2013, uno de los años más violentos para el periodismo en México: Article 19

  Informe 2013 Articulo 19

En su informe anual sobre violencia contra el periodismo y la libertad de expresión, dictado el día de hoy en el Centro Cultural España, los chicos de Article 19 dejaron una cosa clara: la presión ejercida contra los medios de comunicación proviene no de uno, sino de dos flancos diferentes: el crimen, por un lado, y la impunidad de que goza ante las autoridades, por otro. Esta situación no solo se ha mantenido desde que la organización comenzó a recopilar datos en nuestro país, sino que parece aumentar y afianzarse. En efecto, 2013 ha sido el año en que se ha registrado más violencia contra medios desde 2007.

POLICÍAS VS REPORTEROS EN JUAREZ

México, 10 de enero 2012.- Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron y torturaron psicológicamente durante cinco horas a Luis Ramírez Sánchez, reportero gráfico del periódico Norte, por haberles tomado fotografías cuando detenían a presuntos indigentes en plena vía pública.

A las 10:15 horas del domingo 8 de enero, Ramírez Sánchez, de 57 años, se dirigía a la zona centro de Ciudad Juárez, urbe fronteriza con El Paso, Texas, a cumplir con una orden de trabajo del periódico consistente en tomar fotografías de la vigilancia policiaca en esa área destacada por su peligrosidad.

Al llegar al crucero de la Avenida 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, Ramírez Sánchez, quien tiene 41 años desempeñándose como reportero gráfico, vio a los policías de dos camionetas tipo pick-up de la Policía Municipal en el momento en que detenían a unas personas que parecían indigentes.

“Estacioné mi automóvil a unos 30 metros de donde estaban los policías de las unidades con número 241 y 242, me acerqué a ellos hasta unos ocho metros de distancia y tomé unas dos o tres fotografías. Me acerqué más porque el área no estaba con señales de restricción, y entonces uno de los policías me dijo que no podía tomar fotos de la Policía”, narró Ramírez Sánchez al Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet).

Después de que Ramírez Sánchez le presentó la credencial que le acredita como reportero gráfico del Norte, el oficial a cargo de la patrulla 241 le quitó su cámara, y luego el radio-teléfono con el que el periodista intentaba comunicarse con su jefe.

“Eran como cinco policías los que me estaban rodeando, y al aventarme contra una pared sentí un dolor intenso en la espalda y el brazo. Entonces solté mi radio, sin poder comunicarme con mi jefe. El policía me dijo que estaba detenido, y sólo esperaba instrucciones de su superior”, describió.

Llegaron al lugar otras dos patrullas, y el jefe policiaco, no identificado, ordenó que se llevaran al reportero gráfico ante un juez de barandilla, funcionario municipal que depende del Ayuntamiento de la Ciudad.

“Se llevaron también mi carro, aunque no había cometido infracción vehicular. A mí me subieron a la caja de la pick-up de la patrulla 242, y me llevaron a la estación de Policía del Distrito Universidad.

“Ante Lizeth Parra, juez de barandilla en turno, los policías expusieron su versión y yo la mía, subrayando que no cometí delito alguno, y la licenciada dijo que el problema es que la inseguridad es muy fuerte y los policías están en grave peligro. Por tanto, me impuso el cargo de falta administrativa”, narró Ramírez Sánchez.

Por ese cargo, al reportero gráfico lo metieron al llamado `”cuarto oscuro”, donde “fichan” a los detenidos, y después de tomarle una fotografía, los policías lo hicieron salir de las instalaciones policiacas para que firmara los documentos relativos a la retención de su automóvil.

Sin permitirle comunicarse con su familia o al periódico, los policías lo esposaron y le hicieron subir la patrulla 241 para dirigirse, a alta velocidad y escoltados por la unidad 242, hasta el área del Eje Juan Gabriel y carretera Casas Grandes, lugar donde frecuentemente se localizan cadáveres de personas que fueron asesinadas.

De ahí lo llevaron al llamado corralón número tres de Pemex, donde los policías le hicieron firmar otro inventario sobre su vehículo. Luego lo regresaron esposado a la estación policial del Distrito Universidad, donde lo mantuvieron una hora y media hasta que Lizeth Parra lo llamó para pasarlo a examen médico, el cual consistió en tres preguntas: su nombra, si consume drogas y si estaba alcoholizado.

“Eran casi las 15 horas cuando la licenciada me volvió a llamar, y me dijo que el cargo administrativo ya no se me iba a aplicar y que sólo me haría una amonestación. Le pedí que me diera los documentos oficiales relativos a mi detención, y me dijo ´no se le va a dar nada, sálgase, sálgase´. A esa hora ya había reporteros de otros periódicos buscando información sobre mí en la estación policiaca”, relató el reportero gráfico.

A los policías, agregó Ramírez Sánchez, “no les bastó con quitarme la cámara, el radio-teléfono, el carro, llevarme detenido, sino que también me aplicaron terrorismo psicológico durante horas”.

