DOLORES LLEGA A COAHUILA
· Pagar o no pagar… he ahí el dilema.
· El enfoque católico sobre el pago de impuestos y el nuevo SAT estatal.
Conrado García Jamin
Para cualquier creyente cristiano-católico, el tema de la justicia es del todo apremiante ya que, derivado de la cuarta bienaventuranza, constituye uno de los elementos con que sabe será juzgado.
Cito a José Alberto Villasana, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo y Caballero de la Orden de Malta, quien afirma que, tanto es así, que a lo largo de los siglos ha sido objeto de continua reflexión la doctrina de Santo Tomás de Aquino que estableció, desde el siglo XII, que los ciudadanos tienen derecho a desobedecer a las autoridades cuando estas realizan actos abusivos.
Siguiendo esta tesis, los moralistas católicos han sostenido que la ciudadanía no está obligada a pagar impuestos en el momento en que éstos llegan a ser injustos. Tal exactitud emana de la simple consideración de que el derecho natural está por encima del derecho positivo, en cuanto que aquél establece la norma y la medida, que es la misma persona humana. Este es el fundamento de la doctrina jurídica que desde hace siglos sostiene el derecho, comúnmente aceptado, de oponerse a una autoridad por causas justas.
Pero el hecho noticioso es frío y se basa en los documentos, por lo que usted debe saber que el Congreso del estado celebrará un periodo extraordinario de sesiones a partir del 3 de febrero, con la finalidad de buscar reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Las reformas buscan sustentar la creación del organismo público descentralizado, Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec).
La Iniciativa de Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, fue presentada el pasado 30 de noviembre por el Ejecutivo estatal, donde se expuso como motivos que México atraviesa por una crisis en la recaudación fiscal en detrimento de las finanzas públicas.
El documento, según la Gaceta Parlamentaria del Congreso, inicia así: HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 59 fracción II, 82 fracción I, 84 fracción VII y 105 de la Constitución Política del Estado; artículo 16 aparatado A, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; artículo 181 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la consideración de ese H. Congreso para su estudio, resolución y aprobación, en su caso, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ARTÍCULO UNICO.- Se REFORMAN: los artículos 99, la fracción III del artículo 100 y el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 1 de fecha 19 de febrero de 1918, para quedar como sigue:
Artículo 99.- Para la guarda y distribución de los caudales públicos, habrá una dependencia que se denominará Secretaría de Finanzas, a cargo de un Secretario que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado. Esta Secretaría será auxiliada por un organismo administrativo descentralizado y por las administraciones recaudadoras que dependan de éste con arreglo a las leyes del Estado.
¿QUE SE BUSCA?
El Satec contará con la estructura organizacional que le permita conseguir dichos objetivos, como recaudar, fiscalizar y orientar, siendo indispensable determinar la manera en que dichas funciones se desarrollarán en forma ágil, oportuna y a un bajo costo.
Además de combatir la elusión y evasión fiscal, buscarán incrementar el número de contribuyentes y reducir el costo administrativo, además de que ese organismo tendrá como responsabilidad aplicar las leyes estatales y federales bajo el marco de los convenios que el estado firme con la Federación y con los municipios.
Según declaraciones oficiales de funcionarios de Finanzas del Estado, actualmente se obtienen ingresos por el orden de los 3 mil millones de pesos anuales por cobros de impuestos y derechos.
La iniciativa espera que el SATEC permitirá la creación de esquemas de pago más simple, que obviamente fomentarán el cumplimiento de parte de los contribuyentes y se busca aumentar en alrededor de mil 500 millones de pesos anuales la eficiencia recaudatoria, una vez que el SATEC esté operando en forma.
Con el SATEC se tendrán facultades para firmar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, a fin de establecer operativos y retenes para incautar vehículos de procedencia extranjera introducidos ilegalmente al país.
“La revisión de las unidades y su decomiso se realizaría previos acuerdos entre Estado y Federación, y obedece al interés de proteger a la industria automotriz en Coahuila y de combatir la inseguridad”, dijo recientemente el Subsecretario de Ingresos del Estado.
Pero el terror ciudadano se incrementa cuando comentó que en la inspección e incautación participarían la Policía Fiscal y la Fiscalía General, apoyados en las corporaciones municipales, considerando que hay mucho que hacer en materia de ética, valores y moralidad en los cuerpos policíacos.
RAZONAMIENTO ANTE EL HECHO
Retomando a José Alberto Villasana, un contribuyente cristiano razonaría: Para valorar la utilidad social de lo recaudado hay que ver si el recaudador incurre en dispendio y excesos, o si cae en despilfarro e ineficiencia en los programas de gobierno. Si mucho de lo que se fiscaliza es usado en gasto de gobierno, en programas con utilidad política, o en dispendios y prestaciones exageradas respecto a la situación media en que vive la población, entonces nos encontramos ante un caso evidente de injusticia tributaria.
Por último, si la ciudadanía se encontrase en una situación de estrechez, caída de la productividad, recesión económica generalizada, recorte de sueldos, carencias o privaciones, y lo recaudado viniese a provocar regresión económica, o mayor escasez y penuria personal o familiar, entonces no existe proporcionalidad entre el gravamen y la situación social.
A la luz de éstos dos últimos criterios tenemos que valorar, por ejemplo, el rescate a los bancos (el de 1995 en México, o el de 2009 en los Estados Unidos), en el que se beneficia a un grupo de banqueros a costa del bienestar general de la población, con el pretexto de que su quiebra habría ocasionado graves daños a la economía.
Por otro lado, es también determinante el hecho de que en un país donde la corrupción es tan elevada, la ciudadanía se vuelve muy sensible respecto al destino de sus impuestos. En México, la distribución de lo recaudado es ridícula en términos sociales, pues de cada diez pesos que se entrega al gobierno, sólo un peso llega a quien lo necesita.
Cabría preguntarnos si el Papa Benedicto XVI no podría amonestar al presidente Calderón exactamente de lo mismo. La situación actual se asemeja a la de los egipcios, que no conocían otro medio que la explotación, y esto señalado por varios premios Nobel y expertos que han declarado que subir los impuestos en momentos de recesión constituye una medida económicamente regresiva, obstaculizante a la recuperación y perjudicial para la población. Por lo mismo, acorde a nuestro análisis, totalmente injusta.
El cliente debe despertarse y sentarse con su proveedor para definir las reglas del negocio. El peligro de estirar demasiado la liga es que ésta se puede reventar.
He citado intercaladamente algunos párrafos de Villasana. El lector puede disfrutar todo el artículo en:
http://tiempodeanalisis.com/2009/11/04/%C2%BFpagar-o-no-pagar-impuestos-injustos-por-jose-alberto-villasana/
http://www.centrodeinteligenciapolitica.com/2010/02/dolores-llega-coahulia-pagar-o-no-pagar.html
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