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jueves, 9 de julio de 2020

ANABEL HERNÁNDEZ: CONTRACORRIENTE!

Gunrunner: El programa oficial que abasteció de armas a los carteles mexicanos


"Fast and furious", a través del cual llegaron armas ilegales a México por iniciativa de Estados Unidos, fue solo parte de un gran programa de ocho operativos similares llamado "Gunrunner", revela Anabel Hernández.
Mexiko Michoacán 2019 | Kriminalität & Sicherheitsmaßnahmen (Getty Images/AFP/P. Pardo)
La historia del narcotraficante de origen estadounidense Edgar Valdez Villareal, alias La Barbie, quien durante años fue uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios de México,  y su identidad como informante de la DEA y el FBI de 2008-2010, ha comenzado a ser retomada por distintos medios de comunicación en diversas partes del mundo.
No sólo por las implicaciones directas sobre las redes de corrupción entre el narcotráfico y autoridades del más alto nivel en México -el informante del gobierno americano reveló la participación del presidente Felipe Calderón en reuniones para pactar con narcos-, sino porque también deja ver el nivel de intromisión del gobierno de Estados Unidos en el manejo de los hilos del narcotráfico. Una mano invisible que mece la cuna.
Hace dos semanas, Fabian Medina, Jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores de México, publicó en la revista mexicana Proceso el resumen de un importante informe de su autoría.  El contenido es explosivo y esclarecedor y de manera indirecta se entrelaza con la historia de La Barbie, porque al igual que la historia de este narco gringo, destapa la incidencia en el  ‘juego del narcotráfico y violencia' de la primer potencia del mundo, con la anuencia de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Todo eso, en función de intereses individuales y desviados.
Fuego y muerte en México
En esta columna ya he hablado del caso Fast and furious (Rápido y Furioso), el operativo llevado a cabo por el gobierno estadounidense de 2009 a 2011, mediante el cual, so pretexto de conocer las redes de tráfico de armas de ese país a México, se solapó el tráfico de miles de armas que llegaron a manos de los carteles de la droga mexicanos. Armas que avivaron el fuego y la muerte en México.
Fabián Medina accedió a compartirme el reporte completo. Gracias a éste se puede saber con claridad, desde la voz de un funcionario público acreditado e informado, que no fue uno sino OCHO operativos de tolerancia de tráfico de armas, y estos se llevaron a cabo con el conocimiento y consentimiento del gobierno del gobierno de México del 2004 al 2011.
Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna
Anabel Hernández, periodista mexicana y autora de esta columna
En el informe, basado en documentos oficiales del gobierno estadounidense, se explica que en 2004 la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia de EE.UU. puso en marcha un macro programa llamado Gunrunnera través del cual el propio gobierno de Estados Unidosintrodujo al mercado de ese país armas de alto poder marcadas, para hacerlas accesibles al tráfico ilegal con el objetivo de que llegaran a manos de los carteles de la droga.
El propósito oficial era que siguiendo el rastro podrían desbaratar las redes de tráfico de armas del origen al final. Se supone que las armas debían ser detenidas antes de cruzar a México, pero las dejaron correr y a la gran mayoría de las armas les perdieron el rastro.
Como parte de Gunrunnerse pusieron en marcha ocho operativos: Fast and furious  y otros  siete similares, con iguales y terribles consecuencias. Algunas incluso ocurrieron de manera simultánea generando una lluvia de armas ilegales en México: Wide Receiver de 2006 a 2007,  Hernández (nombre dado por el apellido del narco para quien se traficaban las armas) en 2007, Armas Cruzadas en 2008, Medrano también en 2008, Granade Walker en 2010 (a través del cual traficante de armas Baptiste Kingery introdujo a México al menos 2 mil granadas y miles de municiones para el Cartel de Sinaloa), más los operativos Castaway y Too Hot to Handle,  en 2010.
"Se estima el cruce de al menos 2 mil 500 armas (a México), sin contar las que quedaron en manos de los carteles, [incluidos] rifles de asalto AK-47, AR-15W, Barrets.50 y granadas”, señala Medina en el reporte.
Gunrunner y el sistema eTrace
El gobierno de Calderón Hinojosa, que al mismo tiempo estaba protegiendo a Cartel de Sinaloa, según testimonios de La Barbie, Vicente Zambada Niebla, Jesús Zambada García y otros importantes capos, tuvo conocimiento de todo el proyecto Gunrunner y su gobierno fue dotado de un sistema llamado eTRace, que se supone debía servir para rastrear las armas, pero no fue eficaz.
"Después de todos estos operativos conocidos por todos y en los que no hubo medición de resultados, rastreo por geolocalizador, o pruebas suficientes de que hubiesen sido exitosas, se decidió lanzar un nuevo proyecto…”, señala Medina. Y ambos gobiernos acordaron impulsar la operación Fast and furious. Con humor negro le pusieron el nombre del famoso filme de acción, porque los contrabandistas involucrados eran también miembros de clubes de coches.
El propósito también era literalmente vender armas a los grupos criminales más violentos de México: Los Zetas, Cartel del Golfo y Cartel de Sinaloa. De acuerdo con el reporte de Fabian Medina, "la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar en las operaciones de campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera. En muchas ocasiones, la propia CBP (Patrulla Fronteriza) o ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas) detenían a los traficantes, pero eran liberados para que continuaran con el trasiego…” .
El gobierno estadounidense no tomó conciencia del disparate de este plan hasta que en 2010 fue asesinado en Arizona el agente de la patrulla Fronteriza Brian Terry, con una de las armas del programa de tráfico ilegal. Ahí fue cuando se destapó que existía Fast and Furious. En 2011 fue asesinado el agente estadounidense, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, con otra de las armas traficadas.
Medina cita un informe interno de la ATF fechado en 2010 en la que reconoce que al menos 958 asesinatos cometidos en México se habían ejecutado con armas de tráfico ilegal tolerado. Entre ellos la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, en la que 15 estudiantes fueron asesinados.
El expediente sobre estos operativos fue cerrado en Estados Unidos en 2017, pero la herida sigue abierta en México, porque muchas de esas armas siguen en manos de los carteles de la droga matando personas inocentes.
En mayo pasado, el Canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Donald Trump entregar todo el expediente de Fast and Furious para saber qué autoridades mexicanas conocieron, autorizaron, solaparon e incluso hasta cooperaron con el gobierno estadounidense en el tráfico ilegal de armas para los carteles mexicanos. "con el objetivo de aportar la información necesaria para que la Fiscalía General de la República pueda concluir su investigación (por parte del gobierno de México) y dilucidar si se mintió al pueblo de México por sus más altas autoridades y así proceder en consecuencia”, señala el reporte del Jefe de la Oficina de Ebrard.
La mayor parte del tráfico de armas a México ocurrió en el periodo de gobierno de Calderón, y las armas cayeron en manos del Cartel de Sinaloa. Si como dice el informarte de la DEA y el ICE, Calderón protegía a dicho cartel es posible plantear la hipótesis de que las armas no hayan sido interceptadas, no por error humano, sino por corrupción.
Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. 


