LA CAMPAÑA DEL DINERO SUCIO

MEXICO SEGUN LOS GRINGOS

PROPONE ENVIO DE TROPAS EU A MÉXICO

Manchester. El gobernador de Texas, Rick Perry, en plena campaña por la nominación republicana a la Presidencia, anunció este sábado que consideraría enviar tropas estadounidenses a México para combatir la creciente violencia en la guerra contra el narcotráfico y evitar así que se expanda a los estados sureños de Estados Unidos.

“Es una situación que podría requerir nuestra presencia militar en México”, dijo Perry en respuesta a una pregunta sobre la creciente amenaza de la narcoviolencia en la frontera sur. Perry no dio detalles, pero el vocero Robert Black expuso después que el envío de tropas sería una de las formas de poner fin a la explosiva violencia de la región.

De acuerdo con Black, la intención de Perry sería trabajar con el gobierno mexicano; sin embargo, declinó especificar si Perry estaría dispuesto a enviar tropas a México con o sin el consentimiento del país vecino.
“Si fuera Presidente, haría lo que fuera necesario. Lo que el Gobernador dijo fue: ‘Voy a trabajar con el gobierno mexicano para hacer lo que sea necesario’”, comentó Black.

Los comentarios de inmediato suscitaron especulación sobre lo que verdaderamente quiso decir Perry y las implicaciones de éstos en la relación bilateral con el vecino del sur.

El tema también abre la puerta al escrutinio acerca de la posición de Perry sobre intervenciones militares de Estados Unidos en general. El Gobernador ha criticado al presidente Barack Obama por su manejo de operaciones militares en Afganistán y otros países. Este sábado, en el mismo acto de campaña donde Perry hizo sus comentarios sobre México prometió nunca enviar tropas a otro país sin una estrategia detallada para obtener la victoria y retirarse de inmediato.

De lo que no hay duda es de que se trata de un tema de angustiante en la actualidad, ya que los reportes desde México indican que la violencia relacionada con el tráfico de drogas está por todos lados, por ejemplo, el caso de 35 cuerpos de personas quienes habían sido torturadas y que fueron arrojadas en una calle del puerto de Veracruz en el Golfo de México.

Adicionalmente, el presidente de México, Felipe Calderón, hizo un llamada a Estados Unidos la semana pasada para que aporte más apoyos en el combate contra los cárteles del narcotráfico. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Calderón dijo que las “naciones consumidoras” como Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo de drogas ilegales, deben trabajar más para enfrentar la violencia.

Después del discurso de Calderón ante la ONU, la Casa Blanca prometió mantener “nuestro nivel histórico de cooperación con México, conforme realizamos nuestro mejor esfuerzo por proteger la salud pública y la seguridad de los ciudadanos en ambos lados de la frontera”.

Michael O’Hanlon, experto en Seguridad y Defensa con la Brookings Institution, dijo que la propuesta de Perry tiene precedentes, ya que la Guardia Nacional hoy patrulla la frontera, pero si lo que sugiere Perry es enviar tropas a territorio mexicano, eso sería inaceptable para México.

Perry estuvo en New Hampshire para una gira de campaña de dos días, su cuarta desde que declaró su intención de contender por la nominación presidencial republicana. (El Economista)

FRENTE A LA CASA BLANCA... MEXICANAS EN HUELGA DE HAMBRE

Un grupo de 13 mujeres mexicanas han iniciado este lunes una huelga de hambre frente a la Casa Blanca para exigir al presidente estadounidense, Barack Obama, mayor atención a la situación de violencia que vive la fronteriza Ciudad Juárez, donde han sido asesinadas más de 2.700 personas en lo que va de año.

"Ya nos cansamos de pedir ayuda allá. Ahora esperamos que el presidente Obama escuche nuestra súplica, queremos que sepa que en la frontera no sólo hay muerte y violencia", afirmaron las mujeres mientras mostraban mensajes en inglés pidiendo "Justicia y desarrollo en la frontera" y acciones gubernamentales contra el crimen organizado y el desempleo en esa violenta zona de México.

Las mujeres, que viajaron más de tres días para llegar a Washington, han advertido de que no levantarán el ayuno hasta que no sean consideradas sus exigencias, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

"La violencia se ha convertido en la capa más reciente de esa realidad, donde la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y la pésima educación ya nos venían arrinconado", aseguró Rubí, una de las manifestantes.

Otro de los objetivos es poder hacer llegar a Obama una carta en la que exponen las preocupaciones de las cientos de miles de mujeres que viven atemorizadas en Ciudad Juárez, por los constantes feminicidios que se registran en esa localidad fronteriza con Estados Unidos y por los hechos de violencia en El Paso, Texas.

Las manifestantes, miembros de una organización denominada "La Mujer Obrera", critican que Obama haya autorizado unos 600 millones de dólares (433 millones de euros) para reforzar la seguridad en la frontera sin que hasta la fecha los habitantes de esa peligrosa zona hayan visto sus beneficios.

"Primero fue el Tratado de Libre Comercio que provocó el cierre de muchas fábricas. Y ahora la militarización y la violencia de la guerra contra los cárteles", lamentaron, según declaraciones recogidas por 'El Universal'.

Las 13 mexicanas se instalarán a diario durante unas horas en los jardines de la Casa Blanca, pero en la noche dormirán en una iglesia que les ha ofrecido refugio. Durante la huelga de hambre, sólo se les suministrará agua y sueros en dosis necesarias para mantenerlas activas.

MÁS DE 2,700 ASESINATOS

Con el asesinato de 352 personas durante el pasado mes de octubre, la cifra de homicidios registrados en Ciudad Juárez ascendió a 2.756, superando el total de homicidios registrados en el año 2009, según datos divulgados por medios locales.

La escalada de crímenes promovidos por el narcotráfico colocan a Ciudad Juárez como la localidad más peligrosa de México y una de las de mayor violencia en el mundo, obligando a miles de personas a desplazarse a otras ciudades o emigrar a Estados Unidos.

A pesar de los esfuerzos del presidente mexicano, Felipe Calderón, para combatir militarmente a los cárteles de la droga, el número de fallecidos ha logrado máximo históricos en los últimos tres años. En 2009 se registraron 2.754 asesinatos, un 70 por ciento más de los casos contabilizados en 2008.

Desde que Calderón asumió el poder en 2006, más de 28.000 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado registrados en diferentes estados de México.

COMO REDUCIR LA VIOLENCIA EN MEXICO

Eduardo Guerrero Gutiérrez  / NEXOS

La violencia no es un mal divino sino una creación humana y, como tal, puede “administrarse”, “contenerse”, “regularse” y, desde luego, “disminuirse”. En este artículo Eduardo Guerrero explora las tendencias y resortes de la violencia mexicana y los principios que deben guiar los esfuerzos para disminuirla. Para contenerla y reducirla, debe ser primero entendida.
 
La tendencia nacional (2001-2012)


Se ha dicho que México ya arrastraba el crimen organizado desde el sexenio anterior. Esto sólo es parcialmente cierto: de 2001 a 2007 el número de homicidios vinculados con el crimen organizado se movió en un rango relativamente bajo: entre mil y dos mil 300 ejecuciones aproximadamente.1 Por contraste, entre 2008 y 2010 la violencia registró un aumento drástico: cinco mil 207 ejecuciones en 2008; seis mil 587 en 2009 y quizá unas 11 mil 800 en 2010.2

Si examinamos la evolución mensual de las ejecuciones, es posible distinguir dos grandes olas de violencia sin precedentes: la primera está ligada a la detención de Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo, y al consecuente desprendimiento de sus hermanos del Cártel de Sinaloa. La segunda ola está ligada a la muerte de Arturo Beltrán Leyva El Barbas durante un operativo militar. Así pues, el súbito y radical aumento de la violencia entre mayo y noviembre de 2008, y entre diciembre de 2009 y mayo de 2010, está asociado al arresto o eliminación de dos capos de la misma organización (gráfica 1).

El arresto o eliminación de un capo de una gran organización criminal suele propiciar su división, lo que ocasiona el nacimiento de nuevas organizaciones. Como lo mostraré más adelante, el nacimiento de una nueva organización criminal trae aparejado, en un entorno competitivo, varios detonantes de violencia. El aumento súbito y sistemático de la violencia desde mayo de 2008 hasta junio de 2010 ha sido imparable. De continuar la misma tendencia, 2010 podría finalizar con casi el doble de ejecutados registrados en 2009.

