* Los pasivos que arrastran los 32 estados superan los 278 mil millones de pesos, y sólo 12 de ellos concentran el 76 por ciento de esa deuda –aproximadamente 240 mil millones de pesos–, que compromete sus recursos públicos durante los próximos 40 años.
Enrique Huerta / Luces del Siglo
Cancún. La alerta roja que organismos financieros nacionales e internacionales lanzaron desde hace un año respecto al preocupante endeudamiento público que enfrentaban algunos municipios y estados, tiene ahora en el banquillo de los acusados al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, investigado por la justicia mexicana por endeudar a la entidad en casi 33 mil millones de pesos bajo torcidas operaciones fiscales.
Por estos hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude genérico contra “quienes resulten responsables”, la cual, hasta noviembre pasado había llevado a prisión a dos excolaboradores cercanos, y a Moreira Valdés fuera de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “para deslindar responsabilidades” y evitar se afecte la imagen del precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.
Esperada ya desde hace unos meses, la renuncia de Moreira a la dirigencia nacional del tricolor finalmente se dio el 2 de diciembre, tres días después del registro oficial de Peña Nieto. Sin embargo, sus adversarios políticos del PAN ahora exigen que se llegue hasta sus últimas consecuencias, no sólo en el caso de Moreira, sino también de otros exgobernadores priístas que concluyeron su mandato en 2010 o principios de 2011 y que dejaron comprometidos los recursos públicos durante los próximos 20, 30 y hasta 40 años.
Coahuila no es el único caso de endeudamiento preocupante, Quintana Roo también ha seguido el mismo camino. De acuerdo con cifras de la SHCP, la deuda del estado pináculo del turismo nacional creció de 2009 a 2011 en 161.5 por ciento. De hecho, en el último año del gobierno de Félix González Canto fue adquirido un nuevo crédito por 2 mil 600 millones de pesos para colocar la deuda pública total en 10 mil 700 millones de pesos. Este nuevo crédito se contrató a corto plazo y se debía pagar en noviembre pasado, pero como en las arcas estatales no había dinero para cumplir con el compromiso, el nuevo gobierno de Roberto Borge Angulo se vio obligado a contratar una reestructuración que disparó la deuda de Quintana Roo a casi 22 mil millones de pesos.
Cifras oficiales de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, indican que la deuda pública total de los municipios y estados ascendía, hasta marzo pasado, a 315 mil millones de pesos, 12 por ciento de los cuales –36 mil millones de pesos– corresponde a municipios y el resto a los estados.
De las 32 entidades federativas del país, sólo 12 –Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Baja California– concentran el 76.3 por ciento del saldo total de las obligaciones financieras, es decir, la cantidad de 240 mil 141 millones de pesos.
El caso de Coahuila es alarmante porque en 2004, cuando Moreira asumió la gubernatura, tenía una deuda pública de 273 millones de pesos y, en 2011, esa deuda se ha disparado a casi 37 mil millones de pesos, según los datos más actualizados. Pero las otras entidades no se quedan atrás. En Quintana Roo, para 2005 en que Félix González Canto tomó posesión del cargo, la deuda pública era de mil 500 millones de pesos, y hoy, ésta se aproxima a los 22 mil millones de pesos con la reciente reestructuración que aprobó el nuevo gobierno.
En Nuevo León, al cierre de 2009, el exgobernador José Natividad González Parás dejó las arcas municipales con compromisos fiscales por más de 27 mil millones de pesos, monto 193 por ciento superior al que había en 2004 cuando empezó su gestión. Y en septiembre de 2010, cuando José Reyes Baeza Terrazas dejó la gubernatura de Chihuahua, la deuda pública del estado había llegado a 13 mil 261 millones de pesos, que en términos nominales es 869 por ciento superior a la que tenía en 2004.
En cuanto a Sonora, el exgobernador Eduardo Bours Castelo dejó pasivos por 11 mil 258 millones de pesos que implicó un incremento de 107 por ciento respecto a la deuda que recibió en 2004. En el caso de Tamaulipas, el exgobernador Eugenio Hernández Flores, quien concluyó su periodo el 31 de diciembre de 2010, dejó pasivos financieros por 9 mil 165 millones de pesos, es decir, 580 por ciento mayor de lo que heredó al cierre de 2004. Y en Veracruz, también a finales de 2010 cuando Fidel Herrera Beltrán dejó la silla, la deuda reportada era de 9 mil 289 millones de pesos, 163 por ciento superior a la que había en 2004.
Tragedias griegas. En abril pasado, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, el panista Ramón Galindo Noriega, advirtió que la deuda de estados y municipios es "una bomba de tiempo" porque los gobiernos están en bancarrota.
"Esto no se puede atender sólo con parches superficiales, respiros momentáneos, que no resuelvan el problema de fondo y que por el contrario a la vuelta de unos años estemos en el mismo problema o peor", destacó.
