INTERPONEN AMPARO EMPRESARIOS DE COAHUILA VS LA DEUDA

El segundo Juez de Distrito aprobó los amparos solicitados por empresarios coahuilenses, quienes se defienden del decreto de Congreso local que intenta que la deuda del Estado sea renegociada.
A mediados de este mes, algunos empresarios del estado de Coahuila interpusieron una serie de amparos con la medida de protegerse del decreto 534 del Congreso, mismo que plantea la contratación de créditos que ascienden a 33 mil 867 millones de pesos.
La medida legislativa busca que la deuda estatal contraída durante la administración de Humberto Moreira, actual dirigente nacional del PRI, sea solventada con mayor facilidad, ante la cual los empresarios argumentan que es ilegal y promueve que los malos manejos financieros queden impunes.
Reyes Flores Hurtado, abogado encargado de este caso, aseveró que la decisión del juez es sumamente trascendente, puesto que “están dando la oportunidad a los ciudadanos de que cuestionemos este tipo de actos”, a la vez que permite “decirle a los gobernantes que no pueden estar haciendo a su antojo lo que quieren ni manejar los recursos públicos como ellos quieren”.
Los amparos interpuestos fueron cerca de 800 y, aunque aún no se sabe con precisión cuántos han sido aprobados, se estima que al menos la mitad de ellos reciban el visto bueno de los magistrados.
De acuerdo a los empresarios, algunos de ellos adscritos a la Coparmex Laguna, la deuda misma es ilegal, puesto que se obtuvo a partir de documentos falsos e ignorando la Ley de Deuda.
Cabe destacar, además, que tras la detención y liberación de Javier Villarreal Hernández, ex funcionario involucrado en la falsificación de documentos que permitieron la adquisición de créditos bancarios, fue detenido también Sergio Ricardo Fuentes Flores.
Éste último fungió como administrador general de políticas públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, y fue detenido por delitos relacionados, así como la falsificación de documentos legislativos.
No obstante, Fuentes salió libre del reclusorio varonil de Saltillo este domingo, luego de tan sólo un día de permanecer dentro del mismo.

SINDICATO MINERO ESPERA RESOLUCIÓN SIN PRECEDENTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, dirigidos por Napoleón Gómez Urrutia, espera que se dé en breve una resolución a su favor en la Suprema Corte de Justicia, relacionada a huelga en Cananea.

A través de un comunicado se informó que la Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores(International Commission for Labor Rights, ICLR), con sede en la Ciudad deNueva York, ha estado siguiendo el Caso del Sindicato Nacional deTrabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la RepúblicaMexicana (Amparo en Revisión 67/2010) por espacio de más de un año. 

El informe de sincato señala que este asunto está a punto de ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"El Convenio No. 87 de la OIT, el cual ha sido ratificado por México y es por lo tanto parte del Derecho Mexicano, prohíbe que los gobiernos interfieran con la selección que de sus direcciones sindicales lleven a cabo los miembros de los sindicatos mediante elecciones internas. La negativa del Gobierno Mexicano de otorgarle

la toma de nota a la dirección sindical debidamente electa del Sindicato Minero es contraria a la voluntad de los miembros de ese sindicato y violatoria de la libertad sindical o de  asociación.

De acuerdo con el comunicado de los mineros, la Directora del Consejo de Directores del ICLR, Jeanne Mirer, señaló que "la delegación de expertos internacionales del ICLR que visitó México en Mayo de 2010, e investigó este caso y presentó el Memorial de Amicus Curiae en Septiembre pasado, en donde queda claro que está convencida de que de negarle el amparo al Sindicato Minero, la Suprema Corte estará contraviniendo el consenso global en materia de libertad sindical, en particular sobre el derecho de los miembros de un sindicato a elegir a sus representantes en completa libertad.

"El mundo está al pendiente de este caso, y el sentido en el que lo resuelva la Suprema Corte determinará si dicha Corte se une a los tribunales progresistas del mundo que han reconocido este consenso global, o si la misma se mantendrá al margen de ese consenso global en detrimento de

los derechos de los trabajadores sindicalizados", señala el comunicado enviado la noche de este lunes.

De acuerdo al informe, la resolución de este asunto es crítica para el futuro de la libertad sindical o de asociación en México, por lo que el ICLR ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la manera más respetuosa posible, que tenga a bien seguir el consenso global en materia de libertad sindical o de asociación, mediante la aplicación de las normas de derecho laboral internacional y de derecho internacional de los derechos humanos, tanto convencionales como consuetudinarias, referidas en el Memorial de Amicus Curiae.

NAPOLEÓN GOMEZ URRUTIA: NO HAY DELITO DE LAVADO DE DINERO

Nuevamente el perseguido político y líder de los mineros mexicanos, Napoleón Gómez Urrutia, venció la arremetida oficialista al obtener una sentencia de amparo, en la que se determina que no existen elementos para procesarlo, lo que acorta el tiempo para que regrese a nuestro país a seguir luchando por la reivindicación del movimiento laboral nacional.
Este es el comunicado que recibí de la Sección 65 (Cananea) del Sindicato Minero:

SE DICTA SENTENCIA QUE AMPARA Y PROTEGE A NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA Y OTROS MIEMBROS DEL SINDICATO POR LA ILEGAL ACUSACIÓN DE DELITO POR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO)

1.- El Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal dictó resolución en su expediente 807/2009 y acumulados, que determina la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión librada contra el compañero Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del Sindicato Nacional de Mineros, por el delito de “lavado de dinero” por el Juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales.

2.- Esta resolución pone de manifiesto, una vez más, la persecución política que ilegalmente se sigue en contra del Sindicato y su dirigencia.

3.- Marco Del Toro, abogado defensor, manifestó: “Es inconcebible que los mismos hechos hayan dado lugar a un cúmulo de órdenes de aprehensión de distintos Estados de la República y Fueros. Sin embargo, al día de hoy y producto de las acciones de defensa, se cancelaron ya las órdenes de aprehensión dictadas por idénticos hechos por jueces en San Luis Potosí, Sonora, Distrito Federal (Juzgados 51º y 18º Penales). De igual forma se concluyeron definitivamente tres averiguaciones previas en el Distrito Federal por no existir delito alguno (también iniciadas con motivo de los mismos hechos).

“A nivel federal se resolvió que las órdenes de aprehensión libradas por los Jueces Noveno y Primero de Distrito de Procesos Penales Federales por lavado de dinero y delito bancario, respectivamente, son claramente inconstitucionales y procede por tanto su cancelación.

“Raya en lo ridículo el que esta acusación de lavado de dinero se intentó a pesar de que en el año 2006 la PGR pretendió obtener una orden de aprehensión. El Juez negó la orden de aprehensión, siendo ello confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito, quién resolvió que los recursos económicos son de procedencia lícita.”

4.- Es evidente que esta oleada de acusaciones sin sustento tiene el propósito de privilegiar desde las más altas esferas del “poder público” a Grupo México y su intentona por crear un Sindicato a la medida de sus intereses y en perjuicio de los trabajadores. Aun cuando el Gobierno Federal ha hecho lo indecible por pasar por encima del Estado de Derecho, esta persecución política se ha encontrado con algunos Jueces que tienen bien clara su tarea de impartición de justicia, a diferencia de otros que tristemente se han dejado presionar, pervirtiendo su importante función.

Bien claro se ha acreditado que NO existe daño patrimonial alguno con motivo de la creación, modificación y extinción del fideicomiso minero.

De igual forma se ha comprobado la conexión entre Elías Morales con Grupo México en la planeación de las ilegales e infundadas acusaciones.