Las tendencias en los estados

En los estados las tendencias de la violencia durante el primer semestre de este año son preocupantes. En 21 de las 32 entidades federativas la violencia muestra una tendencia al alza. Aunque Sinaloa, Michoacán, Sonora y Baja California exhiben tendencias descendentes, sus niveles de violencia continúan siendo altos.

Los estados con más altos niveles de violencia durante la primera mitad de 2010 fueron Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Baja California, Coahuila y Jalisco. Estos 12 estados acumularon alrededor del 90% de las ejecuciones en dicho periodo. Cabe apuntar, por último, que un nuevo ingrediente de la violencia en la esfera estatal es la voluntad y capacidad de algunas organizaciones criminales de asesinar a políticos estatales de primer nivel, como lo dejó en claro la ejecución de Rodolfo Torre, virtual gobernador de Tamaulipas, pocos días antes de celebrarse la elección.

La violencia municipal

Como lo ha indicado el gobierno federal, el 80% de las ejecuciones registradas entre diciembre de 2006 y julio de 2010 han ocurrido en 162 de los dos mil 456 municipios del país. Sin embargo, sólo cuatro municipios concentran el 36% de las ejecuciones: Ciudad Juárez el 20%, y Culiacán, Tijuana y Chihuahua juntas el 16%.

A nivel municipal la violencia se concentra espacialmente en seis clusters (o apiñamientos3) municipales. En el cuadro 1 se enlistan los municipios que integran cada uno de estos clusters y en el mapa se indica su ubicación en el territorio nacional.

Por último, conviene mencionar un nuevo fenómeno de la violencia municipal: la ejecución de alcaldes. En los primeros 10 meses de 2010 han sido ejecutados 11 alcaldes. Esta serie de ejecuciones es parte de las acciones del crimen organizado para intimidar a las autoridades. ¿Qué nos dice el hecho de que ahora sucedan y antes no? Posiblemente estos asesinatos indican que una fracción de las autoridades municipales (no sabemos su tamaño) han empezado a trabajar activamente contra las organizaciones criminales o que, simplemente, se rehúsan a colaborar con ellos. Ambas hipótesis son esperanzadoras.

Ciudad Juárez: Causas y mecanismos de la violencia

Dadas las dimensiones extraordinarias alcanzadas por la violencia en Ciudad Juárez, es quizás ahí donde podemos apreciar con mayor nitidez los mecanismos internos que la desencadenan. Juárez es, por mucho, el municipio más violento del país. En lo que va de este gobierno (enero de 2007-junio de 2010) se han registrado alrededor de cuatro mil 500 ejecuciones. A mediados de 2008 el número de ejecuciones en Juárez se elevó hasta abarcar el 20% de este tipo de homicidios a nivel nacional. La tendencia ascendente se mantuvo a lo largo de 2009 y 2010. Previsiblemente, Ciudad Juárez cerrará este año con dos mil 861 ejecuciones, es decir, alrededor del 21% del total de ejecuciones proyectadas para 2010 a nivel nacional.4

¿Cómo llegó la violencia a Ciudad Juárez? ¿Por qué las ejecuciones aumentaron exponencialmente? Como detonantes de la violencia en Juárez pueden distinguirse cuatro grandes secuencias:

Arresto de Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo Desprendimiento de la organización de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa Montaje de una coalición de organizaciones (Beltrán Leyva-Zetas-Juárez) para desplazar al Cártel de Sinaloa del paso transfronterizo Ciudad Juárez-El Paso. Esta secuencia de hechos tuvo el efecto de encender el conflicto en Ciudad Juárez. Por ello, los categorizo como efecto combustión.

Los cárteles contratan sicarios para sostener la guerra Se da un reclutamiento masivo de pandillas Las pandillas de Ciudad Juárez se alinean con los bandos en conflicto Los cárteles proveen de armas a las pandillas. Esta secuencia de hechos tiene el efecto de amplificar el conflicto, al engrosar los recursos humanos y el armamento con que cuentan los bandos en disputa, por eso es que los categorizo como efecto amplificación.

Ningún bando tiene capacidad suficiente para derrotar al otro Las autoridades no intervienen en la confrontación directa de los bandos Las instituciones de seguridad y procuración de justicia no tienen capacidad para prevenir, detectar e investigar la gran mayoría de los hechos violentos, ni para sancionar a culpables. Hay pocos arrestos y éstos son de carácter aleatorio. Prevalece la impunidad. Estos hechos tienen como efecto escalar el conflicto y multiplicar la violencia. Los categorizo por eso como efecto escalamiento.

Al acentuarse, la violencia incorpora más organizaciones criminales y más pandillas en las filas de cada bando El descabezamiento de tales organizaciones y pandillas propicia su fragmentación Se registra el desplazamiento territorial de algunas organizaciones y pandillas por la dinámica de las disputas. Estos hechos tienen el efecto de derramar o contagiar la violencia a espacios donde no existía previamente, con lo que aumenta el número de colonias, localidades o municipios con violencia: se ensancha el área en que se registran ejecuciones. Categorizo este ensanchamiento como efecto derrame.

Las cuatro secuencias y efectos anteriores ayudan a entender la dinámica de la violencia en Juárez. Conviene apuntar, además, otros factores clave para que aparezca y se multiplique la violencia en Juárez: la ubicación de la ciudad, sus altos índices de rezago social y baja calidad de vida, su escaso desarrollo humano, la presencia abrumadora de pandillas juveniles y la asombrosa ineficacia policial.

1. Factor ubicación. Ciudad Juárez es un municipio muy codiciado por los narcotraficantes pues es el punto de cruce fronterizo mejor ubicado para trasladar, desde El Paso, Texas, droga tanto a ciudades del este como del oeste de Estados Unidos.

2. Factor rezago social. Se registran en Juárez altos índices de polarización social, exclusión educativa y pobreza extrema. Hay también un tremendo déficit habitacional y de desarrollo urbano, y elevados niveles de drogadicción y prostitución. Alrededor de 120 mil jóvenes de entre 13 y 24 años no tienen acceso al aparato escolar ni al mercado laboral.5

3. Factor calidad de vida y desarrollo humano. El número de colonias afectadas por la violencia y el crimen en Juárez ha aumentado gradualmente en los últimos tres años. Han sido identificadas 14 zonas críticas en las que se registran los más altos niveles de crimen y violencia. No es una coincidencia que en estas zonas se encuentren las colonias con las calificaciones más bajas en los indicadores de vivienda e infraestructura de servicios públicos. Además, en estas colonias se registra también la mayor carencia de escuelas, de instituciones de educación media superior y de áreas verdes y recreativas.6

4. Factor pandillas. Juárez registra una muy alta presencia de pandillas. En el municipio existen alrededor de 500 pandillas con una membresía total aproximada de entre 15 mil y 25 mil personas. 30 pandillas son consideradas de alta peligrosidad por su gran capacidad de violencia. Entre éstas se cuentan Barrio Azteca, Los Mexicles, Los Bufones, Los Artistas Asesinos, Barrio el Silencio, Killer 13, Los Lobos, Los Veteranos, La Quinta, Los Diablos, Bajo 13 y Los Locos. Estos grupos cuentan con refinados métodos de comunicación y operación. Barrio Azteca y Los Mexicles, las pandillas más grandes, mantienen alianzas con los cárteles de Juárez y Sinaloa, respectivamente.

5. Factor ineficacia policial. La alta presencia policial que registra actualmente Ciudad Juárez no ha podido frenar el ímpetu de la violencia. Hoy Ciudad Juárez cuenta con 4.3 policías federales por cada mil personas, por lo que se ubica muy por encima del promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes recomendado por las Naciones Unidas.7 Si a esta cifra sumamos el número de policías estatales y municipales el promedio sería aún mayor.

La producción de la violencia

La estrategia actual del gobierno mexicano para debilitar a las organizaciones criminales está dirigida a fragmentarlas. Una acción recurrente para lograr tal división es el arresto de sus jefes. Tales arrestos generan dos efectos casi simultáneos que fracturan a las organizaciones y las dispersan geográficamente: primero, desencadenan crisis internas de sucesión; segundo, propician la conducta oportunista de sus adversarios, quienes aprovechan la crisis momentánea para atacarla.

