Ahora le correspondió a Ricardo López Campos, de Monclova, Coahuila, en la celebración del 81 aniversario de la Fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien dijo públicamente: "Vamos sin parada rumbo a los Pinos y nada nos detendrá".
Uno de los asistentes dijo entre risas: "¿Sin parada? Pues que te den Viagra, mi líder".
¡Que cosas...!
BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO
La verdad nos hará libres...
jueves, 4 de marzo de 2010
Familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos acuden a la Comisión Interamericana para encontrar justicia
Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.
En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.
Nueva Rosita, Coahuila 18 de febrero, 2010
Nota informativa
PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
Los hechos posteriores a la explosión configuran una nueva violación a los derechos humanos, pues a pesar del activismo constante de los familiares de las víctimas, por falta de debida diligencia y voluntad estatal no se ha consignado ni mucho menos sancionado penalmente a ningún funcionario público. Se ha negado a los familiares el derecho a la coadyuvancia e incluso el acceso al expediente en la investigación, actualmente reservada, en el ámbito federal. No se han esclarecido las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de existir una serie de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, una problemática que afecta ampliamente la industria minera. Por otro lado no ha habido una reparación adecuada del daño.
Lo más grave es que el Estado no ha cumplido con la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos, a saber, que se rescaten los restos de sus seres queridos para que los puedan sepultar de acuerdo con sus creencias. Todavía antier, la dependencia que encabeza Javier Lozano, señalaba que su oficina “carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso”. No obstante, el Estado no puede invocar la falta de esclarecimiento oficial de los hechos para evitar su responsabilidad internacional por sus omisiones en materia de prevención de riesgos en el presente caso. Uno de los criterios fundamentales del Sistema Interamericano es que un Estado no puede invocar a su favor una falta de pruebas cuando dicha falta se debe precisamente a los actos u omisiones del propio Estado.
La inexistencia del rescate de los mineros ha sido una fuente constante de dolor y frustración para los familiares durante casi cuatro años, quienes se encuentran en un estado de indefensión pues igualmente se les ha negado la posibilidad de coadyuvar en el caso y de participar en diversos recursos administrativos por la supuesta falta de interés jurídico. Por otra parte, se ha enfatizado que el caso se encuadra en un ataque a los defensores de derechos humanos, sobre todo por las agresiones a a defensora Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.
Por ende, finalmente, apelamos en nuestro alegato a la obligación de los Estados de emprender todas las acciones posibles para localizar y entregar los restos mortales de víctimas fallecidas en violaciones a los derechos humanos y la Corte Interamericana así lo ha ordenado en un número significativo de los casos. Por lo que, concluyentemente, se solicita a esta la CIDH, que declare que el Estado mexicano ha violado el artículo 5 de la Convención Americana respecto a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes hoy son los peticionarios. Establecida la responsabilidad estatal por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la verdad y la justicia, los peticionarios solicitamos que recomiende al Estado entregar los cuerpos de los mineros fallecidos a sus familiares como parte de las reparaciones debidas. Sólo así, tanta muerte y tanto dolor cobraron sentido y revertirán una historia de impunidad y olvido.
A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.
Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos
El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.
Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.
En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.
Nueva Rosita, Coahuila 18 de febrero, 2010
Nota informativa
PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
Los hechos posteriores a la explosión configuran una nueva violación a los derechos humanos, pues a pesar del activismo constante de los familiares de las víctimas, por falta de debida diligencia y voluntad estatal no se ha consignado ni mucho menos sancionado penalmente a ningún funcionario público. Se ha negado a los familiares el derecho a la coadyuvancia e incluso el acceso al expediente en la investigación, actualmente reservada, en el ámbito federal. No se han esclarecido las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de existir una serie de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, una problemática que afecta ampliamente la industria minera. Por otro lado no ha habido una reparación adecuada del daño.
