IN CRESCENDO

Rosa Esther Beltrán

Coahuila está a punto de concluir una transición de poderes que está dejando graves secuelas políticas, económicas y sociales, y la certeza, en los ciudadanos informados, de que en el 2031 muchos coahuilenses seguirán injuriando, vilipendiando y otros hasta maldiciendo, el sexenio del Gobierno de la Gente por la herencia ominosa que les echó a cuestas y que los tres Gobernadores con que cuenta el Estado —el que tiene licencia, el interino y el electo— no han acertado a explicar, porque no quieren, claro.
Todavía el día 10 de noviembre, en el contexto de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de Jorge Torres López, el tesorero Jesús Ochoa informó que reestructurar la deuda con los bancos costó al erario estatal, mil 965 millones de pesos. Así, la reestructura y penalizaciones que el Gobierno de Coahuila pagó a los bancos 500 millones de pesos más que lo invertido en la magna obra del sexenio, el Megadistribuidor Vial El Sarape, que costó mil 500 millones de pesos.
Finalmente, según la versión del Tesorero del Estado, el monto total de la deuda es de 35 mil 770 millones de pesos. Pero el asunto no acaba ahí, porque este Gobierno debe alrededor de 2 mil millones de pesos a contratistas, proveedores de bienes y servicios y pagos por honorarios, informó a los diputados Ochoa Galindo, con lo cual la deuda alcanza los 37 mil 770 millones.
La voz de la sociedad coahuilense se ha escuchado fuerte, sobre todo por parte de los representantes del sector empresarial que, entre otras cosas, solicitaron a los diputados locales que actuaran con responsabilidad y no aprobaran el incremento del 1 al 2 por ciento en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), propuesto por el Gobierno de Coahuila para el Paquete Fiscal del 2012, y exigían al Gobierno que diera muestras de claridad; es pedir, peras al olmo, y el incremento al ISN se aprobó.
Por eso es tan importante tener un Congreso “afín”, en igualdad de frecuencia. Eso sí que es útil para ir en unanimidad en contra de la ciudadanía y también es sustancial seguir aquel sabio consejo de un expresidente: “Ni los veo ni los oigo”. Por qué habrían de preocuparse los líderes del Poder Ejecutivo y los diputados de la fracción mayoritaria, si ya todos los indicios de fraudes y falsificaciones se borraron; todos están limpios, y el 1 de diciembre comenzará una nueva era; el pasado no existirá.
Dentro de 14 días, los términos “corrupción”, “enriquecimiento ilícito”, “megadeuda”…, palabras molestas que los partidos de oposición inventan, serán borradas del discurso político.
Los vendavales financieros en Europa han provocado la caída de al menos cuatro gobernantes, aquí la rapiña de los políticos la pagaremos los ciudadanos por varias generaciones.
El triunfo del PRI en la elección de Michoacán será como darle respiración boca a boca al inefable presidente de ese partido, que durante 5 años se dedicó a administrar la abundancia en Coahuila.
El tema de la megadeuda del sexenio va a ser un asunto de largo aliento, ya que fue contratada por el gobierno de Humberto Moreira a espaldas de los ciudadanos y, por si fuera poco, de manera fraudulenta, porque se falsificaron documentos, pero además mediante la connivencia del Congreso del Estado, que emitió el Decreto 536 para reformar y derogar disposiciones —entonces vigentes— establecidas en el decreto 534; también agregue usted el enriquecimiento ilícito de los protegidos y excolaboradores de este Gobierno, Vicente Chaires y Javier Villarreal Hernández, entre otros. Aquí sí que se cumplió a cabalidad el refrán “lo prometido es deuda”.
Rubén Moreira llegará al Poder Ejecutivo debilitado, con una legitimidad disminuida, prácticamente hecha trizas, aunque él se quiera mostrar como que aquí no pasa nada. Aunque haya dicho que la deuda no le quita el sueño, lo cierto es que se derrumbó el castillo de arena que la familia Moreira pretendió levantar en cinco años.
Mucho se había dicho que en Coahuila sólo el PRI puede derrotar al PRI. Vaya paradoja, el invencible perdió ganando. El desprestigio de los Moreira a nivel nacional difícilmente llevará a una recuperación del actual desplome del carismático Profesor, con todo y la defensa de Enrique Peña Nieto, que no es más que encubrimiento.
La inseguridad está tocando a las puertas de las élites políticas con la misma impunidad que se viene arrastrando por años. El asesinato del sobrino de Jorge Torres López es una llamada de atención que los poderes no debieran desatender, como sí han desatendido las desapariciones, los secuestros, las extorsiones, las narcofosas y las masacres. Coahuila no merece esta realidad, los coahuilenses no podemos resignarnos.