En Ciudad Juárez los “levantones” (secuestros que duran unas horas y en los que no se pide rescate por la víctima) siguen registrándose a diario. En algunos casos, las víctimas son desaparecidas.

Por otra parte, por órdenes del alcalde, la Policía Municipal desarrolla operativos de detención de toda persona que no traiga consigo credencial de elector, único medio de identificación reconocido oficialmente. Los arrestados por esa falta tienen que cumplir de 12 a 36 horas de arresto o pagar una multa de diez a 25 salarios mínimos.

En Ciudad Juárez, el 1 de noviembre de 2011, los periodistas Christian Torres, de El Diario, Ramiro Escobar, de Radio Net y Omar Chávez Limón, de El Diario Tv, fueron golpeados y detenidos por la policía municipal cuando cubrían la represión policiaca a una marcha de protesta de la ciudadanía en contra de la violencia. 

Días después, el 11 de noviembre, Daniel Domínguez, reportero gráfico de El Diario, fue golpeado y detenido por policías por haberles tomado fotografías cuando hurgaban el interior de una camioneta que había sido robada.

En ninguno de estos casos han sido sancionados los agentes implicados, a pesar de la promesa de hacerlo por parte del alcalde Héctor Murguía Lardizábal. En tanto, el director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, ha justificado la detención y golpiza contra periodistas con el argumento de que obstruían la labor policiaca.

El alcalde y el jefe policiaco han mantenido absoluto silencio respecto a la detención y tortura de Ramírez Sánchez, a quien hasta hoy no le han devuelto su automóvil.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez AC (APCJ) demandó el cese inmediato de los agentes policiacos que agredieron a Ramírez Sánchez, además de acompañar al periodista a interponer una denuncia formal por los hechos ante la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fue a través de la Fiscalía General del Estado que Ramírez Sánchez obtuvo copias del expediente de su detención, en el cual los agentes Jesús Eugenio Ortiz Ortiz, con número 18032, y Alfredo Moreno, número 18212, firmaron el acta del arresto.

El CEPET lamenta los sucesos y se adhiere al criterio de la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo periodístico, sean consideradas un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada.

Al mismo tiempo, exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a realizar una investigación a profundidad para que estos hechos no queden impunes y se garantice la seguridad del reportero gráfico Luis Ramírez Sánchez.

Contacto:   libex@cepet.org
Tel. (+52) 55 8421 6060

¡JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE ATENCO!

La investigación sobre las graves violaciones cometidas en Atenco ha estado “inactiva” y ningún proceso ha sido iniciado por tortura, establece la CIDH al admitir el caso.
En el Foro Atenco: Mujeres en resistencia convocado hoy para analizar la tortura sexual perpetrada por agentes del Estado, tanto mujeres víctimas de Atenco, como también expertas en violencia de género compartieron experiencias y estrategias para avanzar hacia la erradicación de este flagelo.

El día de hoy, durante el foro académico/vivencial contra la tortura sexual, Atenco. Mujeres en resistencia. Alto a la tortura sexual como estrategia de estado para desmovilizar y generar miedo, organizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG), las mujeres denunciantes de los actos de tortura sexual y privación ilegal y arbitraria de la libertad, cometidos por policías en mayo de 2006 en San Salvador Atenco compartieron con los asistentes lo que para ellas han significado los últimos cinco años de luchar por la justicia.

En compañía de prestigiosas expertas en temas de violencia de género, otras mujeres sobrevivientes o que acompañan casos de tortura sexual, representantes de organizaciones internacionales y personas interesadas en el tema, las mujeres demandaron la oportuna y adecuada sanción a los responsables.

Cabe destacar que recientemente se logró un avance importante cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso interpuesto por once mujeres con la representación del Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En el informe 158/11 de admisibilidad, la CIDH concluye que el examen internacional del mismo es pertinente, dada la demora injustificada de las investigaciones internas. En este sentido, el órgano interamericano “observa que han pasado cinco años desde que los hechos denunciados ocurrieron [sin que] el Estado haya presentado información concreta sobre las medidas dispuestas para el avance de las investigaciones.” Establece que la averiguación ha permanecido “inactiva” por prolongados periodos y que de la información más reciente presentada por el Estado no se desprende que la investigación “esté tramitada oportunamente.” Resulta particularmente grave para la CIDH que “sólo en 2 de las 11 denuncias presentadas en este caso, las autoridades han ejercido acción penal”, “ninguno de los procesos que se iniciaron fueron por el delito de ‘tortura’”, y que además ninguno terminó en sentencia condenatoria, dejando el caso en impunidad total.

Los hechos del caso también han sido expuestos en informes alternativos presentados por el Centro Prodh y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ante el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.[1] Ambos órganos exigieron hace cinco años que se hiciera justicia en el caso y en el transcurso del año 2012 los dos volverán a evaluar las acciones emprendidas por el Estado para ese fin.

