Mexico: una película llamada "Silencio forzado" · Article 19

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EL HOMBRE FUERTE DEL PRESIDENTE

Pablo Jair Ortega

Resulta extraño que una periodista de la calidad de Carmen Aristegui difunda en la cadena CNN internacional que la caída del helicóptero donde falleciera el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, fuera vaticinado por un tuitero llamado “Morf0” quien posteara en su cuenta el día 10: “Mañana a las 11/11 les caerá un secretario del cielo… evite reforma”.

No sólo fue una funesta coincidencia, sino que el tuitero todavía bromeó con quienes le decían que era el nuevo Walter Mercado, el nuevo Nostradamus.

La broma fue hecha ya que el 4 de noviembre del 2008 falleció en un accidente similar el entonces secretario Juan Camilo Mouriño, en plena avenida Reforma de la ciudad de México. Lo de la fecha del 11/11 es porque en el Twitter es popular la broma de que este día se acabaría el mundo, anunciado por un profeta loco estadounidense.

Aristegui (y medios nacionales que les pareció morbosamente vendible la nota del Morf0) le dio vuelo a escala internacional como si fuese esta el inicio de una trama detectivesca para dar una respuesta inmediata, anodina, del accidente en donde fallecieron Blake y siete funcionarios más.

Como si fuese una gracia --la verdad lo fue, porque este autor no paraba de reír semejante estupidez-- la periodista de espectáculos estelar de Tv Azteca, Patricia Chapoy, daba conocer en su cuenta que el fallecido era el secretario de Educación, Alonso Lujambio: “Lamento el fallecimiento del secretario de Educación Alonso Lujambio... Quien sigue?”, lo que causó que todo mundo le hiciera ver su error al estilo Twitter: castrarla y castrarla y castrarla.

Entre toda esta tragedia de periodistas que fumaron quién sabe que tipo de alucinógeno barato, todo el día y la semana la noticia se centrará en la muerte de José Francisco Blake Mora.

El secretario de Gobernación no sólo fallece en un momento delicado de la situación de seguridad en el país, sino que aparte estaría supervisando el desarrollo de las elecciones de Michoacán, donde compite la hermana del presidente.

El secretario no sólo era un burócrata de confianza y alto nivel. El 14 de julio de 2010, este autor escribía una columna llamada “¿Quién demonios es Blake?” en referencia al reciente nombramiento del presidente como titular de la Secretaría de Gobernación, cuando era un perfecto desconocido. Se criticaba que Blake Mora no tenía ni el perfil y ni la currícula, y que sólo tenía el mérito de ser amigo personal del presidente Calderón y haber sido secretario de Gobierno en Baja California Norte.

No obstante, se reconoce que Blake no sólo supo aprender rápido y ganarse el cargo, pues varios gobernadores y líderes políticos le reconocieron que había sido un excelente secretario de Gobierno. Que no era payaso como Francisco Ramírez Acuña; ni rockstar como Mouriño; ni duro como Gómez Mont. A Blake se le reconoció como un personaje sencillo, discreto, que “sólo quería ayudar y ayudar y ayudar”, como expresó el diputado priísta Carlos Ramírez Marín.

Blake Mora se puso el traje de secretario de Gobernación y remó a contracorriente para ganarse su lugar en el ámbito político nacional. Lo logró.

Van dos amigos muy cercanos que se le van a Felipe Calderón: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora. Los dos secretarios de Gobernación, y hombres muy cercanos, íntimos, del presidente. Pertenecían al círculo petit-comité al que pocos ingresaban a Los Pinos y a la vida personal del presidente.

Suena entonces extraño que el segundo hombre más poderoso en este país, similar a Mouriño, haya fallecido en un terrible accidente aéreo. El periodista Joaquín López-Dóriga fue quien dio el dato de que la flota aérea del gobierno federal es prácticamente obsoleto: el avión presidencial data de 1987, desde el gobierno de Miguel de la Madrid.

Curiosamente el que sale indirectamente beneficiado de estos accidentes es el secretario de Seguridad Pública, el poderoso Genaro García Luna, a quien no lo toca ni el viento que trata de despeinar a Juárez. García Luna, a pesar de estar señalado como el más ineficiente, al que le gusta montar operativos fingidos (como el caso Florence Cassez y el “rescate” de periodistas en Durango), sigue intocable en su cargo.

Es tan inamovible el señor que conserva el cargo sin tener pleno control sobre la Policía Federal, y sus tareas las han confiado al Ejército y la Marina. Ahora mantiene un perfil bajo, muy callado. Las conferencias las dan sus subalternos.

Genaro García Luna llega al cargo por la muerte también en un helicopterazo sin explicar de Ramón Martín Huerta, quien falleciera en San Miguel Mimiapan, Estado de México, el 21 de septiembre de 2005, en el sexenio de Fox. Lo hereda Felipe Calderón y lo tiene guardado en la Secretaría de Seguridad Pública, que se supone sería la dependencia que estaría encabezando la guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente, pero se la confió a los militares y marinos con una cabeza visible: el secretario de Gobernación.