El aumento de la violencia provocado por las divisiones o desprendimientos de una organización criminal se propaga durante largos periodos por tres factores principales:

1. La construcción de reputación de las nuevas organizaciones. La vía natural de una organización criminal naciente para sobrevivir es especializarse rápidamente en el uso de la violencia y ejercerla intensivamente para construirse una reputación y sobrevivir. La construcción de reputaciones es un factor clave para explicar el escalamiento de la violencia. De igual manera, “salvar” la reputación mueve a las organizaciones establecidas a desplegar actos de agresión altamente violentos cuando se sienten amenazadas.8

2. El surgimiento de nuevas organizaciones rompe equilibrios preexistentes y genera nuevas equilibrios. La aparición de nuevas organizaciones tiene un efecto desequilibrador entre organizaciones criminales con presencia nacional o local. El rompimiento de equilibrios preexistentes y la generación de nuevos equilibrios desata, frecuentemente, olas de violencia de magnitud nacional o local.

3. Generación de dinámicas de competencia en las que la capacidad de violencia es un factor clave para ganar. Una vez que la capacidad de violencia se ha convertido en el medio esencial para conquistar territorios y defenderlos, las organizaciones competidoras buscan especializarse también en el uso de la violencia para vencer y desplazar a las organizaciones más violentas. Esto propicia un aumento global de las capacidades de violencia de las organizaciones criminales y, con ello, un incremento de conflictos y mayor frecuencia e intensidad de hechos violentos.

Una fuente de información que da algunas claves sobre las motivaciones de la violencia son las cartulinas con mensajes escritos dejadas junto a los asesinados. Con base en una muestra de 177 mensajes encontrados en 149 cartulinas de este tipo puede delinearse una primera clasificación de las causas de las ejecuciones (cuadro 2).

Fases de la violencia

Según la experiencia mexicana reciente y la teoría sobre crimen organizado, el ciclo de vida de una organización criminal posee cinco fases en las que la violencia es utilizada intensivamente.

En la primera fase la violencia es indispensable para conquistar el territorio que la nueva organización criminal busca dominar o controlar. En este territorio la organización operará y cobrará rentas a otras organizaciones criminales que lo quieran utilizar para diversos fines (narcomenudeo, trasiego de drogas, etcétera). Aquí el nivel de violencia en el área estará determinado por el grado de resistencia que la nueva organización encuentre por parte de una organización rival o de la policía local.

En la segunda fase, una nueva organización logra establecerse en un territorio determinado. En ese momento, la nueva organización usa la violencia para “limpiar” el área de criminales de baja estirpe, de pandilleros que por alguna razón no se les han unido o de secuestradores que trabajan para otras organizaciones.

En la tercera fase la organización criminal se enfrenta con delincuentes y organizaciones delictivas más pequeñas que utilizan su nombre para extorsionar, haciéndose pasar por empleados de la organización más grande para cobrar rentas. En algunos casos, el surgimiento de estas organizaciones “pirata” es masivo, lo que propicia una ofensiva de la organización mayor y auténtica contra ellas.

En la cuarta fase la organización establecida debe defenderse del asedio policial y de organizaciones rivales. La organización ya ha sido detectada por las autoridades y compiten con ella otras organizaciones que buscan arrebatarle su territorio. La violencia también se genera cuando esta misma organización busca expandirse a otros territorios.

Finalmente, en la quinta fase un directivo de la organización es arrestado o asesinado. Esto genera sospechas de traición que conducen a purgas internas y desprendimientos de personal que duran semanas o meses. La organización sufre también ataques de otras organizaciones que intentan capitalizar su crisis interna. La división de la organización generada en esta fase da lugar al nacimiento de una o varias organizaciones con lo que se cierra el ciclo de vida de la organización original e inicia el ciclo de vida de las nuevas organizaciones. En caso de perdurar —debido a que “sólo” experimentó desprendimientos— la organización original es “nueva” en el sentido de que deberá adaptar su existencia a una nueva condición (gráfica 2).

Como se puede apreciar, las varias fases del ciclo de vida de una organización criminal requiere el uso intensivo de varios tipos de violencia. No es de extrañar, entonces, que la continua división que se registra en México de organizaciones criminales con presencia nacional, regional o local, traiga consigo el aumento y la diversificación de la violencia.

¿Cómo reducir la violencia?

México tiene el reto colosal de contener y reducir la violencia y combatir además eficazmente al crimen organizado. Esto significa no sólo reducir las tasas de homicidios vinculados al crimen organizado, sino reducir también las de secuestro y la extorsión, los delitos del crimen organizado que más duelen a la sociedad.

Las preguntas fundamentales a responder son:

¿Qué decisiones debe tomar el gobierno mexicano para que el mercado de las drogas y las organizaciones criminales establecidas en nuestro país causen el menor daño posible a la sociedad? ¿Qué acciones debe tomar el gobierno mexicano para que tales organizaciones modifiquen su comportamiento?

En varias ciudades del mundo se han puesto en práctica programas para reducir la violencia con resultados alentadores. Los revisaremos adelante, pero antes conviene preguntarse qué nos enseña hasta ahora la experiencia mexicana.

El gobierno actual ha tenido dos grandes aciertos en su estrategia de seguridad:

Primero, colocar el tema del combate al crimen organizado como un asunto central de la agenda de seguridad nacional. No siempre los gobiernos tienen la claridad y la sensibilidad para ponderar debidamente la gran amenaza que representa el crimen organizado para una sociedad. Y no siempre tienen la valentía y el arrojo necesarios para enfrentar al crimen organizado.

Segundo, el gobierno federal también ha acertado en impulsar una agenda de fortalecimiento institucional del sector seguridad que, aun cuando no ofrece resultados en el corto plazo, servirá de plataforma a futuros gobiernos para instrumentar programas más eficaces para combatir el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad nacional. Aquí el gobierno tomó la ruta correcta, larga pero ineludible: colocar los cimientos de una más sólida seguridad futura.

Sin embargo, el gobierno federal falló en dos temas cruciales: el diagnóstico del mal y el método para combatirlo. El gobierno supuso, equivocadamente, que las organizaciones criminales no tendrían capacidad para reaccionar ante el asedio gubernamental. Peor aún: el gobierno creyó que él mismo estaba en condiciones de iniciar la guerra en enero de 2007. Este error de cálculo ha implicado enormes costos para el país en términos de vidas humanas y bienestar. El incontrolable aumento de la violencia en varios puntos del país ha propiciado que la estrategia oficial se revierta en contra del gobierno mismo. Junto con la violencia crecen el secuestro y la extorsión, el consumo de drogas y la percepción pública de que la guerra se perdió.

Un diagnóstico defectuoso condujo a métodos inadecuados como los siguientes:

Echar a andar, simultáneamente, operativos militares y policiales en varios puntos del país, con la esperanza de que la sola presencia de soldados y policías actuaría como herramienta disuasiva.

Arrestar o eliminar en combate a unos cuantos capos con la idea de que ello bastaría para diluir la presencia de los cárteles.

Arrestar aleatoriamente a miles de presuntos delincuentes o decomisar cientos de cargamentos de drogas con la creencia de que eso minaría sensiblemente las capacidades criminales.

Todas estas decisiones han sido ineficaces y, en algunos casos, contraproducentes.

A mi juicio, faltó claridad en la definición del problema, realismo en el establecimiento de objetivos y capacidad para corregir la estrategia en el camino. La falta de colaboración de las autoridades estatales con la autoridad federal restó vigor y eficacia a la estrategia. Pero la construcción de un marco de colaboración y cooperación requería de un esquema de incentivos que el gobierno federal debió diseñar antes de romper las hostilidades.

La escalada de violencia que se cierne sobre varias ciudades del país es, en parte, un efecto de la estrategia de combate gubernamental; en parte, una consecuencia de la propia dinámica interna del crimen organizado; y, en parte, el resultado de la impunidad con que actúan los homicidas. Urge detener la expansión de la violencia, para lo cual conviene partir de algunos supuestos, algunos principios, algunas acciones y algunas experiencias internacionales.

