydia Cacho, quien fue perseguida tras revelar una red internacional de pederastas.
Hace unos días, Guillermo Pacheco entregó a los diputados locales su carta de intención para ser considerado en el proceso de elección del gobernador interino, el cual se abrió tras el lamentable fallecimiento de Martha Erika Alonso Hidalgo, registrado el 24 de diciembre de 2018.
Sin embargo, él no garantiza la imparcialidad en la entidad poblana en caso de que el Poder Legislativo lo nombre gobernador interino en lo que se convocan a nuevas elecciones constitucionales, pues su pasado lo persigue.
Su relación con Barbosa
En mayo de 2018, un video difundido en redes sociales y en varios medios locales, evidenció la relación de Guillermo Pacheco con el entonces candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura Miguel Barbosa.
A la reunión privada que se llevó a cabo en un restaurante de la capital del estado, también asistieron los hijos del ex presidente del TSJ, Guillermo y Javier PachecoPensando, así como otros reconocidos empresarios, quienes habrían sido el grupo que financió la pasada campaña del ex senador oriundo de la región de Tehuacán.
Ha trascendido que Miguel Barbosa es quien lo está impulsando en este proceso, porque con esa posición piensa fraguar su triunfo en las nuevas elecciones que se avecinan en caso de que vuelva a ser el candidato a la gubernatura.
El video fue tomado de manera discreta y en él se observa también al empresario relojero Enrique Torres Ramé y su papá Enrique Torres Andrade, así como al joyero Gregorio Suárez, el textilero Carlos Sáinz y Ángel Diez de Urdanivia Arámburo.

Participó en el complot contra Lydia Cacho

El 14 de febrero de 2006 se difundieron varias entrevistas telefónicas entre el entonces gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, que evidenciaron el complot orquestado en contra de la escritora Lydia Cacho, por haber revelado una red de pederastas.
El empresario le pidió al gobernador la detención de la periodista y un escarmiento, el cual se concretó cuando fue detenida en Quintana Roo por policías judiciales de Puebla, y encarcelada en el Cereso de San Miguel donde fue torturada.
El nombre de Guillermo Pacheco fue señalado porque se utilizó al Poder Judicial para tratar de que pasara mucho tiempo en la cárcel.
Recientemente Lydia Cacho criticó la postulación de Guillermo Pacheco al recordar que él hizo todo lo que estuvo en sus manos para tratar de que no obtuviera su libertad: “El mismo Pacheco Pulido que frente a mí, ya en la cárcel de Puebla, ordenaba a la jueza Rosa Celia que me diera orden de formal prisión. Quieren de interino a uno de los cómplices de mi tortura y detención arbitraria”.
En la mira de la ONU
Aunque Guillermo Pacheco ha tratado de lavarse las manos en este caso de tortura y detención arbitraria, en julio del año pasado el Comité de Derechos Humanos de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) asentó su participación en este caso, donde se obligó al actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador a ofrecer disculpas a la escritora, las cuales recibió el pasado 10 de enero.
En el expediente de la ONU la escritora menciona, en el apartado 3.9, que Guillermo Pacheco acordó con Mario Marín la persecución y castigo de Lydia Cacho; incluso, se subraya que la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que existieron pruebas de la relación entre Kamel Nacif y la judicatura del estado de Puebla.
“La autora afirma que los tribunales que conocieron la causa penal en su contra adolecieron de falta de independencia e imparcialidad. Según las conclusiones de la Comisión Investigadora establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existieron pruebas de la relación entre Nacif y la judicatura del estado de Puebla. La autora estima que existió un concierto entre particulares y autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla, incluidos el gobernador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese estado, con el objeto de perseguir a la autora y castigarla por su labor periodística, y de generar un efecto inhibitorio para otros/tras periodistas”.
Además, en el punto 10.11, se corrobora que el Poder Judicial colaboró en su detención y que ésta fue de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria. “El Comité considera que, en las circunstancias descritas, y a la luz de las declaraciones públicas vertidas por el empresario en cuestión y por las altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos en el párrafo 10.8 supra, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto”.

