Tras varias huelgas de hambre, vigilias y otras acciones, Fátima Hernández había logrado ser una excepción y convertirse en una de las pocas mujeres violadas que obtienen justicia en Nicaragua.
Pero ahora su lucha volvió a comenzar y la esperanza que supuso su caso, puede resultar un espejismo.
José Adán Silva (Managua)
El drama de Hernández comenzó la noche del 25 de julio de 2009, cuando la ahora exfuncionaria del Ministerio de Gobernación fue violada por su entonces compañero en la Dirección de Migración y Extranjería, Farinton Reyes Larios, según determinó una sentencia 11 meses después, que condenó al agresor a ocho años de prisión.
Pero ahora crece la posibilidad de que Reyes recupere la libertad o se le reduzca drásticamente la sentencia, en un país donde los delitos de violencia sexista crecen al igual que la impunidad para los agresores, según coinciden diferentes fuentes. Lo que convirtió el caso de Hernández en emblemático fue la determinación de la joven de 23 años de buscar que su violador recibiese castigo, pese a ser hijo de una figura muy famosa en el país, la exatleta Yolanda Larios.
Tanto la madre como el hijo están vinculados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y tienen, según se asegura, conexiones con las diferentes estructuras del poder, lo que unido al hecho de que Hernández fuese apoyada por los movimientos feministas, mayoritariamente opositores, convirtió el caso en político. Hernández recurrió a cuatro huelgas de hambres que sumaron 25 días de ayuno, vigilias frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras instituciones públicas y visitas a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, para exigir justicia y que su denunciada violación no cayese en el olvido.
“La fortaleza de Fátima, en medio de una sociedad que suele callar los abusos sexuales, despertó la solidaridad y el respaldo de las organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de los derechos de las mujeres”, explicó Gonzalo Carrión, director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Esta organización acompañó a Hernández en su demanda legal hasta que el juicio ordinario culminó en junio del 2010, con una sentencia por un tribunal de la capital de ocho años de prisión por el delito de violación agravada contra el acusado.
Sin embargo, en diciembre pasado el Tribunal de Apelaciones de Managua rebajó la pena de ocho a seis años y el Ministerio Público solicitó a la CSJ una revisión del juicio para revertir la sentencia contra el inculpado, alegando varios tecnicismos. El artículo 167 del Código Penal de Nicaragua establece una pena de ocho a doce años de cárcel para el delito de violación.
El 6 de este mes el caso adquirió un nuevo giro cuando la Sala de Vista y Alegatos Orales del máximo tribunal realizó una audiencia de casación penal del caso para determinar si Reyes continúa con su condena, se le rebaja la pena a cuatro años o sale libre bajo el beneficio de “la duda razonable” por alegadas anomalías en el juicio. Este fue el argumento jurídico esgrimido en la audiencia por el fiscal del Ministerio Público, Julio Montenegro, y los abogados defensores del reo. Estos últimos sostienen que no hay evidencias de la autoría de la violación por el condenado en primera instancia.
La CSJ ha hecho saber que no hay fecha para fallar si se mantiene, reduce o anula la condena, pero Hernández casi da por sentado que su agresor saldrá libre por influencias políticas del Frente Sandinista. Fuentes del máximo tribunal confiaron que los 16 magistrados, de ellos cuatro mujeres, están muy divididos sobre el caso. De cualquier manera, la joven dijo que si el dictamen es desfavorable seguirá luchando en demanda de justicia, no solo para ella sino para otras mujeres nicaragüenses víctimas de violencia sexual.
Hernández precisó que desde ahora la búsqueda de justicia la realizará a través de la no gubernamental Asociación de Mujeres Forjadoras “El Pensamiento”, un colectivo de voluntarias surgido en 2010 para apoyar públicamente las demandas judiciales de las víctimas de violencia de género. En este país de 5,8 millones de personas en 2010 hubo 89 asesinatos de mujeres, frente a los 36 de 2006. La casi totalidad de estas muertes fueron feminicidios, vale decir, asesinatos por razón de género.
En los primeros cinco meses de este año las mujeres víctimas mortales de la violencia machista fueron 40, mientras que cifras de delitos sexuales y agresiones se dispararon en los reportes de la Policía Nacional. La no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia cifra en 729 mujeres las muertas en los últimos diez años por razones de género, la mayoría a manos de personas cercanas como parejas, padres, hermanos y amigos.
María Elena Domínguez, enlace de la Red de Mujeres contra la Violencia, dijo que la tasa de impunidad sobrepasa a 75 por ciento de las agresiones. Por esa razón, más de 100 organizaciones demandaron a la unicameral Asamblea Nacional legislativa la aprobación urgente de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Esta ley obligaría al Estado a tomar mayor responsabilidad en defensa de las mujeres y endurecer las sanciones contra los abusadores.
Según la citada Red, poco más de la mitad de los agresores está prófugo de la justicia, otro tanto espera juicio y al menos en 10 por ciento de casos la policía no reporta sospechosos del crimen. Solo nueve de los 89 asesinos de 2010 están cumpliendo condena.
En 2010, de los 3.856 delitos graves reportados por las Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, 78,13 por ciento fueron delitos sexuales. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó que del total de denuncias recibidas por esas comisarías especiales el año pasado, 34.763 fueron por diferentes tipos de agresiones sexuales, 3.128 más que en 2009.
Del total de denuncias del año pasado, 21.051 fueron tipificadas como faltas penales, pero solo 14.188 se convirtieron en causas judiciales y en la mayoría de estos casos fueron las mujeres víctimas las que debieron asumir los costos del juicio, denunció el Centro. La fiscal Odette Leytón, jefa de la Unidad de Género del Ministerio Público, reconoció el aumento de casos de violencia contra la mujer, pero varió las cifras de impunidad manejadas por las organizaciones defensoras de la mujer.
Leytón informó que en los casos donde se determina la muerte de una mujer se ejerce acción penal en 98 por ciento, con resultados efectivos de 80 por ciento. Fátima Hernández sigue esperando obtener justicia. Pero si el sentenciado por violarla sale a la calle sin cumplir condena, lo tiene claro: “volveré a la calle, a realizar las huelgas de hambre y las acciones que hagan falta” porque “las mujeres agredidas sexualmente merecemos justicia y no impunidad”. (Periodismo Humano)
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