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse este 25 de noviembre, recordamos que la tortura sexual constituye uno de los más graves actos de violencia y discriminación hacia las mujeres, considerándose aun más grave cuando es cometido por agentes del propio Estado, máxime cuando luego queda impune. Tal y como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, la violencia contra la mujer es en cualquier circunstancia “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y se impone a todo Estado el deber de abstenerse de cualquier práctica de violencia contra la mujer, así como actuar con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes reiteramos nuestro repudio por la tortura sexual cometida por agentes estatales en Atenco y exigimos que el Estado tome de forma inmediata acciones efectivas para poner fin a la impunidad prevaleciente en el caso, con el fin de avanzar hacia la eliminación de este y todo tipo de violencia contra la mujer.

Amnistía Internacional
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM (PUEG)

Para mayor información o gestión de entrevistas favor de contactar a:
Quetzalcoatl g. Fontanot,
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx
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[1] Conclusiones y observaciones del Comité contra la Tortura (6/2/07), Doc. CAT/C/MEX/CO/4, párrs. 14, 16, 19-20; Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25/8/06), Doc. CEDAW/C/MEX/CO/6, párrs. 14-15.

PEQUEÑA MEMORIA DE LA ESTAFA GUBERNAMENTAL

CUBA.- Lo último que ha podido subsistir del patrimonio de los cubanos es la vivienda, debido a la voluntad totalitaria Fidel Castro, que dispuso por más de cincuenta años que todo era de su propiedad y solo él decidía qué era de quién y cuándo dejaba de serlo. Por suerte o por desgracia, el hogar es lo único que no se permitió sacrificar para sobrevivir la debacle por más de cincuenta años. Pronto aquella prohibición de venta de los bienes y raíces, quedará en el recuerdo.
A la población cubana, en la década del ochenta, se les despojó de las joyas heredadas de sus ancestros; ancianas que, por satisfacer a sus hijos y nietos y aliviarles la extrema pobreza, entregaron sus alhajas a cambio de unos billetes “chavitos”, que sólo tenían valor en una tienda dispuesta para la ocasión, donde los precios de los artículos eran irrisorios. Y todo funcionaba como un robo porque no existían otras tiendas donde pudieran obtenerse esos productos que no tenían nada de especial, que no fuera la ocasión de adquirirlos.
En aquellos tiempos poseer dólares era penalizado con sanciones de años de cárcel. La población enfrentaba el engranaje perfecto de un chantaje gubernamental que dejaba muy mal situada, ante los familiares, a aquellos dueños de las heredades que se negaban a perder el sacrificio y la memoria de sus antepasados. Al final, las ancianas que entregaron hasta sus anillos de compromiso, reliquia que exhibían en sus manos como vitrina de profundos sentimientos, lo hicieron con una mezcla de dolor y satisfacción por complacer a sus familias, pero les quedó la percepción que fueron timadas al igual que los indios a la llegada de los españoles, cuando intercambiaron las pepitas de oro por vidrios de colores.
El Estado también les compró sus jarrones de porcelana, plata y oro, los cuadros de pintores que sus antepasados colgaron para admirar en sus paredes, muebles de estilo. Riquezas que fueron a las arcas de los políticos o de sus familias y duermen en cajas de seguridad en bancos extranjeros. Quito lo del holocausto a los judíos porque se me hace un exceso, aquello fue por la fuerza y les sacaban hasta los dientes de oro.

Un pueblo como la caña: exprimido

La sociedad cubana ha sido saqueada espiritual y materialmente como la caña, que en múltiples ocasiones es pasada por el trapiche y pierde la consistencia, se deshace en bagazo y polvo. Lo doloroso es que todo ocurre bajo el silencio total, égida y complicidad de los funcionarios e intelectuales cubanos que se ahorraron los comentarios por el miedo que siempre les acompaña en su alma artística. Callaron ante el gran robo que significó aquel cambio de joyas por panes. Una vez no cumplieron aquel papel tan cacareado de que el intelectual es la voz de la sociedad, su abogado defensor, la memoria viva. Pero prefirieron darle la espalda al pueblo y a la historia que los recogerá en su justa medida.
Pero las circunstancias han cambiado tanto para la cúpula gobernante, que no le ha quedado más opción que revisar sus medidas extremistas y abrir el banderín, siempre en aras de su beneficio, olvidando los repetidos y extensos discursos que aseguraban que “la propiedad privada jamás regresaría a Cuba”. ¿Se han preguntado cuánto dolor debe causarle a Fidel Castro ver como se le desvanece en vida todo el castillo de naipe que nos obligó a visualizar, a creerlo como si fuera cierto y lo hubiéramos palpado? ¿Qué debe estar sucediendo y qué planes tienen que han comenzado a devolver algunas pequeñas libertades que antes quitaron y que les hace sentir que pierden su apreciado “poder”? Con seguridad es la misma sensación de impotencia de los amos cuando obligados vieron partir a sus esclavos libertos. Porque no debemos engañarnos, ninguna medida de este Gobierno jamás será para mejorar al pueblo, ni siquiera para devolver las libertades y derechos que le corresponden al ser humano.