Fecha 19.06.2020

  • Autor Anabel Hernández
  • Enlace permanente https://p.dw.com/p/3dxr6

viernes, 8 de mayo de 2020

CALDERON SUPO Y PARTICIPÓ: AUTORA




La periodista argentina, Olga Wornat, en entrevista con Julio “Astillero”, reveló que el entonces presidente Felipe Calderón, había censurado un libro de ella, con el título: “Calderón, el oscuro”.
Wornat recibió amenazas de muerte por parte del entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, mismo que ahora se encuentra esperando un proceso judicial en Estados Unidos por su probable protección a grupos del narcotráfico.
La periodista asegura que existen 3 vídeos que involucran directamente a García Luna y a Calderón. Donde el titular de la SSP, pide dinero a los carteles para su jefe, Calderón. El vídeo se realizo a bordo de una avioneta en Toluca, Estado de México.
La cifra que García Luna solicita a los miembros del crimen organizado es “mucho”, además que éste pregunta que sí le llevaron sus mancuernas Cartier.

viernes, 1 de marzo de 2019

EU incautó a Rabobank Group dinero del Cartel de Sinaloa



El Sr. Hernández (se reserva su nombre completo), ciudadano mexicano, y la ONG SMX Collective presentaron a través de su abogado, Göran Sluiter (Abogados de Derechos Humanos de Prakken d’Oliveira) una denuncia penal ante el fiscal holandés, contra el banco holandés Rabobank Group.

