Periodismo de Tentación
En su libro Traiciones de la memoria, Héctor Abad Faciolince describe a un verdulero de Mendoza, Argentina, afecto a las frases sugerentes. Hombre sabio y muy dedicado a los tomates, explica así su negativa a hacer ventas a domicilio: "Yo vivo de sus tentaciones, no de sus necesidades".
La frase resulta perfecta para hablar de la prensa, donde unos viven de la tentación y otros de la necesidad. Es obvio que los diarios requieren de informaciones básicas. La agenda del Presidente, la catástrofe de turno, los goles de la liga y el estado del clima son prioridades que no pueden soslayarse. El periodismo de necesidad se ocupa de lo esencial -el resumen del universo en primera plana- y permite que exista el periodismo de antojo, al que nos dedicamos los colegas del verdulero de Mendoza.
¿Por qué leemos un artículo? La razón natural -"biológica", podríamos decir- es que tenemos hambre de argumentos. La ética de los curas, la aplicación de la ley, los escándalos financieros, los crímenes no resueltos y la conducta de los políticos pertenecen a las cosas que debemos saber. Como el arroz, la sal y el aceite se trata de imprescindibles asuntos cotidianos. Quien solicita comida a domicilio jamás se equivoca en esa clase de pedidos.
En cambio, hay quesos únicos y yogures combinados que sólo comparas si los tienes enfrente. Lo mismo pasa con ciertas columnas periodísticas. Aunque presumiblemente todos disponemos de dos riñones, el gran público no ha mostrado mucha curiosidad renal; sin embargo, de pronto leemos un apasionante texto sobre el tema, no porque brinde noticias de primera fila acerca de cálculos o diálisis, sino por la forma en que está escrito. El periodismo de tentación es lo contrario a una exclusiva: encandila con algo que podríamos ignorar. No se basa en la información sino en su manejo hedonista.
Julio Camba, Álvaro Cunqueiro, Ramón Gómez de la Serna, Josep Pla, Eçade Queiroz y Jorge Ibargüengoitia perfeccionaron el difícil arte devender lechugas por su aspecto. Sus artículos son casos de tentación, equivalentes al de pasar sin hambre ante un puesto de verduras y sentir insólitas ganas de morder una hoja color verde translúcido.
En tiempos de comida congelada y activos mensajeros en motocicleta, las necesidades se satisfacen más y mejor que los caprichos. Los verduleros y los periodistas de tentación no siempre encuentran espacio para ofrecer los duraznos que frotan con esmero en sus solapas. Y pese a todo, no han dejado de demostrar una paradoja: también la tentación es necesaria.
Hace un par de años, el cronista argentino Martín Caparrós recibió la invitación de un amigo de toda la vida a incorporarse a un nuevo periódico, en la sección que él escogiera. Para sorpresa de todo mundo, Caparrós eligió ser subdirector, cargo tan complejo, demandante y explosivo como el de auxiliar de entrenador de la selección nacional. El amigo de toda la vida creyó que el cronista pasaba por un temporal episodio de demencia; le recordó que le iba muy bien tal como estaba y le preguntó las razones para querer sumirse de cabeza en las procelosas aguas de una redacción. Caparrós contestó con una historia. Un jerarca de Asia Menor decide unir su reino con el de su vecino y le envía una vasija en señal de disponibilidad. Como los reyes de aqueltiempo eran metafóricos, el segundo monarca responde llenando la vasija de leche. Eso quiere decir que sus necesidades están colmadas y que no ve ninguna ventaja en ampliar su territorio. Entonces el jerarca que desea la unión espolvorea azúcar en la leche y devuelve la vasija. El mensaje es el siguiente: ambos reinos sobreviven bien por su cuenta, pero uno puede endulzar al otro. El periodismo de tentación mejora las páginas cuando lo demás está cubierto.
Caparrós defendía con esta historia la importancia de agregar algo a la realidad. Todo gran fotógrafo registra los hechos y añade su mirada. Lo mismo pasa con lo que se vuelve opinable.
En el artículo "Un adverbio se le ocurre a cualquiera", publicado en la revista Interviú, Juan José Millás cuenta que de chico quiso poner una tienda de palabras para comerciar con ellas como otros comercian con calcetines. Las interjecciones estarían en oferta y los sólidos sustantivos serían más caros. El éxito del negocio dependería de la variedad de los vocablos. Esta tienda es gemela de la verdulería de Mendoza. El adjetivo impar y la ciruela rubicunda deben ser vistos para ser consumidos.
El periodismo de tentación tendría sus días contados si la gente no fuera tan antojadiza. Aunque nadie va al cine por la calidad de las palomitas, un cine sin palomitas deprime mucho.
A fin de cuentas nada es tan humano como sucumbir a una debilidad. En El abanico de Lady Windermere, escribe Oscar Wilde: "Puedo resistirlo todo, salvo la tentación".
Pero hay de debilidades a debilidades. Unas degradan, otras enaltecen, otras más son tan comunes que ni se notan.
El cometido ético del periodismo de tentación consiste en mejorar las debilidades de los lectores.
BLOG DE ANÁLISIS Y PERIODISMO PROPOSITIVO
La verdad nos hará libres...
viernes, 30 de abril de 2010
Los Paramilitares: ¿Quién Gobierna?
La Columna del Director
La Verdad-Diarios
Buen día, Lector: El martes 27 del mes que corre, un convoy de tres vehículos con unos 25 observadores de derechos humanos provenientes Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania y periodistas mexicanos fue emboscado en una carretera de Huajuapan de León a San Juan Copala, Oaxaca. El saldo: dos muertos y varios desaparecidos.
¿Quién emboscó a esos obsevadores internacionales y a los periodistas? Todo apunta, por declaraciones de una sobreviviente cuyo estado de salud es estable aunque grave, al grupo paramilitar priísta Frente Nacional Indígena y Campesino, A. C.
Ese grupo paramilitar fue creado en 1994 por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, a la sazón priísta y hoy diputado panista, con el propósito de hacer prevalecer intereses gubernamentales y caciquiles-partidistas en conflictos sociales en la región triqui.
Entre los desaparecidos figuran los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo, respectivamente, de la revista Contralínea. El director de ésta, Miguel Badillo, se apersonó en la zona para auxiliar en la búsqueda de sus colegas.
Señálese a la pasada que la citada revista, la que dirige el colega Badillo, ha sido perseguida por ciertas vertientes del poder político y empresarial como represalia por haber publicado los resultados de investigaciones de corrupción.
Y subráyese también que la revista Forum, que dirige el periodista Eduardo Ibarra, es igualmente perseguida por el poder político, y víctima de vendettas gubernamentales.
Esos episodios –la trágica emboscada y la represión a Contralínea y Forum— son síntomas inequívocos de un statu quo de tal perversidad y truculencia que denotan, por sí mismos, un clima de anormalidades y anomalías en el ejercicio del poder.
El fenómeno de la existencia y actuación activa e impune de organizaciones paramilitares en México no es reciente, sino que se remonta a varios sexenios, en particular los de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y Luis Echeverría Alvarez (1970-76).
Esos mandatarios tuvieron el mal tino de utilizar grupos paramilitares para reprimir las inquietudes sociales organizadas, en particular las de estudiantes. En 1968, un grupo militare-paramilitar mató a unos 400 estudiantes en Tlatelolco.
Y el señor Echeverrfía –aun vivo-- lanzó a su grupo paramilitar conocido como Los Halcones a masacrar en 1971 a decenas de estudiantes. Esa fecha es conocida como la Matanza del Jueves de Corpus. Luego de ello, desató una “guerra sucia” brutal.
El señor Echeverría acaba de ser exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la comisión del delito de genocidio, pues no sólo ordenó la degollina de Corpus sino también una campaña para “desaparecer” a más de 550 jóvenes disidentes.
Entre los desaparecidos figura Jesús Piedra Ibarra, hijo de la senadora Rosario Ibarra, quien desde entonces (1975) realiza una campaña centrada en la búsqueda de esos desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clama doña Rosario.
Reitérese, pues, que el fenómeno de la actuación de grupos paramilitares está establecida en México desde hace tiempo, como vía expedita, ilegal sin duda, de terciar en conflictos sociales bajo la cuestionable lógica de ganar ventaja en el río revuelto.
Más volvamos al caso de la caravana de observadores internacionales de derechos humanos embocada por los paramilitares del PRI --célebre, precísese, por sus grupos de choque y “porros”--; menciónese que esos organismos ilegales operan en todo el país.
La característica mayor de esos grupos es el origen de su financiamiento, el cual obtienen de los gobiernos locales y federal –éste, mediante dispensa de recursos destinados a la seguridad pública y en ocasiones del Ejército Mexicano-- y empresarios.
Otra peculiaridad de los paramilitares es su provisión de armas: Éstas proceden de fuentes gubernamentales –cuerpos de policía federales y locales y a veces del Ejército--, existiendo también entreveramientos ocasionales en ello con cárteles del narcotráfico.
Muchos de los “levantones”, desapariciones e incluso “ejecuciones” y secuestros que se le atribuyen a los cárteles del narcotráfico son, en realidad, cometidos por los paramilitares. Su presencia es equivalente a la de un cuerpo armado mercenario.
En estadísticas de 2009, el gobierno federal tiene un censo no oficial de 43 grupos armados en México, sin vínculos con el narcotráfico ni con las guerrillas –que operan localmente en varios lugares del territorio nacional--, pero ligados al gobierno.
El episodio trágico de la emboscada nos revela, por añadidura, la existencia de un fenómeno presente desde hace décadas en México, pero ignorado. La emboscada trae a un primer plano de atención ese fenómeno.
Y le plantea al gobierno de México e incluso a todo el poder político del Estado mexicano un problema descomunal de varias aristas agudas: la presión internacional. Los gobiernos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania no se quedarán callados.
El epísodio describe otra realidad: en México prevalece la anarquía y el caos, pues el gobierno no controla la situación político-social; no gobierna, pues; no hay gobierno, en los hechos. ¿Hacia dónde vamos?
La Verdad-Diarios
Buen día, Lector: El martes 27 del mes que corre, un convoy de tres vehículos con unos 25 observadores de derechos humanos provenientes Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania y periodistas mexicanos fue emboscado en una carretera de Huajuapan de León a San Juan Copala, Oaxaca. El saldo: dos muertos y varios desaparecidos.
¿Quién emboscó a esos obsevadores internacionales y a los periodistas? Todo apunta, por declaraciones de una sobreviviente cuyo estado de salud es estable aunque grave, al grupo paramilitar priísta Frente Nacional Indígena y Campesino, A. C.
Ese grupo paramilitar fue creado en 1994 por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, a la sazón priísta y hoy diputado panista, con el propósito de hacer prevalecer intereses gubernamentales y caciquiles-partidistas en conflictos sociales en la región triqui.
Entre los desaparecidos figuran los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo, respectivamente, de la revista Contralínea. El director de ésta, Miguel Badillo, se apersonó en la zona para auxiliar en la búsqueda de sus colegas.
Señálese a la pasada que la citada revista, la que dirige el colega Badillo, ha sido perseguida por ciertas vertientes del poder político y empresarial como represalia por haber publicado los resultados de investigaciones de corrupción.
Y subráyese también que la revista Forum, que dirige el periodista Eduardo Ibarra, es igualmente perseguida por el poder político, y víctima de vendettas gubernamentales.
Esos episodios –la trágica emboscada y la represión a Contralínea y Forum— son síntomas inequívocos de un statu quo de tal perversidad y truculencia que denotan, por sí mismos, un clima de anormalidades y anomalías en el ejercicio del poder.
El fenómeno de la existencia y actuación activa e impune de organizaciones paramilitares en México no es reciente, sino que se remonta a varios sexenios, en particular los de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y Luis Echeverría Alvarez (1970-76).
Esos mandatarios tuvieron el mal tino de utilizar grupos paramilitares para reprimir las inquietudes sociales organizadas, en particular las de estudiantes. En 1968, un grupo militare-paramilitar mató a unos 400 estudiantes en Tlatelolco.
Y el señor Echeverrfía –aun vivo-- lanzó a su grupo paramilitar conocido como Los Halcones a masacrar en 1971 a decenas de estudiantes. Esa fecha es conocida como la Matanza del Jueves de Corpus. Luego de ello, desató una “guerra sucia” brutal.
El señor Echeverría acaba de ser exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la comisión del delito de genocidio, pues no sólo ordenó la degollina de Corpus sino también una campaña para “desaparecer” a más de 550 jóvenes disidentes.
Entre los desaparecidos figura Jesús Piedra Ibarra, hijo de la senadora Rosario Ibarra, quien desde entonces (1975) realiza una campaña centrada en la búsqueda de esos desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clama doña Rosario.
Reitérese, pues, que el fenómeno de la actuación de grupos paramilitares está establecida en México desde hace tiempo, como vía expedita, ilegal sin duda, de terciar en conflictos sociales bajo la cuestionable lógica de ganar ventaja en el río revuelto.
Más volvamos al caso de la caravana de observadores internacionales de derechos humanos embocada por los paramilitares del PRI --célebre, precísese, por sus grupos de choque y “porros”--; menciónese que esos organismos ilegales operan en todo el país.
La característica mayor de esos grupos es el origen de su financiamiento, el cual obtienen de los gobiernos locales y federal –éste, mediante dispensa de recursos destinados a la seguridad pública y en ocasiones del Ejército Mexicano-- y empresarios.
Otra peculiaridad de los paramilitares es su provisión de armas: Éstas proceden de fuentes gubernamentales –cuerpos de policía federales y locales y a veces del Ejército--, existiendo también entreveramientos ocasionales en ello con cárteles del narcotráfico.
Muchos de los “levantones”, desapariciones e incluso “ejecuciones” y secuestros que se le atribuyen a los cárteles del narcotráfico son, en realidad, cometidos por los paramilitares. Su presencia es equivalente a la de un cuerpo armado mercenario.
En estadísticas de 2009, el gobierno federal tiene un censo no oficial de 43 grupos armados en México, sin vínculos con el narcotráfico ni con las guerrillas –que operan localmente en varios lugares del territorio nacional--, pero ligados al gobierno.
El episodio trágico de la emboscada nos revela, por añadidura, la existencia de un fenómeno presente desde hace décadas en México, pero ignorado. La emboscada trae a un primer plano de atención ese fenómeno.
Y le plantea al gobierno de México e incluso a todo el poder político del Estado mexicano un problema descomunal de varias aristas agudas: la presión internacional. Los gobiernos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania no se quedarán callados.
El epísodio describe otra realidad: en México prevalece la anarquía y el caos, pues el gobierno no controla la situación político-social; no gobierna, pues; no hay gobierno, en los hechos. ¿Hacia dónde vamos?
jueves, 29 de abril de 2010
CITA DE MARCO TULIO CICERON.
"El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado."
Año 55 a.C.
Me piden algunos amigos exprese algunos comentarios al respecto y con mucho gusto se los comparto:
Esta sentencia con 2.065 años de antigüedad, intentaba que ROMA no fuera a la catástrofe, ya en su tiempo y antes de que se inventara la ECONOMÍA como ciencia, naturalmente inexacta y de que se inventara EL ESTADO DEL BIENESTAR.
¿Porque lo decía Cicerón?.Pues sencillamente, porque la Autocracia y la Servidumbre dependían de un populacho romano que no trabajaba y se dedicaba a holgar, para que el Triunvirato de Cesar, Pompeyo y Craso controlando la cabeza del Imperio, destacaran aún más.
Se opuso públicamente a la alianza de César, Pompeyo y Craso (conocida como Primer Triunvirato), lo que le valió que éstos apoyaran la investidura de su antiguo rival, Publio Clodio, como tribuno de la plebe para conseguir exiliarle (58 a. C.) Tras un año emigrado en Macedonia, Pompeyo le perdonó y pudo regresar.
En el año 51 a. C. aceptó el cargo de procónsul de la provincia romana de Cilicia, regresando a Roma en el 50 a. C. Apoyó a Pompeyo contra César en la guerra civil, al parecer porque le creía más cercano a las ideas republicanas. Sin embargo, al vencer César finalmente en el 48 a. C., Cicerón comprendió que era inútil toda oposición, y César le perdonó, quizá debido a su gran prestigio como escritor y pensador o quizá porque César gustaba de mostrar su magnificencia perdonando a sus enemigos señalados.
Comprendiendo su delicada situación, Cicerón declinó toda actividad política y se dedicó a escribir. Soportó a duras penas la política cesariana, ya que era un republicano convencido; sin embargo, al ser asesinado César el 44 a. C., volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas al discípulo del dictador, Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filípicas e incluso brindando su apoyo al hijo adoptivo de César, Cayo Julio César Octaviano (Octavio Augusto), quien finalmente lo engañaría aliándose con Antonio e incluyéndole en las listas de proscritos.
Consiguió huir de Roma, pero los caza recompensas consiguieron dar con él y lo asesinaron (43 a. C.), cortándole las manos y la cabeza, trofeos que fueron expuestos en el foro después de que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, atravesara la lengua de Cicerón con un alfiler para el pelo.
¿Será esto lo que nos espera? Aunque no podamos compararnos en forma alguna con Cicerón, a quienes escribimos o criticamos públicamente en México contra los abusos del poder partidocrático ¿Habrá sicarios dispuestos a infligirnos daño físico o incluso la muerte?