Lo más grave es que el Estado no ha cumplido con la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos, a saber, que se rescaten los restos de sus seres queridos para que los puedan sepultar de acuerdo con sus creencias. Todavía antier, la dependencia que encabeza Javier Lozano, señalaba que su oficina “carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso”. No obstante, el Estado no puede invocar la falta de esclarecimiento oficial de los hechos para evitar su responsabilidad internacional por sus omisiones en materia de prevención de riesgos en el presente caso. Uno de los criterios fundamentales del Sistema Interamericano es que un Estado no puede invocar a su favor una falta de pruebas cuando dicha falta se debe precisamente a los actos u omisiones del propio Estado.
La inexistencia del rescate de los mineros ha sido una fuente constante de dolor y frustración para los familiares durante casi cuatro años, quienes se encuentran en un estado de indefensión pues igualmente se les ha negado la posibilidad de coadyuvar en el caso y de participar en diversos recursos administrativos por la supuesta falta de interés jurídico. Por otra parte, se ha enfatizado que el caso se encuadra en un ataque a los defensores de derechos humanos, sobre todo por las agresiones a a defensora Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.
Por ende, finalmente, apelamos en nuestro alegato a la obligación de los Estados de emprender todas las acciones posibles para localizar y entregar los restos mortales de víctimas fallecidas en violaciones a los derechos humanos y la Corte Interamericana así lo ha ordenado en un número significativo de los casos. Por lo que, concluyentemente, se solicita a esta la CIDH, que declare que el Estado mexicano ha violado el artículo 5 de la Convención Americana respecto a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes hoy son los peticionarios. Establecida la responsabilidad estatal por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la verdad y la justicia, los peticionarios solicitamos que recomiende al Estado entregar los cuerpos de los mineros fallecidos a sus familiares como parte de las reparaciones debidas. Sólo así, tanta muerte y tanto dolor cobraron sentido y revertirán una historia de impunidad y olvido.
A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.
Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos
El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.
miércoles, 3 de marzo de 2010
A LA CARCEL POR ROBAR UN QUESO... Y OTROS SIGUEN LIBRES
“Cuando me dijeron que me iban a llevar al reclusorio por robar un queso no lo podía creer. Robé el queso del súper porque tenía hambre: mi familia y yo llevábamos día y medio sin comer. No conseguía dinero…”
Es el testimonio escrito de Roberto quien fue uno de los beneficiarios de las fundaciones Reintegra y Telmex que pagaron su fianza, ambas instituciones dedicadas a ayudar a gente de escasos recursos que ha hurtado montos inferiores a 2 mil 700 pesos.
Milenio Diario publica una nota que refleja la desesperación que lleva a muchos mexicanos a cometer delitos que podemos considerar como “menores”, delitos asociados con la pobreza y el hambre.
En Colima, Roberto, de 45 años, robó un queso en un supermercado porque su familia llevaba un día y medio de no comer. El queso costaba 35 pesos. Roberto fue consignado y la autoridad le fijó una fianza de 12 mil pesos…que -evidentemente- no pudo pagar.
El acto de Roberto es clasificado como “robo famélico”, es decir, un robo por hambre.
En México no tenemos estadísticas precisas de cuántos robos de este tipo suceden al día, pero son los suficientes como para que existan organizaciones -como Telmex-Reintegra “Fianzas para la Vida”- que están dedicadas a “ayudar a gente de escasos recursos que han hurtado montos inferiores a 2 mil 700 pesos”.
Es el testimonio escrito de Roberto quien fue uno de los beneficiarios de las fundaciones Reintegra y Telmex que pagaron su fianza, ambas instituciones dedicadas a ayudar a gente de escasos recursos que ha hurtado montos inferiores a 2 mil 700 pesos.
Milenio Diario publica una nota que refleja la desesperación que lleva a muchos mexicanos a cometer delitos que podemos considerar como “menores”, delitos asociados con la pobreza y el hambre.