Un miembro directo de la familia de mr. Hernández ha sido asesinado por el cartel de drogas de Sinaloa; La ONG SMX Collective busca una investigación criminal en interés de la protección de los derechos humanos de la población civil mexicana.

Los demandantes acusan al Grupo Rabobank de haber lavado de manera estructural y durante mucho tiempo el producto de los delitos cometidos por narcotraficantes mexicanos; Al hacer esto, asistieron a los laboratorios de drogas en la comisión de todos sus crímenes, incluidos los crímenes de lesa humanidad. La presunta conducta criminal tuvo lugar en la sucursal de Rabobank en Calexico, cerca de la frontera con México, en el período comprendido entre 2002 y 2015. Los delitos están penalizados por los artículos 420bis, 420ter, 420quater y 140 del Código Penal holandés.

La denuncia penal contiene antecedentes de los delitos, un resumen de los hechos, un análisis de la ley aplicable y explica por qué es importante que se inicie una investigación criminal en los Países Bajos contra Rabobank.

Como importante antecedente de esta queja, es necesario mencionar que los narcotraficantes mexicanos se han elevado al poder durante las últimas dos décadas y son responsables de delitos generalizados y sistemáticos de gran gravedad; Según un informe reciente de Open Society Justice Initiative, los cárteles de la droga en México cometen crímenes contra la humanidad.

De muchas fuentes públicas se deduce que para su funcionamiento efectivo, los laboratorios de drogas dependen del lavado de dinero. El lavado de dinero les permite ocultar los beneficios ilegales de sus delitos y reinvertir este dinero en sus actividades delictivas. Como resultado, las personas e instituciones que lavan el dinero de los carteles de la droga también son responsables de sus delitos.

A pesar de la información pública disponible sobre las actividades y el lavado de dinero de los narcotraficantes mexicanos, especialmente en el área fronteriza, la sucursal de Rabobank en Calexico ha estado involucrada en el lavado de dinero durante un largo período de tiempo. Esta información proviene de informes de noticias en los EE. UU. Y se encuentra corroborada en otras fuentes. El Rabobank no ha negado públicamente las acusaciones de lavado de dinero y en la actualidad hay una investigación del gran jurado sobre este asunto en los Estados Unidos.

De la información disponible se desprende que el blanqueo de dinero se realizó de manera estructural y durante mucho tiempo en la oficina de Calexico Rabobank. Esto es lo más reprensible a la luz del hecho de que Rabobank ya había sido advertido de que sus mecanismos de control del lavado de dinero en los Estados Unidos no eran adecuados; a pesar de esto, Rabobank redujo en sus sucursales al personal responsable de supervisar transacciones financieras inusuales.

En la parte de análisis legal, la queja explica que, a la luz de la información disponible, el Rabobank realizó un lavado de dinero intencional. Al hacerlo, el Rabobank también participó en una o más organizaciones criminales, es decir, los narcotraficantes mexicanos, destinados a cometer delitos extremadamente graves, como el asesinato y los crímenes de lesa humanidad.

La queja argumenta, teniendo en cuenta el artículo 51 del Código Penal holandés que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas, que la conducta delictiva por parte de la sección Calexico de Rabobank es atribuible al Grupo Rabobank en su totalidad, que tiene su sede en los Países Bajos. . Un elemento importante que sostiene esta atribución de responsabilidad penal es el hecho de que, aunque se advirtió, el Grupo Rabobank falló seriamente en organizar un control y supervisión adecuados con respecto a transacciones sospechosas.

Existe jurisdicción sobre la conducta del Rabobank en los Países Bajos, porque se trata de un banco holandés. Además, hay razones por las que el ministerio público holandés no debe esperar los resultados de las investigaciones estadounidenses. Las investigaciones estadounidenses pueden no extenderse a los sospechosos holandeses y es probable que no cubran las consecuencias del lavado de dinero para la población cubana en México.

La queja enfatiza que los presuntos delitos son de naturaleza muy seria y que existe un interés holandés directo en las investigaciones criminales sobre la conducta del Rabobank. Esta conducta es más seria a la luz de que Rabobank afirma adherirse plenamente a la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, se afirma que Rabobank en la práctica no ha estado a la altura de las demandas de responsabilidad social corporativa, que Rabobank ha sido indiferente a las consecuencias de sus acciones y ha contribuido sustancialmente al sufrimiento de la población mexicana.