Y DEJO UNA PROPUESTA FINAL: DEBERÍA SER TIPIFICADO COMO DELITO GRAVE ARRUINAR AL PAÍS, A UNA ENTIDAD FEDERATIVA O A UN MUNICIPIO. PORQUE ESO DE "QUE LA HISTORIA LO JUZGUE" ES PURA DEMAGOGIA. (Mauricio Valdés Rodríguez).
Año 55 a.C.
Me piden algunos amigos exprese algunos comentarios al respecto y con mucho gusto se los comparto:
Esta sentencia con 2.065 años de antigüedad, intentaba que ROMA no fuera a la catástrofe, ya en su tiempo y antes de que se inventara la ECONOMÍA como ciencia, naturalmente inexacta y de que se inventara EL ESTADO DEL BIENESTAR.
¿Porque lo decía Cicerón?.Pues sencillamente, porque la Autocracia y la Servidumbre dependían de un populacho romano que no trabajaba y se dedicaba a holgar, para que el Triunvirato de Cesar, Pompeyo y Craso controlando la cabeza del Imperio, destacaran aún más.
Se opuso públicamente a la alianza de César, Pompeyo y Craso (conocida como Primer Triunvirato), lo que le valió que éstos apoyaran la investidura de su antiguo rival, Publio Clodio, como tribuno de la plebe para conseguir exiliarle (58 a. C.) Tras un año emigrado en Macedonia, Pompeyo le perdonó y pudo regresar.
En el año 51 a. C. aceptó el cargo de procónsul de la provincia romana de Cilicia, regresando a Roma en el 50 a. C. Apoyó a Pompeyo contra César en la guerra civil, al parecer porque le creía más cercano a las ideas republicanas. Sin embargo, al vencer César finalmente en el 48 a. C., Cicerón comprendió que era inútil toda oposición, y César le perdonó, quizá debido a su gran prestigio como escritor y pensador o quizá porque César gustaba de mostrar su magnificencia perdonando a sus enemigos señalados.
Comprendiendo su delicada situación, Cicerón declinó toda actividad política y se dedicó a escribir. Soportó a duras penas la política cesariana, ya que era un republicano convencido; sin embargo, al ser asesinado César el 44 a. C., volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas al discípulo del dictador, Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filípicas e incluso brindando su apoyo al hijo adoptivo de César, Cayo Julio César Octaviano (Octavio Augusto), quien finalmente lo engañaría aliándose con Antonio e incluyéndole en las listas de proscritos.
Consiguió huir de Roma, pero los caza recompensas consiguieron dar con él y lo asesinaron (43 a. C.), cortándole las manos y la cabeza, trofeos que fueron expuestos en el foro después de que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, atravesara la lengua de Cicerón con un alfiler para el pelo.
¿Será esto lo que nos espera? Aunque no podamos compararnos en forma alguna con Cicerón, a quienes escribimos o criticamos públicamente en México contra los abusos del poder partidocrático ¿Habrá sicarios dispuestos a infligirnos daño físico o incluso la muerte?
Y DEJO UNA PROPUESTA FINAL: DEBERÍA SER TIPIFICADO COMO DELITO GRAVE ARRUINAR AL PAÍS, A UNA ENTIDAD FEDERATIVA O A UN MUNICIPIO. PORQUE ESO DE "QUE LA HISTORIA LO JUZGUE" ES PURA DEMAGOGIA. (Mauricio Valdés Rodríguez).
miércoles, 28 de abril de 2010
ALERTA A LOS ACTIVISTAS DE ONG's
Ahora si que vamos de mal en peor. Los delicuentes están en todos los flancos y atacan indiscriminadamente. El colmo: asesinar activistas nacionales y extranjeros de Derechos Humanos, que ya está convirtiéndose en una práctica común en México.
OAXACA, MÉXICO, (28/ABR/2010).- Un ciudadano finlandés y una mujer muertos es el saldo confirmado hasta el momento de la emboscada contra una caravana de activistas y observadores de derechos humanos que se dirigían al municipio de San Juan Copala, en la región triqui.
De acuerdo con el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre los fallecidos se encuentra un ciudadano finlandés, identificado como Jyri Antero Jaakkola, así como una mexicana de nombre Beatriz Alberta Cariño Trujillo, adherida a la organización Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).
El ataque ocurrió la tarde del martes en un paraje de la comunidad de San Juan Copala, en Oaxaca, donde otra mexicana resultó herida por disparos de arma de fuego. En la caravana viajaban unas 40 personas y se ha reportado la desaparición de los periodistas de la revista mexicana Contralínea: David Filia y Erica Ramírez, así como de David Venegas y Noel Batista, quienes participaban en la caravana.
Cerca de las 10:00 horas de ayer, una caravana de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), maestros de la Sección 22 del SNTE y observadores de derechos humanos provenientes de distintos países de Europa, partieron de la ciudad de Huajuapan hacia Copala.
La caravana tenía el objetivo de llevar víveres y ropa, así como para registrar la situación de violencia que se vive en la zona, debido a las pugnas entre grupos del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Ubisort.
Organismos no gubernamentales dijeron que tras el ataque tienen reportes de varios lesionados y desaparecidos.
La embajadora de Finlandia en México, Ulla Vaisto, dijo que el gobierno de Oaxaca les había confirmado el fallecimiento de Jaakkola, un activista de 33 años de la organización no gubernamental finlandesa Uusi Tuuli.
"Absolutamente es necesario que se investigue este asunto y se esclarezcan todos los hechos y que los culpables sean castigados según las leyes mexicanas'', señaló.
Refirió que el activista muerto llegó a México a finales de febrero para trabajar en un proyecto de cooperación en Oaxaca.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señaló en un comunicado que la caravana estaba integrada por varios defensores de derechos humanos y observadores civiles, entre ellos ciudadanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania.
La organización civil refirió que los activistas atacados se trasladaban en tres vehículos hacia la comunidad de San Juan Copala, donde tenían previsto dar cobertura a maestros que regresaban a impartir clases en la municipalidad, además de que buscaba documentar violaciones a derechos humanos de comunidades indígenas Triquis de la zona.
La Procuraduría estatal señaló además que durante el levantamiento de los cuerpos, se asentó en la investigación que ambos presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que la PGJE inició ya el legajo de investigación 114 (SJ/2010) para el esclarecimiento de los hechos.
Al respecto, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se pronunció en contra de estos hechos violentos y por el restablecimiento de la paz en la zona triqui.
Asimismo, anunciaron su decisión de presentar las respectivas denuncias ante los tribunales federales para el castigo a los responsables.
El MULTI es el organismo que mantiene el poder administrativo en la zona a través del autodenominado 'ayuntamiento autónomo'.
En la mira internacional
La organización Amnistía Internacional se pronunció para exigir a la Procuraduría General de la República para indagar los hechos en San Juan Copala y señalan que ninguna autoridad ha ejercido ninguna acción para averiguar el paradero de los desaparecidos.
"Las autoridades oaxaqueñas se han negado durante años a investigar las violaciones de derechos humanos en el estado", según palabras de Guadalupe Marengo, Directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
Además el organismo de protección a los derechos humanos, exhortó a la PGR para tomar "medidas inmediatas" para proteger a los afectados en el ataque y para realizar una investigación completa e imparcial.
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CHISMOSOS: HAY MALAS NOTICIAS
Aprueba Senado por unanimidad Ley Federal de Protección de Datos Personales
El Senado de la República aprobó por unanimidad expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de salvaguardar y regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de las bases de datos, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos señala que la nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos.
Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.
Con esta ley se otorga protección a los llamados “datos sensibles”, relacionados con las preferencias sexuales, origen étnico o racial o estado de salud, que podrían ser mal utilizados para discriminar o excluir a una persona.
Entre las obligaciones de los sujetos que utilizar la información de las personas están que sólo se haga uso de los datos personales para los fines por los que fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado.
De lo contrario se sancionará de tres meses a tres años de prisión a quien con fines de lucro vulnere la seguridad a las bases de datos bajo su custodia y de seis a cinco años a quien mediante engaños trate de aprovecharse del error en que se encuentre el titular o persona autorizada a transmitir la información personal.
En el caso de “datos sensibles” las penas se duplicarán.
El dictamen también prevé reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se concibe al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
En la exposición de motivos, las comisiones unidas expresaron que entre los riesgos del derecho para la protección de datos personales se encuentra: el almacenamiento ilícito de datos personales, exactos o inexactos; el abuso o la revelación no autorizada de los mismos; así como la creación de perfiles sin que el titular tenga conocimiento, ni control de ello.
De ahí la necesidad de que frente a la realidad tecnológica, “el derecho no permanezca inmóvil. Los representantes de la sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales”.
Sin embargo, reconocieron que el desafío es complejo, pues involucra el consenso de los involucrados, a fin de hacer efectivas todas las acciones tendientes a proteger la información personal tratada por medio de las cada vez más sofisticadas tecnologías de la información.
Finalmente, argumentaron que con las reformas se busca fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información con la conciencia de que las bases de datos y el tratamiento de las mismas están siempre al servicio del hombre y que, por lo tanto, deben respetarse las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en particular la protección de sus datos personales.
El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, señaló que el manejo de datos de carácter personal, es en México una práctica habitual, de abuso de poder y control de parte del sector público y privado y como se ha visto hasta en tianguis se puede encontrar la base de datos de la región más alejada del país, actualizada.
Por ello, recalcó que a México la regulación para la protección de los datos personales llega tarde, ya que en todo el mundo existe una prohibición tajante y expresa del uso de datos personales sin la autorización de la persona.
Por su parte el senador Silvano Aureoles Conejo, del PRD, subrayó la importancia del dictamen porque los datos personales se trafican y se venden como cualquier otra mercancía, como producto pirata, y además a precios accesibles.
Señaló que la ley otorga una amplia protección a los llamados datos sensibles y pone un alto a los mercados negros de la información.
Agregó que México estará a la altura de los países miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, y cumplirá con los estándares internacionales en materia de privacidad, aprobados en la conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos, en noviembre del 2009.
Con ello se propiciarán flujos de inversión extranjera directa, porque dotará de certeza a los intercambios comerciales transfronterizos, con lo que se proporcionará la generación de empleos y fomentará la inversión extranjera.
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam explicó que la ley regula la protección de datos de particulares en manos del Gobierno y se inscribe en las reformas realizadas por la LXI Legislatura, que permite “ubicarnos en los tiempos modernos del derecho”.
De Acción Nacional, el senador Alejandro Zapata Perogordo expresó que este dictamen es referente a los llamados derechos humanos de tercera generación porque protege el derecho a la privacidad.
En las reformas se recoge el principio del conocimiento de la información, de la rectificación, de tener el derecho de autorización o de oposición y obviamente de cancelación, es decir, se podrá definir que datos personales se pueden conocer y cuáles deban ser privados, por determinación propia.
El dictamen pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El Senado de la República aprobó por unanimidad expedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a fin de salvaguardar y regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de las bases de datos, garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos señala que la nueva Ley prevé mecanismos ágiles, expeditos y sencillos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los responsables de las bases de datos.
Además se establece el derecho ciudadano de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.
Con esta ley se otorga protección a los llamados “datos sensibles”, relacionados con las preferencias sexuales, origen étnico o racial o estado de salud, que podrían ser mal utilizados para discriminar o excluir a una persona.
Entre las obligaciones de los sujetos que utilizar la información de las personas están que sólo se haga uso de los datos personales para los fines por los que fueron recabados, observando medidas de seguridad que eviten su pérdida, robo o acceso no autorizado.
De lo contrario se sancionará de tres meses a tres años de prisión a quien con fines de lucro vulnere la seguridad a las bases de datos bajo su custodia y de seis a cinco años a quien mediante engaños trate de aprovecharse del error en que se encuentre el titular o persona autorizada a transmitir la información personal.
En el caso de “datos sensibles” las penas se duplicarán.
El dictamen también prevé reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se concibe al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como el encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
En la exposición de motivos, las comisiones unidas expresaron que entre los riesgos del derecho para la protección de datos personales se encuentra: el almacenamiento ilícito de datos personales, exactos o inexactos; el abuso o la revelación no autorizada de los mismos; así como la creación de perfiles sin que el titular tenga conocimiento, ni control de ello.
De ahí la necesidad de que frente a la realidad tecnológica, “el derecho no permanezca inmóvil. Los representantes de la sociedad estamos obligados a sensibilizarnos con los nuevos requerimientos sociales”.
Sin embargo, reconocieron que el desafío es complejo, pues involucra el consenso de los involucrados, a fin de hacer efectivas todas las acciones tendientes a proteger la información personal tratada por medio de las cada vez más sofisticadas tecnologías de la información.
Finalmente, argumentaron que con las reformas se busca fomentar el desarrollo de las tecnologías de la información con la conciencia de que las bases de datos y el tratamiento de las mismas están siempre al servicio del hombre y que, por lo tanto, deben respetarse las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas, en particular la protección de sus datos personales.
El senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, señaló que el manejo de datos de carácter personal, es en México una práctica habitual, de abuso de poder y control de parte del sector público y privado y como se ha visto hasta en tianguis se puede encontrar la base de datos de la región más alejada del país, actualizada.
Por ello, recalcó que a México la regulación para la protección de los datos personales llega tarde, ya que en todo el mundo existe una prohibición tajante y expresa del uso de datos personales sin la autorización de la persona.
Por su parte el senador Silvano Aureoles Conejo, del PRD, subrayó la importancia del dictamen porque los datos personales se trafican y se venden como cualquier otra mercancía, como producto pirata, y además a precios accesibles.
Señaló que la ley otorga una amplia protección a los llamados datos sensibles y pone un alto a los mercados negros de la información.
Agregó que México estará a la altura de los países miembros de la OCDE, de APEC y de la Unión Europea, y cumplirá con los estándares internacionales en materia de privacidad, aprobados en la conferencia Mundial de Comisionados de Privacidad y Protección de Datos, en noviembre del 2009.
Con ello se propiciarán flujos de inversión extranjera directa, porque dotará de certeza a los intercambios comerciales transfronterizos, con lo que se proporcionará la generación de empleos y fomentará la inversión extranjera.
Por el PRI, el senador Jesús Murillo Karam explicó que la ley regula la protección de datos de particulares en manos del Gobierno y se inscribe en las reformas realizadas por la LXI Legislatura, que permite “ubicarnos en los tiempos modernos del derecho”.
De Acción Nacional, el senador Alejandro Zapata Perogordo expresó que este dictamen es referente a los llamados derechos humanos de tercera generación porque protege el derecho a la privacidad.
En las reformas se recoge el principio del conocimiento de la información, de la rectificación, de tener el derecho de autorización o de oposición y obviamente de cancelación, es decir, se podrá definir que datos personales se pueden conocer y cuáles deban ser privados, por determinación propia.
El dictamen pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Neutralizan ley de derecho de réplica
A. Becerril y V. Ballinas
La ley de derecho de réplica no saldrá en este periodo de sesiones, ya que aunado a las presiones de las dos grandes televisoras para que no se apruebe, el senador del Partido Verde Ecologista Javier Orozco presentó ayer una iniciativa en la materia que flexibiliza por completo las disposiciones y elimina toda sanción a aquellos medios electrónicos que se nieguen a difundir la respuesta a informaciones falsas o agraviantes.
Con ello se alarga aún más la discusión, toda vez que la propuesta de Orozco, a quien se ubica como uno de los operadores políticos de Televisa, deberá dictaminarse conjuntamente con la iniciativa que presentó en diciembre del año pasado el senador del PAN Alejandro Zapata Perogordo.
El tema se fue alargando en el Senado, a tal grado que la propuesta de Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, que elaboró el asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, ni siquiera fue discutida en esa instancia.
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos elaboraron un proyecto de dictamen de la iniciativa de Zapata Perogordo, que fue objeto de críticas inmediatas por los comentaristas de Televisa, toda vez que incluye sanciones hasta de 2 millones de pesos para los medios impresos y electrónicos que nieguen el derecho de réplica a ciudadanos comunes, candidatos y partidos, es decir a personas físicas y morales.
Se obliga a estaciones de radio y televisión, y a los periódicos y revistas, a publicar las aclaraciones en el espacio o programa –con audiencias similares en el caso de los electrónicos– en que se haya difundido la información inexacta o agraviante, en un lapso de dos días luego de la publicación de la queja.
Podrán, además, ser objeto de réplica la edición de fotografías o de imágenes informativas que distorsionen los hechos.
Comentaristas de las dos televisoras sostienen que el proyecto viola la libertad de expresión. Senadores del Verde Ecologista se sumaron a las críticas y ayer presentaron su propia iniciativa, que fue turnada a comisiones.
Cuestionado, el senador Orozco sostuvo que no consultó con las televisoras el contenido de su propuesta de ley reglamentaria del sexto constitucional. Rechazó que sea una iniciativa light y explicó que no contiene sanciones, porque la tendencia en el mundo en cuanto a la réplica “es la autorregulación”.
–¿Ello implica que los medios podrán seguir con las campañas sucias?
–No sé, a mí no me consta –respondió molesto el senador Orozco.
Cortesia de La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/22/index.php?section=politica&article=014n3pol
La ley de derecho de réplica no saldrá en este periodo de sesiones, ya que aunado a las presiones de las dos grandes televisoras para que no se apruebe, el senador del Partido Verde Ecologista Javier Orozco presentó ayer una iniciativa en la materia que flexibiliza por completo las disposiciones y elimina toda sanción a aquellos medios electrónicos que se nieguen a difundir la respuesta a informaciones falsas o agraviantes.