En Colima, Roberto, de 45 años, robó un queso en un supermercado porque su familia llevaba un día y medio de no comer. El queso costaba 35 pesos. Roberto fue consignado y la autoridad le fijó una fianza de 12 mil pesos…que -evidentemente- no pudo pagar.
El acto de Roberto es clasificado como “robo famélico”, es decir, un robo por hambre.
En México no tenemos estadísticas precisas de cuántos robos de este tipo suceden al día, pero son los suficientes como para que existan organizaciones -como Telmex-Reintegra “Fianzas para la Vida”- que están dedicadas a “ayudar a gente de escasos recursos que han hurtado montos inferiores a 2 mil 700 pesos”.
martes, 2 de marzo de 2010
CISEN INCREMENTA ESPIONAJE TELEFÓNICO Y EN LA RED
Autor: Zósimo Camacho
Revista Contralínea
Actualmente, las llamadas telefónicas y las cuentas de correo electrónico de al menos nueve personas son escudriñadas legalmente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se trata de las intervenciones de comunicaciones que el Poder Judicial autorizó al organismo de inteligencia civil del Estado mexicano en los últimos cinco meses. Pero desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, en febrero de 2005, los jueces han autorizado el espionaje telefónico y cibernético contra 72 personas, y han rechazado la intervención contra cinco; nada garantiza que la privacidad y el derecho a la intimidad de estas últimas hayan sido respetados por los espías del régimen
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha intervenido legalmente los teléfonos y las cuentas de correo electrónico de 72 personas. Toda comunicación realizada por estos medios quedó grabada en archivos digitales y fue analizada por los agentes del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano.
Bajo la administración de Vicente Fox Quesada, el Cisen solicitó al Poder Judicial la autorización para intervenir las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de 19 personas. Los jueces autorizaron 18 y negaron una. Se trató, en promedio, de menos de una petición por mes, desde febrero de 2005 –cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional que autoriza la intervención de comunicaciones– hasta noviembre de 2006, cuando concluyó el sexenio de Vicente Fox.
En lo que va del régimen de Felipe Calderón, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ha solicitado la autorización del Poder Judicial para espiar a 58 personas más, es decir, la tasa mensual se ha incrementado a más de 1.5 solicitudes por mes. Cuatro fueron rechazadas por los jueces. El resto, se permitieron.
La información se desprende de la respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000001310 presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace del “órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano”, como se define en su página electrónica.
A diciembre de 2009 –menos de cinco años de vigencia de la Ley de Seguridad Nacional–, el Cisen había solicitado al Poder Judicial la autorización para intervenir las comunicaciones privadas de 77 personas. Sólo le negaron cinco solicitudes. La mayoría de las autorizaciones (55) fueron para intervenir tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos; el resto (17), se refiere exclusivamente a llamadas telefónicas.
––Pero no se trata de las únicas escuchas que realiza el Cisen –señala Valeriano Ramírez, investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se trata de la legalización del espionaje que previamente se ha realizado contra ciertas personas y del que se busca solamente la certificación para que sea utilizado contra las mismas personas espiadas”, agrega el politólogo y sociólogo.
Para el especialista en seguridad nacional Javier Oliva Posada –también catedrático de la FCPS de la UNAM–, resulta sorprendente que las escuchas legales signifiquen un “recurso tan poco utilizado” en un contexto de combate a la delincuencia organizada, que ha dejado más de 16 mil 500 muertes desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Según el documento proporcionado por la Unidad de Enlace del Cisen, cada una de las intervenciones telefónicas y cibernéticas se ha desarrollado en un lapso de 180 días. En septiembre de 2005, a los ocho meses de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, el Poder Judicial de la Federación recibió de parte del Cisen la primera solicitud de intervención de comunicaciones. Los jueces federales autorizaron la intervención tanto de teléfonos como de correos electrónicos.
En diciembre de ese mismo año se autorizarían otras tres escuchas. En esta ocasión sólo se permitió el espionaje telefónico.