El negocio de las inmobiliarias

Desde hace más de una década, Guillermo Pacheco ha impulsado una red inmobiliaria encabezada por sus hijos, la cual ha cobrado fama por la forma en la que han construido grandes proyectos en la zona metropolitana de Puebla a costa del despojo de terrenos.
Aunque hay que destacar que varias propiedades las adquirió la familia cuando Pacheco Pulido fue presidente municipal de Puebla.
Tras finalizar el sexenio marinista Javier Pacheco Pensado y su cuñado Julián Ventosa Tanús, se convirtieron en dos de los más prominentes desarrolladores inmobiliarios en los estados de Puebla y Veracruz. El sector asegura que el boom inmobiliario de las familias Pacheco y Ventosa se consolidó con recursos provenientes de las arcas estatales producto del desfalco que realizó Mario Marín en Puebla en su paso por la administración estatal.
Recientemente Guillermo Pacheco Pensado despojó a los habitantes de mayorazgo de un terreno de 1.7 hectáreas ubicado en la 11 Sur y bulevar Margaritas, donde pretende construir un centro comercial; los afectados acusan que ganó el juicio usando documentos falsos De hecho, este predio pertenece a una parte del río Chinguiñoso y también forma parte de un drenaje pluvial de otras seis colonias aledañas a Mayorazgo.
El entonces presidente de la mesa directiva de Mayorazgo, Faustino Cortés, recordó que fueron los propietarios de la antigua fábrica textil El Mayorazgo quienes en 1940 donaron más de 20 hectáreas de terreno para la creación de la colonia, pero a través de los años se fueron cometiendo innumerables abusos que terminaron por dejar sólo cuatro espacios comunes, entre ellas, el terreno en cuestión.
La grandeza inmobiliaria de los Pacheco Pensado abarca proyectos en los alrededores del lago de Valsequillo, al sur de la ciudad de Puebla, pero también en la reserva territorial Atlixcáyotl Quetzalcóatl donde adquirieron varios terrenos.
Fueron parte del proyecto Centro Internacional de Medicina (CIMA) ubicado en la reserva Territorial Atlixcáyotl, pues adquirieron el terreno en 4 millones 800 mil pesos, el cual fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sustituir al Hospital San Alejandro por hasta 500 millones de pesos.
En su lista de bienes está además La Torre Cima, cuyos compradores de los departamentos los demandaron por el daño estructural que sufrió el edificio tras los sismos de septiembre de 2017.
Hace siete años, campesinos de San Andrés Azumiatla denunciaron que la familia Pacheco Pensado pretendía a través de medios ilegales, arrebatarles cientos de terrenos ejidales, además de intimidarlos y amenazarlos mediante un grupo de abogados.
Mateo Huexol Caballero y Evaristo Romero Santamaría relataron que desde hace algunos meses personas como Joaquín Tepetl Escalona con escrituras falsas reclaman la propiedad de terrenos ejidales, aunque en realidad son prestanombres de los hermanos Pacheco Pensado.
También, trataron de comprar unos terrenos de la Vista Verde Country & Club del municipio de Tehuacán al inmiscuirse en un juicio promovido por ejidatarios del lugar quienes reclamaron las tierras.
Otro caso más: En el rancho de San José Acatocha, ubicado en Atlixco, a un costado de la vía Atlixcáyotl, la empresa EO de SA de CV inició en 2011 la construcción de un fraccionamiento de lujo, y para ello cometió diversas irregularidades, que van desde tapar los accesos de viviendas de varios vecinos hasta el apropiarse ilegalmente de una franja de 15 metros de ancho que es zona federal, con la complicidad de dependencias estatales, federales y municipales.
Oficialmente quien apareció como representante de la constructora es Luis Roberto Blancas Farfán, pero trascendió que en realidad EO es la fachada de otra empresa llamada: Constructora e Inmobiliaria DAP, cuyos socios mayoritarios son David Tylor y Javier Pacheco Pensado.
En 2007, cuando Julián Ventosa y los Pacheco Pensado construyeron Plaza San José, en la colonia San José Vista Hermosa, causaron destrozos en las casas de algunos vecinos, hechos de los cuales no se hicieron responsables al escudarse en la figura de Guillermo Pacheco Pulido quien en ese entonces aún era el presidente del Tribunal Superior.