Los tres supuestos

Supuesto 1: El gobierno tiene capacidades y recursos limitados, por lo que debe actuar en base a prioridades. El gobierno debe calcular con realismo qué puede lograr en los próximos años y qué no. Y debe tener también un ordenamiento claro de los problemas que debe resolver de acuerdo con su importancia y urgencia. Una de las grandes prioridades del gobierno debe ser, hoy, la disminución de la violencia.

Supuesto 2: La prioridad de la estrategia de seguridad debe ser la reducción de las ejecuciones. El indicador central para saber si la estrategia de seguridad va bien o va mal debe ser la frecuencia de ejecuciones. El criterio para calificar a una agencia policial o militar exitosa no será su capacidad para realizar un gran número de arrestos o decomisos, sino su capacidad para reducir las ejecuciones y, con ello, pacificar una zona.

Supuesto 3: La violencia debe reducirse en el corto, no en el largo plazo. Debe delinearse e implementarse una estrategia que busque la pronta y rápida reducción de la violencia. La autoridad no debe permanecer pasiva ante el escalamiento de la violencia bajo la falsa idea de que se trata de un fenómeno “inevitable”.

Los tres principios

Para disminuir la violencia, la actuación de las agencias gubernamentales debe regirse por los siguientes principios de actuación:9

Primer principio: Concentración dinámica de esfuerzos. Para que tengan efecto, los esfuerzos disuasivos deben concentrarse en un objetivo específico. La dispersión de esfuerzos impide modificar el comportamiento criminal (homicida, en este caso). Para disminuir la violencia, los esfuerzos de la autoridad deben concentrarse en acciones que eleven considerablemente el costo de asesinar. Si los criminales perciben que el costo de asesinar es cero o cercano a cero, las tasas de violencia tenderán a aumentar, lo que agravará a su vez el problema de la impunidad. Una vez dentro del círculo vicioso de la violencia, el reto es aumentar las capacidades de aplicación de la ley para que sea posible amenazar creíblemente a los delincuentes.10 El reto está en adquirir, aunque sea momentáneamente, capacidades adicionales suficientes para reducir la violencia.

La propuesta de Kleiman para adquirir tales capacidades y recursos es la “concentración dinámica”.11 Consiste en seleccionar una zona específica de alta violencia, tomar temporalmente capacidades y recursos invertidos en otras áreas de gobierno y concentrarlos en el área específica. Con ello se envía el mensaje a las organizaciones, pandillas o delincuentes violentos de esa zona o a una organización en especial que su comportamiento no será tolerado, lo que tenderá a reducir sus acciones violentas. Una vez que los niveles de violencia disminuyan, el aumento temporal de las capacidades de aplicación de la ley cesa en el área o en la organización en la que ya se aplicaron, para dirigirse y aplicarse en otra zona u organización altamente violenta, y así sucesivamente.

Si la aplicación de la ley estuviera enfocada en las organizaciones criminales más violentas, en lugar de las más grandes, más visibles o más vulnerables, una organización criminal revaloraría los beneficios de la violencia como una herramienta útil de negocios frente a la desventaja de convertirse en un objetivo de las agencias policiales y militares. El trabajo concentrado y persistente de la autoridad por un periodo determinado contra las organizaciones o individuos más violentos acabaría por excluirlos del mercado de drogas con mayor frecuencia que sus competidores menos violentos, lo que terminaría por favorecer la prevalencia de un mercado pacífico de drogas. Como dice Kleiman, para desestimular el uso de la violencia debe crearse una “desventaja competitiva” para aquellas organizaciones más violentas comparadas con sus competidoras que utilizan menos violencia, pues algunas empresas criminales “son más proclives que otras a disparar en el arreglo de disputas, para eliminar la competencia o para defenderse de las agencias de seguridad”.12

Las estrategias para reducir la violencia difieren drásticamente de las estrategias diseñadas para elevar los precios o bajar los volúmenes de drogas. En lugar de capturar a los traficantes que mueven mayores volúmenes de droga o que son más fáciles de arrestar, las agencias de seguridad deben recabar información que les indique cuáles son las organizaciones o quiénes son los individuos más inclinados a utilizar la violencia para concentrar sus esfuerzos en la supresión de estas organizaciones e interrumpir, con ello, la dinámica de la violencia en una zona o localidad.

Segundo principio: Castigos certeros y rápidos en lugar de severos. Los delincuentes tienden a ser individuos que valoran más la gratificación presente que el castigo futuro. Por tanto, mientras más tiempo medie entre la violación de la ley y la aplicación de sanciones, menor será la capacidad disuasiva de la pena. Asimismo, si hay incertidumbre en el vínculo entre crimen y castigo (i.e., si los criminales piensan que una sanción es producto de la mala suerte y no el resultado de su conducta) los efectos disuasivos de la pena se debilitan. Por ello, es necesario diseñar un paquete de sanciones rápidas y certeras, aunque sean leves, pero que se detonen de manera simultánea y que puedan intensificarse en caso de reincidencia.

Para Kleiman, aumentar la capacidad disuasiva de un castigo implica que éste sea rápido y cierto en lugar de severo. La severidad implica utilizar una gran cantidad de recursos en un reducido número de delincuentes, y entre más severa sea la sentencia es menos probable que ésta sea impuesta, además de que el proceso requerirá más tiempo. En cambio, la lógica básica de la disuasión para un actor racional, dice Kleiman, consiste en suponer que un sujeto nunca violará la ley si tiene certeza de que será castigado y de que la multa por violar la ley será superior a las ganancias que genera tal violación.13 Los arrestos podrían constituir en sí mismos una forma de castigo y ser un disuasivo importante, siempre y cuando tuvieran consecuencias.14

Tercer principio: Comunicación con los delincuentes y la comunidad. El costo de pasar de un “equilibrio negativo” de alta violencia a otro “positivo” de baja violencia depende de qué tan rápido responden las organizaciones o los delincuentes a los nuevos niveles de disuasión. Los costos de esta transición pueden reducirse si se advierte a organizaciones o delincuentes de forma anticipada. De aquí que a Kleiman le parezca especialmente importante que la autoridad comunique directamente las amenazas disuasivas a las organizaciones criminales. Ahí donde existan grupos que realizan actividades violentas, como pandillas, la policía deberá identificar a los participantes, hacer una lista de delitos con “cero tolerancia” (como el homicidio), y prevenir a los participantes de las bandas, como grupo, que cualquier infracción de la regla de “cero tolerancia” producirá una reacción policial agresiva contra cada uno de ellos por toda la lista de delitos. Debe tenerse presente cualquier amenaza que resulte en un bluf devaluará la capacidad disuasiva de amenazas futuras.15

Dos programas exitosos

Los tres principios que acabo de enumerar se han aplicado con éxito en varios programas antiviolencia de Estados Unidos. Entre ellos, el Operation Ceasefire de Boston y el Tri-Agency Resource Gang Enforcement Team (TARGET) del Condado de Orange, en California.

La Operation Ceasefire (Operación Cese al Fuego) fue una exitosa iniciativa policial orientada expresamente a disminuir los homicidios entre los jóvenes en Boston. El programa tuvo dos componentes estratégicos. El primero fue establecer un conjunto de medidas disuasivas contra la violencia de pandillas (en especial la violencia armada). El programa se concentró en el seguimiento de pandillas especializadas. Los operadores del programa tuvieron contacto directo con los miembros de las bandas y dieron el mensaje, explícito y claro, de que la violencia no sería tolerada. El segundo componente estratégico fue dar seguimiento al tráfico de armas de fuego. La aplicación de la ley se concentró en los traficantes de armas de las marcas y calibres más utilizados por los miembros de pandillas.

Los homicidios de jóvenes en Boston disminuyeron drásticamente desde mayo de 1996, cuando se puso en marcha la Operación Cese al Fuego y se mantienen a la baja hasta hoy. Una rigurosa evaluación determinó que la aplicación del programa estuvo asociada con la disminución mensual del 63% de los homicidios de jóvenes, una reducción del 32% de reportes de tiros de arma de fuego, un 25% de disminución de asaltos a mano armada y una reducción del 44% de las agresiones con arma de fuego en el distrito de mayor riesgo (Roxbury).

