Pedro Gatica |
Producto de la defensa legítima de las tierras de su comunidad, Pedro Gatica, indígena tlapaneco de la comunidad de Ciénega del Sauce, fue detenido en 1999 cuando tenía 16 años. El 15 de junio, tras 11 años y 10 meses de injusta reclusión, obtuvo la absolución mediante una sentencia votada unánimemente por los Magistrados de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
El proceso penal de Pedro estuvo plagado de irregularidades y violaciones procesales. Superó por mucho el tiempo que debe durar la prisión preventiva y el plazo que marca la ley para ser juzgado: el juez demoró 4 años en efectuar el desahogo de una diligencia de careos y 6 años más en dictar sentencia. De acuerdo con lo expresado por la organización ASILEGAL, misma que asumió la defensa de Pedro, este caso representa un patrón en el comportamiento del sistema penal mexicano y guerrerense, en el que más de la mitad de las personas detenidas en el estado de Guerrero se encuentran esperando una sentencia: según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en el mes de noviembre del 2010 el 51% de la población penitenciaria en Guerrero y el 76% de la recluida en Ayutla se encontraban sin recibir sentencia definitiva.
Pedro también fue víctima del ejercicio discriminatorio en la impartición de justicia, pues a pesar de que no hablaba español, en ningún momento se le proporcionó un intérprete a través del cual pudiera conocer y comprender su situación legal. Al no hacer una correcta valoración de las pruebas y conducirse con suma arbitrariedad, tanto las autoridades ministeriales como el Juez de Primera Instancia en Ayutla son responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Ante esta forma de proceder de las autoridades encargadas de impartir justicia, que es sistemática en Guerrero y en el resto del país y que tiende a criminalizar la pobreza, el Centro Prodh se une a la organización ASILEGAL en el exhorto que hace a las autoridades para que actúen con apego a los estándares internacionales que regulan el uso de la prisión preventiva.
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