jueves, 17 de enero de 2019

PEMEX EN EL MUNDO: NO RINDE CUENTAS

En el 2013 el diario español El País publicó un reportaje que debió causar cierta inquietud:
Petróleos Mexicanos (Pemex) también está en Estados Unidos, Suiza, España, Holanda, Irlanda y Reino Unido. En medio del debate por la propuesta de reforma energética planteada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en la que la iniciativa privada podría invertir en la exploración, explotación y manejo de los hidrocarburos, se ha discutido sobre la capacidad que las empresas extranjeras tendrían para introducirse en el sector energético, dominado desde hace 75 años por la petrolera estatal. Sin embargo, desde la década de los 80, Pemex tiene un carácter internacional, la compañía mexicana ha fundado filiales en más de siete países en el mundo y desarrolla algunas de sus tareas de transformación de hidrocarburos en el extranjero. Hasta ahora suman 28 empresas.
El caso más sobresaliente es la refinería Deer Park en el Estado de Texas, resultado de la alianza de Pemex a través de su filial PMI Norteamérica con la subsidiaria Shell Oil Company de la holandesa Shell. Desde febrero de 1993, ambas compañías se aliaron en partes iguales para fundar la sexta refinería más grande de Estados Unidos, que posee una producción de 340.000 barriles diarios, y de la que se obtienen importantes productos que se comercializan en México. También está PMI Service North America, Inc. la empresa fundada en Estados Unidos y dueña del poliducto que va de Matamoros (México) a Brownsville (Texas). Pemex también tiene el 50% de participación en Texas Frontera LLC para asegurar el transporte de hidrocarburos de Deer Park hacia México. Y además está la creación de Pasco Terminals, Inc. una compañía encargada del manejo de azufre en Florida.
A estas instalaciones se le suman otras empresas encargadas de la comercialización en el extranjero de los hidrocarburos, algunas de ellas con sedes tan inusuales como las Islas Caimán y Bahamas, según indica Pemex en su página web. Estas empresas filiales son fundadas bajo las leyes de los países donde se crean y tienen una residencia fiscal en el extranjero. Sólo algunas empresas como PMI Trading Limited o MGI Gas International tienen sus obligaciones fiscales en México. La senadora de izquierda, Dolores Padierna, ha señalado que estas filiales violan la Constitución al generar riqueza en el extranjero a partir de los bienes nacionales y fuera de la vista de las autoridades mexicanas. La legisladora ha asegurado que ganancias por 430.000 millones de pesos (unos 33.000 millones de dólares) no llegan a las arcas de la Hacienda mexicana.
El director de Pemex, Emilio Lozoya, manifestó en una entrevista al diario económico Wall Street Journal, que como parte de un ambicioso plan para contrarrestar las pérdidas de la petrolera, aunado a la reforma energética, la compañía estatal busca fundar una nueva empresa para la extracción de petróleo en aguas profundas y gas de esquisto en Estados Unidos, una actividad en la que México apenas debutó en 2010. "Pemex lanzará una nueva compañía que trabajará en los campos de gas y crudo de esquisto en Estados Unidos y en el sector de aguas profundas también de Estados Unidos.", ha dicho Lozoya.
La intervención de Pemex en otros países no es nueva. Hay casos tan recientes como el de 2011 en el que la petrolera mexicana, a través de su filial Pemex Internacional España S.A., aumentó su participación en la española Repsol. La alianza industrial por 10 años aumentó su participación hasta el 9,8%. En un documento entregado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para dejar claras sus intenciones, Pemex señaló su interés por conocer las técnicas de Repsol para la extracción de petróleo en aguas profundas. “El interés de Pemex en una futura cooperación con Repsol se justifica por la necesidad crítica de Pemex de desarrollar la pericia tecnológica, conocimientos y experiencia en la perforación en aguas profundas, y no por un deseo de invertir recursos en exploración y producción fuera del territorio mexicano”, explicaba la petrolera mexicana.