Con ello se alarga aún más la discusión, toda vez que la propuesta de Orozco, a quien se ubica como uno de los operadores políticos de Televisa, deberá dictaminarse conjuntamente con la iniciativa que presentó en diciembre del año pasado el senador del PAN Alejandro Zapata Perogordo.
El tema se fue alargando en el Senado, a tal grado que la propuesta de Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, que elaboró el asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, ni siquiera fue discutida en esa instancia.
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos elaboraron un proyecto de dictamen de la iniciativa de Zapata Perogordo, que fue objeto de críticas inmediatas por los comentaristas de Televisa, toda vez que incluye sanciones hasta de 2 millones de pesos para los medios impresos y electrónicos que nieguen el derecho de réplica a ciudadanos comunes, candidatos y partidos, es decir a personas físicas y morales.
Se obliga a estaciones de radio y televisión, y a los periódicos y revistas, a publicar las aclaraciones en el espacio o programa –con audiencias similares en el caso de los electrónicos– en que se haya difundido la información inexacta o agraviante, en un lapso de dos días luego de la publicación de la queja.
Podrán, además, ser objeto de réplica la edición de fotografías o de imágenes informativas que distorsionen los hechos.
Comentaristas de las dos televisoras sostienen que el proyecto viola la libertad de expresión. Senadores del Verde Ecologista se sumaron a las críticas y ayer presentaron su propia iniciativa, que fue turnada a comisiones.
Cuestionado, el senador Orozco sostuvo que no consultó con las televisoras el contenido de su propuesta de ley reglamentaria del sexto constitucional. Rechazó que sea una iniciativa light y explicó que no contiene sanciones, porque la tendencia en el mundo en cuanto a la réplica “es la autorregulación”.
–¿Ello implica que los medios podrán seguir con las campañas sucias?
–No sé, a mí no me consta –respondió molesto el senador Orozco.
Cortesia de La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/22/index.php?section=politica&article=014n3pol
martes, 27 de abril de 2010
Fraude a PEMEX comparado con el PEMEXGATE
Una investigación de la Secretaría de la Función Pública detectó un fraude por mil 64 millones de pesos contra Pemex, un monto muy similar al de llamado PEMEXGATE, efectuado a raíz de un derrame de crudo en Veracruz.
El 22 de diciembre de 2004, se fracturó el oleoducto Teapa-Poza Rica en Nanchital y se derramaron 5 mil barriles de crudo.
Ante la emergencia, funcionarios de Petróleos Mexicanos contrataron a siete empresas para reparar el ducto y hacer la limpieza de esa zona del Río Coatzacoalcos, pero cuadruplicaron los costos reales de la operación y cobraron por trabajos no realizados e insumos no utilizados.
Están involucradas las empresas Saint Martin Construcciones, Garner, Servicios Ambientales, Aquapress, S. A. de C. V., ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur, Preserve y Lico Ambiental, a las cuales se ha inhabilitado para trabajar en contratos de gobierno y han debido pagar multas millonarias.
Diez funcionarios de Pemex y siete particulares de dichas empresas enfrentan ya una denuncia penal ante la PGR.
En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.
La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.
Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.
La historia
La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.
Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.
Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.
El negocio
Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.
En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).
De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.
Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.
El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.
El supuesto fraude
En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.
Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.
El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.
A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.
Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.
Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.
Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.
La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.
Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.
Las deficiencias
Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.
En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.
En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonados en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.
La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4de junio de 2005.
Fuente: Agencia NotiMina.
http://www.notimina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:fraude-a-pemex-comparado-con-el-pemexgate&catid=31:en-caliente&Itemid=2
El 22 de diciembre de 2004, se fracturó el oleoducto Teapa-Poza Rica en Nanchital y se derramaron 5 mil barriles de crudo.
Ante la emergencia, funcionarios de Petróleos Mexicanos contrataron a siete empresas para reparar el ducto y hacer la limpieza de esa zona del Río Coatzacoalcos, pero cuadruplicaron los costos reales de la operación y cobraron por trabajos no realizados e insumos no utilizados.
Están involucradas las empresas Saint Martin Construcciones, Garner, Servicios Ambientales, Aquapress, S. A. de C. V., ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur, Preserve y Lico Ambiental, a las cuales se ha inhabilitado para trabajar en contratos de gobierno y han debido pagar multas millonarias.
Diez funcionarios de Pemex y siete particulares de dichas empresas enfrentan ya una denuncia penal ante la PGR.
En 2005, el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación abrió una indagatoria contra Aquapress, SA de CV, integrada en el expediente 0289/2005, por el uso de documentos apócrifos, delito no sólo administrativo, sino penal del fuero federal. Derivado de las indagatorias, el 9 de marzo de 2007 el Área de Responsabilidades de la SFP determinó la inhabilitación de la empresa por un periodo de un año seis meses, vigente del 28 de marzo de ese año al 28 de marzo de 2008; se le impuso también una multa por 72 mil 540 pesos.
La inhabilitación se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, notificándose a todas las dependencias del gobierno federal, así como a las de las entidades federativas, “que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Aquapress, SA de CV”, por el periodo señalado. Sin embargo, la administración de José Antonio Ceballos Soberanis en Pemex Refinación hizo caso omiso de la disposición de la SFP.
Bajo el argumento de un amparo temporal que Aquapress obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Refinación le asignó un contrato, vía adjudicación directa, por 67 millones 939 mil 50 pesos. Aunque el 6 de septiembre el mismo juzgado le revocó el amparo, los dos meses que lo tuvo fueron suficientes para que se beneficiara de la adjudicación GMTD-UPLC-AD-001/07, que la Gerencia de Mantenimiento, Terminales y Ductos le otorgó el 6 de julio de 2007, para dar mantenimiento a ductos de Veracruz en esa fecha y el 31 de octubre.
La historia
La Procuraduría General de la República (PGR) y la SFP investigan a más de 30 empresas contratistas de Pemex Refinación, la mayoría de ellas radicadas en Veracruz. Según las denuncias presentadas, en el sexenio pasado –cuando fue director de la subsidiaria el hoy senador Juan Bueno Torio– se habrían beneficiado, al margen de la ley, de millonarios contratos supuestamente a cambio de sobornos.
Entre estas empresas destaca Aquapress, SA de CV, que se constituyó e ingresó como contratista de Pemex Refinación en 2003, el mismo año en que Bueno Torio llegó a la dirección de la subsidiaria, designado por Vicente Fox. Sin experiencia en trabajos de remediación, entre 2003 y 2005, Pemex Refinación le adjudicó –sin licitación pública de por medio– cuatro contratos para este tipo de labores, cuyo monto total ascendió a 420 millones de pesos.
Uno de estos contratos fue por 376 millones de pesos para la biorremediación en el río Coatzacoalcos, asignación que, según el diputado federal Elías Cárdenas, implica un fraude contra la paraestatal del que responsabiliza a Bueno Torio.
El negocio
Ubicada en Francisco Hernández Córdova 34, colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Aquapress fue creada el 26 de marzo de 2003 por Guadalupe Velásquez Jiménez y Jorge Daniel Salas Hernández, dos jóvenes comerciantes de 30 y 39 años de edad, originarios de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con la escritura pública 25899, expedida por el notario Francisco Montes de Oca Zárate, la empresa se constituyó con 500 mil pesos. El 95 por ciento de las acciones son propiedad de Guadalupe Velásquez, quien es la administradora única, y el otro 5 por ciento, de Jorge Daniel Salas, quien es el director general.
En 2004, recibió su primer contrato: el SDSE-OPU83-102/2004, por 40 millones 677 mil 501 pesos. Se le adjudicó por vía directa el 13 de octubre, para “atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, limpieza, disposición final de maleza, restauración del cauce del arroyo Anteburro-Querétaro y suelo contaminado derivado de la ruptura del oleoducto de 30 pulgadas, diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio en el KM 280+352 en el Municipio de Omealca, Veracruz, área No. 3” (sic).
De acuerdo con las cláusulas, los trabajos debían realizarse entre el 13 de octubre de 2004 y el 9 de febrero de 2005, pero Aquapress no cumplió con el plazo fijado; sin embargo, lejos de penalizarla, como marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), el mismo día en que oficialmente debía concluir los trabajos, los funcionarios de la Gerencia de Almacenamiento y Distribución en la región Golfo le otorgaron una prórroga de dos meses (de febrero a abril de 2005) y le incrementaron el pago 7 millones 230 mil 715 pesos más al monto inicial.
Un segundo contrato, 577-59210-059/2004, se le otorgó el 15 de octubre de 2004. También se trató de una adjudicación directa por 189 mil 137 pesos, para “remediación de suelo contaminado por hidrocarburos en el área circundante a la fosa de quema de la estación de bombeo Emilio Carranza”, en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz. Éste tuvo vigencia del 15 de octubre al 14 de diciembre de 2004.
El 29 de octubre se le adjudicó el contrato SDSE-SRO82-032/2004, por 329 mil 176 pesos para que hiciera la “evaluación del área afectada por fuga en el KM 1+300” del combustoleoducto, que va de la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime a la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca”. Según el contrato, los trabajos debían realizarse desde el mismo 29 de octubre, pero Aquapress los hizo hasta el 12 y 13 de enero de 2005.
El supuesto fraude
En diciembre de 2004, tras la ruptura de un oleoducto en el municipio Nanchital, Veracruz, que derramó 5 mil barriles de crudo en el río Coatzacoalcos –considerado el accidente más grave ocurrido hasta ahora en áreas de jurisdicción de Refinación–, Aquapress fue una de las empresas elegidas por Juan Bueno Torio para que remediaran la zona.
Según datos oficiales de Pemex, el 22 de diciembre, el mismo día del accidente, se le adjudicó el contrato SDSE-OPU81-174/2004, por 375 millones 871 mil 163 pesos, para “la atención a la emergencia, recuperación de hidrocarburo, material contaminado y limpieza en la desembocadura del arroyo Tepeyac”.
El argumento para contratar sin licitación pública a Aquapress fue que contaba “con los recursos humanos y financieros suficientes, así como la experiencia respaldada con contratos ejecutados de la especialidad”.
A partir de diciembre de 2004 Aquapress trabajó en la zona y cobró sus facturas sin siquiera haber formalizado su relación con Pemex. El contrato se firmó hasta el 31 de mayo de 2005, es decir, el mismo día que concluían los trabajos, lo que podría implicar una serie de violaciones a la LOPSRM.
Más aún, el contrato, formalizado por Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución, y Jorge Daniel Salas, fue enviado a la Subgerencia General de Mantenimiento de Minatitlán –la cual facturó los trabajos– hasta el 13 de septiembre de 2005, semanas después de que se le había pagado el monto total.
Entre las posibles violaciones a la LOPSRM destaca que el contrato fue firmado el 31 de mayo de 2005, lo que contraviene el artículo 47 de dicha ley que establece que la adjudicación del contrato obliga a la dependencia a formalizar el documento relativo durante los 30 días naturales siguientes.
Además, se incumplió el artículo 48 que establece que los contratistas deberán sustituir garantías dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la adjudicación del contrato y por la totalidad del monto de anticipos. El trámite para la expedición de una fianza de cumplimiento del contrato inició el 4 de marzo de 2005, es decir, 70 días después de haber iniciados los trabajos.
La póliza de garantía se expidió el 20 de diciembre de 2005, siete meses después de que venció el contrato, lo que significa que los pagos y el contrato nunca tuvieron la garantía de cobertura que exige la LOPSRM.
Refinación cubrió el monto total del contrato en seis facturas, de las cuales cuatro fueron expedidas el 1 de junio y dos el 6 de junio de 2005. Los pagos fueron cubiertos el 15 de julio de ese año, de manera que el cumplimiento de los anticipos no estuvo garantizado, pues la póliza se extendió hasta diciembre.
Las deficiencias
Además de las irregularidades en la formalización del contrato, desde los primeros días en que Aquapress entró a trabajar a Nanchital, la organización ambientalista Greenpeace denunció que tanto ésta como las otras siete compañías contratadas por Bueno Torio, para biorremediar la zona, no hacían los trabajos de forma adecuada.
En enero de 2005, Greenpeace denunció que las compañías sólo removían el agua y tierra contaminada, la cual recogían en bolsas de plástico para posteriormente enterrarlo en otras zonas de Veracruz. A sus denuncias se unieron las de los lugareños, pescadores y autoridades locales, que develaban que, pese a los millonarios montos que la paraestatal designó para remediar la zona, que superaron los 3 mil millones de pesos, las compañías se limitaba a limpiar el hidrocarburo de las fachadas de las casas, lavaban las piedras del río, retiraban el manglar afectado e incineraban la arena contaminada. Nunca hubo biorremediación.
En el río Coatzacoalcos y sus inmediaciones, removían la tierra y le colocaban lirio encima, pero el 3 de febrero de 2005, un norte dejó al descubierto el lirio contaminado. El 20 de febrero se descubrieron más de 500 bolsas con residuos de petróleo y lirio abandonados en las playas de Coatzacoalcos. En un comunicado, Greenpeace denunció que Aquapress las había confinado en esa zona y responsabilizó a Pemex de solapar la grave conducta de la empresa, incluso algunos supervisores de Refinación se negaron a dar visto bueno a los trabajos, necesario para que Pemex finiquite cualquier contrato.
La denuncia contra Aquapress se llevó hasta el Tribunal Ambiental Internacional, en el cual se documentaron las supuestas irregularidades de la compañía que provocaron, a tres años del desastre, que los efectos de la contaminación aún persistan en esa región de Veracruz.
No obstante los señalamientos, en 2005, Aquapress entró como contratista a Pemex Exploración y Producción (PEP), con la asignación del contrato 415115846, por un millón 492 mil pesos, que el 4 de marzo de 2005, le entregó, también sin licitación pública, el área de Recursos Materiales en Villahermosa, para la “restauración de exbatería Arjona, del Activo Integral Cinco Presidentes”, vigente del 4 de marzo al 4de junio de 2005.
Fuente: Agencia NotiMina.
http://www.notimina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1951:fraude-a-pemex-comparado-con-el-pemexgate&catid=31:en-caliente&Itemid=2
EL MEDICO QUE TODOS QUEREMOS
El Dr. Paulo Ubiratan es el director médico del Hospìtal de Porto Alegre, en Brasil.
Este es el extracto de una entrevista en la TV, en la que se le preguntaba sobre temas de alimentación y deporte...
Pregunta: Los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida ¿es verdad?
Respuesta: El corazón está hecho para latir una cantidad de veces determinadas. No desperdicie esos latidos en ejercícios. Su periodo de vida se gastará, independientemente de su uso. Acelerar su corazón no va a hacer que usted viva más. Eso es como decir que usted puede prolongar la vida de su coche conduciendo más de prisa. ¿Quiere vivir más? Échese la siesta.
P: ¿Debo dejar de comer carnes rojas y comer más frutas y vegetales?
R: Se necesita entender la logística de la eficiencia en alimentación.¿Qué comen las vacas? Hierba y maíz. ¿Qué es eso? Vegetales. Entonces un filete es el mecanismo más eficaz de colocar vegetales en su sistema. ¿Necesita comer cereales? Pues coma pollo.
P: ¿Debo reducir el consumo de alcohol?
R: De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que significa que se elimina el agua de la fruta de modo que usted saque mayor provecho de ella. La cerveza también está hecha de cereales. No limite demasiado su consumo.
P: ¿Cuales son las ventajas de un programa regular de ejercicios?
R: Mi filosofía es: si no tiene dolor, no haga nada. Está usted bien.
P: ¿Los fritos son perjudiciales?
R: Hoy en día la comida se fríe en aceite vegetal. La verdad es que quedan impregnadas de aceite vegetal. ¿Como puede ser que más vegetales añadidos sean perjudiciales para usted?
P: ¿La gimnasia ayuda a reducir la obesidad?
R: Absolutamente no. Ejercitar un músculo lo único que hace es aumentar el tamaño del músculo.
P: ¿El chocolate hace daño?
R: Es cacao. Otro vegetal. Es un alimento bueno para ser feliz. La vida no debe ser un viaje para la tumba, con la intención de llegar sano y salvo, con un cuerpo atractivo y bien preservado. Lo mejor es emprender el camino, con una cerveza en la mano y un bocadillo en la otra. El mejor final es haber tenido mucho sexo y un cuerpo completamente gastado, totalmente usado, gritando: mereció la pena, qué viaje tan extraordinario...
P: ¿Algún consejo más que nos pueda dar?
R: Si andar mucho fuera saludable, los carteros serían inmortales. Las ballenas se pasan nadando todo el día, solo comen pescado y solo beben agua. Sin embargo están gordas. Las liebres corren, saltan y no paran, pero no pasan de 15 años de vida. La tortugas no corren y no hacen nada, pero viven 450 años.
OTRO ESCANDALO ECLESIAL: ONESIMO CEPEDA DENUNCIADO
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) ayer lunes por presunto lavado de dinero y, en su caso, fraude procesal, derivado de un supuesto préstamo de 130 millones de dólares a Olga Azcárraga Madero, quien falleció el 21 de noviembre de 2003.
De acuerdo con el abogado Xavier Olea Peláez, representante de los denunciantes, Cepeda debe explicar de dónde sacó, cómo y si es que realmente entregó esos 130 millones de dólares a Olga Azcárraga, los cuales consideró el acusador, pudieron haber sido producto del narcotráfico. Y si no entregó ese dinero, señaló, entonces es evidente que existió un fraude procesal.