Blake Mora había sido un actor importante como autoridad civil, representando al Presidente en las conferencias, noticias, declaraciones importantes relacionadas al mundo del narco y la violencia en el país. Fue interlocutor de muchos mandatarios para pedir que el gobierno federal interviniera en sus comunidades, dada la impunidad con la que se mueve la delincuencia organizada.

Esta labor de enlace entre actores ni siquiera la tenía García Luna, con todo y la billonada de dinero que le han dado a su dependencia. Falta ver si ahora en adelante comienza a tener una acción más participativa, pese a las múltiples corruptelas que le siguen y que a Blake no se le conocieron.

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Detectan 431 violaciones en minas de Coahuila

A casi 40 días de firmados los acuerdos de lo que se denominó la "Cumbre del carbón" tras el estallido de un pozo en Coahuila que dejó 14 personas muertas, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, hizo un balance de los compromisos adquiridos.

El funcionario federal dijo que en estas acciones participaron funcionarios del más alto nivel de la administración pública federal y del gobierno estatal, y uno de los compromisos más importantes fue la inspección de los centros de trabajo mineros.

Comentó que habrán de visitarse 100 centros de trabajo en los 90 días posteriores, de los que a la fecha se han realizado 41 visitas y se han encontrado 439 violaciones a la NOM-032, aplicable para minas subterráneas de carbón; asimismo, se ordenaron 457 medidas correctivas para dar seguridad a los mineros.

Sin embargo, reconoció que el empresario carbonero Melchor González y Elías Morales, el director de la empresa que manejaba el pozo que explotó el 3 de mayo pasado dejando saldo de 14 muertos y un herido, lograron libertad bajo fianza, pues en Coahuila el homicidio culposo no es delito grave.

Lozano Alarcón señaló que esos centros de trabajo ya visitados dan empleo a mil 703 mineros, por lo que es de gran importancia el acato a las medidas de seguridad.

En las visitas que hicieron de manera conjunta las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, laProfepa y el IMSS, se decretaron 20 sanciones que consisten en la restricción de acceso a la mina o el pozo y en 12 casos más se ordenó la suspensión provisional de obras y trabajos mineros.

Otro de los compromisos fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no comprara carbón a las empresas que no garanticen que su producto está "libre de sangre"; esto quiere decir, que en los centros de trabajo existen todas las garantías de seguridad para evitar que por falta de inversión o negligencia, el personal esté en riesgo de explosiones o derrumbes que puedan costar vidas.

Para ello, recordó que se habrán de crear las unidades de verificación, mismas que se prevé entren en vigor a partir del mes de agosto y que serán supervisadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, para tener la seguridad de que las empresas que surtan a la CFE cumplan con la NOM-032 aplicable para minas subterráneas de carbón

Por lo que hace a los 50 apoyos del gobierno federal con un millón de pesos para empresas pequeñas y medianas que vayan a invertir en medidas de seguridad para cumplir con esa norma, señaló que el primero de los créditos ya fue entregado, que la próxima semana se entregarán dos más y que ya hay cuatro solicitudes que ya están en trámite.

Por otra parte, señaló que el pasado 21 de junio, el Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento en el que se establecen las normas que regirán la recuperación del gas grisú.

De esta manera, dijo, se avanza para el aprovechamiento de este recurso que está asociado a la extracción de carbón mineral y su uso comercial por parte de las empresas y con ello evitar concentraciones importantes que generan las explosiones y muerte de los trabajadores.

Lozano Alarcón aseguró que ya también trabaja la Secretaría de Economía en una serie de proyectos que permitirán a la zona carbonífera de Coahuila diversificar su actividad económica y que haya mayores opciones de trabajo y desarrollo, para ofrecer a la gente de la zona otras opciones de empleo.

Advirtió que él mismo seguirá visitando de manera periódica la ciudad de Sabinas, Coahuila, para dar seguimiento a todas estas acciones que habrán de transformar la vida de quienes habitan todos esos municipios de la zona, a través del cambio en las condiciones de trabajo en las minas y en el desarrollo de nuevos proyectos económicos para la región.

Por otra parte, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que las primeras acusaciones de tipo penal por los homicidios fueron consecuencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo una primera demanda por varios delitos, y el Juzgado Tercero de Distrito en Coahuila se declaró incompetente.

El juez federal señaló que "carece de competencia para conocer de esos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, y declinó a favor de un juez penal de primera instancia en el Distrito Judicial de Sabinas".

El juez federal, dijo, "negó la orden de aprehensión contra de estas personas por homicidio y lesiones culposos en y también por los delitos de tentativa de defraudación para los regímenes de Seguridad Social", que es un delito federal.