El objetivo del Tri-Agency Resource Gang Enforcement Team16 fue reducir la violencia pandilleril mediante el encarcelamiento selectivo de los miembros más violentos y reincidentes (basados en sus antecedentes penales) de las pandillas del Condado de Orange, en California. TARGET estableció una colaboración estrecha entre el personal de las agencias de seguridad, las agencias penitenciarias y la procuración de justicia al reunir a funcionarios de las tres dependencias en las mismas oficinas.

Cada equipo de TARGET está formado por agentes de policía que se desempeñan como investigadores de pandillas, un funcionario de la oficina del ministerio público y un investigador del fiscal de distrito. Los investigadores de pandillas están entrenados para tratar a testigos hostiles, y los fiscales adjuntos y los investigadores del fiscal de distrito tienen experiencia en el procesamiento vertical17 de casos en el sistema judicial —lo que al parecer es un elemento clave en el éxito del programa—. Inaugurado en 1992, TARGET ha sido replicado en seis áreas adicionales al interior del Condado de Orange.

Una evaluación del programa mostró un gran aumento en el encarcelamiento de miembros de pandillas y una disminución acumulada de 47% de la violencia relacionada con las pandillas en un periodo de siete años. En un caso, el equipo TARGET de Costa Mesa desmanteló una banda al lograr la condena y el encarcelamiento de sus líderes y poner en libertad condicional restrictiva a los miembros de pandillas que fueron sentenciados a prisión.

Tres errores frecuentes

No concentrarse en los individuos más violentos o en los que se encuentran en situaciones de alto riesgo, sino en los más jóvenes y necesitados de ayuda. Esto tiene efecto en la disminución de la violencia a largo plazo pero no de manera inmediata.

No irrumpir en las estructuras de las pandillas que generan violencia. Los miembros fueron responsabilizados por sus acciones de modo individual y no grupal, que es lo recomendado.

No promover la comunicación entre las autoridades y las pandillas para informarles a estas últimas sobre los riesgos asociados a sus acciones violentas, con lo que se debilita el elemento disuasivo del programa.

Programas exitosos en América Latina

Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro. Recientemente, el gobierno de Río de Janeiro creó las Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) en un pequeño número de favelas en la ciudad de Río de Janeiro.18 Estas unidades mantienen presencia policial continua en cada favela, buscan retomar el control de la zona (que tienen las pandillas) y promueven la seguridad en el largo plazo. Los oficiales desplegados han recibido entrenamiento especial, incluyendo entrenamiento en derechos humanos, y han recibido incrementos salariales. El gobierno de Río de Janeiro planea tener tres mil 500 policías en 15 UPP hacia finales de 2010, y pretende extender el programa a 100 favelas, con una adición de 10 favelas anuales.19

Esta nueva estrategia ya ha sido objeto de reconocimiento público. Donde ha sido implementada, representó un cambio radical a la “situación de guerra” inducida por las operaciones policiales previas. El proyecto de las UPP evita los escenarios de confrontación y tiroteos que frecuentemente tienen lugar tras la incursión de los agentes policiales en las favelas. De acuerdo con información proporcionada por la misión especial de Naciones Unidas, el gobierno ha progresado en evitar que las pandillas retomen las áreas de las cuales han sido removidas. También hay datos que muestran que existe apoyo comunitario a las UPP. Los residentes han reportado que se sienten más seguros, y que su relación con la policía ha mejorado. En algunas áreas ha mejorado incluso la provisión de servicios básicos. Cabe agregar que la presencia policial sostenida en las favelas de Río de Janeiro es hasta ahora la excepción, no la regla. Hasta ahora la presencia de las UPP se mantiene en un reducido número de las 100 favelas de Río de Janeiro. Las operaciones violentas que han propiciado muertes continúan realizándose en las favelas que carecen de la presencia de las UPP. (Véase en esta misma edición de nexos el informe de Benjamin Lessing sobre este programa, pp. 11-14.)

Barrio de Paz (Guayaquil). El programa de Barrio de Paz arrancó en 2006, en el centro de Guayaquil, un espacio de aproximadamente 49 cuadras que alberga a mil familias. Se trata de un programa de prevención y supresión de pandillas. En 2008 el programa incluyó a cinco pandillas con cerca de 200 miembros en total. El programa adoptó como idea central que los jóvenes se integran a las pandillas por no tener alternativas laborales, educativas o de esparcimiento. El programa desarrolla microempresas en las cuales los miembros de la pandilla pueden obtener ingresos lícitamente. Como condición para entrar al programa los pandilleros deben dejar sus actividades criminales y estar dispuestos a trabajar con pandilleros rivales.

Además de obtener un crédito para desarrollar la microempresa (otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales de Ecuador), los pandilleros reciben capacitación empresarial y en algunos casos han obtenido grados universitarios. Conjuntamente al desarrollo de microempresas se puso en marcha en el barrio un programa de entrega de armas, mediante el cual los pandilleros dan sus armas a las autoridades que las destruyen de inmediato, públicamente. En respuesta a la colaboración de las pandillas el gobierno municipal se comprometió a invertir en proyectos de infraestructura en el barrio, como la remodelación de edificios derruidos y la pavimentación de calles. En los primeros seis meses del proyecto los niveles de criminalidad en el barrio descendieron un 60%. A partir de que el programa entró en marcha en 2006 los homicidios han disminuido, pasando de 331 en 2006 a 259 en 2008. También el programa logró que las dos pandillas más grandes de Ecuador, Latin Kings y Los Ñetas, que en 2006 sostenían una cruenta batalla por control territorial, pactaran una tregua.20

Lecciones para México

Tanto el breve bosquejo de la violencia presentado en la primera parte de este artículo, como los principios bajo los que operan programas antiviolencia exitosos en otros países, ofrecen varias lecciones a México sobre cómo reducir la violencia.
Las detenciones de algunos capos han disparado grandes olas de violencia que han durado varios meses y han propiciado la muerte de miles de personas. Para no detonar la violencia es necesario evaluar, cuidadosamente, si la detención de un capo tendrá o no el potencial de desencadenar una nueva ola de violencia. Las detenciones de capos de los tres cárteles con presencia más extendida en territorio nacional (Sinaloa, Zetas y Golfo) son especialmente riesgosas en este renglón.

Cuando un cártel de presencia nacional sufre una escisión, las facciones que lo forman también padecen un proceso de división y de realineamiento con otras organizaciones criminales, lo que eleva la producción de la violencia.

Existen en el territorio nacional seis clusters de municipios violentos. Esto resulta ventajoso tanto para diseñar como para implementar una estrategia antiviolencia. Las ventajas consisten en que los focos principales de atención están claramente delimitados, y pueden dirigirse mejor los esfuerzos (concentración dinámica) a las áreas críticas. Por otro lado, un impacto positivo en al menos uno de los municipios que integran el cluster propiciará un descenso significativo en el nivel regional o, incluso, nacional de la violencia.

La estrategia antiviolencia debe distinguir los cuatro efectos o secuencias (combustión, amplificación, escalamiento y derrame) que pueden desatar la violencia entre organizaciones criminales.

En Juárez, el “efecto combustión” pudo evitarse si un trabajo de inteligencia previo hubiera indicado a las autoridades cuál cártel intervenir sin causar una escisión mayor y generar, con ello, una espiral incontrolable de violencia.

El “efecto amplificación”, por su parte, pudo haberse aminorado si las autoridades hubieran desplegado en las localidades más vulnerables uno o varios programas sociales dirigidos a prevenir la formación de pandillas delictivas o, en su caso, la alianza entre pandillas y cárteles. Por ejemplo, el programa Barrio de Paz en Guayaquil previene y suprime pandillas al ofrecer alternativas laborales (desarrollo de microempresas) a los jóvenes.

El “efecto escalamiento” pudo haberse neutralizado con la existencia de una policía profesional capaz de intervenir en un conflicto entre pandillas o cárteles. Además, se hubiera restado vigor al escalamiento del conflicto si la autoridad hubiera centrado parte de sus esfuerzos en confiscación de armas.

Por último, el “efecto derrame” debió y pudo haberse contenido mediante un incremento en la presencia policial y militar en áreas de alto riesgo (aledañas a las áreas donde inicialmente se desencadenó la violencia).