De enero a noviembre de 2006, el gobierno de Vicente Fox solicitó la intervención de las comunicaciones de 15 personas. Una le fue rechazada: se trataba de la solicitud de espionaje telefónico presentada en mayo. Las 14 restantes se realizaron por un periodo de 180 días: cuatro iniciaron en marzo de ese año (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en abril (teléfonos y correos electrónicos); una en junio (sólo teléfonos); dos en agosto (teléfonos); dos en septiembre (teléfonos), y una en noviembre (teléfonos y correos electrónicos).
El gobierno de Felipe Calderón se estrenó, en diciembre de 2006, con dos autorizaciones para escuchar llamadas telefónicas e ingresar a cuentas de correo electrónico.
A lo largo de 2007, el Cisen, ya bajo la dirección de Guillermo Valdés Castellanos, solicitaría al Poder Judicial autorización para escuchar y leer las comunicaciones de 16 personas más. Ninguna le fue rechazada. Se trató de tres concedidas en marzo (teléfonos y cuentas de correo electrónico); una en abril (teléfonos y correos electrónicos); tres en junio (teléfonos y correos electrónicos); dos en julio (teléfonos); dos en agosto (teléfonos y correos electrónicos); una en septiembre (teléfonos); dos en octubre (teléfonos y correos electrónicos), y dos en noviembre (teléfonos y correos electrónicos).
Para 2008, el organismo civil de inteligencia del Estado mexicano presentó 19 solicitudes ante el Poder Judicial. De nueva cuenta, todas le fueron aceptadas: una en enero (teléfonos); una en marzo (teléfonos); tres en mayo (teléfonos y correos electrónicos); una en junio (teléfonos y correos electrónicos); una en julio (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en septiembre (teléfonos y correos electrónicos); cuatro en octubre (teléfonos y correos electrónicos), y cuatro en diciembre (teléfonos y correos electrónicos).
Durante 2009, el Cisen presentó 21 solicitudes para intervenir teléfonos y cuentas de correo electrónico. Cuatro le fueron negadas y de 17 recibió el visto bueno. En enero solicitó cuatro autorizaciones, de las que le concedieron dos (teléfonos); en febrero, una (teléfonos y correos electrónicos); en marzo, dos (teléfonos y correos electrónicos); en mayo presentó cuatro solicitudes y le concedieron tres (teléfonos y correos electrónicos); en octubre, tres (teléfonos y correos electrónicos), y en diciembre presentó siete solicitudes y le autorizaron seis (teléfonos y correos electrónicos).
El fundamento jurídico de las escuchas telefónicas y la penetración de cuentas de correo electrónico se encuentra en el capítulo II “De las intervenciones de las comunicaciones” de la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.
El artículo 34 define las intervenciones de comunicaciones como “la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología”.
En el artículo 36 se establece que las escuchas “no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos”.
La propia ley dispone que las escuchas sólo podrán autorizarse “en los casos de amenaza inminente” a la seguridad nacional, y señala –en el artículo 31– que en la “producción de inteligencia, las instancias gozarán de autonomía técnica y podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso las garantías individuales ni los derechos humanos”.
disposiciones resultan contradictorias para el sociólogo y maestro en ciencia política Valeriano Ramírez. “Al efectuar las escuchas se vulneran las garantías individuales y los derechos fundamentales del ser humano; y no sólo las de la persona investigada, sino de quienes interactúan con él y que nada tienen que ver con las supuestas investigaciones: su pareja, sus familiares, sus amigos. Se trata de una vulneración a los derechos humanos, aunque sea un mecanismo legalizado por la Ley de Seguridad Nacional”.
Al respecto, Javier Oliva, doctor en ciencia política, maestro en estudios latinoamericanos y especialista en seguridad nacional, señala que “el recurso” del espionaje telefónico siempre ha estado ligado a los regímenes autoritarios.
