Los Paramilitares: ¿Quién Gobierna?

La Columna del Director
La Verdad-Diarios
Buen día, Lector: El martes 27 del mes que corre, un convoy de tres vehículos con unos 25 observadores de derechos humanos provenientes Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania y periodistas mexicanos fue emboscado en una carretera de Huajuapan de León a San Juan Copala, Oaxaca. El saldo: dos muertos y varios desaparecidos.
¿Quién emboscó a esos obsevadores internacionales y a los periodistas? Todo apunta, por declaraciones de una sobreviviente cuyo estado de salud es estable aunque grave, al grupo paramilitar priísta Frente Nacional Indígena y Campesino, A. C.
Ese grupo paramilitar fue creado en 1994 por el entonces gobernador Diódoro Carrasco, a la sazón priísta y hoy diputado panista, con el propósito de hacer prevalecer intereses gubernamentales y caciquiles-partidistas en conflictos sociales en la región triqui.
Entre los desaparecidos figuran los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo, respectivamente, de la revista Contralínea. El director de ésta, Miguel Badillo, se apersonó en la zona para auxiliar en la búsqueda de sus colegas.
Señálese a la pasada que la citada revista, la que dirige el colega Badillo, ha sido perseguida por ciertas vertientes del poder político y empresarial como represalia por haber publicado los resultados de investigaciones de corrupción.
Y subráyese también que la revista Forum, que dirige el periodista Eduardo Ibarra, es igualmente perseguida por el poder político, y víctima de vendettas gubernamentales.
Esos episodios –la trágica emboscada y la represión a Contralínea y Forum— son síntomas inequívocos de un statu quo de tal perversidad y truculencia que denotan, por sí mismos, un clima de anormalidades y anomalías en el ejercicio del poder.
El fenómeno de la existencia y actuación activa e impune de organizaciones paramilitares en México no es reciente, sino que se remonta a varios sexenios, en particular los de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y Luis Echeverría Alvarez (1970-76).
Esos mandatarios tuvieron el mal tino de utilizar grupos paramilitares para reprimir las inquietudes sociales organizadas, en particular las de estudiantes. En 1968, un grupo militare-paramilitar mató a unos 400 estudiantes en Tlatelolco.
Y el señor Echeverrfía –aun vivo-- lanzó a su grupo paramilitar conocido como Los Halcones a masacrar en 1971 a decenas de estudiantes. Esa fecha es conocida como la Matanza del Jueves de Corpus. Luego de ello, desató una “guerra sucia” brutal.
El señor Echeverría acaba de ser exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la comisión del delito de genocidio, pues no sólo ordenó la degollina de Corpus sino también una campaña para “desaparecer” a más de 550 jóvenes disidentes.
Entre los desaparecidos figura Jesús Piedra Ibarra, hijo de la senadora Rosario Ibarra, quien desde entonces (1975) realiza una campaña centrada en la búsqueda de esos desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clama doña Rosario.
Reitérese, pues, que el fenómeno de la actuación de grupos paramilitares está establecida en México desde hace tiempo, como vía expedita, ilegal sin duda, de terciar en conflictos sociales bajo la cuestionable lógica de ganar ventaja en el río revuelto.
Más volvamos al caso de la caravana de observadores internacionales de derechos humanos embocada por los paramilitares del PRI --célebre, precísese, por sus grupos de choque y “porros”--; menciónese que esos organismos ilegales operan en todo el país.
La característica mayor de esos grupos es el origen de su financiamiento, el cual obtienen de los gobiernos locales y federal –éste, mediante dispensa de recursos destinados a la seguridad pública y en ocasiones del Ejército Mexicano-- y empresarios.
Otra peculiaridad de los paramilitares es su provisión de armas: Éstas proceden de fuentes gubernamentales –cuerpos de policía federales y locales y a veces del Ejército--, existiendo también entreveramientos ocasionales en ello con cárteles del narcotráfico.
Muchos de los “levantones”, desapariciones e incluso “ejecuciones” y secuestros que se le atribuyen a los cárteles del narcotráfico son, en realidad, cometidos por los paramilitares. Su presencia es equivalente a la de un cuerpo armado mercenario.
En estadísticas de 2009, el gobierno federal tiene un censo no oficial de 43 grupos armados en México, sin vínculos con el narcotráfico ni con las guerrillas –que operan localmente en varios lugares del territorio nacional--, pero ligados al gobierno.
El episodio trágico de la emboscada nos revela, por añadidura, la existencia de un fenómeno presente desde hace décadas en México, pero ignorado. La emboscada trae a un primer plano de atención ese fenómeno.
Y le plantea al gobierno de México e incluso a todo el poder político del Estado mexicano un problema descomunal de varias aristas agudas: la presión internacional. Los gobiernos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania no se quedarán callados.
El epísodio describe otra realidad: en México prevalece la anarquía y el caos, pues el gobierno no controla la situación político-social; no gobierna, pues; no hay gobierno, en los hechos. ¿Hacia dónde vamos?