sábado, 4 de junio de 2016

Acusan de abuso sexual a titular de la Función Pública

Virgilio Andrade: acusado de abuso sexual

Nayeli Martínez afirma que fue obligada a sostener relaciones sexuales en la oficina de Andrade en la SFP y en algunos hoteles.
CIUDAD DE MÉXICO.- Nayeli Martínez, ex pareja de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, presentó una denuncia contra él por abuso sexual y maltrato psicológico.
La CNDH confirmó al medio que tiene abierta una queja contra el funcionario y que la Contraloría Interna de la SFP tiene una investigación.
Martínez Vázquez, con lagrimas en los ojos, dijo a Univisión que Virgilio Andrade: “Me amenazaba de muerte, me decía que no tenía miedo de irse a la cárcel, con tal de que yo hiciera lo que él quería”.
“Por ejemplo, por pedirle la pensión de alimentos de mi hijo recibí insultos terribles, como muerta de hambre, mantenida, centavera…”, denunció Nayeli.
En el reportaje se muestran documentos que acreditan que el funcionario reconoció la paternidad de un niño, quien nació en Tepic, Nayarit, en 2013.
Tras ser nombrado encargado de la investigación “casa blanca”, escándalo desatado a finales de 2014 y que provocó una de las mayores crisis que ha atravesado el Gobierno federal, “él empezó a tener un estatus distinto, las chicas se le acercaban. Empezó a sentir que podía hacer lo que quería, ¿no?”, dice la mujer.
Nayeli Martínez afirma que fue obligada a sostener relaciones sexuales en la oficina de Andrade en la SFP y en algunos hoteles.
La joven denuncia que fue obligada a trabajar desde su casa y posteriormente aislada, en una oficina vacía. 
El dato
> Nayeli Martínez tiene prohibido hablar ante la prensa sobre el caso y de hacerlo tendría que pagar 540 dólares de multa.

viernes, 25 de noviembre de 2011

La interminable lucha de una mujer violada


Tras varias huelgas de hambre, vigilias y otras acciones, Fátima Hernández había logrado ser una excepción y convertirse en una de las pocas mujeres violadas que obtienen justicia en Nicaragua.

Pero ahora su lucha volvió a comenzar y la esperanza que supuso su caso, puede resultar un espejismo.


José Adán Silva (Managua)

El drama de Hernández comenzó la noche del 25 de julio de 2009, cuando la ahora exfuncionaria del Ministerio de Gobernación fue violada por su entonces compañero en la Dirección de Migración y Extranjería, Farinton Reyes Larios, según determinó una sentencia 11 meses después, que condenó al agresor a ocho años de prisión.

Pero ahora crece la posibilidad de que Reyes recupere la libertad o se le reduzca drásticamente la sentencia, en un país donde los delitos de violencia sexista crecen al igual que la impunidad para los agresores, según coinciden diferentes fuentes. Lo que convirtió el caso de Hernández en emblemático fue la determinación de la joven de 23 años de buscar que su violador recibiese castigo, pese a ser hijo de una figura muy famosa en el país, la exatleta Yolanda Larios.

Tanto la madre como el hijo están vinculados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y tienen, según se asegura, conexiones con las diferentes estructuras del poder, lo que unido al hecho de que Hernández fuese apoyada por los movimientos feministas, mayoritariamente opositores, convirtió el caso en político. Hernández recurrió a cuatro huelgas de hambres que sumaron 25 días de ayuno, vigilias frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras instituciones públicas y visitas a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, para exigir justicia y que su denunciada violación no cayese en el olvido.

“La fortaleza de Fátima, en medio de una sociedad que suele callar los abusos sexuales, despertó la solidaridad y el respaldo de las organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de los derechos de las mujeres”, explicó Gonzalo Carrión, director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Esta organización acompañó a Hernández en su demanda legal hasta que el juicio ordinario culminó en junio del 2010, con una sentencia por un tribunal de la capital de ocho años de prisión por el delito de violación agravada contra el acusado.