El derecho de nacer… ¿en el lugar equivocado?

Por estos días se ha aprobado la venta de casas, algo que ya se venía pregonando. Pero hace más de un año también, como por “casualidad”, comenzaron en Cuba, después de cincuenta años de inmovilismo, a actualizar los Registros de la Propiedad. Todo se ha hecho con la mayor urgencia. Ha sido un llamado obligatorio a las empresas estatales, y de ineludible gestión de los ciudadanos para cualquier trámite con su vivienda. En cada municipio se han abierto las oficinas para asentar en los libros al propietario actual. Un movimiento con la mayor premura y presión. Saben que el tiempo se les acaba. Para ello se han entregado los locales para dichas oficinas, impartidos pequeños cursos de adiestramiento, impreso modelos que en la marcha han corregido, entrega de computadoras, archivos y material de oficina. Las visitas del Director Provincial de Justicia, y de los funcionarios políticos, es constante. Ellos también son presionados a otras instancias. Tienen que responder a cuánto asciende lo registrado a partir que se recibió la orden. El primero que comenzó la tarea, desde sus funciones como Presidente del Gobierno (Alcalde de La Habana), Juan Contino Aslan (que en paz descanse su pequeño poder), fue relevado del cargo, hasta ahora en “plan piyama” (dicen que por hacer lo mismo que sus antecesores y modelos políticos, entregar casas a sus amantes).
El Gobierno de Cuba no hace ningún movimiento que no le resulte una compensación. Pero en este caso, toda la parafernalia nos lleva a que la verdadera intención es la de recoger las antiguas propiedades pertenecientes a los viejos propietarios que abandonaron el país o fallecieron en Cuba.
El objetivo es borrar el pasado. Cuando el Estado obtenga en su poder todas las viejas propiedades, las harán desaparecer y, ante el Registro, solo quedarán las propiedades actualizadas. Ningún propietario “nacionalizado” a partir del 1959, ni sus herederos, podrán reclamar algo que no existe ni pueden probar documentalmente.
Quizá algunos se hayan llevado las propiedades al exilio, pero fueron los menos. Y podría creerse que es un gesto loable de los Castro para asegurarles a los cubanos que no serán echados a la calle cuando el inevitable cambio político asome; pero eso sería una ingenuidad. La razón real es que el grupo de poder intenta esconder sus propiedades familiares, que fueron confiscadas o inventariadas después de la partida de sus propietarios originales. Dentro de la gran montaña de movimiento de papeles que conllevan dichas inscripciones se perderán las personales. De paso, asegurarles a sus generales y acólitos que tampoco perderán sus intervenidas posesiones que les entregaron cuando llegaron al poder.

El país que se desangra

Los cubanos, en este carnaval de pequeñas libertades desconocidas, en su desesperación de cambiar su realidad, en el anhelo de hacer cumplir algunos sueños, sobre todo el de emigrar, podrían vender sus hogares. Los que desean quedarse en la isla, piensan en lo inmediato, que el dinero resolverá todas sus necesidades de prioridad: comer, vestir y dormir sin la tortura de no saber qué comerán al día siguiente. El Gobierno ya se ha encargado de advertir que “no se responsabiliza por las malas decisiones de los propietarios y luego de gastar el dinero terminen en viviendas en mal estado y les ocurran derrumbes, o se vean errantes sin un techo donde cobijarse".
Una vez más, nos preguntamos qué función tuvo esta supuesta revolución, qué se supone que se hizo para garantizarle al pueblo una vida segura con igualdad de derechos. ¿Qué ganamos por padecer una dictadura por más de cincuenta años si al término nos encontramos vendiendo lo único que poseemos, o mejor dicho, fue lo único que pudimos guardar? Y lo peor, que un Estado “socialista”, se desentiende de su pueblo, que fue su único estandarte y justificación en esta larga marcha de agonía.

El saco del Comandante

De niño pensábamos que el “coco” vendría por nosotros, por nuestro cuerpo, venía a recogernos por no comernos toda la papa (entiéndase boniato), o por no acostarnos temprano. Luego de crecer sabemos que el hombre del saco sí pasó por nuestras vidas, y se llevó en su fardo más que las riquezas y pertenencias familiares, las vidas y los sueños de mis abuelos, padres, hermanos, amigos, las mías a las que aún me aferro con las uñas y los dientes para que no sean arrebatadas, y ya manipula la de mis hijos y ahorita, si se lo permitimos, la de los nietos.
El Estado cubano, por más de medio siglo, se ha detenido frente al monstruo del “capitalismo” que describía en crítica constante, niños que asustaba conque “viene el coco”, y ha sido tanto su estudio minucioso del original, que por reflejo ahora se ha convertido en su imagen, “el hombre del saco que viene a llevarnos”, así nos asusta con el capitalismo la propaganda comunista.
Los cubanos hemos sido estafados. El Estado socialista lentamente va cediendo las ideas con que quiso eternizar la dictadura, un franco retroceso al capitalismo. Con las diferencias que ahora se estará más desprotegido porque no se tiene el conocimiento ni la infraestructura familiar ni social, para enfrentar y sostener una vida con dignidad.
La gran diferencia radica en quiénes son los únicos ganadores del cuantioso sacrificio de millones de cubanos en este más de medio siglo. La familia Castro vive en mansiones lujosas, poseen varios autos, yates, viajes constantes, negocios prósperos, fortunas y propiedades en otros países, en definitiva, disfrutan de una entrada económica que les permite vivir como millonarios.
El principio del siglo XXI ha comenzado a ser su final. Intuyen que se les acaba el tiempo. Lo único que no saben es cómo y qué idear para que su familia mantenga su estatus y riquezas, y asegurar, por supuesto, que luego no sean devueltas al pueblo cubano.
Mientras prolongan las estrategias de ventajas usureras de los gobernantes Castro, los sueños de los cubanos de libertad y próspera economía, se aplazan, continúan en plena postergación.