Este artículo propone que las estrategias antiviolencia estén guiadas por tres ejes o principios básicos que han dado buenos resultados en el ámbito pandilleril. Sin embargo, los tres principios (“concentración dinámica”, “castigos certeros y rápidos” y “comunicación efectiva con delincuentes y sociedad”) pueden aplicarse también a estrategias de combate al crimen organizado. En este ámbito lo que cambia son los instrumentos, no el método. La concentración dinámica debe dirigirse secuencialmente a cada una de las organizaciones más violentas a nivel nacional y local. La Ley de la Delincuencia Organizada ofrece una amplia gama de castigos rápidos y certeros para aquellas personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada. Por ejemplo, se cuenta con la posibilidad de arraigo por 40 u 80 días, con cateos domiciliarios, con aseguramiento de bienes e intervención de telecomunicaciones. Por otro lado, esta ley también ofrece beneficios a aquellos miembros de la delincuencia organizada que den información que conduzca a la detención de los miembros de estas organizaciones.

El método de los tres principios ha probado su eficacia para disminuir la violencia asociada a las pandillas. En varias entidades federativas ha crecido el número de pandillas en el último lustro. Y el municipio más violento del país, Ciudad Juárez, enfrenta un grave problema de aumento de pandillas y de creciente vinculación de éstas con el crimen organizado.

El modelo de Kleiman parece especialmente pertinente para combatir en Juárez y en otras ciudades con un alto número de pandillas (como Monterrey, Tijuana, Durango y Acapulco) la alta violencia que aflige a sus comunidades.

Eduardo Guerrero. Consultor en políticas públicas. Presidente de la Asociación Mexicana de Ex Becarios Fulbright-García Robles.
Agradezco el valioso apoyo que me brindaron Eunises Rosillo y Roberto Arnaud para la elaboración de este artículo.

1 De acuerdo a un estudio de Angélica Durán-Martínez, Gayle Hazard y Viridiana Ríos, publicado por el Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego (2010 Mid-Year Report on Drug Violence in Mexico), en 2001 se registraron mil 80 ejecuciones, en 2002 mil 230, en 2003 mil 290, en 2004 mil 304, en 2005 mil 776, en 2006 dos mil 120 y en 2007 dos mil 280.
2 2010 es una proyección lineal con base en el método de mínimos cuadrados, utilizando los datos conocidos para los meses de enero a junio de 2010.
3 En este contexto, un cluster o “apiñamiento” se refiere a un conjunto de cuatro o más municipios violentos agrupados estrechamente entre sí.
4 Cálculos realizados con cifras de una base de datos construida por el autor a partir de 19 periódicos nacionales y estatales. Las proyecciones se realizaron con base en el método de mínimos cuadrados a partir de los datos conocidos.
5 Alejandro Brugués, et al., Todos somos Juárez: Reconstruyamos la ciudad. Propuesta para focalizar las iniciativas gubernamentales y sociales, El Colegio de la Frontera Norte, 2010, p. 4.
6 Alejandro Brugués, et al., ibíd., p. 5.
7 El cálculo se hizo con base en la cifra de “5,600 policías federales desplegados en Ciudad Juárez” publicada por la embajada de Estados Unidos en México en la nota titulada “Hoja informativa: confrontar la violencia en Ciudad Juárez”. La cifra de la población proviene del Anuario Estadístico del estado de Chihuahua (INEGI) según el cual residen en el municipio un millón 313 mil personas (2005).
8 Véase,por ejemplo, el excelente trabajo de Barbara F. Walter, Reputation and Civil War, Cambridge University Press, Nueva York, 2009.
9 Estos principios se basan en los textos de Mark Kleiman. Véanse, especialmente, su último libro When Brute Force Fails: How to Have Less Crime and Less Punishment, Princeton University Press, Princeton, 2010, 231 pp.; su reporte titulado “Reducing the Contribution of the Drug Problem to Violence in El Salvador” (2004, sin editar); y su artículo “Controlling Drug-Related Violence” (2002, sin editar).
10 Kleiman, ibíd., 2010, p. 4.
11 Para una exposición más técnica de la “concentración dinámica” véase Kleiman, ibíd., pp. 54-55.
12 Kleiman, op cit., 2004, pp. 4-5.
13 Kleiman, op. cit., 2010, p. 50.
14 Ibíd., pp. 104-105.
15 Ibíd., p. 5.
16 Equipo Tri-Agencia de Aplicación de la Ley a Pandillas.
17 El término “procesamiento vertical” (vertical prosecution) se utiliza para describir actividades de fiscales especializados. El “procesamiento vertical” alude a un método en el que se le asigna un fiscal a un caso desde su inicio hasta su culminación. Este método da continuidad a las tareas del fiscal, lo que eleva sus probabilidades de éxito en el juicio.
18 Agradezco a Benjamin Lessing que me haya enterado de este novedoso experimento brasileño.
19 United Nations, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions (Brasil), 2010.
20 Graduate Institute of International and Development Studies-Geneva, Small Arms Survey 2010, p. 220.

LA PAJA EN EL OJO AJENO: ALERTAN INSURGENCIA EN MÉXICO

CRIME WARS: GANGS, CARTELS AND U.S. NATIONAL SECURITY

WASHINGTON.— Los cárteles mexicanos de la droga se han convertido en el mejor ejemplo de “la insurgencia criminal del siglo XXI” que ha puesto en jaque al Estado con sus acciones de “violencia, corrupción y bandolerismo extremo” y amenazan con arrastrar al país hacia “una virtual forma de guerra civil”, señala un diagnóstico elaborado por especialistas del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (CNAS, en inglés).
El documento establece que las relaciones criminales entre los cárteles y las pandillas han dejado de ser un problema sencillo de seguridad local para transformarse en una forma de “metástasis” que se ha extendido por el hemisferio en forma de “insurgencia criminal”.
“Estas redes amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del hemisferio occidental, y cada vez más a Estados Unidos”, dice el reporte Guerras criminales: Pandillas, cárteles y la seguridad nacional estadounidense.
El informe no duda en identificar a México —“un país que hoy lucha por su propia vida contra una insurgencia criminal extendida”—, como el país más importante del hemisferio para la seguridad de EU.
Los especialistas señalan que la amenaza de los cárteles supone una forma de insurrección y definen a la insurgencia como “un intento de debilitar o impedir las funciones de un gobierno, lo cual describe las actividades de las FARC en Colombia, los cárteles mexicanos y algunas redes transnacionales”.
El reporte que aquí se presenta para leér o descargar, elaborado por los investigadores del CNAS, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, ha sido difundido a sólo unas horas de que Richard Lugar, el republicano de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidiera a la administración del presidente Obama el considerar la utilización del ejército y de la comunidad de inteligencia para combatir la amenaza de la narcoinsurgencia en México y brindar más activos de vigilancia para ayudar a frenar las drogas y armas que cruzan la frontera.
Esta percepción, que ha sido motivo de un intenso intercambio de reproches y desmentidos entre México y EU, es compartida por la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien ha comparado a México con Colombia y a los cárteles como una forma de insurgencia. Una valoración, por cierto, no compartida por Obama.
Tras esta evaluación, el gobierno mexicano protestó categóricamente y rechazó que la realidad de México pueda equipararse a la de Colombia. El lunes pasado la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, negó que en México se estén produciendo fenómenos de narcoinsurgencia o narcoterrorismo.

¡ENTIENDE FELIPE! CARTA DE HUMAN RIGHTS WATCH A CALDERÓN

Estimado Presidente Calderón:

Nos dirigimos a S.E. con el fin de manifestar nuestra preocupación por los mensajes contradictorios que ha expresado en relación con la necesidad de proteger los derechos humanos en Mexico. Estos mensajes menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia de su gobierno contra el crimen organizado. Le sugerimos respetuosamente a S.E. manifestar públicamente que el respeto de los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos.

Coincidimos con S.E. en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como S.E. lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: "no ha sido solucionado adecuadamente". Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos, desde servidores públicos que intentan poner freno a sus operaciones, hasta periodistas que informan sobre sus actividades ilícitas. La rivalidad entre carteles y las pugnas en su interior, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad, han causado la muerte de más de 28.000 personas durante su gobierno, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En épocas de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad. Además, el gobierno debe defender la libertad de expresión, garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, respetar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, es decir fortalecer el estado de derecho.

Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas, los responsables han sido militares. En ese mismo período, la Comisión recibió más de 4.000 denuncias solamente de presuntos abusos perpetrados por el Ejército. Es particularmente preocupante que la cantidad de denuncias e informes de violaciones de derechos humanos por parte de los militares ha aumentado notablemente año tras año durante su gobierno.

