Unas 300 familias romaníes corren peligro de perder sus casas después de que las autoridades locales de Baia Mare hayannotificado la orden de desalojo y demolición de los asentamientos de Craica, Garii y Pirita. Está previsto que el desalojo dé comienzo en torno al 3 de mayo.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades locales tienen intención de trasladar a unas 70 familias de Craica que han accedido a ser reasentadas en un antiguo edificio de oficinas de la fábrica industrial conocida como CUPROM. Las demás familias de Craica se niegan a dejar sus hogares y aceptar el reasentamiento. Puesto que no se les ha ofrecido ninguna otra vivienda alternativa, corren peligro de quedar sin hogar. A las familias que viven en los otros dos asentamientos Pirita y Garii no les han dado ninguna indicación ni detalles sobre una vivienda alternativa, datos que tampoco se han hecho públicos. Los planes de las autoridades locales de desalojar a los romaníes de los asentamientos informales de Craica, Pirita y Garii no cumplen las salvaguardias establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las relativas a una consulta auténtica y a la obligación de proporcionar una vivienda alternativa.
Las personas y las familias que no estén inscritas como residentes de Baia Mare serán devueltas a sus lugares de origen. La decisión de tomar medidas contra quienes carezcan de documentos de identidad inscritos en Baia Mare, si se pone en práctica, constituirá una medida punitiva que ataca de forma deliberada y discriminada a quienes carecen de residencia u otra condición jurídica. También violará su derecho a la libertad de circulación y a elegir su lugar de residencia.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en rumano o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades municipales a detener los desalojos hasta que se lleve a cabo una consulta auténtica con las comunidades afectadas para identificar todas las alternativas factibles al desalojo y las opciones de reasentamiento, y hasta que se proporcione a todas las personas afectadas una vivienda alternativa adecuada, de acuerdo con lo establecido por el derecho de los derechos humanos;
- Instando a las autoridades municipales a garantizar que los desalojos de las comunidades que actualmente residen en Craica, Pirita y Garii se realizan únicamente como último recurso y cumpliendo plenamente las normas internacionales de derechos humanos;
- Instándolas a garantizar que no se devuelve a nadie a su lugar de origen, ni se le impide a nadie el regreso.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 3 DE MAYO DE DE 2012 A:
Alcalde de Baia Mare
Catalin Chereches
Primaria Municipiului Baia Mare
Str. Gh. Sincai nr. 37, etaj 1, cam. 9
Baia Mare, Rumania
Fax: + 40 262 212 332
Correo-e.: primar@baiamarecity.ro
Tratamiento: Dear Mayor / Sr. Alcalde
Primer Ministro
Mihai Razvan Ungureanu
Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1
Sector 1, Bucuresti, Rumania
Fax: + 40 213 13 98 46
Correo-e.: drp@gov.ro
Tratamiento: Dear Prime Minister / Sr. Primer Ministro
Y copia a:
Prefecto de Maramures
Sandu Pocol
Institutia Prefectului-Judetul Maramures
Str. Gheorghe Sincai nr. 46
430311, Baia Mare, Romania
Fax: + 40 262 213241
Correo-e.: prefect@prefecturamaramures.ro
Tratamiento: Dear Prefect / Sr. Prefecto
Envíen también copia a la representación diplomática de Rumania acreditada en su país.
EMBAJADA DE RUMANIA
Excmo. Sr. Ion VILCU
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Avenida de Alfonso XIII, 157 28016 - MADRID
Fax: 91 345 29 17
E-mail: secretariat@ embajadaderumania.es
www.madrid.mae.ro
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Craica, Pirita y Garii son tres de los asentamientos informales en los que residen familias romaníes en Baia Mare. Otros de esos asentamientos son Horea, Ferneziu y Valea Borcutului. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Baia Mare en diciembre de 2010 y octubre de 2011 y se reunió con residentes romaníes de los asentamientos informales de Craica, Ferneziu y Horea. En los tres, las familias romaníes viven en condiciones inadecuadas y carecen de acceso a servicios básicos como un suministro adecuado de agua e instalaciones de higiene. Los romaníes con los que Amnistía Internacional habló en las zonas de Ferneziu y Craica expresaron su inseguridad a causa de la amenaza constante de desalojo, derivada de la falta de tenencia formal, y a causa también de la ausencia de información adecuada sobre decisiones que afectan a sus vidas.
En dos ocasiones anteriores, Amnistía Internacional se ha opuesto a los planes anunciados por la municipalidad de desalojar forzosamente a cientos de romaníes y otras personas desfavorecidas socialmente de los asentamientos informales de Craica, Ferneziu, Horea y Valea Borcutului. En julio de 2010, el entonces vicealcalde anunció planes de desalojar forzosamente a más de un millar de romaníes del barrio de Craica y reasentarlos en un polígono industrial a las afueras de Baia Mare, sin salvaguardias adecuadas que garantizaran el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. En agosto de 2011, el actual alcalde de Baia Mare anunció un plan para desalojar de cuatro zonas de la ciudad a cientos de romaníes y otras personas desfavorecidas socialmente que no tuviesen documentos de identidad inscritos en Baia Mare, y devolverlos a sus lugares de origen. Hubo enérgicas respuestas no sólo de ONG nacionales e internacionales, sino también de la Embajada de Estados Unidos en Bucarest. En ambas ocasiones, los planes se retiraron.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por que los desalojos planeados sin salvaguardias adecuadas constituirán desalojo forzoso, prohibido por el derecho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en fecha tan reciente como el 24 de abril de 2012, resolvió, en una decisión histórica, que la expulsión de una comunidad romaní de las tierras que ocupaba informalmente en Bulgaria sería ilegal. El Tribunal subrayó que, si una comunidad vivía en un lugar durante varios años, las autoridades no debían tratar el caso como otros casos rutinarios de expulsión […] de propiedades ocupadas ilegalmente. En lugar de eso, las autoridades tienen la obligación de demostrar que el desalojo es proporcionado al fin que se desea alcanzar. Las autoridades tienen además que tener en cuenta el riesgo de que las personas queden sin hogar a consecuencia del desalojo. Esta resolución debe actuar como una guía clara para todos los países que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre ellos Rumania, respecto a cómo deben abordar la cuestión del derecho de la comunidad romaní a la vivienda, independientemente de su situación respecto a la tenencia. Además de en el Convenio, Rumania es parte en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos que estipulan de forma estricta su obligación de prohibir los desalojos forzosos, abstenerse de llevarlos a cabo, e impedirlos. Entre esos tratados figuran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Carta Social Europea revisada. En su Observación general 7, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha subrayado que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, cuando se han estudiado todas las demás alternativas posibles. Incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, éste sólo puede llevarse a cabo cuando se hayan establecido las oportunas protecciones procedimentales, y cuando se indemnice por todas las pérdidas y se proporcione una vivienda alternativa adecuada a todas las personas afectadas. Según las normas internacionales, los desalojos no deben llevarse a cabo cuando el tiempo sea especialmente malo o de noche, y debe permitirse el acceso a observadores independientes mientras tienen lugar. En virtud del derecho internacional, los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas no deben utilizarse como medida punitiva contra personas que carecen de residencia o de otra condición jurídica.
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Rumania tiene la obligación de garantizar a todas las personas que residen legalmente en su territorio el derecho a circular libremente por él y a elegir su lugar de residencia.
AU: 116/12 Índice: EUR 39/005/2012 Fecha de emisión: 25 de abril de 2012
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.
Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
Secretariado Estatal
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