Recordó que en el 2009, él y sus socios presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia en contra de Cepeda y Jaime Matute Labrador por delito de fraude procesal, es decir, un fraude por simulación, porque supuestamente el obispo de Ecatepec le prestó a Olga Azcárraga Madero, quien fue hermana del presidente del Consejo de Administración del Grupo Fórmula,Rogerio Azcárraga Madero, los 130 millones de dólares en efectivo.
Y ella le entregó un pagaré "que pudo haber sido por una firma en blanco por parte de la señora Azcárraga y al efecto el señor obispo entregó 130 millones de dólares en efectivo. Ese pagaré lo firmó, entre comillas, la señora Olga Azcárraga en su carácter de presidenta del Consejo Directivo de una empresa formalizada en Panamá de nombre Arthinia Internacional. Misma que tiene un capital social de 25 mil dólares americanos" y de la que era administrador Jaime Matute Labrador, también demandado.
A este, le fue endosado por Cepeda el referido pagaré. "Aquí hay dos preguntas: ¿De dónde obtuvo Onésimo Cepeda 130 millones de dólares en efectivo para entregárselos a la señora Azcárraga? y ¿de dónde obtuvo Jaime Matute una cantidad muy importante para obtener el pagaré?, porque obviamente tenía que haber una contra prestación a lo mejor no los 130 pero podría haber sido la mitad". De ahí que se presentó una segunda denuncia por este asunto, pero ahora ante la PGR.
De acuerdo con el abogado Xavier Olea Peláez, representante de los denunciantes, Cepeda debe explicar de dónde sacó, cómo y si es que realmente entregó esos 130 millones de dólares a Olga Azcárraga, los cuales consideró el acusador, pudieron haber sido producto del narcotráfico. Y si no entregó ese dinero, señaló, entonces es evidente que existió un fraude procesal.
Recordó que en el 2009, él y sus socios presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia en contra de Cepeda y Jaime Matute Labrador por delito de fraude procesal, es decir, un fraude por simulación, porque supuestamente el obispo de Ecatepec le prestó a Olga Azcárraga Madero, quien fue hermana del presidente del Consejo de Administración del Grupo Fórmula,Rogerio Azcárraga Madero, los 130 millones de dólares en efectivo.
Y ella le entregó un pagaré "que pudo haber sido por una firma en blanco por parte de la señora Azcárraga y al efecto el señor obispo entregó 130 millones de dólares en efectivo. Ese pagaré lo firmó, entre comillas, la señora Olga Azcárraga en su carácter de presidenta del Consejo Directivo de una empresa formalizada en Panamá de nombre Arthinia Internacional. Misma que tiene un capital social de 25 mil dólares americanos" y de la que era administrador Jaime Matute Labrador, también demandado.
A este, le fue endosado por Cepeda el referido pagaré. "Aquí hay dos preguntas: ¿De dónde obtuvo Onésimo Cepeda 130 millones de dólares en efectivo para entregárselos a la señora Azcárraga? y ¿de dónde obtuvo Jaime Matute una cantidad muy importante para obtener el pagaré?, porque obviamente tenía que haber una contra prestación a lo mejor no los 130 pero podría haber sido la mitad". De ahí que se presentó una segunda denuncia por este asunto, pero ahora ante la PGR.
lunes, 26 de abril de 2010
¿Cuál es la inflación?… depende: ¿la que se mide o la de verdad?
Por Blog Invitado: La Lonchería.
Al menos esa sería la respuesta de un tribunal federal que concluyó que el Banco de México mide incorrectamente la inflación, lejos de lo estipulado en la ley.
No es una nota menor: implica desde ya, que las mediciones que conocemos de inflación miden otra cosa.
La nota la publica hoy Reforma:
“Un tribunal federal estableció que el Banco de México (Banxico) no calcula la inflación de acuerdo a lo que marca la ley, en una sentencia que evidencia la dificultad práctica de cumplir todos los requisitos para medir ese indicador con apego estricto al marco jurídico.
El Segundo Tribunal Colegiado en el Centro Auxiliar de Xalapa afirmó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se tiene que calcular tomando en cuenta la cotización de mil productos y servicios en cada una de las 30 ciudades seleccionadas para la muestra, y no sumando 30 o 40 productos de ciudad en ciudad hasta llegar a mil.
Lo anterior, porque esa es la orden expresa del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, que señala las reglas para el cálculo del INPC.
“Aceptar lo contrario, esto es, que la indicada cotización puede realizarse entre las treinta ciudades, llevaría a sostener que para determinar la variación de precios en el mercado nacional es suficiente que se coticen al menos 34 productos o servicios en cada ciudad, para llegar así a los mil productos o servicios, o incluso, que en 29 ciudades se cotice un producto o servicio y en una sola, 971, lo que resultaría insuficiente para apreciar el fenómeno inflacionario en su justa dimensión”, afirmaron los magistrados.
…
Tanto el tribunal colegiado como, en primera instancia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvieron que Banxico no respeta las reglas legales para el cálculo del INPC”.
Lo que nos faltaba…
http://laloncheria.com/2010/04/26/medicion-inflacion/
Al menos esa sería la respuesta de un tribunal federal que concluyó que el Banco de México mide incorrectamente la inflación, lejos de lo estipulado en la ley.
No es una nota menor: implica desde ya, que las mediciones que conocemos de inflación miden otra cosa.
La nota la publica hoy Reforma:
“Un tribunal federal estableció que el Banco de México (Banxico) no calcula la inflación de acuerdo a lo que marca la ley, en una sentencia que evidencia la dificultad práctica de cumplir todos los requisitos para medir ese indicador con apego estricto al marco jurídico.
El Segundo Tribunal Colegiado en el Centro Auxiliar de Xalapa afirmó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se tiene que calcular tomando en cuenta la cotización de mil productos y servicios en cada una de las 30 ciudades seleccionadas para la muestra, y no sumando 30 o 40 productos de ciudad en ciudad hasta llegar a mil.
Lo anterior, porque esa es la orden expresa del artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación, que señala las reglas para el cálculo del INPC.
“Aceptar lo contrario, esto es, que la indicada cotización puede realizarse entre las treinta ciudades, llevaría a sostener que para determinar la variación de precios en el mercado nacional es suficiente que se coticen al menos 34 productos o servicios en cada ciudad, para llegar así a los mil productos o servicios, o incluso, que en 29 ciudades se cotice un producto o servicio y en una sola, 971, lo que resultaría insuficiente para apreciar el fenómeno inflacionario en su justa dimensión”, afirmaron los magistrados.
…
Tanto el tribunal colegiado como, en primera instancia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvieron que Banxico no respeta las reglas legales para el cálculo del INPC”.
Lo que nos faltaba…
http://laloncheria.com/2010/04/26/medicion-inflacion/
Más de 2 mil tiros… ni una lágrima
Editorialista invitado: Ricardo Alemán, Itinerario Político.
Entre ciertos periodistas parece una moda. Lo políticamente correcto es vocear la muerte de civiles inocentes —el daño colateral—, en la lucha del Estado contra narcotraficantes y criminales organizados, como si las vidas de policías, marinos, militares —y hasta las de sicarios o jefes mafiosos— no importaran.
Y el mensaje de esa moda parece aterrador. Una traducción arbitraria podría ser así: “Si los muertos son policías, militares o marinos, ¡que se pudran! Total, par eso les pagan. Pero si son civiles, ¡horror...!, a crear fiscalías que castiguen a los policías, marinos y militares criminales”. En el fondo, la más penosa “tragedias colaterales” de la guerra contra el crimen, es que esa batalla parece haber extraviado a parte de la prensa nacional.
¿Cuántos periodistas hemos dedicado una línea o una palabra de aliento a las familias —no se diga una lágrima—, y a la memoria de cientos o miles de policías, militares o marinos caídos en la lucha contra el crimen? ¿Cuántos periodistas hemos explicado a lectores o escuchas que la muerte de cientos o miles de sicarios de tal o cual banda, no sólo resulta de la guerra entre bandas y entre autoridades y criminales, sino del fracaso de gobiernos, modelos económicos, partidocracias arrogantes…
La realidad confirma que pocos están preparados para entender y explicar una guerra como la que se vive entre ciudadanos, instituciones y criminales —catalizada por el fabuloso negocio del crimen y por una crisis económica, política y social profunda—, y que entre los menos preparados están los medios y los periodistas. Algo está mal cuando regateamos una palabra de aliento a policías, militares y marinos caídos, y cuando al mismo tiempo decenas de periodistas en todo el país son levantados, amenazados, sometidos, amordazados y asesinados por bandas criminales.
Viene a cuento el tema, porque en horas recientes se confirmó —por si existía duda—, que medios y periodistas hemos perdido una capacidad fundamental del ejercicio periodístico: la de asombro.
¿Qué significa que la titular de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, haya sido emboscada por sicarios que dispararon más de dos mil tiros de rifles AK-47 y AR-15; que lanzaron 10 granadas, usaron fusiles antiaéreos y antiblindados Barret? La emboscada retrata el horror y el tamaño de la guerra, del enemigo y lo desigual de la batalla, y retrata el pasmo de muchos periodistas.
Es lamentable y reprobable la muerte de civiles caídos. Pero igual de lamentable, la pérdida de servidores públicos, de toda vida, incluso la de un maleante. Por cierto. ¿Alguien derramó una lágrima porque Minerva salvó la vida luego de dos mil tiros? ¿Cuántos se juegan la vida como Minerva?
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/83598.html
Entre ciertos periodistas parece una moda. Lo políticamente correcto es vocear la muerte de civiles inocentes —el daño colateral—, en la lucha del Estado contra narcotraficantes y criminales organizados, como si las vidas de policías, marinos, militares —y hasta las de sicarios o jefes mafiosos— no importaran.
Y el mensaje de esa moda parece aterrador. Una traducción arbitraria podría ser así: “Si los muertos son policías, militares o marinos, ¡que se pudran! Total, par eso les pagan. Pero si son civiles, ¡horror...!, a crear fiscalías que castiguen a los policías, marinos y militares criminales”. En el fondo, la más penosa “tragedias colaterales” de la guerra contra el crimen, es que esa batalla parece haber extraviado a parte de la prensa nacional.
¿Cuántos periodistas hemos dedicado una línea o una palabra de aliento a las familias —no se diga una lágrima—, y a la memoria de cientos o miles de policías, militares o marinos caídos en la lucha contra el crimen? ¿Cuántos periodistas hemos explicado a lectores o escuchas que la muerte de cientos o miles de sicarios de tal o cual banda, no sólo resulta de la guerra entre bandas y entre autoridades y criminales, sino del fracaso de gobiernos, modelos económicos, partidocracias arrogantes…
La realidad confirma que pocos están preparados para entender y explicar una guerra como la que se vive entre ciudadanos, instituciones y criminales —catalizada por el fabuloso negocio del crimen y por una crisis económica, política y social profunda—, y que entre los menos preparados están los medios y los periodistas. Algo está mal cuando regateamos una palabra de aliento a policías, militares y marinos caídos, y cuando al mismo tiempo decenas de periodistas en todo el país son levantados, amenazados, sometidos, amordazados y asesinados por bandas criminales.
Viene a cuento el tema, porque en horas recientes se confirmó —por si existía duda—, que medios y periodistas hemos perdido una capacidad fundamental del ejercicio periodístico: la de asombro.
¿Qué significa que la titular de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, haya sido emboscada por sicarios que dispararon más de dos mil tiros de rifles AK-47 y AR-15; que lanzaron 10 granadas, usaron fusiles antiaéreos y antiblindados Barret? La emboscada retrata el horror y el tamaño de la guerra, del enemigo y lo desigual de la batalla, y retrata el pasmo de muchos periodistas.
Es lamentable y reprobable la muerte de civiles caídos. Pero igual de lamentable, la pérdida de servidores públicos, de toda vida, incluso la de un maleante. Por cierto. ¿Alguien derramó una lágrima porque Minerva salvó la vida luego de dos mil tiros? ¿Cuántos se juegan la vida como Minerva?
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/83598.html
domingo, 25 de abril de 2010
FUTBOL FILOSÓFICO
Les presento un video de Monty Python en el que los filósofos griegos juegan un partido de futbol contra los filósofos alemanes. Nietzche es expulsado por el arbitro, Confucio, a quien acusa de no tener libre albedrío y tiene un desenlace inesperado. Buen provecho para éste fin de semana.
EL SACERDOTE Y EL PRESIDENTE
Editorialista invitado: Jean Meyer
Les hablaré de Marcial Maciel, sacerdote difunto y de Daniel Ortega, presidente en ejercicio en Nicaragua, pero primero les va una historia verdadera, sin precisiones cronológicas ni geográficas, porque los descendientes de los protagonistas podrían molestarse.
Hace la friolera de 50 o 60 años, en una ciudad de la República Mexicana, a las 8 más o menos de la mañana, el papá de un amigo y su socio y amigo se encontraban fuera de su domicilio y negocio en una calle céntrica, a una cuadra de la estación de trenes, fumándose el primer cigarro del día, antes de que apareciera el primer gambusino que les vendiera pequeñas porciones de mineral. “Se aparecen dos carros de la policía, en uno el mismísimo jefe de la policía municipal con su chofer y en el otro un joven, en el asiento de atrás en medio de dos policías armados con rifles. “Amigos, ¿Qué están haciendo? Acompáñenme a dar una vueltecita”, dijo el jefe. X y Z intercambiaron miradas desconfiadas… accediendo a la invitación. Agarraron por la carretera y por ahí en un llanito se estacionaron los dos carros. “Vénganse, vamos a fumar un Alitas”. Se bajaron, también los policías con el joven preso. “¿Sabes que? dijo el jefe de policía al preso... cuélate, vete por ahí… yo también soy hombre y entiendo lo que le hiciste a la niña”. “No, le contestó el preso pálido, quieres matarme”. “Pues sí, hijo de la… es lo que voy a hacer, como tú hiciste con la niña”. “Agárrenlo”, ordenó a los policías. El jefe se movió, buscándole la espalda al preso y a tres, cuatro metros, le sorrajó tres, cuatro balazos de la 45”. Luego le dijo a mi papá y a su amigo: “Bueno, vámonos, mañana les mando una acta para que me firmen de testigos, de cómo ese hijo de la ch… trató de escapar”. Ley fuga para un sátiro. Así se les llamaba entonces a los pedófilos. El muerto había violado a una niña. Justicia diferente al versículo de San Mateo, sobre la rueda de molino amarrada al cuello”… Eso me contó mi amigo, después de leer mi artículo de hace quince días.
De todos son conocidas las hazañas sexuales, financieras y políticas del P. Maciel, no lo son tanto las de Daniel Ortega, ex revolucionario y actual presidente. El paralelismo entre los dos hombres es interesante así como la red de complicidades que permitió en el caso del primero y permite todavía en el del segundo la conspiración del silencio. Sobre Maciel, tienen el libro de Fernando M. González, publicado por Tusquets; sobre Ortega, el último número de ISTOR (www.istor.cide.edu) con el tremendo artículo de Delphine Lacombe, “El escándalo Ortega-Narváez”. En 1998, a sus 31 años, Zoilamérica Narváez, hija de la presente esposa de Ortega, denunció la violencia sexual continua, iniciada cuando ella tenía once años y ejercida por su padrastro durante casi dos décadas. Narra además de las prácticas sexuales impuestas por el agresor, la obligación al secreto, la manipulación psicológica y censura impuesta por ciertos dirigentes sandinistas. Como las víctimas de Maciel, se autopersuadió de que su sacrificio era un deber moral, que “contribuía a la revolución”: Ortega, como Maciel, decía que así contribuía a su estabilidad emocional, que así podía cumplir mejor sus altos deberes. El sacerdote y ministro Miguel d’Escoto le sugirió “cargar con mi cruz con resignación, evitar el escándalo, velar por la imagen y estabilidad del gran hombre, para que pudiera cumplir con la misión”. La misión que la historia confió a Ortega, la misión que Dios confió a Maciel.
Dos hombres, dos héroes, dos modelos, Ortega: el nuevo Sandino, Maciel: “ejemplo para la juventud” (palabras de Juan Pablo II).
Después de la denuncia, mismo circo en ambos casos, misma impunidad, conspiración del silencio. “Lo sabíamos y mantuvimos silencio por nuestro deseo de apoyar la revolución sandinista, estoy avergonzada de nuestro silencio, pero tal vez el tiempo y el lugar no permitieron otra alternativa”. Mismas palabras entre los dirigentes de la Legión. Al final, poco antes de morir, Maciel cayó, pero durante años, como hasta la fecha en Nicaragua, una campaña de contraacusaciones transformó a las víctimas en culpables y al culpable en mártir. Las instituciones, Estado o Iglesia, son poco propensas a dar paso a la queja contra sus jerarcas. En Nicaragua, la justicia, los políticos, el cardenal Obando han defendido, defienden a Ortega de modo que su reelección a la presidencia fue una “incalificable bofetada a las mujeres”, como dijo una de las defensoras de Zoila. Maciel, sancionado por el papa Pío XII, fue rehabilitado por el buen Juan XXIII y supo engañar a Juan Pablo II. La doble moral triunfaba y sigue triunfando.
Me faltó decir que, obviamente, no soy partidario de la ley fuga. Tampoco de los personajes mencionados y de sus protectores cardenalicios.
Les hablaré de Marcial Maciel, sacerdote difunto y de Daniel Ortega, presidente en ejercicio en Nicaragua, pero primero les va una historia verdadera, sin precisiones cronológicas ni geográficas, porque los descendientes de los protagonistas podrían molestarse.