Mensajes contradictorios sobre derechos humanos

Ante este alarmante incremento de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, la difusión de mensajes contradictorios sobre derechos humanos por parte de su gobierno es preocupante.

Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos de su discurso sobre la estrategia de seguridad pública del gobierno. Recientemente, inició una serie de "diálogos" públicos con el propósito de formular una estrategia más efectiva contra el crimen organizado en los cuales se incluyó en un primer momento a la "sociedad civil". Al comienzo de este diálogo nacional, expresó S.E. "total apertura" para "para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema [de seguridad pública]". No obstante, durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar. Las organizaciones mexicanas de derechos humanos han jugado un rol crucial en la documentación de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante este período violento y son quienes mejor conocen los desafíos que plantean la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la seguridad pública. Al no invitarlas a participar en el debate, el gobierno ha desperdiciado una oportunidad importante y ha limitado significativamente el diálogo.

Sólo en pocas oportunidades S.E. se ha referido a la importancia central de los derechos humanos en los esfuerzos por combatir el crimen organizado. Por ejemplo, el 19 de agosto, en un diálogo con miembros del Congreso, cuando estos se refirieron a los abusos generalizados cometidos durante su gobierno, su respuesta fue la siguiente: "[Quisiera] refrendar la convicción del Ejecutivo Federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate". Consideramos que esta declaración fue sumamente alentadora.

Sin embargo, el potencial de esta declaración, al igual que otras expresiones similares, se ha visto opacado por declaraciones contradictorias donde incluso se cuestiona la veracidad de las denuncias de violaciones de derechos humanos. Tan sólo una semana después de dirigirse a los legisladores, en el diálogo antes mencionado, manifestó en una entrevista de radio: "[C]omo muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo".

Estas declaraciones contradictorias sobre los derechos humanos son similares a las formuladas durante una conferencia de prensa concedida el año pasado en Guadalajara junto al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ante las preguntas sobre el aumento de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, S.E. afirmó que su gobierno tenía "un compromiso absoluto y categórico en la defensa de los derechos humanos". Luego invitó a sus críticos a que probaran "un caso, un sólo caso en el que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales, sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad". Anunciar el compromiso del gobierno con los derechos humanos tiene escaso valor si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de violaciones de derechos humanos "no son ciertas" o que las autoridades simplemente no cometen abusos.

La protección de los derechos humanos fortalece la seguridad pública

Human Rights Watch desea sugerirle respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto de los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica. México tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos, según lo establecen su Constitución y el derecho internacional. Y, como S.E. ha señalado, el respeto de los derechos fundamentales otorgará a México "la superioridad moral" por sobre las fuerzas violentas que enfrenta.

De otra parte, resulta crucial fortalecer de manera sustancial la efectividad de las fuerzas de seguridad: el restablecimiento de la confianza de la población es una condición fundamental para conseguir el apoyo de la comunidad, que es, a su vez, necesario para detectar la actividad criminal e identificar a miembros de carteles violentos y funcionarios corruptos y abusivos. Combatir los abusos y proteger los derechos no es incompatible con la adopción de una política de seguridad pública firme. Es, más bien, una condición necesaria.

Con este objetivo, y siguiendo su invitación al dialogo y a la cooperación, presentamos a S.E. algunas medidas elementales que permitirían desarrollar los compromisos retóricos con acciones concretas:

Juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario

Como se señaló anteriormente, la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por militares aumentó drásticamente durante su gobierno. Una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los casos quedan impunes. Y esta impunidad se debe, en gran parte, a que la mayoría de los casos terminan siendo investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, que ha demostrado que carece de independencia e imparcialidad.

La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar de México no permite una rendición de cuentas adecuada. Según los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante su gobierno los tribunales militares han condenado a un sólo militar por cometer una violación de derechos humanos.

Como sabe, en su decisión en el caso Radilla-Pacheco c. México de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales. La sentencia establece expresamente que en casos en que militares vulneren derechos humanos de civiles, "bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar".

Su gobierno ha reiterado en varias oportunidades que se comprometía a cumplir plenamente con la decisión de la Corte. Lo exhortamos a cumplir este compromiso enviando una propuesta al Congreso a la brevedad posible para modificar el Código de Justicia Militar y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia penal ordinario.

Desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos
En el mencionado diálogo público, ha instado reiteradamente a la sociedad civil a "que teng[a] una participación activa y permanente en la discusión y seguimiento de las políticas en materia de seguridad". En particular, pidió a los periodistas que realicen una cobertura profunda de la lucha contra el crimen organizado y que generen espacios para que los ciudadanos puedan debatir sobre asuntos de seguridad pública.

Estamos de acuerdo con S.E. en que los periodistas, junto a los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, juegan un papel crucial en el control de las iniciativas de seguridad pública y la construcción de una sociedad democrática. A fin de fomentar la participación continua de estas organizaciones de la sociedad civil, los servidores públicos deben asegurarse de que sus miembros reciban protección cuando estén en riesgo.

Por ello, consideramos sumamente preocupantes las declaraciones de integrantes de su gobierno que critican a medios y grupos de derechos humanos que no hacen más que cumplir con su trabajo. En un evento organizado en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Tortura, y ante una audiencia integrada por defensores de derechos humanos de todo el país, entre ellos el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, el entonces Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez Mont Urueta advirtió a estos defensores que no se convirtieran en "tontos útiles" de organizaciones de narcotraficantes. En una conferencia de prensa ofrecida unas semanas antes en Ciudad Juárez, luego de una escalofriante ola de asesinatos, el Dr. Gómez Mont acusó a los medios de fomentar las divisiones entre el público y el gobierno a través de su cobertura periodística de la violencia. De manera similar, el entonces Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo señaló que "la insistencia de algunos medios de comunicación que dan mucha importancia a todo lo que sucede en el país en materia de crimen organizado" ayuda a que se deteriore la imagen de México en el exterior.

En lugar de favorecer un clima de "diálogo", estas expresiones debilitan los esfuerzos de periodistas y defensores de derechos humanos y cuestionan, sin fundamento alguno, la legitimidad. No obstante, S.E. no ha refutado estas críticas en ningún momento. Al respeto, quisiéramos solicitar a S.E. que se asegure que las autoridades de su gobierno se abstengan de formular declaraciones negativas hacía a la sociedad civil y defienda la importancia del trabajo desarrollado por periodistas y promotores de derechos humanos. Asimismo, le solicitamos que desautorice a los funcionarios de su gobierno que expresen este tipo de comentarios.

Proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil
Respaldar el papel de la sociedad civil resulta particularmente importante en un entorno en que cada vez más periodistas y defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas y agresiones. El reciente asesinato de un reportero gráfico en Ciudad Juarez, los atentados con bombas contra medios en Sinaloa y Tamaulipas, y la agresión armada contra un líder comunitario indígena en Guerrero son sólo algunos de los ejemplos más recientes de los riesgos que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos. Según la CNDH, durante su gobierno fueron asesinados 34 periodistas y 8 defensores de derechos humanos, y otros 8 periodistas están desaparecidos y se presume que no estarían con vida. Asimismo, durante una visita reciente, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos hicieron referencia a que las autoridades mexicanas aún no habían implementado políticas de prevención y protección ante los graves casos de violencia contra periodistas.

No obstante, y aun frente a la intensificación de las amenazas y agresiones, el gobierno no ha tomado medidas para proteger a quienes se enfrentan a graves riesgos. Por ejemplo, pese a las reiteradas amenazas de muerte y a las constantes advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos como Human Rights Watch para que se brinde protección, su gobierno no adoptó ninguna medida adecuada para garantizar la seguridad de dos defensores de derechos humanos en Tijuana. Al ver que su vida estaba en riesgo, estos defensores debieron abandonar Tijuana y no han podido regresar hasta hoy. Esta combinación de amenazas constantes y falta de protección del gobierno que sufrieron los defensores de Tijuana ha sido experimentada también por numerosos periodistas y defensores de derechos humanos en Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, tanto como varios otros estados del país.