Ángel Santiesteban Prats
Posteado por: "Comité Pro Libertad de presos Políticos Cubanos"

MEXICO RESPONDE A HUMAN RIGHTS WATCH

DEFENDER LAS REDES SOCIALES ES VITAL

El abogado Jesús Robles Maloof es un destacado activista de derechos humanos en México. Su trabajo, desde diversos espacios, como Contingente MX es impresionante y conmovedor. Conversamos con él sobre lo que está pasando entre los gobernantes de su país y las redes sociales. @roblesmaloof ha impulsado una serie de protestas ciudadanas contra la violencia.
-¿Qué está pasando en México que dos estados amenazan con sancionar penalmente a los usuarios de redes sociales, mientras en Veracruz dos tuiteros están presos acusados de terrorismo? ¿Todo es consecuencia de la violencia?
-La reciente ola de utilización de leyes penales contra usuarios de redes sociales y las iniciativas para criminalizar el rumor en varios estados del país, tiene que ver no tanto con la violencia sino con la cultura autoritaria que además de controlar los medios convencionales ahora pretende controlar los medios alternativos de comunicación como las redes sociales. Gobernadores de talante autoritario como Javier Duarte en Veracruz, que ha dicho que abiertamente que se identifica con el dictador Francisco Franco, pretenden controlar la manera en que se habla de Veracruz, penalizando usuarios y amenazando a todos los demás.
-Señalaste a la BBC que las redes sociales son espacios de protección ciudadana. ¿En qué momento Twitter y Facebook llegan a transformarse en herramientas de autocuidado?
-Las redes sociales se vuelven espacios de información y protección ciudadana cuando los medios convencionales dejan de informar de los hechos de violencia al ser amenzados por el crimen o censurados por poder. No es menor que en Veracruz tan solo este año hayan sido asesinados 5 periodistas. La ciudadanía necesita información de lo que sucede en las calles para sus actividades cotidianas y la obtiene de las redes sociales, con la ventaja del tiempo real.
-Los usuarios de redes sociales de México se enfrentan a una cadena de autocensura. ¿Qué piensan hacer los defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión?
-Quienes defendemos los derechos humanos vemos el caso de Veracruz como el inicio de una política represiva si lo permitimos. Los políticos mexicanos no están acostumbrados a la libre expresión, prefieren ejercer su influencia y determinar los contenidos y dado que su capacidad disminuye en medios abiertos como las redes sociales, están buscando soluciones penales. Represión para ser claros. Defender las redes sociales es vital para la libertad de expresión en México y para el futuro de la pluralidad democrática. Aunque debo decir que no todos los defensores han entenido aún su importancia, pero tenemos que seguir insistiendo.
-En México, según unos cables de WikiLeaks liberados recién, el poder de los medios ciudadanos es cada vez más relevante. ¿Cuál es tu opinión?
-En un país donde tradicionalmente los medios han sido controlados y los medios independientes continuamente hostigados, la importancia de los medios alternativos es clave, y en este momento aprecio una tentación autoritaria con toda claridad.
-La detención de los tuiteros mexicanos al comienzo solo llamó la atención de los medios locales de Veracruz y de los tuiteros. ¿Por qué los grandes medios tardaron tanto en ocuparse de esta situación?
-Creo que los medios nacionales no le han dado la relevancia a la detención porque no entienden la relevancia del caso, como inicio de una política represiva. O quizás porque han mantenido una relación conflictiva con las redes sociales. Las ven en ocasiones como competencia y no se han sabido adaptar. En muchos casos, los gobiernos estatales tienen grandes contratos de publicidad con estos medios.
-¿Qué significado tiene Twitter para ti como activista?
-Twitter y, en general las redes sociales, me han permitido amplificar mi labor como defensor de derechos humanos. Dar a conocer casos de abusos, establecer alianzas, crear colectivos como el @ContingenteMx que promueve los derechos humanos basado en las redes, en fin, llamar a la movilización. Ha sido un espacio de libertad y de posibilidades amplias que es preciso defender en tiempos que pronostico complicados. Fuente: Clases de Periodismo