EN ESTADOS UNIDOS SE DECLARÓ CULPABLE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que el banco de origen holandés, Rabobank, se declaró culpable de lavar dinero para el crimen organizado que opera en la frontera entre el vecino país del norte y México, por lo que deberá pagar 360 millones de dólares de multa, por fallas en los procesos de prevención de lavado de dinero.
Asimismo, el organismo norteamericano indicó que una filial la institución bancaria, ubicada en Roseville, California, aceptó culpa de un cargo de conspiración por delito grave por obstaculizar, así como de obstruir a su principal regulador la vigilancia del banco.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Rabobank procesó fondos ilícitos, además de que sus ejecutivos intentaron conspirar para ocultar estas fallas al regulador estadounidense. A su vez, explicó que las deficiencias en su programa contra el lavado de dinero permitieron que cientos de millones de dólares en efectivo, imposibles de rastrear, provenientes de México y otros lugares, se depositaran en sus sucursales bancarias rurales y se transfirieran mediante envíos electrónicos, cheques y efectivo, sin notificación alguna a las autoridades de ese país.
Además de que admitió que permitió que fondos ilícitos fueran procesados a través del banco, principalmente las sucursales de Calexico y Tecate en Estados Unidos.
Datos internos de la institución financiera, durante 2016 registró activos totales por 662 mil 335 millones de euros; cantidad inferior a los 678 mil 554 millones reportados un año antes. De igual forma, en el año de referencia, generó un 5.8 por ciento de rentabilidad sobre recursos propios.
Por lo que esta acción, además de la sanción económica, derivará en un impacto mediático así como de imagen y reputación, ya que Rabobank ha cobrado relevancia en las conversaciones sociales a medida que los medios difunden la noticia, y que propiciará en el imaginario colectivo sensaciones negativas.