S.E. anunció recientemente la creación de un sistema de alerta temprana para periodistas, que serviría para prevenir y atender los casos de amenazas, intimidaciones y agresiones dirigidas a comunicadores sociales. Consideramos que este compromiso es sumamente importante. Esperamos que próximamente se den a conocer más datos acerca de cómo este sistema se propone tener un mejor desempeño que el de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, que hasta ahora no ha investigado de manera adecuada las amenazas y agresiones contra periodistas.

Si bien consideramos que un sistema de alerta temprana constituiría un paso positivo, creemos que lo adecuado sería iniciar un diálogo -esta vez con periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil nacional e internacional- para formular una estrategia federal amplia que permita proteger a quienes están expuestos a mayores riesgos de una manera efectiva.

Entre los componentes esenciales de un programa de alerta temprana, recomendamos establecer un organismo independiente que reciba denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil que sean objeto de amenazas, actúe inmediatamente para evaluar el riesgo que enfrentan, cuente con los recursos necesarios y con independencia para proteger a estas personas cuando sea necesario, y reciba aportes y evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil.

Acelerar la visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales

Que lastima que su gobierno no autorizo a tiempo una visita del Profesor Philip Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, cuyo mandato concluyo el pasado mes de julio. Al respeto, sería de la mayor importancia que su gobierno gestione una visita del nuevo relator sobre ejecuciones extrajudiciales a la brevedad posible, ojalá antes que concluya el presente año.

Tijuana no es un modelo de seguridad pública

El pasado mes de julio, S.E. designó al señor José Francisco Blake Mora, ex Secretario del Gobierno de Baja California, como su Secretario de Gobernación. Al anunciar sus condiciones y experiencia, S.E. se refirió varias veces a su "papel fundamental para hacer frente de manera decidida al problema de la violencia y al crimen organizado en Baja California". Estos comentarios fueron coincidentes con declaraciones anteriores en que se presentó a Tijuana como un modelo de cómo la estrategia contra el narcotráfico del gobierno -en especial la movilización de militares- había tenido resultados positivos y concretos.

No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública. En abril, realizamos una misión de investigación en Tijuana y recibimos denuncias creíbles de uso sistemático de tortura por el Ejército en más de 100 casos desde el año 2009 inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas. Las tácticas de tortura descritas responden a un patrón: según las víctimas y sus familiares, quienes les interrogaban, les vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza. Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero. En varios casos, las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraban durante los abusos. Así, por ejemplo, la policía participaba durante las detenciones arbitrarias del Ejército y agentes del Ministerio Público habrían estado presentes cuando firmaban las confesiones extraídas bajo tortura.

A conclusiones similares ha llegado la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. Por ejemplo, en un exhaustivo informe publicado en agosto de este año concluye que, en agosto de 2009, cinco personas fueron detenidas en forma arbitraria por un grupo de policías, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron y prefabricaron evidencias . El informe comprobó que el jefe de la policía municipal no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes. En lugar de usar esta información para abordar y procurar solucionar el problema, el jefe de policía desestimó los descubrimientos de la procuraduríay señaló que existían "intereses oscuros" detrás de la investigación. El alcalde de Tijuana, por su parte, advirtió que "no sean utilizadas instituciones defensoras de derechos humanos por delincuentes que roban la tranquilidad a la población".

La movilización de militares en Tijuana tampoco ha logrado reducir el número de asesinatos. Según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que este año podría ser uno de los más violentos en dicho estado.

Presentamos estas recomendaciones pues creemos honestamente que, si fueran implementadas, no sólo ayudarían a proteger los derechos fundamentales, sino que además reforzarían las iniciativas del país para combatir el crimen organizado. Sinceramente esperamos que S.E. las tome en cuenta al momento de evaluar las reformas a la estrategia de seguridad pública de su gobierno en un futuro próximo.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco

Director Ejecutivo
División de las Américas
Human Rights Watch

CC: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos; Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México

FESTEJO POLÉMICO: UN GRITO DE 230 MDD

Muchos en México esperaban que el bicentenario de la independencia de México, que se celebra esta semana, sería una ocasión para que el país se mire al espejo y reflexione sobre lo que es y lo que quiere ser.

Sin embargo, la celebración —en un contexto de dificultades económicas, y en plena lucha contra el narcotráfico que está sacudiendo al país— ha sido blanco de acusaciones de malgasto de dinero y falta de planificación.

El blanco principal de las críticas ha sido el desfile que, este miércoles, recorrerá el Paseo de la Reforma y llegará hasta el Zócalo de la capital, donde poco antes de la medianoche el Presidente Felipe Calderón emitirá el tradicional "grito de la Independencia" y dará paso a un espectáculos de luces y fuegos artificiales que darán la bienvenida al día de la Independencia, el 16 de septiembre.

"Esta celebración es muy importante porque puede contribuir a hablar sobre la identidad de México y puede ser muy útil para iniciar un recorrido de orgullo y unificación nacional", dice Marco Balich, uno de los productores extranjeros contratados por el gobierno de México para organizar el desfiles y los festejos en la capital.

La factura de la fiesta asciende a más de US$45 millones, por un evento que durará unas ocho horas y que será retransmitido a todo el país.

Las críticas no sólo apuntan al desfile, sino también a los otros cientos de proyectos, obras públicas y eventos organizados para festejar el bicentenario, con un costo total de unos US$230 millones.

Según una encuesta publicada este lunes por el periódico Reforma, ocho de cada diez ciudadanos de la capital mexicana opinan que el gasto en los festejos es demasiado alto.

Retraso

Muchos mencionan el caso de la "Estela de Luz" como el ejemplo de mal manejo de las celebraciones.

El monumento —una torre de más de 100 metros de altura que está siendo construida frente al Bosques de Chapultepec, en la capital— sería el principal legado de los festejos del bicentenario para futuras generaciones.

Sin embargo, la obra no estará lista hasta fines de 2011 —es decir, después del próximo aniversario de la independencia— y su presupuesto casi se duplicó, hasta llegar a los más de US$50 millones.

El gobierno asegura que el retraso y el creciente costo se debe a un estudio de riesgo sobre la construcción hecho en Canadá, que descubrió que la estructura tiene que ser más firme de lo calculado para poder soportar el flujo de vientos y cualquier actividad sísmica.

"Podríamos haber construido algo a toda velocidad que en 10, 15 o 20 años pudiera estar en riesgo, y tomamos la decisión responsable de construir una pieza que pueda estar segura en los próximo 50, 100 o 200 años", le asegura a BBC Mundo Alonso Lujambio, secretario de Educación y responsable de los festejos.

La obra en el Distrito Federal no es la única que ha generado controversia.

"La Victoria Alada", una escultura de bronce diseñada por Ricardo Motilla Moreno y erguida en el estado de Guanajuato para conmemorar la histórica fecha, "es un monumento al despilfarro", dijo recientemente la escritora Elena Poniatowska.

"Su presupuesto alcanzaría para edificar las casas que la sociedad agradecería mucho más que una estatua copiada de la Victoria de Samotracia", sentenció Poniatowska.

Canción

La polémica, además, tocó también el que debería ser uno de los aspectos más festivos del bicentenario.


La canción oficial "El Futuro es milenario", compuesta por Jaime López e interpretada por el cantante Aleks Syntek, fue recibida con un aluvión de críticas.

Su mezcla de pop comercial con géneros puramente mexicanos —como el mariachi y sonidos prehispánicos— no agradó a muchos en México.

Syntek decidió suspender temporalmente su cuenta en Twitter debido a los comentarios negativos sobre la canción y el gobierno se vio obligado a aclarar que la canción no era, como se pensaba, el "himno" del bicentenario, sino sólo un elemento musical para agregar a los festejos.

En plena euforia nacionalista —donde las banderas mexicanas se hacen cada vez más presentes en cada esquina del país—, muchos creen que el gobierno está aprovechando los festejos para distraer a los ciudadanos de los problemas del país.

Pero también, la misma polémica sobre los festejos está haciendo públicas las preguntas que muchos mexicanos se hacen en estas épocas históricas, como la que se hacía el escritor Enrique Serna en la revista Nexos.

"Si nos quisiéramos tanto, como se quieren los franceses o los ingleses, ¿necesitaríamos gastarnos dos mil millones de pesos para proclamarlo ante el mundo?"

Información de Julián Miglierini, BBC-Mundo, México.