Hace la friolera de 50 o 60 años, en una ciudad de la República Mexicana, a las 8 más o menos de la mañana, el papá de un amigo y su socio y amigo se encontraban fuera de su domicilio y negocio en una calle céntrica, a una cuadra de la estación de trenes, fumándose el primer cigarro del día, antes de que apareciera el primer gambusino que les vendiera pequeñas porciones de mineral. “Se aparecen dos carros de la policía, en uno el mismísimo jefe de la policía municipal con su chofer y en el otro un joven, en el asiento de atrás en medio de dos policías armados con rifles. “Amigos, ¿Qué están haciendo? Acompáñenme a dar una vueltecita”, dijo el jefe. X y Z intercambiaron miradas desconfiadas… accediendo a la invitación. Agarraron por la carretera y por ahí en un llanito se estacionaron los dos carros. “Vénganse, vamos a fumar un Alitas”. Se bajaron, también los policías con el joven preso. “¿Sabes que? dijo el jefe de policía al preso... cuélate, vete por ahí… yo también soy hombre y entiendo lo que le hiciste a la niña”. “No, le contestó el preso pálido, quieres matarme”. “Pues sí, hijo de la… es lo que voy a hacer, como tú hiciste con la niña”. “Agárrenlo”, ordenó a los policías. El jefe se movió, buscándole la espalda al preso y a tres, cuatro metros, le sorrajó tres, cuatro balazos de la 45”. Luego le dijo a mi papá y a su amigo: “Bueno, vámonos, mañana les mando una acta para que me firmen de testigos, de cómo ese hijo de la ch… trató de escapar”. Ley fuga para un sátiro. Así se les llamaba entonces a los pedófilos. El muerto había violado a una niña. Justicia diferente al versículo de San Mateo, sobre la rueda de molino amarrada al cuello”… Eso me contó mi amigo, después de leer mi artículo de hace quince días.
De todos son conocidas las hazañas sexuales, financieras y políticas del P. Maciel, no lo son tanto las de Daniel Ortega, ex revolucionario y actual presidente. El paralelismo entre los dos hombres es interesante así como la red de complicidades que permitió en el caso del primero y permite todavía en el del segundo la conspiración del silencio. Sobre Maciel, tienen el libro de Fernando M. González, publicado por Tusquets; sobre Ortega, el último número de ISTOR (www.istor.cide.edu) con el tremendo artículo de Delphine Lacombe, “El escándalo Ortega-Narváez”. En 1998, a sus 31 años, Zoilamérica Narváez, hija de la presente esposa de Ortega, denunció la violencia sexual continua, iniciada cuando ella tenía once años y ejercida por su padrastro durante casi dos décadas. Narra además de las prácticas sexuales impuestas por el agresor, la obligación al secreto, la manipulación psicológica y censura impuesta por ciertos dirigentes sandinistas. Como las víctimas de Maciel, se autopersuadió de que su sacrificio era un deber moral, que “contribuía a la revolución”: Ortega, como Maciel, decía que así contribuía a su estabilidad emocional, que así podía cumplir mejor sus altos deberes. El sacerdote y ministro Miguel d’Escoto le sugirió “cargar con mi cruz con resignación, evitar el escándalo, velar por la imagen y estabilidad del gran hombre, para que pudiera cumplir con la misión”. La misión que la historia confió a Ortega, la misión que Dios confió a Maciel.
Dos hombres, dos héroes, dos modelos, Ortega: el nuevo Sandino, Maciel: “ejemplo para la juventud” (palabras de Juan Pablo II).
Después de la denuncia, mismo circo en ambos casos, misma impunidad, conspiración del silencio. “Lo sabíamos y mantuvimos silencio por nuestro deseo de apoyar la revolución sandinista, estoy avergonzada de nuestro silencio, pero tal vez el tiempo y el lugar no permitieron otra alternativa”. Mismas palabras entre los dirigentes de la Legión. Al final, poco antes de morir, Maciel cayó, pero durante años, como hasta la fecha en Nicaragua, una campaña de contraacusaciones transformó a las víctimas en culpables y al culpable en mártir. Las instituciones, Estado o Iglesia, son poco propensas a dar paso a la queja contra sus jerarcas. En Nicaragua, la justicia, los políticos, el cardenal Obando han defendido, defienden a Ortega de modo que su reelección a la presidencia fue una “incalificable bofetada a las mujeres”, como dijo una de las defensoras de Zoila. Maciel, sancionado por el papa Pío XII, fue rehabilitado por el buen Juan XXIII y supo engañar a Juan Pablo II. La doble moral triunfaba y sigue triunfando.
Me faltó decir que, obviamente, no soy partidario de la ley fuga. Tampoco de los personajes mencionados y de sus protectores cardenalicios.
viernes, 23 de abril de 2010
Archie introduce a su primer personaje gay
Kevin Keller es su nombre y todo indica que es el primer homosexual que pone un pie en Riverdale. Wow. Al parecer, el pueblo sí que era anticuado. Según los representantes de Archie Comics:
"La llegada de Kevin se trata de mantener el mundo de Archie Comics actual. Riverdale siempre ha sido un lugar seguro para todos. Tiene sentido que un personaje abiertamente gay entre a los comics de Archie."
Me gusta como dicen que Riversale siempre ha sido 'un lugar seguro para todos', como si en verdad quisieran decir: "¡No te preocupes Kevin! No somos el pueblo anticuado de los 50s que todos creen. Nos encantan los homosexuales. Y nadie te molerá a golpes aquí ¡Lo juramos!"
Ahora que lo pienso, si la gente de Archie está buscando actualizarse con el mundo moderno y levantar de paso el nivel de ventas, esto debió haber ocurrido hace unos ocho, diez años por lo menos. La época en la que la compañera de Green Arrow tenía sida, y en la que Marvel intentó catapultar al Rawhide Kid como una terrible parodia de un personaje gay. Hoy... se siente un poco pasado de moda, la verdad.
En fin, esperemos que al menos Kevin Keller logre convencer a Torombolo que deje de usar esos estúpidos estúpidos sombreros en forma de coronas.
ULTIMA HORA: NEONAZIS VAN GANANDO EN ARIZONA
Promulgan en Arizona ley contra indocumentados
Y tenía que ser republicana: La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la controversial ley, mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal en Phoenix alzaban pancartas y gritos de protesta. La ley es considerada la más dura contra la inmigración ilegal en Estados Unidos y un claro desafío al gobierno de Barack Obama. Esto ocurrió hace unos minutos de éste 23 de abril.
“La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el Gobierno Federal se ha negado a solucionar”, dijo Brewer.
“Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados”, agregó.
La ley promulgada este viernes convierte en delito residir sin documentos migratorios y permite a la policía local confirmar el estatuto migratorio en base a “sospechas razonables”.
Horas antes de su promulgación, Obama había calificado de “irresponsable” a esta legislación.
Mientras, en México y Guatemala las principales fuerzas políticas, así como portavoces de Gobierno, habían condenado el texto y llamaron a repudiarlo.
“Decidí firmar la ley porque, aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona”, apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de “una frontera porosa”.
“No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida”, agregó.
La indignación por la promulgación de la ley no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados: unos 11 millones a nivel nacional viven y trabajan en este país.
“Estamos muy decepcionados” por la decisión de la Gobernadora, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), organización defensora de los derechos civiles de los hispanos, principal minoría en Estados Unidos.
Según Murguía, “Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que están tratando de asegurar su propia supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir”.
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada- con mayor proporción de inmigrantes no autorizados respecto a su población: Casi medio millón de personas en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
“De un plumazo, la gobernadora de Arizona llevó al estado a una nueva caída”, lamentó Angela M. Kelley, vicepresidenta del Instituto de Immigration Policy and Advocacy.
El texto “legaliza la detención y el arresto de personas que podría parecer inmigrantes indocumentados, basándose simplemente en su apariencia. Como el presidente Barack Obama señaló hoy (viernes), los esfuerzos legislativos en Arizona amenazan con ’socavar las nociones básicas de justicia que nosotros apreciamos como estadounidenses’, así como la confianza entre la policía y sus comunidades que es tan crucial para mantenernos seguros”, dijo Kelley.
Brewer aseguró que “no tolerará la discriminación racial”. Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: “Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal”, respondió.
Y tenía que ser republicana: La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó la controversial ley, mientras miles de manifestantes en las puertas de la sede de Gobierno estatal en Phoenix alzaban pancartas y gritos de protesta. La ley es considerada la más dura contra la inmigración ilegal en Estados Unidos y un claro desafío al gobierno de Barack Obama. Esto ocurrió hace unos minutos de éste 23 de abril.
“La ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el Gobierno Federal se ha negado a solucionar”, dijo Brewer.
“Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados”, agregó.
La ley promulgada este viernes convierte en delito residir sin documentos migratorios y permite a la policía local confirmar el estatuto migratorio en base a “sospechas razonables”.
Horas antes de su promulgación, Obama había calificado de “irresponsable” a esta legislación.
Mientras, en México y Guatemala las principales fuerzas políticas, así como portavoces de Gobierno, habían condenado el texto y llamaron a repudiarlo.
“Decidí firmar la ley porque, aunque mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona”, apuntó Brewer al mencionar los problemas de violencia y criminalidad que sufre la población a raíz de “una frontera porosa”.
“No podemos sacrificar nuestra seguridad ante la codicia criminal de los carteles de la droga. No podemos permanecer de brazos cruzados mientras los secuestros y la violencia comprometen nuestra calidad de vida”, agregó.
La indignación por la promulgación de la ley no se hizo esperar por parte de las organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados: unos 11 millones a nivel nacional viven y trabajan en este país.
“Estamos muy decepcionados” por la decisión de la Gobernadora, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), organización defensora de los derechos civiles de los hispanos, principal minoría en Estados Unidos.
Según Murguía, “Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que están tratando de asegurar su propia supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir”.
Aunque Arizona no es uno de los Estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada- con mayor proporción de inmigrantes no autorizados respecto a su población: Casi medio millón de personas en relación a 6 millones de habitantes, según datos del Centro Hispano Pew.
“De un plumazo, la gobernadora de Arizona llevó al estado a una nueva caída”, lamentó Angela M. Kelley, vicepresidenta del Instituto de Immigration Policy and Advocacy.
El texto “legaliza la detención y el arresto de personas que podría parecer inmigrantes indocumentados, basándose simplemente en su apariencia. Como el presidente Barack Obama señaló hoy (viernes), los esfuerzos legislativos en Arizona amenazan con ’socavar las nociones básicas de justicia que nosotros apreciamos como estadounidenses’, así como la confianza entre la policía y sus comunidades que es tan crucial para mantenernos seguros”, dijo Kelley.
Brewer aseguró que “no tolerará la discriminación racial”. Una vez promulgada la ley, un periodista le preguntó qué características tenían para ella los indocumentados: “Yo no sé cómo es un inmigrante ilegal”, respondió.
Que Paulette ni que nada: encuentran a muerto 10 años después…bajo el sofá
Blog invitado: La Lonchería
El pobre señor Derrick
Que no lea esta nota el Procurador Bazbaz porque ya sabremos por dónde iría la declaración de mañana con respecto al caso de Paulette.
Resulta que este cuerpo en particular estuvo 10 años debajo de un sofá. El muerto se llamaba Denis Pring, tenía 73 años y vivía con Alan Derrick, una persona con cierta discapacidad mental.
Pring había inviado a vivir con él a Derrick y murió repentinamente…por ahí de 1998. De acuerdo con las investigaciones Derrick pensó que si le decía a las autoridades que su amigo había muerto lo correrían del departamento (en el que no tenía derecho a estar).
Así que decidió no decir nada.
UN AÑO después de la muerte, los vecinos llamaron a las autoridades quejándose de un terrible olor.
La BBC reporta:
“Sandra Wedlock, una inspectora, le dijo a la corte que ella había entrado al departamento y que había visto el sofá en cuestión, pero que no había notado la presencia de ningún cuerpo abajo.
La teoría de Wedlock es que el terrible olor provenía de un excusado descompuesto y ahí acabó la cosa.
(…)
El cuerpo de Pring fue descubierto cuando en 2008 Derrick decidió cambiarse de departamento.”
El pobre señor Derrick
Que no lea esta nota el Procurador Bazbaz porque ya sabremos por dónde iría la declaración de mañana con respecto al caso de Paulette.
Resulta que este cuerpo en particular estuvo 10 años debajo de un sofá. El muerto se llamaba Denis Pring, tenía 73 años y vivía con Alan Derrick, una persona con cierta discapacidad mental.
Pring había inviado a vivir con él a Derrick y murió repentinamente…por ahí de 1998. De acuerdo con las investigaciones Derrick pensó que si le decía a las autoridades que su amigo había muerto lo correrían del departamento (en el que no tenía derecho a estar).
Así que decidió no decir nada.
UN AÑO después de la muerte, los vecinos llamaron a las autoridades quejándose de un terrible olor.
La BBC reporta:
“Sandra Wedlock, una inspectora, le dijo a la corte que ella había entrado al departamento y que había visto el sofá en cuestión, pero que no había notado la presencia de ningún cuerpo abajo.
La teoría de Wedlock es que el terrible olor provenía de un excusado descompuesto y ahí acabó la cosa.
(…)
El cuerpo de Pring fue descubierto cuando en 2008 Derrick decidió cambiarse de departamento.”
¡ESTA SI ES UNA HEROINA!
Carlos Simon Timmerman, residente de Nueva York, compró un DVD de la actriz porno Lupe Fuentes en un mercado durante sus vacaciones en Venezuela, sólo para posteriormente ser detenido en su viaje de regreso en San Juan, Puerto Rico, por posesión y transportación de imágenes que involucran a menores de edad.
La pena que el hombre enfrentaba podría alcanzar hasta los 20 años en prisión, pero se salvó de ella cuando Fuentes viajó a Puerto Rico para comparecer en una Corte y mostrar documentos que avalaban su mayoría de edad.
Timmerman pasó dos meses en la cárcel de San Juan, pues un agente de Migración y Aduanas del país testificó que Fuentes era "definitivamente" menor de 18 años cuando se filmó el video, según publica el sitio RadarOnLine.com.
De igual forma un pediatra había considerado que la actriz porno era menor de edad en ese momento, pero los documentos que presentó la joven en la Corte demostraron lo contrario.
Cuando el filme "Little Lupe the Innocent; Don't Be Fooled By Her Baby Face" fue producido, la chica comprobó que ya contaba con 19 años de edad, e inmediatamente todos los cargos contra Carlos Timmerman fueron desechados.
"Lupe entró a la sala de la Corte y de pronto todo era como una película dramática. Se hizo justicia y Carlos es ahora un hombre libre gracias a ella", dijo Héctor Ramos Vega, defensor del hombre de origen neoyorquino.
Ramos Vega agregó que además de ser la actriz porno con la apariencia más infantil del mundo, Lupe también es una chica humanitaria que se preocupa por la justicia y sus fanáticos. (El Universal).
PERIODISTAS ASESINADOS
Eduardo López Betancourt
Tal parece que siempre, en lo peor, México ocupa el primer lugar. El caso es claro en lo referente a periodistas asesinados. La libertad de expresión en nuestro país, se encuentra habitualmente asediada; los periodistas aztecas realizan grandes esfuerzos, arriesgan sus vidas en busca de noticias; empero lo hacen sin garantías y con salarios de hambre.
El jefe del Ejecutivo federal, lejos de hacer algo para garantizar el trabajo de los comunicadores, como es su costumbre sólo se lamenta, promete lo que no cumple; asevera que envió al Congreso una iniciativa para formular leyes que permitan establecer a nivel federal los delitos contra la libertad de expresión. Una vez más, el camino equivocado; es en verdad absurdo pensar que con nuevos preceptos, los reporteros puedan efectuar su actividad sin temor a ser masacrados. Lo que más abunda en nuestro sistema son disposiciones legales, las cuales se convierten en letra muerta, estimulando sólo un lacerante ambiente de inseguridad.
Lo absurdo de todo esto es que la ridícula e inútil Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma también que está preocupada por el trabajo de los informadores, e implícitamente ha creado una dependencia con ese objetivo, misma que es obvio no sirve para nada.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, sin embargo es tangible, tampoco ahí se observa una labor positiva.
En México, se da también una situación por demás lamentable, quienes más atentan contra la libertad de expresión son los propios dueños de los medios de comunicación; ellos dicen qué noticias deben aparecer, quién y cómo las expone a la luz pública. El drama de la manipulación informativa es una vergüenza nacional; en particular porque la televisión, radio y mucha prensa escrita se hallan en unas cuantas manos, que sin prudencia realizan pingües negocios, donde la extorsión es una de sus tantas aristas.
Los informadores mexicanos, en general son personas honestas, con ética, empero su labor a menudo se ve ensombrecida por los desaprensivos amos de los medios noticiosos, quienes mantienen, para aviesos intereses, oprobiosos cochupos con hombres del poder económico y político.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco señaló que el número de periodistas ejecutados en México fue el más elevado de los últimos tiempos en el Continente Americano, con un total de 59 muertes.