El senador por Chihuahua adelantó que ya se había iniciado la investigación sobre los datos de la deuda de los estados y que se habían encontrado situaciones espeluznantes, pues además de los 315 mil millones en que entonces se situaba la deuda global de municipios y estados, se había encontrado con que 150 mil millones de pesos más se habían ejercido de forma encubierta u oculta por parte de los estados, “no está registrada o al menos no está expuesta para el público o para sus propios congresos”.
Aunque 315 mil millones de pesos representan apenas el 2.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México, la deuda alcanza ya el 56 por ciento del total de los ingresos anuales de los estados, en 2007 esta deuda rozaba apenas el 41 por ciento.
Para dimensionar qué tanto quedaron comprometidos los recursos públicos de los gobiernos deudores, el senador panista por Chihuahua añadió que el saldo de las obligaciones financieras subnacionales registrado en 2010 representaba el 72 por ciento de los recursos que el gobierno federal les transfirió por medio del Fondo General de Participaciones (esto es, 437 mil 334 millones de pesos) y el 92 por ciento de lo que se pagó por el concepto de pensiones (es decir, 343 mil 350 millones de pesos).
Esta situación ha ocasionado que los límites presupuestales se estrechen cada vez más y ha generado un temor de la SHCP –con toda razón– de que algunos estados caigan en la morosidad al no cumplir con los pagos, pues las deudas son a corto plazo y sus ingresos resultan inferiores a sus gastos, como lo que ha estado pasando en Grecia e Italia y que han hecho cimbrar a la Unión Europea.
Las barbas del vecino. El pasado 2 de diciembre el entonces líder del PRI, Humberto Moreira, quien llegó con altivez al cargo luego de gobernar Coahuila y de dejar en el puesto a su hermano Rubén Moreira, anunció su renuncia para aclarar el endeudamiento de la entidad que estuvo bajo sus riendas. Este caso estalló en agosto pasado, cuando se conoció que el endeudamiento del estado había pasado de 323 millones de pesos, en 2005, a casi 37 mil millones de pesos en 2011.
La SHCP interpuso una denuncia ante la PGR por la contratación irregular de créditos que elevaron la deuda pública, además la fiscalía anunció en noviembre la apertura de una investigación al respecto. Según las investigaciones que continúan en marcha, el gobierno estatal falsificó decretos del Congreso para aprobar el endeudamiento.
La investigación ya tuvo sus primeros implicados. Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), fue detenido por la policía para comparecer ante las autoridades por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso de documentos falsos y equiparado al fraude por simulación de actos jurídicos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) acusa a Villarreal Hernández de haber intervenido en la irregular contratación de créditos por 3 mil millones de pesos con los bancos del Bajío y Santander, para lo cual utilizó documentación falsa consistente en dos decretos falsificados que autorizaban la contratación de deuda.
La SHCP tiene registrada la deuda de Coahuila, de 2007 a 2011, en ocho expedientes que constan de mil 500 hojas. La dependencia federal pretende mantener estos documentos bajo reserva por 12 años y se encuentran en el Registro de Obligación de los Empréstitos de las Entidades Federativas, éstos corresponden a las participaciones federales que la dependencia habría entregado al gobierno de Humberto Moreira.
La reserva no es compartida por Ángel Trinidad Zaldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), para quien no se justifica dicho margen de tiempo, pues con esa información se podrá saber si la documentación que le fue entregada a dicha dependencia era o no suficiente para inscribir la deuda en el registro y deslindar responsabilidades.
Por otro parte, las autoridades financieras del país se preocupan por saber de dónde sacarán dinero los estados para atender las necesidades de su población y para pagar las deudas adquiridas. Carlos Garza Cantú, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (USEF) de la SHCP, dice: “Esta situación de crisis va a generar que estemos obligados a rediseñar el esquema tributario nacional, empezar a ver si es lo más correcto lo que le está pasando al país, o si debamos empezar a que el impuesto al consumo se diseñe de manera diferente a como lo estamos haciendo".
Otro de los temores de las autoridades hacendarias es la posibilidad de que las entidades se declaren en moratoria y que no puedan pagar la deuda adquirida, como pasó hace un año cuando Zacatecas no pagó un crédito de corto plazo y, en febrero de este año, el Banco Interacciones lo envió al buró de crédito por un adeudo de 110 millones de pesos. Las autoridades prevén que de no hacer algo la morosidad de las entidades se dispare de alarmante manera.
El panorama se complica aún más para los estados que ofrecieron no cobrar Tenencia a partir de enero de 2012, como el Distrito Federal, el estado de México y Quintana Roo, donde al no poder echar atrás su promesa, ahora establecen condiciones de estar al corriente de sus pagos del Impuesto Predial o que buscan recaudar los ingresos vía del impopular Programa de Verificación Vehicular, como ocurre en la última entidad.
