CORPUS CHRISTI, Texas - Un ex gobernador de Coahuila, México, se declaró culpable por su papel en un plan de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público, anunció el fiscal estadounidense Ryan K. Patrick.
Jorge Juan Torres-López, de 66 años, admitió haber realizado transacciones financieras en los Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió, a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila.
Torres-López trabajó para el gobierno mexicano de 1994 a 2011. Sus cargos incluyeron el de director general de Promoción y Desarrollo, secretario de Finanzas del estado de Coahuila, presidente municipal de Saltillo y gobernador interino de Coahuila.
Aproximadamente en diciembre de 2005, Héctor Javier Villarreal-Hernández fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto para el estado de Coahuila. En ese momento, Torres-López era su supervisor. En julio de 2008, Villarreal-Hernández fue nombrado secretario de finanzas de Coahuila, donde permaneció hasta su renuncia en agosto de 2011.
Como parte de su declaración, Torres-López acordó entrgar una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos.
La jueza de distrito de EE. UU., Nelva González Ramos, emitirá la sentencia el 10 próximo de septiembre.
Torres-López enfrenta una pena de hasta 20 años en prisión federal y una posible multa de 500, mil dólares, el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en la transacción o ambos.
El ex-gobernador fue detenido en México el 5 de febrero de 2019, donde permaneció hasta su extradición a los Estados Unidos el 29 de octubre de 2019. Permanecerá bajo custodia en espera de su sentencia.
Villarreal-Hernández, de 49 años, de Saltillo, Coahuilla, México, también ha sido condenado en los Distritos Sur y Oeste de Texas por delitos de lavado de dinero y también está a la espera de la sentencia.
Varias agencias llevaron a cabo la investigación de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado contra las Drogas denominada Operación Político Junction para incluir la Administración de Control de Drogas, IRS - Investigaciones de Seguridad Criminal, Inmigración y Aduanas, FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU.
El Fiscal General de la República de México brindó una asistencia considerable. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de la División Criminal del Departamento también ayudó.
Los fiscales federales adjuntos Jon Muschenheim y Lance A. Watt están procesando el caso.
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