Sin embargo, en diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones de Managua rebajó la pena de ocho a seis años y el Ministerio Público solicitó a la CSJ una revisión del juicio para revertir la sentencia contra el inculpado, alegando varios tecnicismos. El artículo 167 del Código Penal de Nicaragua establece una pena de ocho a doce años de cárcel para el delito de violación.

El 6 de este mes el caso adquirió un nuevo giro cuando la Sala de Vista y Alegatos Orales del máximo tribunal realizó una audiencia de casación penal del caso para determinar si Reyes continúa con su condena, se le rebaja la pena a cuatro años o sale libre bajo el beneficio de “la duda razonable” por alegadas anomalías en el juicio. Este fue el argumento jurídico esgrimido en la audiencia por el fiscal del Ministerio Público, Julio Montenegro, y los abogados defensores del reo. Estos últimos sostienen que no hay evidencias de la autoría de la violación por el condenado en primera instancia.

La CSJ ha hecho saber que no hay fecha para fallar si se mantiene, reduce o anula la condena, pero Hernández casi da por sentado que su agresor saldrá libre por influencias políticas del Frente Sandinista. Fuentes del máximo tribunal confiaron que los 16 magistrados, de ellos cuatro mujeres, están muy divididos sobre el caso. De cualquier manera, la joven dijo que si el dictamen es desfavorable seguirá luchando en demanda de justicia, no solo para ella sino para otras mujeres nicaragüenses víctimas de violencia sexual.

Hernández precisó que desde ahora la búsqueda de justicia la realizará a través de la no gubernamental Asociación de Mujeres Forjadoras “El Pensamiento”, un colectivo de voluntarias surgido en 2010 para apoyar públicamente las demandas judiciales de las víctimas de violencia de género. En este país de 5,8 millones de personas en 2010 hubo 89 asesinatos de mujeres, frente a los 36 de 2006. La casi totalidad de estas muertes fueron feminicidios, vale decir, asesinatos por razón de género.

En los primeros cinco meses de este año las mujeres víctimas mortales de la violencia machista fueron 40, mientras que cifras de delitos sexuales y agresiones se dispararon en los reportes de la Policía Nacional. La no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia cifra en 729 mujeres las muertas en los últimos diez años por razones de género, la mayoría a manos de personas cercanas como parejas, padres, hermanos y amigos.

María Elena Domínguez, enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que la tasa de impunidad sobrepasa a 75 por ciento de las agresiones. Por esa razón, más de 100 organizaciones demandaron a la unicameral Asamblea Nacional legislativa la aprobación urgente de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Esta ley obligaría al Estado a tomar mayor responsabilidad en defensa de las mujeres y endurecer las sanciones contra los abusadores.

Según la citada Red, poco más de la mitad de los agresores está prófugo de la justicia, otro tanto espera juicio y al menos en 10 por ciento de casos la policía no reporta sospechosos del crimen. Solo nueve de los 89 asesinos de 2010 están cumpliendo condena.

En 2010, de los 3.856 delitos graves reportados por las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, 78,13 por ciento fueron delitos sexuales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó que del total de denuncias recibidas por esas comisarías especiales el año pasado, 34.763 fueron por diferentes tipos de agresiones sexuales, 3.128 más que en 2009.

Del total de denuncias del año pasado, 21.051 fueron tipificadas como faltas penales, pero solo 14.188 se convirtieron en causas judiciales y en la mayoría de estos casos fueron las mujeres víctimas las que debieron asumir los costos del juicio, denunció el Centro. La fiscal Odette Leytón, jefa de la Unidad de Género del Ministerio Público, reconoció el aumento de casos de violencia contra la mujer, pero varió las cifras de impunidad manejadas por las organizaciones defensoras de la mujer.

Leytón informó que en los casos donde se determina la muerte de una mujer se ejerce acción penal en 98 por ciento, con resultados efectivos de 80 por ciento. Fátima Hernández sigue esperando obtener justicia. Pero si el sentenciado por violarla sale a la calle sin cumplir condena, lo tiene claro: “volveré a la calle, a realizar las huelgas de hambre y las acciones que hagan falta” porque “las mujeres agredidas sexualmente merecemos justicia y no impunidad”.
(Periodismo Humano)