Fuente: Silvia Ayuso (dpa)
Washington, 27 oct (dpa) - Activistas en favor de las víctimas mortales y desaparecidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico en México, así como de los migrantes que también sufren los estragos de la ola de violencia reclamaron hoy ante la CIDH al Estado mexicano que ponga fin a la "impunidad" y la "corrupción" y acelere los mecanismos para mejorar la protección de los vulnerables.
En México "nos pueden matar, secuestrar, el grado de inseguridad es atroz, nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune", denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el escritor mexicano Javier Sicilia.
"Mi caso, doloroso, es uno de los casos resueltos, quizás el único en los últimos tiempos, es decir, la justicia es la excepción, la impunidad es la norma", agregó el poeta, quien desde el asesinato de su hijo en marzo ha encabezado varias "caravanas por la paz" y se ha convertido en uno de los principales denunciantes de las violaciones de los derechos humanos en su país en el contexto de la "guerra contra el narcotráfico" iniciada por el presidente Felipe Calderón.
Sicilia fue hoy uno de los peticionarios en las tres audiencias que la CIDH dedicó a la situación de los derechos humanos y la seguridad ciudadana en México.
"50.000 muertos, 20.000 desaparecidos, más de 120.000 desplazados, pónganle a cada uno de ellos un rostro y detrás de ese rostro el de hermanos, el de un padre, y multiplíquenlo, nunca han visto 50.000 gentes en un estadio, vean esos rostros", espetó Sicilia a la alta delegación del gobierno mexicano que participó en las sesiones.
Sicilia afirmó que en México se necesita "cambiar" una estrategia de seguridad que es "tremendamente violenta y con pocos resultados" y que ha sido "diseñada para la seguridad de las instituciones, no la ciudadana".
"Si la seguridad no va a apuntalar hacia la reconstrucción del tejido social, difícilmente vamos a seguir reconstruyendo esto", alertó.
"No podemos seguir viviendo así", insistió y abogó por una "seguridad humana y no una seguridad nacional".
Además, criticó lo "muy mal hecha" que a juicio de los activistas está la Procuraduría para la Protección de las Víctimas y exigió una Procuraduría que "esté a la altura de la emergencia nacional que está viviendo el país (...) a la altura del dolor del país" con un "presupuesto necesario" y en la que "se dé no sólo la voz a los ciudadanos, sino también voto".
Asimismo, reclamó que haya "castigos ejemplares del gobierno y partidos" porque, advirtió, en caso contrario "difícilmente vamos a poder lograr un estado de paz y justicia".
Los activistas reclamaron además al Estado una "disposición al diálogo" del gobierno mexicano y su "compromiso para cumplir las recomendaciones que haga la CIDH", así como la "implementación y fortalecimiento de los planes nacionales de búsqueda para localizar a desaparecidos", el "fortalecer" una base de datos "centralizada" y la "protección a parientes y testigos de desaparecidos", entre otros.
Los representantes del gobierno de Calderón entretanto defendieron las políticas del mandatario para enfrentar una violencia que, recalcaron, es ante todo producto de los cárteles y organizaciones criminales.
La estrategia de seguridad en México es una "política integral sin precedentes para atender la demanda social de fortalecer la seguridad" y de "responder a la violencia", replicó el subsecretario de ASuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora.
La persecución de las actividades ilícitas "ha sido y seguirá siendo una prioridad para el Estado bajo la firme convicción de que el combate al crimen y la impunidad garantiza el bienestar de las próximas generaciones y consolida nuestras instituciones democráticas", agregó.
"La acción del Estado mexicano es y ha sido consecuencia, y no la causa, de la violencia (...) la mayor amenaza a la seguridad está constituida por el crimen, particularmente por el narcotráfico y la violencia que éste genera", insistió y apuntó a la "debilidad y vulnerabilidad" de las instituciones locales y estatales, así como su mayor penetración de "corrupción", como uno de los problemas fundamentales a la hora de enfrentar el flagelo.
El gobierno mexicano también defendió su política respecto al problema de los secuestros y desapariciones de migrantes y de las amenazas que sufren los defensores de sus derechos, tema que fue el centro de una audiencia previa en la CIDH este jueves.
El Subsecretario de Gobernación René Centeno aseguró que el gobierno "sigue y seguirá luchando incansablemente para garantizar seguridad física y psicológica de los mexicanos y migrantes" y desglosó los cambios y normativas aplicados en los últimos años.
Sin embargo, Stephanie Brewer, del Centro Prodh, recordó que pese a los cambios legislativos el número de migrantes secuestrados ha seguido creciendo el último año y, a pesar de la visita que realizó in situ la CIDH el verano boreal, "meses tras la visita, los migrantes siguen viviendo la tragedia y sus defensores sufren actos de hostigamiento y amenazas que impiden su labor".
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