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Tren Parlamentario
Vicente Bello
El recuerdo e imagen del ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández irrumpió, borrascoso, en la tribuna de la Comisión Permanente. Y tras de él, como un torbellino, ha ido una cauda de argumentos y contraargumentos invocadores del derecho penal, por la condición que aquél tiene de prófugo de la justicia, y de la guerra que actualmente sostienen tirios y troyanos por la Presidencia de la República.
Rubén Camarillo Ortega, senador del PAN, planteó al Pleno el siguiente Punto de Acuerdo, para su aprobación por la vía de la urgente y obvia resolución: “Primero: se exhorta a la PGR para que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de lavado de dinero, abra una investigación a fin de conocer el origen de los recursos en efectivo y bienes e inmuebles, confiscados al señor Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios, con el propósito de determinar el daño patrimonial, que debe ser resarcido al pueblo de Coahuila”.
Diputados y senadores del PRI reaccionaron como toros en el primer tercio. “Y segundo: se exhorta a la PGR para que abra una investigación para deslindar las responsabilidades del señor Humberto Moreira Valdés, en los delitos que se le atribuyen a Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios en los Estados Unidos de América”.
Camarillo evocó la deuda “de los 34 mil millones de pesos, de la que no se ha logrado informar satisfactoriamente”, decía. Y –añadía luego- “ahora nos hemos enterado que Villarreal Hernández es prófugo de la justicia y está siendo buscado por la Interpol”. Y, también, de que “debido a peticiones de autoridades fiscales de la DEA, otras agencias federales del Gobierno estadounidense y la Procuraduría de Justicia del Estado de Texas han entablado una demanda en su contra. (Pero además), la Procuraduría de Texas ya ha decomisado más de 6 millones de dólares y está en la pretensión de incautar todos los bienes que Villarreal ha adquirido en Texas”.
Entonces el senador panista pedía al Pleno aprobar el exhorto, porque –argumentaba- “el señor Moreira no es cualquier ciudadano, es un ex gobernador y fue también el presidente nacional del PRI. E incluso más allá: fue el presidente del PRI que estuvo atrás de la elección de Enrique Peña Nieto, una elección de la que se dice que hay una exageración de recursos; que es una campaña onerosa…”.
Esta concatenación de ideas, suposiciones o argumentos del senador panista, escoció al priísmo hasta el tuétano, cuyos senadores y diputados reaccionaban jurando que Camarillo sólo retorcía hechos para cuadrarlos en beneficio de su partido ahora que el país está a mitad del proceso electoral por la Presidencia de la República.
Terció Jaime Cárdenas, diputado del PT: “Tenemos que enfrentar la corrupción con muchos instrumentos de carácter institucional, político, jurídico”. Y decía entonces que, para tal cosa, había que fortalecer instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, dándole plena autonomía, como también al Ministerio Público, para que no estén sujetos de los intereses políticos ni de los intereses de poderes fácticos. Más autonomía también a los institutos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, federal y estatales.
El diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez recriminó a Jaime Cárdenas. ¿Por qué apoyar un asunto donde se trasmina una “estratagema política”?
Jaime Cárdenas respondió a César Augusto Santiago: No sé cuál sea la intención del senador Camarillo, pero más allá de cuál sea su intención, si hacer de este asunto un tema electoral, lo importante es que esta Comisión Permanente está obligada a presionar, a insistirle a la PGR que investigue con profundidad los hechos que suponemos están siendo investigados por la PGR. El diputado Alfonso Navarrete Prida, del PRI: “Estamos discutiendo un acuerdo que exhorta a la PGR a investigar recursos confiscados, cuando la confiscación es una figura prohibía en la Constitución, tanto de México como de Estados Unidos. ¿No le parece incluso un despropósito plantearla y que nos exhibamos”. Y apostillaba, a propósito del planteamiento del panista en el Punto de Acuerdo: “Denota dolo”.
José Ramón Martel López, vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro, iría después a la tribuna para reclamar que un hecho jurídico ahora se le pretenda dar un sesgo de fines político-electorales.
El punto de acuerdo fue modificado en su redacción, para quedar finalmente así: “Primer. Se exhorta a la PGR para que en el ejercicio de sus atribuciones, en materia de lavado de dinero, abra una investigación a fin de conocer el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados (sic) al ciudadano Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios, con el propósito de determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros posibles involucrados”. El Pleno aprobó el Punto de Acuerdo. Habían retirado de la redacción de marras el nombre de Humberto Moreira.
