Tras una segunda búsqueda exhaustiva en sus archivos a partir del expediente que tiene en su poder Contralínea, la dependencia que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval localizó los oficios que evidencian la destrucción de 50 cajas con documentos –originales y copias– que integraban ese amplio expediente de fiscalización 2015.
Según la Función Pública, se “pudo identificar que los documentos relacionados a la auditoría que refieren en su nota periodística fueron dados de baja del archivo de la institución en 2008” (segundo año de gobierno del panista Calderón).
En una comunicación dirigida a este semanario, la institución encargada del combate a la corrupción refiere que al revisar sus archivos “se pudo localizar la versión digital del oficio mediante el cual la Oficialía Mayor de la Función Pública solicitó, en noviembre de 2007, al Archivo General de la Nación, la autorización para dar de baja definitiva 308 expedientes de los años 1993, 1998, 2000 y 2001, generados por la Unidad de Auditoría Gubernamental, por haber prescrito su plazo de conservación, entre los cuales se encontraba la auditoría 2015”.
Se trata del oficio 510/CA/063/2007, dirigido al maestro Jorge Ruiz Dueñas, entonces director general del Archivo General de la Nación, en el que se solicita autorización para “la baja definitiva de 308 expedientes […] con un peso aproximado de 280 kilogramos, que comprenden el periodo de 1993, 1998, 2000 y 2001, correspondiente a las transferencias 1631, 2109, 2578, 2580, 2581, 2584, y 2620, los expedientes están constituidos por copias y originales, generados por la Unidad de Auditoría Gubernamental”.
Los expedientes de la auditoría 2015 forman parte del trámite de transferencia 2580, explica la Secretaría de la Función Pública en su comunicación. Y adjunta como evidencia un archivo Excel firmado por el contador público Marcos B González Tejeda, de la Unidad de Auditoría Gubernamental, que refiere el tamaño del expediente: 50 cajas.
Según los datos, en ese medio centenar de cajas había documentos certificados por el contador Roberto Muñoz Leos, quien fuera el auditor encargado de la fiscalización a las obras de remodelación de Los Pinos y quien fue entrevistado por Contralínea.
También se localizaban documentaciones certificadas por el notario público 74; compulsas realizadas a la empresa MYO, SA de CV; oficios de la revisión del proceso de autorización de la adjudicación directa; informe con observaciones en original; acta circunstanciada del 21 de junio 2001; cédula analítica de oficios de inversión, entre otros documentos.
En el oficio 510/CA/063/2007, la SFP –entonces encabezada por el panista Salvador Vega Casillas, quien fue coordinador de campaña de Fox en los estados durante la campaña presidencial de 2000– justificó la destrucción del archivo “por haber prescrito su plazo de conservación precaucional”.
El plazo para su conservación que estableció el gobierno de Vicente Fox había sido de tan sólo 5 años y el gobierno de Calderón determinó no extenderlo más.
Para el 17 de abril de 2008, el Archivo General de la Nación dio su anuencia al gobierno de Calderón para que la parte sustancial del expediente fuera desaparecido para siempre del archivo histórico de la Función Pública.
Al tiempo, se reservó una pequeña parte de aquella auditoría por si en un futuro se fincaban responsabilidades a los involucrados en el millonario daño patrimonial, derivado de las múltiples irregularidades observadas durante la contratación –sin adjudicación de por medio– a favor del arquitecto Humberto Artigas, amigo de Vicente Fox.
De esa parte que se reservó, la Función Pública no puede negar o afirmar su existencia actual, porque en la nueva búsqueda de información no halló datos al respecto, comenta a Contralínea el titular de Comunicación Social, maestro Raymundo Alva.
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