sábado, 26 de enero de 2019

JAVIER VALDEZ: EN BROOKLIN SURGEN NOMBRES



En su tercer día como testigo de la Fiscalía de Estados Unidos, Dámaso López Núñez fue cuestionado por el abogado de Joaquín Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, sobre si conocía a Heriberto “N”, el Koala y a Juan Francisco “N”, el Quillo, quienes son señalados como los presuntos autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.
De acuerdo al periodista del New York Times, Alan Feuer, Balarezo le hizo la pregunta directa al Licenciado, pero el fiscal objetó y el juez no le permitió responder, durante  su comparecencia que apenas duró 10 minutos.
En junio de 2017, cuando estaba preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, López Núñez dijo en una entrevista ministerial que el Quillo, y su primo el Koala, formaban parte de su grupo delictivo, de acuerdo a una publicación de La Jornada.
El miércoles, durante su testimonio, negó que él o su hijo Dámaso López Serrano, el Minilic, hayan ordenado el crimen de Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce, y responsabilizó del mismo a los hijos del Chapo.
“Resulta que los hijos de mi compadre se enteraron de que di una entrevista por teléfono (a Javier Valdez) donde explicaba los motivos por los que me señalaba Ciro Gómez Leyva –un periodista muy conocido en México— en un noticiero de ese periodista, decía que yo había emboscado a los hijos de mi compadre y que uno de sus hijos y el Mayo estaban graves. Como era falso, cuando se me acercó el periodista, lo vi como una buena oportunidad, pero los hijos de mi compadre no les pareció bien lo que a mí sí. Si no, pregunte a cualquiera en Culiacán. Que ellos amenazaron a todos en la casa editorial para sacar una nota a modo y obligaron a que no sacara la entrevista. Pero como el periodista era íntegro, la publicó, desobedeciendo las órdenes de los hijos de mi compadre y la publicó. Y como los hijos de mi compadre están coludidos con el gobierno no encontraron a un culpable y culparon a mi hijo”, declaró en la sala de la Corte de Nueva York, donde se desarrolla el juicio contra el Chapo.
Durante la audiencia, quien se encuentra sentenciado a cadena perpetua en EU y al pago de una multa de 25 millones de dólares, afirma viendo al Chapo que está ahí por culpa de los hijos de su compadre.
“Yo estoy aquí porque sus hijos me pusieron en este lugar”, explicó López Núñez cuando Balarezo, el abogado de la defensa, le pregunta por qué está preso en Estados Unidos.
El Licenciado no se parece a la foto de su arresto, ni a la que le tomaron mientras lo escoltan elementos del ejército. Tampoco a la que aparece en Google donde viste una camisa polo roja. Cuando Dámaso López Núñez entra a la sala 8D de la corte federal de Nueva York, tiene el pelo lacio cano gris y despeinado. Está rasurado, viste un uniforme azul de prisionero, tiene la cara muy seria. Cuando habla, su boca se tuerce en una mueca.
Durante los dos días de su testimonio, el 22 y 23 de enero de 2019, los abogados de la fiscalía –Amanda Liskamm—y el de la defensa –Eduardo Balarezo—juegan a arrebatarle confesiones cruentas al testigo, quien las ofrece sin tapujos.
De las preguntas de la fiscalía, López Núñez describe los asesinatos que presuntamente ordenó o permitió expresamente Guzmán Loera: el de su sobrino Juan Guzmán Rocha (Juancho o Virgo) en 2011 por “ponerle el dedo”, el de Rodolfo Carrillo Fuentes en 2004 junto con su esposa y el jefe de seguridad, (Pedro Pérez un judicial de Durango) por faltarle al respeto, el de Gonzalito Araujo y Guacho, por trabajar como jefes de pistoleros para los Beltrán Leyva en 2008, el de Leopoldo PoloOchoa por colaborar con el gobierno para entregar al Chapo, el del Negro, un jefe de sicarios del acusado por “ponerle el dedo en Mazatlán”, donde lo arrestaron en 2014, el de Barbarino, otro de sus pistoleros por “portarse mal, robar dinero y abusar de la gente” y el de Omar, un hombre que trabajaba “en vueltas, en mandados” para López Núñez.
 También por las preguntas de la fiscal Liskamm, el testigo explica que la fuga del Chapo de la prisión del Altiplano, estuvo orquestada por él y los cuatro hijos del acusado: Iván, Ovidio, Alfredo y Joaquín con información que Coronel Aispuro les transmitía de parte de Guzmán Loera. En las pantallas de la corte se proyectan cartas escritas con el puño y letra del acusado dirigidas a López Núñez donde detalla transacciones de droga y balas entre personas específicas utilizando claves como “Cosina” o “Señora” para el Mayo, Eduardo para Ecuador y “50 de 40” refiriéndose al calibre de las balas.
López Núñez le explica con sobriedad, al juzgado, que “Javi” y “Roberto” habían trabajado para el ejército antes de dedicarse a obtener información de funcionarios públicos para Guzmán Loera. Cuenta, el testigo, que el Negro (a quien mandarían matar) era uno de los sicarios principales del Chapo, también ex militar y éste había recomendado a Omar, quien trabajaba para López Núñez (a quien también mandarían matar) y al Fantasma otro sicario junto con el Cholo. Detalla, López Núñez, que los hijos del Chapo son Iván o “Tocayo”, Alfredo o “Menor”, Ovidio o “Ratón” y Joaquín o “Güero”, que su hermano es Aureliano Guzmán o Guano y que sus sobrinos son Alfredo, 02 o Tomás y Chinacate, un pelirrojo. Los secretarios del acusado tenían los apodos de Cóndor y PicudoCleto ayudaba con la elaboración de cocaína sintética y Nariz le hacía los mandados al Chapo.
De las preguntas de la defensa, lo primero que explica el testigo es el significado del saludo que hizo al llegar. Significa “que lo quiero. Que es una persona que hemos tenido muchos años juntos y le tengo un cariño especial”, explica López Núñez.
López Núñez no tiene problemas contestando las preguntas que le hacen. No parece tener remordimiento, tampoco. Sus respuestas parecieran casi analíticas.
“Usted le dijo al jurado que nunca mató a nadie personalmente, ¿cierto?”, le pregunta Balarezo. “Porque… ¿es buena gente?” Después de una objeción de la fiscalía, el abogado reformula.
“Dijo que nunca mató a nadie personalmente, pero ¿tiene problemas morales con matar?”, quiere saber Balarezo.
“No es mi costumbre”, responde el testigo.
“Pero su hábito si es transmitir órdenes de asesinar?”, indaga.
“En algunas ocasiones se dio”,, dice López Núñez.
“Y estuvo bien en su universo moral… ¿Ordenó secuestros?”, pregunta Balarezo.
“Sí, en el narcotráfico eso sucede”, responde.
“¿Porque hacen algo contra su negocio, su hijo, su familia?”, quiere saber el abogado.
“Cuando ha sucedido, siempre hay una razón”, dice fríamente el testigo.
López Núñez explica que él estaba encargado de la mitad del narcomenudeo en Mazatlán, con lo que ganaba 2 millones de pesos a la semana, la otra mitad era de los hijos de su compadre. El testigo también controlaba el narcomenudeo en El Fuerte, La Cruz, Navolato, Villa Juárez, Carrizo y “todo el norte, alrededor de Los Mochis, Sinaloa”. Dice que tuvo su ejército privado de 100 sicarios en 2016, después de que los hijos del Chapo lo intentaron matar. Y que uno de sus sicarios, David López, mandó a hacer uniformes con el logo de “Fuerzas Especiales de Dámaso”.
“Quien hizo estos uniformes fue en contra de sus indicaciones, ¿no hizo que lo levantaran, mataran?”, le pregunta Balarezo.
“La marina se encargó de eso”, responde el testigo.
“¿Dónde está David López?”, insiste el abogado del Chapo.
“En su tumba”, dice López Núñez.
Niega haber ordenado el asesinato de los Carrillo Fuentes o el de Luis Alejandro Osorio. Pero admite ordenar que mataran a Bravo, Manuel Aponte Gómez. “¿Y recuerda que los agentes del gobierno le preguntaron si estuvo involucrado en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas?”, pregunta Balarezo al final del intercambio. “Sí, era un prestigioso y reconocido periodista sinaloense”, responde el testigo, pero niega estar involucrado en su asesinato, y en cambio, culpa a los hijos del Chapo.
A Javier Valdez Cárdenas, cofundador de Ríodoce, lo asesinaron el 15 de mayo de 2017 saliendo de las oficinas del semanario. A 618 días de su muerte, su asesinato sigue impune. Desde 2000, según cifras del Comité de Protección a Periodistas, 100 reporteros han sido asesinados en México y 99 por ciento de estos casos siguen sin resolverse.
En la sala 8D de la corte federal de Nueva York durante los días 22 y 23 de enero de 2019 se confesaron muchos crímenes. Dámaso López Núñez ofreció confirmación del autor intelectual y los motivos detrás de varios asesinatos. Pero para Javier Valdez, sus deudos, y la crisis de violencia contra periodistas en México, no hubo confesión que dispara la opacidad ni detalles que se acerquen a la justicia.

