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| Rosendo Villarreal Dávila |
Según sus propias cifras, el huachicoleo le costó a Pemex más de 20 mil millones de pesos, y tan sólo en 2008, el costo de las pérdidas ascendió a 9 mil 300 millones.
El 29 de julio de 2009, dos meses antes de la separación oficial de su cargo, la PGR montó un operativo en la Torre Ejecutiva de la paraestatal. Ese día elementos de la PGR y las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública aseguraron equipos de cómputo y documentos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, dependiente de la Dirección Corporativa de Administración.
En octubre de 2016, un medio digital de Nuevo León, Código Magenta, destapó una red de complicidad entre Villarreal Dávila y el operador de los Zetas en Coahuila, Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, que contaba con gasolineras registradas a su nombre, de prestanombres, y de conocidos personajes de la sociedad saltillense que se asociaron con él entre los múltiples negocios que estableció para lavar dinero.
Este medio citó documentos de la Justicia española dentro de la investigación que se le sigue en aquel país a Muñoz Luévano, donde aparentemente se involucró a Rosendo Villarreal y a la prima del expresidente Felipe Calderón, Maria Antonieta “Tony” Hinojosa.
De acuerdo con ese reporte, los negocios tendrían qué ver con gasolina robada de los ductos de Pemex.
“Los beneficios obtenidos con esos ingresos extras se destinan al pago a personas de relevancia en la administración pública mejicana (P ej. Rosendo Villarreal Dávila)”, señalan los documentos del Ministerio del Interior español.
El 20 de agosto de 2014, Muñoz Luévano sostuvo una conversación relacionada con unas escrituras con una persona a la que se le indicó pasar “a la oficina de Rosendo a recoger algo”.
Al día siguiente, 21 de agosto, “El Mono” habló del pago de un predio destinado a la construcción de una gasolinera, y en las grabaciones telefónicas que poseen las autoridades, refirió que ya se había comunicado con el apoderado de Rosendo Villarreal, al que le vendió dicha gasolinera.
Según un reportaje publicado por Contrapunto, en 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, firmó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila.
La estación de servicio E09239, ubicada en la colonia Los Llanos, en el kilómetro 8 del bulevar Fundadores, está registrada a nombre de Villarreal Berlanga, quien con sus hermanos Alberto y Ernesto poseen la empresa Transportes Villarreal Berlanga, con domicilio en la zona industrial de Ramos Arizpe, que opera tráileres de carga entre México y Estados Unidos, y tramita en Pemex contratos de transporte de hidrocarburos.
El 8 diciembre de 2006, apenas una semana después de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, y con su papá como alto directivo de Pemex, Alberto Villarreal Berlanga creó la compañía Servicio Sierra de Arteaga, SA de CV.
El 15 de marzo de 2007, tres meses después de crear la empresa, Villarreal Berlanga tramitó su incorporación como franquicitario de Pemex Refinación para la estación de servicio E09239; pagó 312 mil 150 pesos. Su vigencia es de 15 años, es decir, hasta el 2022, plazo prorrogable por periodos de cinco años.
Para la explotación comercial de la franquicia de Pemex, en noviembre de 2007, Villarreal Berlanga signó con la paraestatal tres contratos: un Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, un Contrato de Suministro y un Contrato de Crédito. Los tres se formalizaron el 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.
Pemex Refinación otorgó a Servicio Sierra de Arteaga la categoría de tres estrellas, que significa que recibe el margen de utilidad más alto que maneja Pemex para sus franquiciatarios, según se asienta en el documento.
Pero además, los funcionarios le otorgaron un crédito a cuenta corriente sin intereses moratorios ni accesorios de ninguna naturaleza. Ello se asienta en el documento contractual SVRN-608-9239, fechado el 14 de noviembre.
La investigación del Ministerio del Interior de España, en particular de la Comisaría General de la Policía Judicial señala específicamente a Rosendo Villarreal Dávila en cinco ocasiones, tres de ellas por su nombre completo. Además involucran a Jorge Salcido Urroz, ex jefe del área de seguridad de Pemex, y con quien la familia de Rosendo tiene una larga relación de trabajo: fue jefe de seguridad de la familia López; posteriormente fue director de la Policía de Saltillo cuando Manuel López Villarreal –sobrino de Rosendo Villarreal– fue alcalde y cuando el otro hermano López Villarreal, Isidro, obtuvo el cargo, lo nombró encargado del C-4, pero fue destituido por no cumplir con los exámenes de control y confianza.
Rosendo Villarreal creó la organización Civil Coahuila Observa, en la que ha tenido participación en diversas actividades, algunas de ellas no tan lícitas.
Zócalo Saltillo exhibió el año pasado una conversación que se hizo circular en redes sociales en las que Rosendo Villarreal sostiene un diálogo con José Luis García Valero, quien encabeza la organización Sí a la Vida, que se ha opuesto a la instalación y el funcionamiento del Cimari en Noria de la Sabina, en General Cepeda y en la que también está involucrada la Diócesis de Saltillo.
En el audio hablan del apoyo que les dieron los huachicoleros de General Cepeda, e incluso García Valero hace referencia a la detención de uno de ellos en hechos suscitados en 2015.
“Nomás preguntarte cómo iban, Julio ya te va a hacer el depósito de las tres semanas”, le dice Rosendo Villarreal a García Valero. “De acuerdo, y muchas gracias por el apoyo, Rosendo”, le contesta su interlocutor.
Después hablan de que subieron a las redes sociales el acta de Cabildo donde se da el cambio de uso de suelo para la instalación del Cimari, y que sostuvieron una reunión con gente de la Secretaría de Gobierno. Por último, García Valero habla del apoyo que les dan los negocios de venta de combustible clandestino.
“En la noche empezaron a correr tuits y cuestiones. Hubo una balacera en San Antonio del Jaral, que es una comunidad que está apoyándonos mucho, se llevaron al empleado de un distribuidor de diésel de estos clandestinos que nos están apoyando mucho también. Él tiene un expendio de diésel, no es de las gentes (sic) que figura, está ahí en el grupo pues. Toda la carretera, San Antonio, y el 64 y tal, están marcados por ese tipo de cosas y por prostitución y demás, ¿no?”, evidencia Garcia Valero en la llamada.
De acuerdo con los registros periodísticos, la balacera a la que hace referencia el activista ocurrió en septiembre de 2015, cuando elementos de la Policía Estatal Operativa detuvieron a dos personas en ese ejido expidiendo facturas falsas de gasolina, casetas de peaje y hospedaje para los traileros que cruzan la carretera antigua a Torreón, a la altura de San Antonio del Jaral.
Luego de revisar el sitio donde se detuvieron a estas personas, descubrieron que también se dedicaban a la venta de gasolina y diésel de procedencia ilícita.
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