Familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos acuden a la Comisión Interamericana para encontrar justicia

Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.

En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
Ante la ineficiencia de las instancias nacionales, los peticionarios buscamos que la CIDH declare que el Estado mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familiares y recomiende la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de la muerte de los mineros. Resulta fundamental además el pronto rescate de los restos de los mineros fallecidos.
El Centro Prodh, el Cereal y el ENPL demandan al Estado mexicano por el incumplimiento de sus obligaciones ante la comunidad internacional. Por ser la industria minera una de las actividades más riesgosas y con un alto índice de siniestralidad, resulta fundamental que el Estado inspeccione debidamente –cumpliendo su deber de prevención- los lugares de trabajo a fin de salvaguardar la vida e integridad de los mineros.
Además, el Estado mexicano ha incumplido su deber de garantizar los derechos fundamentales: en el presente caso consideramos que han sido violados el derecho a la vida, a las garantías y protección judiciales y el derecho a la integridad personal en perjuicio de 28 mineros fallecidos y 235 familiares.
No se trata de un hecho aislado. La falta de acceso a la justicia en el presente caso es consecuencia de la constante desregulación en materia laboral y de la complicidad gubernamental y empresarial que permite evadir la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad e higiene que aseguren una fuente de trabajo digna acorde con el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores. Ante la falta de acceso a la justicia en el país seguiremos insistiendo a fin de terminar con la impunidad que hoy distingue al Estado mexicano ante el mundo.


Nueva Rosita, Coahuila 18 de febrero, 2010
Nota informativa

PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
Los hechos posteriores a la explosión configuran una nueva violación a los derechos humanos, pues a pesar del activismo constante de los familiares de las víctimas, por falta de debida diligencia y voluntad estatal no se ha consignado ni mucho menos sancionado penalmente a ningún funcionario público. Se ha negado a los familiares el derecho a la coadyuvancia e incluso el acceso al expediente en la investigación, actualmente reservada, en el ámbito federal. No se han esclarecido las circunstancias bajo las cuales ocurrió el siniestro ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de existir una serie de recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue la consecuencia de la negligente actuación del Estado, una problemática que afecta ampliamente la industria minera. Por otro lado no ha habido una reparación adecuada del daño.
Lo más grave es que el Estado no ha cumplido con la demanda más insistente de los familiares de los mineros fallecidos, a saber, que se rescaten los restos de sus seres queridos para que los puedan sepultar de acuerdo con sus creencias. Todavía antier, la dependencia que encabeza Javier Lozano, señalaba que su oficina “carece de competencia alguna para ordenar o permitir dicho ingreso”. No obstante, el Estado no puede invocar la falta de esclarecimiento oficial de los hechos para evitar su responsabilidad internacional por sus omisiones en materia de prevención de riesgos en el presente caso. Uno de los criterios fundamentales del Sistema Interamericano es que un Estado no puede invocar a su favor una falta de pruebas cuando dicha falta se debe precisamente a los actos u omisiones del propio Estado.
La inexistencia del rescate de los mineros ha sido una fuente constante de dolor y frustración para los familiares durante casi cuatro años, quienes se encuentran en un estado de indefensión pues igualmente se les ha negado la posibilidad de coadyuvar en el caso y de participar en diversos recursos administrativos por la supuesta falta de interés jurídico. Por otra parte, se ha enfatizado que el caso se encuadra en un ataque a los defensores de derechos humanos, sobre todo por las agresiones a a defensora Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo Nacional de Pastoral Laboral.

Por ende, finalmente, apelamos en nuestro alegato a la obligación de los Estados de emprender todas las acciones posibles para localizar y entregar los restos mortales de víctimas fallecidas en violaciones a los derechos humanos y la Corte Interamericana así lo ha ordenado en un número significativo de los casos. Por lo que, concluyentemente, se solicita a esta la CIDH, que declare que el Estado mexicano ha violado el artículo 5 de la Convención Americana respecto a los derechos de los familiares de las víctimas, quienes hoy son los peticionarios. Establecida la responsabilidad estatal por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la verdad y la justicia, los peticionarios solicitamos que recomiende al Estado entregar los cuerpos de los mineros fallecidos a sus familiares como parte de las reparaciones debidas. Sólo así, tanta muerte y tanto dolor cobraron sentido y revertirán una historia de impunidad y olvido.

A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.



Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa

Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos

El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.