Considera que la inteligencia y sus mecanismos son necesarios para cualquier Estado, pero para que puedan utilizarse con eficacia y respeto a los derechos humanos se debe contar con una reglamentación clara. En México, “hay vacíos jurídicos” que hacen posible el espionaje con fines que no son los de la nación.
domingo, 28 de febrero de 2010
CEPET: 13 periodistas asesinados y 183 agredidos en 2009
México, febrero, 2010 (CEPET). Como parte de su informe 2009 sobre el estado de la libertad de expresión en México, el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados.
El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.
Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.
De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.
En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.
Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.
De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.
Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.
El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.
De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:
• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).
Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.
A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.
La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.
La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.
El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).
Contacto:
Gerardo Albarrán: Francisco Vidal:
044/045 55.40.08.06.89 044/045 55.21.88.40.23
Para mayor información favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.
CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.
La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antitéticas de medios o periodistas.
El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.
Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.
De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.
En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.
Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.
De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.
Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.
El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.
De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:
• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).
Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.
A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.
La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.
La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.
El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).
Contacto:
Gerardo Albarrán: Francisco Vidal:
044/045 55.40.08.06.89 044/045 55.21.88.40.23
Para mayor información favor de comunicarse a la Coordinación del Programa de Libertad de Expresión de CEPET. Teléfono: (044/045) 55.24.55.53.08 / sitio web: libex.cepet.org / correo electrónico: libex@cepet.org.
CEPET autoriza a copiar, distribuir y comunicar públicamente toda la información que nuestra organización difunde, citando la fuente.
La defensa de la libertad de expresión no implica respaldo a actividades ilícitas o antitéticas de medios o periodistas.
Gobierno y narco: la lucha por imponer la agenda periodística
Gerardo Albarrán de Alba *
La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envuelta directamente en ella. El resto de la sociedad intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso le pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos. Lo peor tal vez no sean los asesinatos cotidianos, las ejecuciones masivas, lo que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que las vidas perdidas en los últimos tres años se han convertido en cifras que ya no alarman. La violencia parece un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística. Una nota más de unos muertos más en una jornada sangrienta más. Eso ya ni siquiera es noticia, y menos si los muertos no son famosos o la masacre del día no es aderezada con una insolente declaración gubernamental.
El año pasado cerró con cifras alarmantes: un ejecutado cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. El gremio periodístico también pagó su cuota: el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados. El informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión en México: “Gobierno y narco: la lucha por impone la agenda periodística”, registra una realidad a la que ningún medio ni periodista escapa.
Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.
La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.
El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.
Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.
Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.
En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.
Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.
Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.
Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.
México, DF, 22 de febrero de 2009
* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org (http://www.saladeprensa.org)
La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envuelta directamente en ella. El resto de la sociedad intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso le pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos. Lo peor tal vez no sean los asesinatos cotidianos, las ejecuciones masivas, lo que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que las vidas perdidas en los últimos tres años se han convertido en cifras que ya no alarman. La violencia parece un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística. Una nota más de unos muertos más en una jornada sangrienta más. Eso ya ni siquiera es noticia, y menos si los muertos no son famosos o la masacre del día no es aderezada con una insolente declaración gubernamental.
El año pasado cerró con cifras alarmantes: un ejecutado cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. El gremio periodístico también pagó su cuota: el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados. El informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión en México: “Gobierno y narco: la lucha por impone la agenda periodística”, registra una realidad a la que ningún medio ni periodista escapa.
Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.
La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.
El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.
Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.
Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.
En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.
Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.
Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.
Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.
México, DF, 22 de febrero de 2009
* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org (http://www.saladeprensa.org)
jueves, 25 de febrero de 2010
REBELIÓN LAGUNERA: EMPRESARIOS AMENAZAN CON NO PAGAR IMPUESTOS
Integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) lanzaron un ultimátum a las autoridades municipal, estatal y federal para que frenen la “ola de inseguridad” que lesiona a los ciudadanos y daña la imagen de la región.