Lo real es que los reporteros a diario sucumben ante las balas de sicarios, e inclusive de las propias fuerzas policiacas; dándose a su vez el asesinato de la verdad, cuyos únicos culpables son los zares de la información, ruines sujetos sin escrúpulos, verbigracia, un indigno gallego, poseedor de una cadena de periódicos, de la cual por cierto se hizo de manera muy dudosa y, quien les dice a los periodistas que laboran para sus rotativos, que lejos de pagarles él un sueldo, son ellos quienes deben entregarle dinero, esencialmente por la conducta que deben asumir, al extorsionar a diversidad de hombres públicos. Este repugnante individuo, que además se ha apoderado del deporte olímpico mexicano, es simple muestra de los entes que provocan desinformación e impiden avances y mejores alternativas para el pueblo de México.
Por lo expuesto, la libertad de expresión en nuestra patria es una quimera, no hay interés en los ámbitos gubernamentales por evitar la inseguridad que acecha a los trabajadores de la prensa. Al respecto, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró en su reciente visita a México, que la impunidad es el mayor problema al que se enfrentan los periodistas, acotando de forma rotunda que esa exención proviene del gobierno federal; de ahí que lo dicho por el presidente Calderón a favor de los informadores, resulta incongruente; más aún cuando asegura que tiene la firme convicción de apoyar a los hombres de la prensa, y que en similar sentido actuarían todas las instituciones del Estado, agregando sin más: “Velar por la seguridad de los periodistas, es desde luego proteger los derechos de los mexicanos”. Bonitas palabras, empero todo queda en el discurso vano; un ejemplo lo representa la Secretaría de Gobernación, desde donde se acalla la noticia y la persecución de comunicadores es práctica cotidiana. En lo personal, estoy vetado por el gobierno federal para entrevistas en radio, televisión y medios masivos de comunicación impresa. Me he dirigido al actual titular de la Secretaría de Gobernación para que acabe tal hostigamiento, así como contra Forum, no obstante lejos de disminuir se acrecienta.
En resumen: ya basta de monopolios, más que leyes urgen acciones para respaldar en su labor al verdadero periodista, de lo contrario seguirá en riesgo permanente su integridad física. (Fórum en Línea).
Tal parece que siempre, en lo peor, México ocupa el primer lugar. El caso es claro en lo referente a periodistas asesinados. La libertad de expresión en nuestro país, se encuentra habitualmente asediada; los periodistas aztecas realizan grandes esfuerzos, arriesgan sus vidas en busca de noticias; empero lo hacen sin garantías y con salarios de hambre.
El jefe del Ejecutivo federal, lejos de hacer algo para garantizar el trabajo de los comunicadores, como es su costumbre sólo se lamenta, promete lo que no cumple; asevera que envió al Congreso una iniciativa para formular leyes que permitan establecer a nivel federal los delitos contra la libertad de expresión. Una vez más, el camino equivocado; es en verdad absurdo pensar que con nuevos preceptos, los reporteros puedan efectuar su actividad sin temor a ser masacrados. Lo que más abunda en nuestro sistema son disposiciones legales, las cuales se convierten en letra muerta, estimulando sólo un lacerante ambiente de inseguridad.
Lo absurdo de todo esto es que la ridícula e inútil Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma también que está preocupada por el trabajo de los informadores, e implícitamente ha creado una dependencia con ese objetivo, misma que es obvio no sirve para nada.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, sin embargo es tangible, tampoco ahí se observa una labor positiva.
En México, se da también una situación por demás lamentable, quienes más atentan contra la libertad de expresión son los propios dueños de los medios de comunicación; ellos dicen qué noticias deben aparecer, quién y cómo las expone a la luz pública. El drama de la manipulación informativa es una vergüenza nacional; en particular porque la televisión, radio y mucha prensa escrita se hallan en unas cuantas manos, que sin prudencia realizan pingües negocios, donde la extorsión es una de sus tantas aristas.
Los informadores mexicanos, en general son personas honestas, con ética, empero su labor a menudo se ve ensombrecida por los desaprensivos amos de los medios noticiosos, quienes mantienen, para aviesos intereses, oprobiosos cochupos con hombres del poder económico y político.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace poco señaló que el número de periodistas ejecutados en México fue el más elevado de los últimos tiempos en el Continente Americano, con un total de 59 muertes.
Lo real es que los reporteros a diario sucumben ante las balas de sicarios, e inclusive de las propias fuerzas policiacas; dándose a su vez el asesinato de la verdad, cuyos únicos culpables son los zares de la información, ruines sujetos sin escrúpulos, verbigracia, un indigno gallego, poseedor de una cadena de periódicos, de la cual por cierto se hizo de manera muy dudosa y, quien les dice a los periodistas que laboran para sus rotativos, que lejos de pagarles él un sueldo, son ellos quienes deben entregarle dinero, esencialmente por la conducta que deben asumir, al extorsionar a diversidad de hombres públicos. Este repugnante individuo, que además se ha apoderado del deporte olímpico mexicano, es simple muestra de los entes que provocan desinformación e impiden avances y mejores alternativas para el pueblo de México.
Por lo expuesto, la libertad de expresión en nuestra patria es una quimera, no hay interés en los ámbitos gubernamentales por evitar la inseguridad que acecha a los trabajadores de la prensa. Al respecto, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declaró en su reciente visita a México, que la impunidad es el mayor problema al que se enfrentan los periodistas, acotando de forma rotunda que esa exención proviene del gobierno federal; de ahí que lo dicho por el presidente Calderón a favor de los informadores, resulta incongruente; más aún cuando asegura que tiene la firme convicción de apoyar a los hombres de la prensa, y que en similar sentido actuarían todas las instituciones del Estado, agregando sin más: “Velar por la seguridad de los periodistas, es desde luego proteger los derechos de los mexicanos”. Bonitas palabras, empero todo queda en el discurso vano; un ejemplo lo representa la Secretaría de Gobernación, desde donde se acalla la noticia y la persecución de comunicadores es práctica cotidiana. En lo personal, estoy vetado por el gobierno federal para entrevistas en radio, televisión y medios masivos de comunicación impresa. Me he dirigido al actual titular de la Secretaría de Gobernación para que acabe tal hostigamiento, así como contra Forum, no obstante lejos de disminuir se acrecienta.
En resumen: ya basta de monopolios, más que leyes urgen acciones para respaldar en su labor al verdadero periodista, de lo contrario seguirá en riesgo permanente su integridad física. (Fórum en Línea).
Ex Contador Mayor de Hacienda involucrado en fraude
Ricardo Álvarez García, ex Contador Mayor de Hacienda del Congreso Local durante el sexenio de Enrique Martínez, ha sido acusado de participar en un fraude en contra de un grupo de compradores de lotes campestres en un predio rústico de su propiedad ubicado cerca de San Antonio de las Alazanas, en la sierra de Arteaga.
Los defraudados por el ex funcionario estatal argumentan que cuando compraron sus lotes en ese lugar para construir cabañas de descanso, se les prometió que dichos predios contarían con el servicio de agua y luz, lo cual quedó asentado en el contrato de compra venta, pero a la fecha esa promesa no ha sido cumplida, por lo que amenazan con presentar denuncias penales en contra de Álvarez García y de su esposa, Ana María Cuellar, quien aparece como propietaria del fraudulento fraccionamiento.
En el colmo de la desvergüenza, los fraccionadores continúan publicitando el citado fraccionamiento en periódicos locales ofreciendo lotes desde mil metros cuadrados con agua y luz, lo cual es completamente falso.
En un escrito que los quejosos enviaron a EL HERALDO DE SALTILLO se lee lo siguiente: "El Fraccionamiento se llama Puerto Alto y la oficina es "Desarrollos Inmobiliarios Arteaga", la promesa desde hace cuatro años fue que la luz y el agua quedarían en un tiempo muy corto ya que se estaban tramitando los permisos, sin embargo aun sin servicios los costos de los terrenos son como si tuvieran todo ya instalado y hasta el día de hoy siguen sin cumplir sus promesas".
"Los dueños del Fraccionamiento son Ana Maria Cuellar de las Fuentes a la cual se le hacen los depósitos puntualmente a su cuenta de los pagos de las mensualidades y su esposo Ricardo Alvarez García, sin embargo el que da la cara como Administrador o socio es el Ing. Fernando Perez el cual nos ha traído con la promesa de los Servicios desde hace mas de 4 años".
"La publicidad que se maneja en el periódico maneja que el Fraccionamiento tiene luz y agua cosa que no es cierto y en lugar de venderte el terreno como rustico te lo dan a precios de terreno campestre con servicios".
"Los propietarios de los lotes ya nos cansamos de pedir explicaciones y de escuchar que la culpa es de CFE y no de ellos, sin embargo, ¿que no se supone que si vendes bajo este concepto no deberían tener ya lo de CFE listo? ¿No se supone que primero fraccionas, instalas y das los servicios y luego empiezas a vender? ¿O quieres que con el dinero que sacas de mensualidades te de el flujo para ir metiendo infraestructura, buen negocio no?", se lee en el escrito.
Los quejosos advierten que en caso de no ver sus demandas satisfechas rápidamente, recurrirán a la justicia para exigir les sea reparado el daño por parte del ex funcionario público.
Fuente: Redacción / El Heraldo de Saltillo
Publicado: Abril 23, 2010
lunes, 19 de abril de 2010
PRIVACIDAD VIOLADA
A los mexicanos poco nos ha importado la protección y el tratamiento de datos personales que hoy forman parte esencial de nuestra privacidad. Hemos avanzado en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pero no en la defensa de la privacidad de los ciudadanos. No ha sido hasta hoy un valor a proteger. Nos encontramos vulnerables a la violación de nuestra información personal, la cual queda expuesta potencialmente a cualquier delito o persecución, e incluso a vigilancia político policial.
La investigación publicada hoy por EL UNIVERSAL indigna. Los datos personales de los mexicanos, obtenidos a través de trámites diversos como la obtención de la credencial de elector, el registro vehicular, las licencias de conducir, entre otros, están a la venta al mejor postor en el barrio de Tepito, donde por 12 mil dólares —monto que sólo el crimen organizado puede pagar— se pueden adquirir tres memorias externas que despliegan toda la información, incluidas fotografías, dirección o tipo de vehículo.
Esto es, el ciudadano al desnudo en sus datos personales, sin que la autoridad repare en tan grave delito, fundamentalmente porque carece de herramientas legales para sancionarlo.
Ni siquiera la intimidad es un valor consagrado constitucionalmente. En la mayoría de los países donde impera el estado de derecho este tema se planteó hace dos décadas y ha logrado no sólo proteger las bases de datos, sino su tratamiento, que es donde se cometen los mayores desvíos.
Apenas el martes pasado la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Datos Personales —que ha de avalar todavía el Senado—, por la cual el IFAI tendrá entre sus atribuciones vigilar y verificar que la información personal en manos de particulares no sea usada con fines distintos para los que fue proporcionada.
A ver si ahora, al saber que en cualquier esquina se puede acceder a nuestros datos, podemos dimensionar la urgencia de defender la privacidad del ciudadano. Necesitamos su aprobación.
Una vez sentadas las reglas sobre cómo proteger, cómo utilizar y, en su caso, cómo sancionar el mal uso de datos personales, estaremos en mejor situación para atacar fenómenos como el que reportamos hoy.
Saber que vamos en la ruta legal correcta para darle en el futuro a la privacidad el lugar que le corresponde entre los valores ciudadanos, no exime sin embargo a los custodios de la información vulnerada y vendida en Tepito para explicar de inmediato cómo sucedió y cómo le van a hacer para que no siga pasando. Este puede ser un caso emblemático donde los responsables, entidades públicas y privadas prueben que sabrán erradicar la negligencia y la corrupción, que ponen todos los días en riesgo la libertad y los derechos de los mexicanos.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48037.html
La investigación publicada hoy por EL UNIVERSAL indigna. Los datos personales de los mexicanos, obtenidos a través de trámites diversos como la obtención de la credencial de elector, el registro vehicular, las licencias de conducir, entre otros, están a la venta al mejor postor en el barrio de Tepito, donde por 12 mil dólares —monto que sólo el crimen organizado puede pagar— se pueden adquirir tres memorias externas que despliegan toda la información, incluidas fotografías, dirección o tipo de vehículo.
Esto es, el ciudadano al desnudo en sus datos personales, sin que la autoridad repare en tan grave delito, fundamentalmente porque carece de herramientas legales para sancionarlo.
Ni siquiera la intimidad es un valor consagrado constitucionalmente. En la mayoría de los países donde impera el estado de derecho este tema se planteó hace dos décadas y ha logrado no sólo proteger las bases de datos, sino su tratamiento, que es donde se cometen los mayores desvíos.
Apenas el martes pasado la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Datos Personales —que ha de avalar todavía el Senado—, por la cual el IFAI tendrá entre sus atribuciones vigilar y verificar que la información personal en manos de particulares no sea usada con fines distintos para los que fue proporcionada.
A ver si ahora, al saber que en cualquier esquina se puede acceder a nuestros datos, podemos dimensionar la urgencia de defender la privacidad del ciudadano. Necesitamos su aprobación.
Una vez sentadas las reglas sobre cómo proteger, cómo utilizar y, en su caso, cómo sancionar el mal uso de datos personales, estaremos en mejor situación para atacar fenómenos como el que reportamos hoy.
Saber que vamos en la ruta legal correcta para darle en el futuro a la privacidad el lugar que le corresponde entre los valores ciudadanos, no exime sin embargo a los custodios de la información vulnerada y vendida en Tepito para explicar de inmediato cómo sucedió y cómo le van a hacer para que no siga pasando. Este puede ser un caso emblemático donde los responsables, entidades públicas y privadas prueben que sabrán erradicar la negligencia y la corrupción, que ponen todos los días en riesgo la libertad y los derechos de los mexicanos.
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/48037.html
TUS DATOS PERSONALES SE VENDEN EN TEPITO
Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.
Por María de la Luz González
EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.
Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.
Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.
Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.
El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.
La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.
Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/673768.html
Por María de la Luz González
EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.
La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.
Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.
Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.
Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.
El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.
La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.
Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/673768.html
domingo, 18 de abril de 2010
BUSCARÁ AHMSA TERMINAR CONTRATO COLECTIVO
ALERTA SINDICAL EN LA 288: AHMSA PRETENDE TERMINAR CON EL CONTRATO COLECTIVO
• Otra denuncia internacional se presentará en breve, incluyendo los casos de Cananea, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los logros contractuales.
Conrado Garcia Jamin
Los trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, S.A., agremiados a la Sección 288 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, se encuentran ante una encrucijada: aceptar o rechazar una propuesta de la empresa para dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo.
Dicho de otra forma, se pretende eliminar el Contrato Colectivo y los logros obreros que aun se mantienen en consignados en ese documento, por cierto sumamente mutilado, violado y maltrecho desde que el GAN “compró” el conjunto AHMSA en la friolera de 107millones de dólares.
Nuestras fuentes refieren que se plantea una oferta que va desde los 200 a los 400 mil pesos para cada trabajador, a cambio de firmar a favor de la terminación del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras cosas.
Esta situación ha generado diversas reacciones como la reorganización, hasta ahora de manera clandestina, por parte de diversos grupos que podrían conformar una alianza en defensa de los logros contractuales y tratar a toda forma de impedir la compra de conciencias por parte de la empresa.
Paralelamente, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical alista una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales de trabajadores.
Se trata de una condena al Gobierno mexicano, queremos dar a conocer las graves violaciones que cometen para que México esté en la lista de los gobiernos que más violaciones comete.
La asociación, integrada por alrededor de 20 organizaciones sindicales de varios países y expertos nacionales y extranjeros en materia laboral, tendrá una sesión concluyente el 28, 29 y 30 de abril, donde dará a conocer casos de violaciones contra distintas organizaciones de trabajadores.
Mencionaron algunos casos, como el conflicto del SME, el de los mineros en Cananea, Sonora, el despido de Técnicos y Profesionistas Petroleros, las denuncias de profesores de la sección IX de la CNTE-SNTE, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los contratos colectivos del gremio minero, entre otros.
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL
A finales del año pasado, la sociedad civil organizada de Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y México, instaló oficialmente el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. El instrumento funcionará para investigar las denuncias de violación y falta de respeto de las libertades sindicales de los trabajadores.
"Ante una cantidad enorme de denuncias de trabajadores de violaciones a sus derechos fundamentales y de la libertad sindical, la sociedad civil organizada resolvió crear el Tribunal con integrantes de la sociedad civil ante la situación de emergencia que está teniendo lugar en México, con gobernantes que entregan las riquezas del país a intereses internacionales globalizados, como por ejemplo la Monsanto, que destruye la agricultura mexicana con los transgénicos", justifica Luiz Salvador, abogado laboralista y de previsión social, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y miembro del cuerpo de jurados internacional del Tribunal.
El instrumento estará a disposición de los trabajadores mexicanos para recibir sus denuncias, instruir los procesos instaurados y proferir votación. "El Tribunal es abierto, democrático, transparente, recibe las denuncias de los trabajadores, escucha declaraciones, recoge las pruebas de las denuncias y reúne al cuerpo de jurados para apreciar las pruebas recolectadas, emitiendo decisión colegiada", explica Salvador. Este trabajo será realizado por un cuerpo de jurados con reconocida actuación jurídica y social en sus países. Son: James D. Cockroft (Estados Unidos-Canadá), Martha Olmo (España), Luis Guilhermo Péres (Bélgica-Colombia), Lydia Guevara (Cuba), Kjeld Jakobsen (Brasil), Luis Ramírez (Argentina), Luiz Salvador (Brasil), Hugo Barreto Ghione (Uruguay), Rubén Darío González (Venezuela), Rosario Ibarra (México), Miguel Ángel Granados Chapa (México), Miguel Concha Malo (México), Ana Colchero (México), Alfredo Sánchez Alvarado (México), Oscar Alzaga (México), Enrique Larios (México) y Eduardo Miranda (México).
