Allanan y roban las instalaciones de Contralínea

Este fin de semana fueron nuevamente allanadas las instalaciones de la revista Contralínea, ubicadas en la avenida Balderas N. 33 en la delegación Cuauhtemoc del Distrito Federal. Esta vez, los delincuentes violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas e información contable de la empresa, así como expedientes confidenciales de investigaciones periodísticas que maneja la publicación. El inventario de los sustraído aún no se concluye.
Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Agencia investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc, radicada en el expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.
El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivadas de su ejercicio profesional, acoso y agravios que incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones (entre 2007 y 2009), y el arresto de su director, Miguel Badillo Cruz, el 16 de enero de 2009 y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.
El robo se registra en un periodo en que los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y precautorias de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el acoso, amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas y Oceanografía por las investigaciones periodísticas publicadas por este medio de comunicación, compañías que además mantienen seis demandas civiles y una penal contra los periodistas.
Este nuevo agravio se registra apenas pasados siete meses de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 -publicada el 14 de septiembre de 2009-, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
En la inédita recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Además de la denuncia ante la PGJDF, por la gravedad del acoso y los actos violentos contra la revista los periodistas han dado vista de hechos al Relator Especial para la libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la Relatora Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitarán a la CIDH medidas cautelares.
Ante este panorama de agravios, los periodistas de Contralínea temen por su integridad y su vida por lo que exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local, de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de estos hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.