Los empresarios locales están dispuestos a no pagar ni un solo peso de impuestos si no se fortalece la seguridad pública, advirtió el ex presidente de Coparmex-Laguna, Arturo Gallegos Salcido.
Dijo que los ciudadanos ya no pueden vivir en un estado de zozobra y que la falta de seguridad pegó en los comercios, principalmente en el rubro hotelero.
Gallegos Salcido aclaró que pagan impuestos para recibir protección ciudadana y que de no cumplirse este derecho, uno de los caminos es dejar de atender los gravámenes mientras se garantiza la seguridad. “Quieres que siga pagando impuestos, pues dame garantías para trabajar”.
Destacó que la seguridad no es asunto de un gobernador o un alcalde, sino que depende de un gobierno que debe atender los reclamos de la comunidad “y esto no se está haciendo con eficiencia”.
Omar Gutiérrez de Anda, presidente de CLIP, afirmó que la actividad económica en la Comarca Lagunera se frenó por lo menos 40% y que la ocupación hotelera cayó en la misma proporción.
En los últimos días, Estados Unidos sumó los estados de Coahuila y Durango a su lista de alerta para que sus ciudadanos viajen con extrema cautela. Michoacán y Chihuahua formaban parte de este listado desde el año pasado.
Dijo que los miembros del CLIP acordaron sostener una reunión coordinada por parte del Consejo de Seguridad, con las autoridades estatales y municipales, a fin de “darles un ultimátum para que actúen correctamente y con responsabilidad total, ya que la inseguridad perjudica el crecimiento y el de la misma ciudadanía”.
Lamentó que la actividad económica se haya reducido entre 35% y 40% de unas semanas a la fecha, ya que la gente ha disminuido sus salidas por la noche a restaurantes o centros de entretenimiento por el temor a la violencia.
“Hay riesgo de que en un momento dado puedan cerrar muchas empresas; nosotros no vemos un cambio en mayor seguridad”.
Los empresarios locales están dispuestos a no pagar ni un solo peso de impuestos si no se fortalece la seguridad pública, advirtió el ex presidente de Coparmex-Laguna, Arturo Gallegos Salcido.
Dijo que los ciudadanos ya no pueden vivir en un estado de zozobra y que la falta de seguridad pegó en los comercios, principalmente en el rubro hotelero.
Gallegos Salcido aclaró que pagan impuestos para recibir protección ciudadana y que de no cumplirse este derecho, uno de los caminos es dejar de atender los gravámenes mientras se garantiza la seguridad. “Quieres que siga pagando impuestos, pues dame garantías para trabajar”.
Destacó que la seguridad no es asunto de un gobernador o un alcalde, sino que depende de un gobierno que debe atender los reclamos de la comunidad “y esto no se está haciendo con eficiencia”.
Omar Gutiérrez de Anda, presidente de CLIP, afirmó que la actividad económica en la Comarca Lagunera se frenó por lo menos 40% y que la ocupación hotelera cayó en la misma proporción.
En los últimos días, Estados Unidos sumó los estados de Coahuila y Durango a su lista de alerta para que sus ciudadanos viajen con extrema cautela. Michoacán y Chihuahua formaban parte de este listado desde el año pasado.
Dijo que los miembros del CLIP acordaron sostener una reunión coordinada por parte del Consejo de Seguridad, con las autoridades estatales y municipales, a fin de “darles un ultimátum para que actúen correctamente y con responsabilidad total, ya que la inseguridad perjudica el crecimiento y el de la misma ciudadanía”.
Lamentó que la actividad económica se haya reducido entre 35% y 40% de unas semanas a la fecha, ya que la gente ha disminuido sus salidas por la noche a restaurantes o centros de entretenimiento por el temor a la violencia.
“Hay riesgo de que en un momento dado puedan cerrar muchas empresas; nosotros no vemos un cambio en mayor seguridad”.
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