Rubén Camarillo Ortega, senador del PAN, planteó al Pleno el siguiente Punto de Acuerdo, para su aprobación por la vía de la urgente y obvia resolución: “Primero: se exhorta a la PGR para que en el ejercicio de sus atribuciones en materia de lavado de dinero, abra una investigación a fin de conocer el origen de los recursos en efectivo y bienes e inmuebles, confiscados al señor Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios, con el propósito de determinar el daño patrimonial, que debe ser resarcido al pueblo de Coahuila”.
Diputados y senadores del PRI reaccionaron como toros en el primer tercio. “Y segundo: se exhorta a la PGR para que abra una investigación para deslindar las responsabilidades del señor Humberto Moreira Valdés, en los delitos que se le atribuyen a Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios en los Estados Unidos de América”.
Camarillo evocó la deuda “de los 34 mil millones de pesos, de la que no se ha logrado informar satisfactoriamente”, decía. Y –añadía luego- “ahora nos hemos enterado que Villarreal Hernández es prófugo de la justicia y está siendo buscado por la Interpol”. Y, también, de que “debido a peticiones de autoridades fiscales de la DEA, otras agencias federales del Gobierno estadounidense y la Procuraduría de Justicia del Estado de Texas han entablado una demanda en su contra. (Pero además), la Procuraduría de Texas ya ha decomisado más de 6 millones de dólares y está en la pretensión de incautar todos los bienes que Villarreal ha adquirido en Texas”.
Entonces el senador panista pedía al Pleno aprobar el exhorto, porque –argumentaba- “el señor Moreira no es cualquier ciudadano, es un ex gobernador y fue también el presidente nacional del PRI. E incluso más allá: fue el presidente del PRI que estuvo atrás de la elección de Enrique Peña Nieto, una elección de la que se dice que hay una exageración de recursos; que es una campaña onerosa…”.
Esta concatenación de ideas, suposiciones o argumentos del senador panista, escoció al priísmo hasta el tuétano, cuyos senadores y diputados reaccionaban jurando que Camarillo sólo retorcía hechos para cuadrarlos en beneficio de su partido ahora que el país está a mitad del proceso electoral por la Presidencia de la República.
Terció Jaime Cárdenas, diputado del PT: “Tenemos que enfrentar la corrupción con muchos instrumentos de carácter institucional, político, jurídico”. Y decía entonces que, para tal cosa, había que fortalecer instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, dándole plena autonomía, como también al Ministerio Público, para que no estén sujetos de los intereses políticos ni de los intereses de poderes fácticos. Más autonomía también a los institutos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, federal y estatales.
El diputado priísta César Augusto Santiago Ramírez recriminó a Jaime Cárdenas. ¿Por qué apoyar un asunto donde se trasmina una “estratagema política”?
Jaime Cárdenas respondió a César Augusto Santiago: No sé cuál sea la intención del senador Camarillo, pero más allá de cuál sea su intención, si hacer de este asunto un tema electoral, lo importante es que esta Comisión Permanente está obligada a presionar, a insistirle a la PGR que investigue con profundidad los hechos que suponemos están siendo investigados por la PGR. El diputado Alfonso Navarrete Prida, del PRI: “Estamos discutiendo un acuerdo que exhorta a la PGR a investigar recursos confiscados, cuando la confiscación es una figura prohibía en la Constitución, tanto de México como de Estados Unidos. ¿No le parece incluso un despropósito plantearla y que nos exhibamos”. Y apostillaba, a propósito del planteamiento del panista en el Punto de Acuerdo: “Denota dolo”.
José Ramón Martel López, vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro, iría después a la tribuna para reclamar que un hecho jurídico ahora se le pretenda dar un sesgo de fines político-electorales.
El punto de acuerdo fue modificado en su redacción, para quedar finalmente así: “Primer. Se exhorta a la PGR para que en el ejercicio de sus atribuciones, en materia de lavado de dinero, abra una investigación a fin de conocer el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados (sic) al ciudadano Héctor Javier Villarreal Hernández, familiares y socios, con el propósito de determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros posibles involucrados”. El Pleno aprobó el Punto de Acuerdo. Habían retirado de la redacción de marras el nombre de Humberto Moreira.
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