miércoles, 23 de enero de 2019

Dámaso López declaró en el juicio del que fuera principal líder del Cártel de Sinaloa

Dámaso López, también conocido como el Licenciado, declaró en la corte de Brooklyn en el juicio de Joaquín Guzmán Loera y contó sobre los beneficios por los que el Chapo pagaba en el penal de Puente Grande, del que escapó en 2001.
El testigo, de 52, años testificó que conoció a Guzmán en 1999, cuando Dámaso era subdirector de seguridad y custodia de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco.
Dijo que le permitía traer tenis, ingresar mujeres, a pesar de que las normas solo permitían ingresar a la cónyuge, también le permitió tener un teléfono celular, a cambio de esto el Chapo le hizo pagos por 50 mil dólares, le compró una casa y cubrió los gastos médicos cuando un hijo de López se accidentó.
El Licenciado, arrestado en mayo de 2017, pasó de ser subdirector de seguridad en dicha prisión a fiel empleado y padrino de una de las hijas del que fuera presunto líder principal del Cártel de Sinaloa.
Durante su declaración, se refirió al acusado como "mi compadre".
En el año 2000, López renunció a su puesto en Puente Grande debido a que el gobierno federal investigaba la corrupción en la cárcel y, según su testimonio, no volvió a encontrar trabajo, por lo que tras la fuga del Chapo Guzmán en 2001 aceptó trabajar con él.
Dámaso López detalló que en 2001 se reunió con Guzmán en Nayarit y que este le explicó que la fuga "fue algo espontáneo" y que un tal 'Chito', encargado de la lavandería en el penal, fue quien lo sacó en el carrito, se lo llevó al aparcamiento, lo metió en el maletero de su auto y lo sacó así de la cárcel.
ABAJO: Mensajes de texto intercambiados entre Joaquín el Chapo Guzmán y Dámaso López, testigo en contra del primero dentro del juicio de Brooklin. El documento fue presentado como prueba por los fiscales y es trabajo de Inteligencia (espionaje) de la DEA.