LOS TWITTEROS ENCARCELADOS EN VERACRUZ

No hay crimen si no hay ley

Encarcelar twitteros, el oscurantismo más autoritario imaginable

Legislar al vapor y acusarlos retroactivamente, aberración jurídica

Piden retirar cargos y liberarlos

Va contra libertad de expresión, los acusan de algo que no hicieron

Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas

De las escuelas pedían por teléfono a padres ir por sus hijos

Policías y protección civil desalojaron escuelas

Penalizar la "perturbación del orden público", salida desesperada

A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz

Javier Hernández Alpízar.– Tras un frustrado intento de visitar a los twitteros detenidos en Pacho Viejo, penal al cual no los dejaron pasar, excepto a la abogada, los defensores jurídicos, de derechos humanos, usuarios de redes sociales y un senador nayarita del PRD dieron una rueda de prensa para pedir la libertad de Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera porque, argumentaron, está demostrado que no causaron el pánico de que se les acusa, que no cometieron delito alguno, e incluso es erróneo que el gobierno de Veracruz quiera legislar al vapor un nuevo delito para aplicárselos retroactivamente, aseguraron.

Piden retirar cargos y liberarlos

Algunos legisladores están solicitando un punto de acuerdo del Senado de la República le pedirán para pedir al gobierno de Javier Duarte que "retire los cargos equiparados a terrorismo y ponga a consideración de los ciudadanos sistemas de información creíbles que permitan enfrentar la violencia que se vive en el estado de Veracruz." Es ya una exigencia nacional e internacional, "porque es contra la libertad de expresión y culpar a la gente de algo que evidentemente no provocaron". Uno de los twitteros mencionó que Freedom on the net ha puesto a México, por este caso, al lado de Irak, Pakistán y China en represión a libertad en la red.

Para las redes sociales, "no solamente en México sino en el mundo –dijo el senador Francisco Javier Castellón–, esta situación es inaudita. La acusación que el Ministerio Público y el gobierno del estado hicieron a dos usuarios de las redes sociales de que la situación de pánico que presentó el puerto de Veracruz el 5 de agosto fue provocada por ellos y por haber puesto en riesgo a la población. La acusación de terrorismo equiparado que se les hace es una acusación desproporcionada, absoluta y totalmente fuera de todo contexto, y aceptarla, en términos jurídicos y sociales, representa un claro precedente y antecedente del oscurantismo más autoritario que podamos imaginar ver en nuestro país y en el mundo."

A nivel nacional e internacional quedó muy mal gobierno de Veracruz

Es una actuación "equivocada del gobierno del estado de Veracruz haber acusado a dos personas de una situación caótica que ellos no generaron, sino que fue generada por la situación de violencia que desafortunadamente vive el estado y viven muchos estados regiones del país." El caso "deja muy mal al estado y al gobierno de Veracruz. Hemos conocido las noticias a nivel internacional en la prensa y sucede que, gracias al gobierno del estado de Veracruz, prensa y medios a nivel mundial se han dado cuenta que hay ciudadanos acusados de terroristas en Veracruz. No es una buena propaganda para el estado."

En la mañana estuvieron en el penal de Pacho Viejo, "tratando de encontrarnos tanto con María de Jesús como con Gilberto. Pudimos entrar, con la señora Anita Vera, madre de Gilberto Martínez, la licenciada Claribel Guevara, y hablamos con la directora del penal, Cecilia Tejeda Ortega, y ella se negó a que yo pudiera ver a los dos compañeros que están detenidos por los cargos de terrorismo equiparado –dijo el senador–, aludiendo a la reglamentación del penal, que yo debía haber pedido autorización de manera anticipada para verlos. Le dije que entendía sus razones, que ella atendía instrucciones, pero que el fuero constitucional del que estamos investidos los legisladores es precisamente para hacer esa clase de diligencias, para ser escuchados y atendidos por todas las autoridades. A pesar de eso, la directora no me permitió ver a los compañeros detenidos. Yo le dije que hacía responsable al secretario general de gobierno de Veracruz (Gerardo Buganza), de quien finalmente ella depende."

La abogada pudo verlos, pero doña Anita no pudo ver a Gilberto, a pesar de que le pedí la consideración a la directora del penal, no pude verlo, dijo el senador. Es muy probable que en el paso por Xalapa de la caravana al sur del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, ella o algún otro familiar de los twitteros dé testimonio de este caso, considerado emblemático. A la visita en Pacho Viejo asistieron también Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Daniel Gershenson, del colectivo Contingente MX.