Dijo que a pesar de que la PGR va a apelar esa decisión del juez federal, de manera paralela la procuraduría de Coahuila consignó también un expediente que generó la causa penal 187/2011, y "se giró orden de aprehensión en contra de Melchor González y Elías Moreno por los delitos de homicidio por culpa y lesiones gravísimas a consecuencia de la pérdida de un miembro por culpa".

Además, dijo, la ley local señala que el responsable de la tragedia por negligencia tendrá que hacer la reparación del daño, y por lo tanto ahora se negocia con los abogados de la empresa para que cumpla con el pago de una ayuda humanitaria de 200 mil pesos por familia, que sería parte de lo que a final de cuentas será el pago por reparación del daño. (Notimex-El Universal)

LA IMPUNIDAD EN EL SECTOR MINERO

ESTHELA DAMIÁN PERALTA

Dejar que el tiempo convierta en resignación el enojo popular, es la fórmula a la que suelen recurrir autoridades de los tres niveles de gobierno en torno a tragedias como la explosión ocurrida el pasado 3 de mayo en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 14 trabajadores perdieron la vida.

El hecho obliga a remontarnos en el tiempo y traer a la memoria los mil 715 mineros fallecidos por accidentes de trabajo en aquella entidad, desde el inicio de la extracción de carbón en 1828. Han transcurrido 203 años y en ese lapso lo cierto es que los concesionarios han gozado de total impunidad.

El primer movimiento cohesionado de protesta por las condiciones infrahumanas que prevalecen en ese sector, surgió a raíz de la explosión ocurrida en la mina Pasta de Conchos en 2006, en donde aún permanecen los restos de 65 trabajadores.

Según el documento denominado “Panorama Minero de Coahuila”, editado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a junio de 2010, las concesiones en el país llegaban a los 3 millones 251 mil 854 hectáreas, con 2 mil 34 títulos.

En dicho reporte, sobresale el caso de Coahuila que desde 2005 ha ocupado el primer lugar en la producción de carbón, hierro, celestita, sulfato de sodio, sulfato de magnesio, dolomita, rocas dimensionables, antimonio y bismuto, y el segundo lugar en barita, fluorita, bentonita, caliza y sílice, aunque en toda esa extensa producción solo se cuente con dos inspectores para supervisar las condiciones que imperan en las minas.

La muerte de los 14 mineros en el municipio de Sabinas es un tema que se abordó en lo que fue la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde además de guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas, se exhortó a las autoridades a actuar con todo rigor para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Los legisladores también asumieron el compromiso de dar seguimiento al caso.

No pudo faltar el reclamo al gobierno federal por la impunidad que reina en la industria de la explotación minera en el país. Desde la oposición se demandó fincar responsabilidades a los servidores públicos que, en complicidad con los dueños de las minas, incumplen con las medidas mínimas de seguridad o de impacto ambiental.

No faltó quien insistiera en exigirle al secretario del Trabajo, Javier Lozano, en dejar su Twitter y su campaña por la Presidencia de la República, y enfocarse en su trabajo que es garantizar la seguridad de los trabajadores mexicanos.

Pero, ¿Qué pasa con las responsabilidades por lo ocurrido en Sabinas? No hay duda de que tiene que haber consecuencias no sólo administrativas, sino penales. No es suficiente dar disculpas a diestra y siniestra cuando se pierden vidas de mexicanos por falta de seguridad laboral.

El accidente que enlutó a 14 familias mexicanas obliga a asumir la responsabilidad de los servidores públicos que, en complicidad con las empresas, atentan contra la vida de cientos de trabajadores en las minas del país.

El PRD propuso ir a fondo hacia una reforma que regule la explotación de metales en México, actividad que se desarrolla en 22 entidades y en la cual trabajan 200 mil mineros, además de impactar con el 9% del Producto Interno Bruto al 2010.

Esta es una gran oportunidad para que en la Comisión Permanente se marche a paso firme rumbo a una reforma en este sector, ello bajo la premisa de que los accidentes en las minas nunca más tengan su origen en la negligencia, en la complacencia, en la corrupción

¿Dónde estaban las autoridades responsables de advertir que en Sabinas se trabajaba de manera ilegal? Es evidente que alguien es responsable de la muerte de los 14 mineros, todos mexicanos que trabajaban para vivir, y también del destino futuro de sus viudas, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus familias, sus amigos, sus compañeros.

No, no hay lugar a la confusión. Los familiares de las víctimas merecen todas las indemnizaciones exigibles del caso. Lo que todos los mexicanos no merecen es que los causantes de su muerte permanezcan impunes, nada más que insistir que la impunidad es el mal mayor que afecta a México. 

Fuente: La Jornada de Guerrero

2011: CHOQUES, CAIDAS, ACCIDENTES Y MAS