ABERRANTE REPRIMIR DERECHOS DE SACERDOTES

En el semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica señala que la libertad de opinión no es una concesión benévola del Estado, sino que forma parte de los derechos fundamentales del hombre

La posición de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que considera que la opinión de un sacerdote puede atentar contra los valores democráticos de la sociedad, no es otra cosa que una aberración

En el semanario católico Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México, se afirma que la posición de los magistrados reprime el derecho de los sacerdotes a formar parte de una sociedad democrática y plural.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó a gobernación que sancione a Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, por llamar a no votar por el PRD y por haber aprobado el matrimonio del mismo sexo.

En un artículo contenido en esta publicación católica se indica que la libertad de opinión es y seguirá siendo un derecho humano universal muy a pesar de los promotores del laicismo, que hoy se ha convertido en la gran dictadura de nuestro tiempo.

“Pues se olvida que todo ciudadano sea o no sacerdote tiene derecho de manifestar su punto de vista según sus valores y principios, ya que éstas son las reglas en la democracia”, expone.

Agrega que desgraciadamente nuestros magistrados no han acabo de entenderlo.

En el artículo se afirma que se debe preguntar seriamente que debe ocurrir en nuestro país para que gobernantes, legisladores y jueces entiendan que la libertad de opinión no es una concesión benévola del Estado, sino que forma parte de los derechos fundamentales del hombre reconocido no sólo en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales firmados por México.

Por ello, asegura, llama poderosamente la atención la forma tan plana y simplona con que los impartidores de justicia -interponiendo los derechos políticos por encimas de los humanos- interpretaron las leyes a favor de sus intereses y a costa de las garantías fundamentales no sólo de una sacerdote de la Iglesia Católica, sino de cualquier ministro de culto que expresa su opinión con relación a algún partido político.