La programación de las actividades comenzó con una Audiencia Pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de dieciséis entidades sindicales. En la ocasión, el cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros.
En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas. El Tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laboralistas en el caso que éstas deseen instrumentar su defensa.
La actuación de este mecanismo no entorpecerá ni substituirá el trabajo de los tribunales creados por el Estado. Según Salvador, las deliberaciones del Tribunal Sindical podrán apoyar decisiones de otros. "El Tribunal Internacional de Libertad Sindical es una herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás Tribunales creados por el Estado", dice.
La creación del Tribunal Internacional es una iniciativa de carácter popular, por lo que no tiene relación con el Poder Público en México. Sin embargo, de acuerdo con Salvador, miembros del Poder Público "fueron invitados a hacerse presentes en todos los actos practicados por el Tribunal, incluyendo el de la ceremonia de su constitución, Sesiones Públicas; les son enviados extractos de todas las denuncias y requerimientos para conocimiento, defensa y envíos de estilo".
Incluso con poco tiempo de actuación los miembros del cuerpo de jurados pudieron investigar una gran cantidad de violaciones en México, entre las más graves se encontraron: violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales, institucionalización de la violencia contra todo movimiento organizado de trabajadores, abusos de los medios de comunicación, además de restricciones y coerción de la libertad de expresión.
ALERTA EN AHMSA
Los trabajadores de AHMSA deben recordar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo termina:
• Mutuo consentimiento;
• Renuncia escrita del trabajador
• Por quiebra
• Por muerte del trabajador
• Terminación de la obra.
• Incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el desempeño de sus labores.
Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquél patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores.
En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o de terminación de este, las condiciones de trabajo continuaran vigentes en la empresa o establecimiento.
La característica del contrato colectivo reside en la facultad que ha sido otorgada a los grupos sociales representantes de los factores de la producción, el capital y el trabajo, para dictar las normas de trato que deben prevalecer en sus relaciones especiales, con la única limitación establecida en el artículo 123° constitucional relacionada con los derechos mínimos de los trabajadores considerados en lo individual.
Por esta razón se le han atribuido efectos jurídicos, en virtud de su inderogabilidad, o sea que sólo las partes que los celebran pueden quitarles validez o modificar las condiciones impuestas, aparte el hecho de que no pueden oponérsele contratos individuales que les contraríen o disposiciones que vayan en contra del interés del trabajador en sí mismo.
Además, al extenderse a terceros, o sea a personas que laboran en un mismo centro o empresa, aún cuando no hayan intervenido en su elaboración se les está concediendo una amplitud extensa en cuanto a la protección del servicio prestado.
De esta manera el contrato debe comprender por una parte, las horas de entrada y salida, o sea la jornada máxima de labores; cuál debe ser la restricción impuesta al patrón tratándose del trabajo de mujeres y menores; los descansos que se otorgarán y la forma en que se trate; las vacaciones, el salario según las categorías o especialización; la intensidad y calidad de trabajo; los beneficios que como agrupación hayan de otorgarse a los sindicatos; etc.
Una regla importante en esta materia es la contenida en el artículo 396° de la LFT. Que señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extenderán a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que los hayan celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.
Esta última, comprendida en el capítulo de los contratos especiales , señala que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento, se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.
Esto es, se busca que los trabajadores libres y los llamados empleados de confianza, disfruten de iguales beneficios por el simple hecho de encontrarse prestando servicios al mismo patrón, aunque se les prohíbe formar parte de los sindicatos, no pudiendo tampoco votar en recuentos relacionados con conflictos de huelga.
En cuanto a la índole de estos trabajadores, el artículo 182° LFT. expresa que serán las condiciones de trabajo, relacionadas con su propia naturaleza o la importancia de los servicios que se presten, las que determinarán la calidad de empleado de confianza.
Fuera de estas excepciones es indudable que el Contrato Colectivo de Trabajo, ofrece la protección más amplia y completa a cualquier tipo de trabajador y establece la defensa más efectiva en cuanto a las condiciones que se impongan para su ejercicio, sin más limitación que la impuesta por las propias partes interesadas.
• Otra denuncia internacional se presentará en breve, incluyendo los casos de Cananea, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los logros contractuales.
Conrado Garcia Jamin
Los trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, S.A., agremiados a la Sección 288 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, se encuentran ante una encrucijada: aceptar o rechazar una propuesta de la empresa para dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo.
Dicho de otra forma, se pretende eliminar el Contrato Colectivo y los logros obreros que aun se mantienen en consignados en ese documento, por cierto sumamente mutilado, violado y maltrecho desde que el GAN “compró” el conjunto AHMSA en la friolera de 107millones de dólares.
Nuestras fuentes refieren que se plantea una oferta que va desde los 200 a los 400 mil pesos para cada trabajador, a cambio de firmar a favor de la terminación del Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras cosas.
Esta situación ha generado diversas reacciones como la reorganización, hasta ahora de manera clandestina, por parte de diversos grupos que podrían conformar una alianza en defensa de los logros contractuales y tratar a toda forma de impedir la compra de conciencias por parte de la empresa.
Paralelamente, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical alista una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno federal por violación a los derechos laborales de trabajadores.
Se trata de una condena al Gobierno mexicano, queremos dar a conocer las graves violaciones que cometen para que México esté en la lista de los gobiernos que más violaciones comete.
La asociación, integrada por alrededor de 20 organizaciones sindicales de varios países y expertos nacionales y extranjeros en materia laboral, tendrá una sesión concluyente el 28, 29 y 30 de abril, donde dará a conocer casos de violaciones contra distintas organizaciones de trabajadores.
Mencionaron algunos casos, como el conflicto del SME, el de los mineros en Cananea, Sonora, el despido de Técnicos y Profesionistas Petroleros, las denuncias de profesores de la sección IX de la CNTE-SNTE, la persecución de Napoleón Gómez Urrutia y los intentos por terminar con los contratos colectivos del gremio minero, entre otros.
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL
A finales del año pasado, la sociedad civil organizada de Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y México, instaló oficialmente el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. El instrumento funcionará para investigar las denuncias de violación y falta de respeto de las libertades sindicales de los trabajadores.
"Ante una cantidad enorme de denuncias de trabajadores de violaciones a sus derechos fundamentales y de la libertad sindical, la sociedad civil organizada resolvió crear el Tribunal con integrantes de la sociedad civil ante la situación de emergencia que está teniendo lugar en México, con gobernantes que entregan las riquezas del país a intereses internacionales globalizados, como por ejemplo la Monsanto, que destruye la agricultura mexicana con los transgénicos", justifica Luiz Salvador, abogado laboralista y de previsión social, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y miembro del cuerpo de jurados internacional del Tribunal.
El instrumento estará a disposición de los trabajadores mexicanos para recibir sus denuncias, instruir los procesos instaurados y proferir votación. "El Tribunal es abierto, democrático, transparente, recibe las denuncias de los trabajadores, escucha declaraciones, recoge las pruebas de las denuncias y reúne al cuerpo de jurados para apreciar las pruebas recolectadas, emitiendo decisión colegiada", explica Salvador. Este trabajo será realizado por un cuerpo de jurados con reconocida actuación jurídica y social en sus países. Son: James D. Cockroft (Estados Unidos-Canadá), Martha Olmo (España), Luis Guilhermo Péres (Bélgica-Colombia), Lydia Guevara (Cuba), Kjeld Jakobsen (Brasil), Luis Ramírez (Argentina), Luiz Salvador (Brasil), Hugo Barreto Ghione (Uruguay), Rubén Darío González (Venezuela), Rosario Ibarra (México), Miguel Ángel Granados Chapa (México), Miguel Concha Malo (México), Ana Colchero (México), Alfredo Sánchez Alvarado (México), Oscar Alzaga (México), Enrique Larios (México) y Eduardo Miranda (México).
La programación de las actividades comenzó con una Audiencia Pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de dieciséis entidades sindicales. En la ocasión, el cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros.
En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas. El Tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laboralistas en el caso que éstas deseen instrumentar su defensa.
La actuación de este mecanismo no entorpecerá ni substituirá el trabajo de los tribunales creados por el Estado. Según Salvador, las deliberaciones del Tribunal Sindical podrán apoyar decisiones de otros. "El Tribunal Internacional de Libertad Sindical es una herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás Tribunales creados por el Estado", dice.
La creación del Tribunal Internacional es una iniciativa de carácter popular, por lo que no tiene relación con el Poder Público en México. Sin embargo, de acuerdo con Salvador, miembros del Poder Público "fueron invitados a hacerse presentes en todos los actos practicados por el Tribunal, incluyendo el de la ceremonia de su constitución, Sesiones Públicas; les son enviados extractos de todas las denuncias y requerimientos para conocimiento, defensa y envíos de estilo".
Incluso con poco tiempo de actuación los miembros del cuerpo de jurados pudieron investigar una gran cantidad de violaciones en México, entre las más graves se encontraron: violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales, institucionalización de la violencia contra todo movimiento organizado de trabajadores, abusos de los medios de comunicación, además de restricciones y coerción de la libertad de expresión.
ALERTA EN AHMSA
Los trabajadores de AHMSA deben recordar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo termina:
• Mutuo consentimiento;
• Renuncia escrita del trabajador
• Por quiebra
• Por muerte del trabajador
• Terminación de la obra.
• Incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el desempeño de sus labores.
Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquél patrón con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores.
En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato colectivo o de terminación de este, las condiciones de trabajo continuaran vigentes en la empresa o establecimiento.
La característica del contrato colectivo reside en la facultad que ha sido otorgada a los grupos sociales representantes de los factores de la producción, el capital y el trabajo, para dictar las normas de trato que deben prevalecer en sus relaciones especiales, con la única limitación establecida en el artículo 123° constitucional relacionada con los derechos mínimos de los trabajadores considerados en lo individual.
Por esta razón se le han atribuido efectos jurídicos, en virtud de su inderogabilidad, o sea que sólo las partes que los celebran pueden quitarles validez o modificar las condiciones impuestas, aparte el hecho de que no pueden oponérsele contratos individuales que les contraríen o disposiciones que vayan en contra del interés del trabajador en sí mismo.
Además, al extenderse a terceros, o sea a personas que laboran en un mismo centro o empresa, aún cuando no hayan intervenido en su elaboración se les está concediendo una amplitud extensa en cuanto a la protección del servicio prestado.
De esta manera el contrato debe comprender por una parte, las horas de entrada y salida, o sea la jornada máxima de labores; cuál debe ser la restricción impuesta al patrón tratándose del trabajo de mujeres y menores; los descansos que se otorgarán y la forma en que se trate; las vacaciones, el salario según las categorías o especialización; la intensidad y calidad de trabajo; los beneficios que como agrupación hayan de otorgarse a los sindicatos; etc.
Una regla importante en esta materia es la contenida en el artículo 396° de la LFT. Que señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extenderán a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que los hayan celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.
Esta última, comprendida en el capítulo de los contratos especiales , señala que las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento, se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.
Esto es, se busca que los trabajadores libres y los llamados empleados de confianza, disfruten de iguales beneficios por el simple hecho de encontrarse prestando servicios al mismo patrón, aunque se les prohíbe formar parte de los sindicatos, no pudiendo tampoco votar en recuentos relacionados con conflictos de huelga.
En cuanto a la índole de estos trabajadores, el artículo 182° LFT. expresa que serán las condiciones de trabajo, relacionadas con su propia naturaleza o la importancia de los servicios que se presten, las que determinarán la calidad de empleado de confianza.
Fuera de estas excepciones es indudable que el Contrato Colectivo de Trabajo, ofrece la protección más amplia y completa a cualquier tipo de trabajador y establece la defensa más efectiva en cuanto a las condiciones que se impongan para su ejercicio, sin más limitación que la impuesta por las propias partes interesadas.
jueves, 15 de abril de 2010
PROMUEVE DIP. QUINTANA LEY PARA FOMENTAR LA LECTURA
La diputada Esther Quintana Salinas en conjunto con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Lic. Felipe Calderón Hinojosa” del Partido Acción Nacional, que al calce firman, integrantes de la LVIII Legislatura acudimos con fundamento en los artículos 59, fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 48 fracción V, 181 fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a presentar ante esta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA “LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.
Y así quedaría de ser aprobada:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el fomento a la lectura y el libro a través de las siguientes acciones:
I. Promover en el Estado de Coahuila de Zaragoza, políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la lectura y el libro;
II. Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y facilitar su acceso a la población;
III. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura y el libro;
IV. Determinar la integración, facultades y ámbito de competencia del Consejo Estatal y los Consejos Regionales;
V. Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico, hemerográfico y documental del Estado mediante el depósito legal así como promover su difusión.
Artículo 2.- El fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población.
Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Bibliotecas Públicas: Los lugares públicos, de acceso gratuito, donde se conserva y administra el acervo bibliográfico de un lugar determinado, propiedad del Estado o del Municipio;
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense.
III. Consejos Regionales: Los Consejos Regionales para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense;
IV. Depósito legal: Entrega al Estado, en las instituciones depositarias, de los ejemplares que se señalen en esta Ley sobre toda nueva publicación o aquellas que hayan sido actualizadas por su autor;
V. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. ICOCULT. Al Instituto Coahuilense de Cultura;
VII. Ley: La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VIII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro;
IX. Secretaría de Educación y Cultura.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila
Capitulo II
DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO COAHUILENSE
Artículo 4.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a través de la unidad administrativa correspondiente, llevará a cabo acciones de coordinación con las organizaciones de padres de familia, las instituciones públicas, privadas y sociales, los organismos culturales, los clubes de lectura privados, los círculos literarios, los gremios de intelectuales y con cualquier otra organización de la sociedad civil que contribuya a elevar el nivel cultural de los coahuilenses, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al Consejo Estatal.
Artículo 5.- En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la Secretaría de Educación y Cultura deberá coordinar sus acciones con las instituciones del Gobierno Federal y gobiernos municipales responsables de la aplicación de las políticas, programas y acciones de fomento a la lectura y el libro en el Estado.
Artículo 6.- Será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la unidad administrativa correspondiente, oyendo al Consejo Estatal y de los Consejos Regionales, garantizar a la población el ejercicio real del derecho de acceso al libro y la lectura, así como el fomento de la producción, edición, distribución y difusión de cualquier obra literaria.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 7.- Son autoridades encargadas del fomento a la Lectura y al Libro en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) La Secretaría de Educación y Cultura.
c) ICOCULT
d) Las administraciones municipales.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro como órgano de carácter consultivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Coahuila, con el objeto de opinar respecto de las políticas, programas y acciones realizadas en el Estado, dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y al libro, así como facilitar el acceso al libro para todos los lectores.
Artículo 9.- El Consejo Estatal se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, por sí o a través del Secretario de Educación y Cultura en el Estado quien fungirá como su Presidente;
II. Los Coordinadores de las Comisiones de Educación y de Cultura y Actividades Cívicas del Congreso del Estado;
III. El Director General del ICOCULT;
IV. El Presidente y un vocal de cada uno de los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro.
A las reuniones del Consejo Estatal podrán asistir con voz pero sin voto, dos representantes de escritores, editores, productores e impresores por cada región del Estado para que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. Éstos serán designados por el Secretario de Educación y Cultura en términos del Reglamento que al efecto se emita.
Por cada titular se nombrará un suplente.
Los cargos de Consejero Estatal serán honoríficos.
Artículo 10.- El Consejo contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el Secretario de Educación y Cultura y asistirá con voz pero sin voto a las sesiones.
Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en forma trimestral y cuantas veces se requiera en sesiones de carácter extraordinario a convocatoria del Presidente.
Artículo 12.- En las sesiones ordinarias se incluirá una para programar las actividades del año y otra para informar y analizar las actividades realizadas relacionadas con el fomento a la lectura y las relativas a la producción, distribución y circulación de libros en el Estado.
Artículo 13.- El Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente del Consejo Estatal emitirá la convocatoria de la sesión con quince días de anticipación.
La convocatoria se acompañará del orden del día de la sesión correspondiente y la información documental necesaria respecto de los asuntos a tratar.
Artículo 14.- Las propuestas del Consejo Estatal se harán al tomarse el acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, y en caso de empate, su Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 15.- Las sesiones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto del Consejo Estatal y en caso de no cumplirse, se emitirá nueva convocatoria.
Artículo 16.- La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones del Consejo Estatal.
Las sesiones del Consejo Estatal serán públicas.
Artículo 17.- El Consejo Estatal propondrá estrategias y contribuirá a la definición de objetivos, y sus integrantes podrán participar en actividades cuando así lo requieran autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura.
Artículo 18.- Son facultades del Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense:
I. Opinar sobre el proyecto de Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro;
II. Proponer la celebración de festivales de lectura y del libro en los Municipios del Estado;
III. Proponer al Gobierno Estatal un listado de publicaciones deseables de libros inéditos o agotados, en especial, los escritos por autores coahuilenses o dedicados a temas relacionados con la entidad;
IV. Asesorar en el diseño de colecciones de libros editados por el Gobierno Estado;
V. Conocer los programas y fondos establecidos en la materia por las autoridades federales a fin de proponer acciones derivadas de ellos.