Penalizar la "perturbación del orden público", salida desesperada

Los reporteros le comentaron al senador que el secretario general de gobierno, Buganza, declaró que presentarán una iniciativa para legislar el delito de perturbación de la paz pública o del orden público y que ellos podrían acogerse a esa ley para salir libres. "Me parece que la salida que está tomando el gobierno del estado es una salida desesperada, ante la presión que está ocurriendo no solamente en Veracruz sino a nivel nacional e internacional. Nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley. Lo que están pidiéndoles es que se declaran culpables de perturbar el orden público, porque parece ser que el secretario general de gobierno dijo que saldrían bajo fianza. Eso significa que, de todos modos, ellos tendrían que declararse culpables, cuando tenemos la convicción de que no existe culpabilidad de ningún tipo, lo que está haciendo el gobierno de Veracruz es que, en fast track, van a mandar la iniciativa, aprobarla en el Congreso publicarla en el periódico oficial del estado y luego hacer que los dos compañeros que están presos se declaren culpables de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron."

No hay crimen si no hay ley

A pregunta de los reporteros, respondió la abogada Claribel Guevara que "ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna". Y aclararon que si su conducta no encuadra en el delito de terrorismo, tendrían que salir libres y ya. Abundó Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y de Contingente MX –que usa las nuevas tecnologías para la defensa de los derechos humanos–: "Hay un principio fundamental en derecho penal que en latín se dice "Nullum crimen sine lege": No hay crimen si no hay ley. No puede existir una propuesta del gobierno y después pasada por el congreso de autorizar penalizar la alteración del orden público, para que después Maruchi Bravo y Gilberto Martínez se encuadren en esta conducta, dado que en el tiempo en que supuestamente realizaron la conducta ese delito no existía. Cualquier legislación en México y en el mundo no es particular sino general. Legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del Estado Mexicano y en este caso sería una aberración jurídica."

Cuando subieron el primer twitt, el pánico llevaba horas

La postura de Contingente MX es que "en los hechos del 25 de agosto hay suficiente evidencia de que el rumor en las calles del puerto de Veracruz se generó en un contexto de desinformación, donde la actividad periodística convencional está amenazada por el crimen organizado y la ineficiencia de las autoridades en brindar seguridad a todos los ciudadanos. Las condiciones estaban dadas para que las amenazas eventuales a los centros escolares estallaran en cualquier momento, ante un hecho concreto y real, que no tiene que ver con internet, el incendio de un vehículo en las cercanías de un plantel escolar."

El rumor inició en las calles "y sólo tardíamente, como se ha demostrado, llega a las redes sociales. Después de horas de caos, el gobierno queda al descubierto, porque no pudo responder a una eventual emergencia. Incluso hay evidencia en testimonios de que el gobierno municipal y estatal colaboraron en el desalojo de los planteles a través de la policía municipal y estatal y a través de los cuerpos de protección civil."

De las escuelas pedía por teléfono a padres ir por sus hijos

El impacto mayor de movilización de padres de familia "tiene que ver con las llamadas que los inspectores de zona exigieron a los directivos que hicieran desde las escuelas. Cientos de llamadas, que no tienen que ver con redes sociales ni twitter, fueron hechas desde las escuelas para que los padres recogieran a sus hijos. El primer mensaje (en twitter) de Gilberto Martínez, es de las once de la mañana cuando ya habían transcurrido e incluso el caos ya venía a menos."

Desde el punto de vista de Contingente MX, el gobierno, "horas después, crea una teoría que apuntaba a una supuesta red de supuestos terroristas que plantearon con antelación el ataque, cosa que no ha podido ser demostrada. No se sostiene jurídicamente la acusación."

Desde mi punto de vista, dijo Jesús Robles Maloof (@alconsumidor), el gobierno "ha presionado al poder judicial en el estado de Veracruz para emitir esta sanción y creo, entonces, que el correcto camino, en lugar de legislar al vapor y construir adefesios jurídicos, es retirar los cargos, y la propuesta que la comunidad de personas que usan redes sociales en Veracruz hace al gobierno es que construyamos un mecanismo eficaz para avisar de los hechos de violencia, que con la comunidad de twitteras y twitteros, que algunos de ellos están aquí, como Roberto Arrucha, Román Cotera, y otros distinguidos activistas, pueda construir el gobierno un mecanismo eficaz pro activo y automoderado en redes sociales, que aprendamos todos de este caso y salgamos adelante como comunidad." El hashtag del grupo en twitter es: #twitterxslibres

La convicción de la abogada, Claribel Guevara, es que a nivel federal les concederán el amparo y saldrán libres, sin necesidad de acogerse a leyes de aplicación retroactiva. Pero la amenaza, percibida por los reporteros, es que una nueva ley que penalice la "alteración del orden" penda sobre no solamente usuarios de redes sociales, sino periodistas, comunicadores y todas las veracruzanas y los veracruzanos.

EN MEXICO PERDURA LA TORTURA

Del 2 al 18 de julio de 2011, una delegación francesa de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia) visitó México con el objetivo de recabar información para elaborar un diagnóstico sobre las prácticas de tortura y de malos tratos, crueles e inhumanos en el país.