VI. Sugerir estrategias que motiven la atención de la población hacia la lectura, apoyando las actividades y eventos que las promuevan;
VII. Promover la participación del sector privado en los esfuerzos de fomento al libro y la lectura;
VIII. Recomendar la creación de nuevas bibliotecas y promover las gestiones necesarias para ello en coordinación con las autoridades competentes;
IX. Opinar sobre si es adecuado el funcionamiento de las bibliotecas existentes en el Estado y hacer propuestas de mejoras; así como proponer la instalación de salas de lectura en reclusorios, albergues para personas con capacidades diferentes, orfanatos y hospitales o centros de salud en general;
X. Crear una base pública de datos de los libros publicados en el Estado, los escritos por coahuilenses o que traten de historia, geografía, biografías, biodiversidad y otros aspectos relevantes en el Estado;
XI. Recomendar estímulos a los creadores literarios locales y regionales;
XII. Proponer acciones para estimular la existencia de promotores de lectura y coordinadores de salas de lectura;
XIII. Promover la participación del Estado en ferias o festivales nacionales e internacionales del libro;
XIV. Opinar sobre el diseño de paquetes de apoyo, por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para estimular a las librerías establecidas o por establecerse en la entidad; y
XV. Las demás que determine el Reglamento respectivo.
Artículo 20.- El Gobierno Estatal, de acuerdo a la normatividad aplicable y, en su caso, a la disponibilidad presupuestaria, difundirá en los medios masivos de comunicación, las acciones encaminadas al fomento a la lectura y a la difusión de libros en el Estado.
CAPÍTULO V
DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Articulo 21.- Los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro, son los foros de concertación de propuestas dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro para los coahuilenses, en relación a la competencia del Consejo Estatal.
Artículo 22.- Se crean cinco Consejos Regionales integrados por los siguientes municipios:
a) Consejo Regional Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.
b) Consejo Regional Laguna: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca.
c) Consejo Regional Centro-Desierto: Monclova, San Buenaventura, Castaños, Frontera, Candela, Sacramento, Nadadores, , Lamadrid, Escobedo, Abasolo, Cuatro Ciénagas, Ocampo y Sierra Mojada.
d) Consejo Regional Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.
e) Consejo Regional Norte: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión, y Zaragoza.
Artículo 23.- Los consejos regionales estarán conformados por un representante de cada Municipio de la Región respectiva, nombrado por el Presidente Municipal y 4 integrantes, que serán designados por el Secretario de Educación y Cultura de entre los escritores, editores, productores e impresores de la región, en términos del Reglamento. Por cada titular se designará un suplente.
Tendrán un Presidente y el resto tendrán el carácter de consejeros vocales. La designación del Presidente se hará por los integrantes en votación secreta. Los nombramientos de consejero regional se renovarán cada tres años pudiendo recaer en la misma persona por una sola vez, y serán honoríficos.
Artículo 24.- Los Consejos Regionales sesionarán cada tres meses, al menos una semana antes de la sesión ordinaria del Consejo Estatal y en forma extraordinaria cuantas veces se requiera.
Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Regionales serán aplicables las disposiciones del Consejo Estatal.
La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones de los Consejos Regionales.
CAPITULO VI
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL
FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 25.- Existirá un Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro, que se emitirá en términos de la Ley de Planeación del Estado y en su elaboración se escucharán las propuestas del Consejo Estatal.
Artículo 26.- El programa contendrá, al menos, un diagnóstico estatal y regional de la lectura y Promoción de Libros en el Estado; la definición de objetivos del fomento a la lectura y el libro; estrategias para el desarrollo de la lectura y producción literaria; y Metas y Acciones para el fomento a la Lectura y el Libro.
CAPITULO VII
EL DEPÓSITO LEGAL
Artículo 27.- Bajo la figura del Depósito Legal, los autores, editores, impresores y productores de obras de carácter literario, histórico, artísticas, científicas, técnicas, informáticas, y sociológicas editadas y producidas en el Estado, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra forma que hubiere para difusión pública, integrarán el patrimonio bibliográfico y documental estatal, mediante la entrega de un ejemplar físico o digital de sus obras.
Artículo 28.-Los materiales objeto del depósito legal serán los siguientes:
I. Bibliográficos, periodísticos y documentales impresos, consistentes en libros, revistas, periódicos, mapas, planos, partituras, obras de representación escénica, información turística e histórica, litografías, fotografías, grabados, siempre que, a criterio del director de la institución depositaria, signifique de interés para uso cultural, académico, técnico, legislativo, jurídico, o de investigación.
II. Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Artículo 29.- Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su edición o producción, a excepción de las publicaciones periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Artículo 30.- La Biblioteca Pública Central Estatal Prof. Ildefonso Villarello Vélez, será considerada Biblioteca Depositaria tendrán bajo su guarda, custodia y preservación el material que reciban en Depósito Legal, poniéndolo a disposición de la ciudadanía en general para su consulta.
La entrega de material en depósito legal podrá hacerse físicamente o por medios electrónicos, y para quienes radiquen fuera de la Región Sureste, pueden hacerlo llegar mediante correo certificado.
Artículo 31.- En la recepción de los materiales objeto del depósito legal, el Director de la Biblioteca Central Estatal o la persona que para esos efectos designe el Secretario de Educación y Cultura deberá:
I.- Expedir constancia que acredite la entrega y conservar asiento del depósito.
II.- Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales constituyentes del acervo depositado.
III.- Enviar una relación mensual de lo depositado a Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado y al Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila.
IV.- Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
V.- Actualizar mensualmente la lista de los materiales recibidos en depósito legal y tenerlos para consulta del público en la Biblioteca Central.
Artículo 32.- Respecto de libros entregados en depósito legal, quienes cumplan con la obligación consignada en el articulo 27 de la presente ley, tendrán derecho a que su obra sea promovida y difundida en forma gratuita en las Ferias y Festivales del Libro organizados en el Estado en términos del Reglamento respectivo.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA “LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.
Y así quedaría de ser aprobada:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el fomento a la lectura y el libro a través de las siguientes acciones:
I. Promover en el Estado de Coahuila de Zaragoza, políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la lectura y el libro;
II. Impulsar la producción, edición, publicación y difusión de libros y facilitar su acceso a la población;
III. Promover la participación social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la lectura y el libro;
IV. Determinar la integración, facultades y ámbito de competencia del Consejo Estatal y los Consejos Regionales;
V. Registrar, enriquecer y preservar el acervo bibliográfico, hemerográfico y documental del Estado mediante el depósito legal así como promover su difusión.
Artículo 2.- El fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población.
Ninguna autoridad en el Estado podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como:
I. Bibliotecas Públicas: Los lugares públicos, de acceso gratuito, donde se conserva y administra el acervo bibliográfico de un lugar determinado, propiedad del Estado o del Municipio;
II. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense.
III. Consejos Regionales: Los Consejos Regionales para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense;
IV. Depósito legal: Entrega al Estado, en las instituciones depositarias, de los ejemplares que se señalen en esta Ley sobre toda nueva publicación o aquellas que hayan sido actualizadas por su autor;
V. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. ICOCULT. Al Instituto Coahuilense de Cultura;
VII. Ley: La Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VIII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro;
IX. Secretaría de Educación y Cultura.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Coahuila
Capitulo II
DE LA COORDINACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO COAHUILENSE
Artículo 4.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a través de la unidad administrativa correspondiente, llevará a cabo acciones de coordinación con las organizaciones de padres de familia, las instituciones públicas, privadas y sociales, los organismos culturales, los clubes de lectura privados, los círculos literarios, los gremios de intelectuales y con cualquier otra organización de la sociedad civil que contribuya a elevar el nivel cultural de los coahuilenses, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al Consejo Estatal.
Artículo 5.- En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la Secretaría de Educación y Cultura deberá coordinar sus acciones con las instituciones del Gobierno Federal y gobiernos municipales responsables de la aplicación de las políticas, programas y acciones de fomento a la lectura y el libro en el Estado.
Artículo 6.- Será responsabilidad de la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la unidad administrativa correspondiente, oyendo al Consejo Estatal y de los Consejos Regionales, garantizar a la población el ejercicio real del derecho de acceso al libro y la lectura, así como el fomento de la producción, edición, distribución y difusión de cualquier obra literaria.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 7.- Son autoridades encargadas del fomento a la Lectura y al Libro en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) El Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) La Secretaría de Educación y Cultura.
c) ICOCULT
d) Las administraciones municipales.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y el Libro como órgano de carácter consultivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Coahuila, con el objeto de opinar respecto de las políticas, programas y acciones realizadas en el Estado, dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y al libro, así como facilitar el acceso al libro para todos los lectores.
Artículo 9.- El Consejo Estatal se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, por sí o a través del Secretario de Educación y Cultura en el Estado quien fungirá como su Presidente;
II. Los Coordinadores de las Comisiones de Educación y de Cultura y Actividades Cívicas del Congreso del Estado;
III. El Director General del ICOCULT;
IV. El Presidente y un vocal de cada uno de los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro.
A las reuniones del Consejo Estatal podrán asistir con voz pero sin voto, dos representantes de escritores, editores, productores e impresores por cada región del Estado para que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. Éstos serán designados por el Secretario de Educación y Cultura en términos del Reglamento que al efecto se emita.
Por cada titular se nombrará un suplente.
Los cargos de Consejero Estatal serán honoríficos.
Artículo 10.- El Consejo contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el Secretario de Educación y Cultura y asistirá con voz pero sin voto a las sesiones.
Artículo 11.- El Consejo Estatal sesionará ordinariamente en forma trimestral y cuantas veces se requiera en sesiones de carácter extraordinario a convocatoria del Presidente.
Artículo 12.- En las sesiones ordinarias se incluirá una para programar las actividades del año y otra para informar y analizar las actividades realizadas relacionadas con el fomento a la lectura y las relativas a la producción, distribución y circulación de libros en el Estado.
Artículo 13.- El Secretario Técnico, por instrucciones del Presidente del Consejo Estatal emitirá la convocatoria de la sesión con quince días de anticipación.
La convocatoria se acompañará del orden del día de la sesión correspondiente y la información documental necesaria respecto de los asuntos a tratar.
Artículo 14.- Las propuestas del Consejo Estatal se harán al tomarse el acuerdo de la mayoría de los asistentes a la sesión, y en caso de empate, su Presidente contará con voto de calidad.
Artículo 15.- Las sesiones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto del Consejo Estatal y en caso de no cumplirse, se emitirá nueva convocatoria.
Artículo 16.- La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones del Consejo Estatal.
Las sesiones del Consejo Estatal serán públicas.
Artículo 17.- El Consejo Estatal propondrá estrategias y contribuirá a la definición de objetivos, y sus integrantes podrán participar en actividades cuando así lo requieran autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura.
Artículo 18.- Son facultades del Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro Coahuilense:
I. Opinar sobre el proyecto de Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro;
II. Proponer la celebración de festivales de lectura y del libro en los Municipios del Estado;
III. Proponer al Gobierno Estatal un listado de publicaciones deseables de libros inéditos o agotados, en especial, los escritos por autores coahuilenses o dedicados a temas relacionados con la entidad;
IV. Asesorar en el diseño de colecciones de libros editados por el Gobierno Estado;
V. Conocer los programas y fondos establecidos en la materia por las autoridades federales a fin de proponer acciones derivadas de ellos.
VI. Sugerir estrategias que motiven la atención de la población hacia la lectura, apoyando las actividades y eventos que las promuevan;
VII. Promover la participación del sector privado en los esfuerzos de fomento al libro y la lectura;
VIII. Recomendar la creación de nuevas bibliotecas y promover las gestiones necesarias para ello en coordinación con las autoridades competentes;
IX. Opinar sobre si es adecuado el funcionamiento de las bibliotecas existentes en el Estado y hacer propuestas de mejoras; así como proponer la instalación de salas de lectura en reclusorios, albergues para personas con capacidades diferentes, orfanatos y hospitales o centros de salud en general;
X. Crear una base pública de datos de los libros publicados en el Estado, los escritos por coahuilenses o que traten de historia, geografía, biografías, biodiversidad y otros aspectos relevantes en el Estado;
XI. Recomendar estímulos a los creadores literarios locales y regionales;
XII. Proponer acciones para estimular la existencia de promotores de lectura y coordinadores de salas de lectura;
XIII. Promover la participación del Estado en ferias o festivales nacionales e internacionales del libro;
XIV. Opinar sobre el diseño de paquetes de apoyo, por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para estimular a las librerías establecidas o por establecerse en la entidad; y
XV. Las demás que determine el Reglamento respectivo.
Artículo 20.- El Gobierno Estatal, de acuerdo a la normatividad aplicable y, en su caso, a la disponibilidad presupuestaria, difundirá en los medios masivos de comunicación, las acciones encaminadas al fomento a la lectura y a la difusión de libros en el Estado.
CAPÍTULO V
DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Articulo 21.- Los Consejos Regionales de Fomento a la Lectura y el Libro, son los foros de concertación de propuestas dirigidas a lograr una cultura de fomento a la lectura y el libro, así como facilitar el acceso al libro para los coahuilenses, en relación a la competencia del Consejo Estatal.
Artículo 22.- Se crean cinco Consejos Regionales integrados por los siguientes municipios:
a) Consejo Regional Sureste: Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.
b) Consejo Regional Laguna: Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca.
c) Consejo Regional Centro-Desierto: Monclova, San Buenaventura, Castaños, Frontera, Candela, Sacramento, Nadadores, , Lamadrid, Escobedo, Abasolo, Cuatro Ciénagas, Ocampo y Sierra Mojada.
d) Consejo Regional Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas.
e) Consejo Regional Norte: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión, y Zaragoza.
Artículo 23.- Los consejos regionales estarán conformados por un representante de cada Municipio de la Región respectiva, nombrado por el Presidente Municipal y 4 integrantes, que serán designados por el Secretario de Educación y Cultura de entre los escritores, editores, productores e impresores de la región, en términos del Reglamento. Por cada titular se designará un suplente.
Tendrán un Presidente y el resto tendrán el carácter de consejeros vocales. La designación del Presidente se hará por los integrantes en votación secreta. Los nombramientos de consejero regional se renovarán cada tres años pudiendo recaer en la misma persona por una sola vez, y serán honoríficos.
Artículo 24.- Los Consejos Regionales sesionarán cada tres meses, al menos una semana antes de la sesión ordinaria del Consejo Estatal y en forma extraordinaria cuantas veces se requiera.
Para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Regionales serán aplicables las disposiciones del Consejo Estatal.
La Secretaría de Educación y Cultura facilitará las instalaciones y material necesario para la realización de las sesiones de los Consejos Regionales.
CAPITULO VI
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL
FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO
Artículo 25.- Existirá un Programa Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro, que se emitirá en términos de la Ley de Planeación del Estado y en su elaboración se escucharán las propuestas del Consejo Estatal.
Artículo 26.- El programa contendrá, al menos, un diagnóstico estatal y regional de la lectura y Promoción de Libros en el Estado; la definición de objetivos del fomento a la lectura y el libro; estrategias para el desarrollo de la lectura y producción literaria; y Metas y Acciones para el fomento a la Lectura y el Libro.
CAPITULO VII
EL DEPÓSITO LEGAL
Artículo 27.- Bajo la figura del Depósito Legal, los autores, editores, impresores y productores de obras de carácter literario, histórico, artísticas, científicas, técnicas, informáticas, y sociológicas editadas y producidas en el Estado, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean estos impresos, fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra forma que hubiere para difusión pública, integrarán el patrimonio bibliográfico y documental estatal, mediante la entrega de un ejemplar físico o digital de sus obras.
Artículo 28.-Los materiales objeto del depósito legal serán los siguientes:
I. Bibliográficos, periodísticos y documentales impresos, consistentes en libros, revistas, periódicos, mapas, planos, partituras, obras de representación escénica, información turística e histórica, litografías, fotografías, grabados, siempre que, a criterio del director de la institución depositaria, signifique de interés para uso cultural, académico, técnico, legislativo, jurídico, o de investigación.
II. Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos fonográficos y demás materiales aplicables producidos por el avance tecnológico.
Artículo 29.- Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su edición o producción, a excepción de las publicaciones periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Artículo 30.- La Biblioteca Pública Central Estatal Prof. Ildefonso Villarello Vélez, será considerada Biblioteca Depositaria tendrán bajo su guarda, custodia y preservación el material que reciban en Depósito Legal, poniéndolo a disposición de la ciudadanía en general para su consulta.
La entrega de material en depósito legal podrá hacerse físicamente o por medios electrónicos, y para quienes radiquen fuera de la Región Sureste, pueden hacerlo llegar mediante correo certificado.
Artículo 31.- En la recepción de los materiales objeto del depósito legal, el Director de la Biblioteca Central Estatal o la persona que para esos efectos designe el Secretario de Educación y Cultura deberá:
I.- Expedir constancia que acredite la entrega y conservar asiento del depósito.
II.- Compilar, custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales constituyentes del acervo depositado.
III.- Enviar una relación mensual de lo depositado a Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado y al Consejo Estatal para el Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Coahuila.
IV.- Establecer los procedimientos adecuados para el debido acopio de los materiales depositados y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
V.- Actualizar mensualmente la lista de los materiales recibidos en depósito legal y tenerlos para consulta del público en la Biblioteca Central.
Artículo 32.- Respecto de libros entregados en depósito legal, quienes cumplan con la obligación consignada en el articulo 27 de la presente ley, tendrán derecho a que su obra sea promovida y difundida en forma gratuita en las Ferias y Festivales del Libro organizados en el Estado en términos del Reglamento respectivo.
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