La visita se da en el marco del proyecto «Fortalecer los mecanismos de investigación, información, alerta y monitoreo sobre tortura y otros malos tratos», financiado por el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea. A pesar de un importante sistema legal de protección, México fue elegido como uno de los cinco países prioritarios que contempla este proyecto por la persistencia sistemática de la tortura, la impunidad para los responsables y las amenazas hacia las víctimas, los familiares y los representantes de la sociedad civil que la denuncian. Esto, en un contexto de aumento de la violencia en el país y de combate al crimen organizado, con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, competencia de las fuerzas civiles. El proyecto busca también contribuir a fortalecer las estrategias de prevención, documentación y denuncia de la tortura que llevan a cabo las organizaciones de sociedad civil mexicana.

La delegación visitó el Distrito Federal y los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque también se reunió con organizaciones, familiares y sobrevivientes de tortura de Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Tlaxcala. Además, mantuvo reuniones de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y representantes de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas.

México es uno de los países que ha tenido una mayor apertura a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos durante los últimos diez años. Entre las iniciativas para prevenir y luchar contra la erradicación de la tortura en el país destacan la adopción a nivel federal de un instrumento basado en el Protocolo de Estambul para la documentación e investigación de las denuncias de tortura o la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) derivado del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, ACAT Francia ha recogido durante la visita las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la utilización de la tortura y los malos tratos, degradantes o inhumanos como métodos de investigación, la persistencia de la figura del arraigo y la falta de investigación y sanción a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos así como acceso a la justicia y reparación para las víctimas. También se ha podido observar cómo la tortura es utilizada para reprimir a movimientos sociales e inhibir la participación política y la defensa de los derechos humanos, como ocurrió en los casos de San Salvador de Atenco y Oaxaca.

Las entrevistas mantenidas y la información recabada permiten afirmar que, a pesar de las iniciativas descritas, la práctica de la tortura no ha sido erradicada y que los casos que se llegan a denunciar no pueden considerarse simplemente como hechos aislados. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil consultadas consideran que, entre otras cosas, es necesario que se cumplan plenamente tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las recomendaciones emitidas en estos últimos años por diversas instancias de protección a los derechos humanos de la ONU.

Como resultado de esta visita, ACAT Francia publicará un informe que recogerá las conclusiones de su visita con el objetivo de visibilizar la situación de la tortura en México y fortalecer los recursos de presión nacionales e internacionales para su erradicación irrestricta.

ACAT Francia agradece de manera especial a todas las personas que han proporcionado su testimonio a la delegación francesa así como a las organizaciones no gubernamentales que han compartido sus análisis y experiencias; en particular, al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, al Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigodh) y al Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” por su activa colaboración en la organización de la visita en el Distrito Federal, en Oaxaca y en Chiapas, respectivamente. Por último, ACAT Francia agradece a la Delegación de la Unión Europea en México y a las instituciones gubernamentales y funcionarios públicos mencionados anteriormente por su disponibilidad y apertura.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

DECLÁRATE DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

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PEDRO GATICA: 11 AÑOS Y 10 MESES INJUSTAMENTE PRESO

Pedro Gatica

Presunto Culpable, la cinta que exhibió las tradicionales corruptelas del sistema judicial mexicano, podría ser considerada una broma en comparación con el martirio de Pedro Gatica.

Producto de la defensa legítima de las tierras de su comunidad, Pedro Gatica, indígena tlapaneco de la comunidad de Ciénega del Sauce, fue detenido en 1999 cuando tenía 16 años. El 15 de junio, tras 11 años y 10 meses de injusta reclusión, obtuvo la absolución mediante una sentencia votada unánimemente por los Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

El proceso penal de Pedro estuvo plagado de irregularidades y violaciones procesales. Superó por mucho el tiempo que debe durar la prisión preventiva y el plazo que marca la ley para ser juzgado: el juez demoró 4 años en efectuar el desahogo de una diligencia de careos y 6 años más en dictar sentencia. De acuerdo con lo expresado por la organización ASILEGAL, misma que asumió la defensa de Pedro, este caso representa un patrón en el comportamiento del sistema penal mexicano y guerrerense, en el que más de la mitad de las personas detenidas en el estado de Guerrero se encuentran esperando una sentencia: según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en el mes de noviembre del 2010 el 51% de la población penitenciaria en Guerrero y el 76% de la recluida en Ayutla se encontraban sin recibir sentencia definitiva.

Pedro también fue víctima del ejercicio discriminatorio en la impartición de justicia, pues a pesar de que no hablaba español, en ningún momento se le proporcionó un intérprete a través del cual pudiera conocer y comprender su situación legal. Al no hacer una correcta valoración de las pruebas y conducirse con suma arbitrariedad, tanto las autoridades ministeriales como el Juez de Primera Instancia en Ayutla son responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Ante esta forma de proceder de las autoridades encargadas de impartir justicia, que es sistemática en Guerrero y en el resto del país y que tiende a criminalizar la pobreza, el Centro Prodh se une a la organización ASILEGAL en el exhorto que hace a las autoridades para que actúen con apego a los estándares internacionales que regulan el uso de la prisión preventiva.

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