CEPET: 13 periodistas asesinados y 183 agredidos en 2009

México, febrero, 2010 (CEPET). Como parte de su informe 2009 sobre el estado de la libertad de expresión en México, el Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados.

El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos (10.23% más) en relación con 2008, cuando se presentaron 127 incidentes.

Para el CEPET, estas cifras deben despertar la preocupación de la sociedad en su conjunto y de las autoridades, en particular, pues la mayoría de los casos no han sido resueltos y, peor aún, en muchos de ellos son instituciones del Estado –policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles– las señaladas como responsables de las agresiones.

De acuerdo con el informe elaborado por el CEPET, prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor es frecuente encontrar antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental.

En comparación, sólo en 12 de las agresiones se presume la participación del crimen organizado, no obstante el clima de violencia en algunas de las entidades.

Entre los 140 incidentes conocidos por el CEPET (los cuales arrojaron la cifra de 183 informadores agraviados), la mayoría se cometió en Oaxaca, que sumó 17 casos (12.14%); Veracruz, 15 (10.71%), y Chihuahua, 15 (10.71%); es decir, que sólo en estas tres entidades se registró uno de cada tres ataques al ejercicio periodístico.

De ese mismo total, 19 fueron acciones dirigidas contra medios de comunicación, incluidos los atentados con explosivos contra Televisa Monterrey, el semanario RíoDoce de Sinaloa y los disparos de armas de alto poder contra las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Las principales agresiones contra comunicadores y medios incluyen lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias e intimidación, mientras que los hechos de mayor impacto han involucrado ataques con explosivos, armas de fuego, homicidio doloso y desaparición forzada.

El número de periodistas muertos en 2009 es el indicador más grave de la situación que atraviesa la libertad de expresión en México. Si en 2008 el CEPET logró acreditar la muerte de cinco trabajadores de los medios, en 2009 se levantó registro de 13 periodistas asesinados en ocho estados del país.

De acuerdo con los reportes de las propias autoridades, hay elementos para presumir que siete de ellos tendrían relación con su trabajo y al menos cinco habrían sido perpetrados por el crimen organizado. Ellos son:

• Eliseo Barrón, reportero del diario La Opinión Milenio, secuestrado y asesinado entre el 25 y 26 de mayo de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango;
• Juan Daniel Martínez Gil, periodista de Grupo Radiorama, asesinado en Acapulco, Guerrero, el 27 de julio;
• Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, asesinado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 23 de septiembre;
• Bladimir Antuna García, reportero de Tiempo de Durango, secuestrado y asesinado el 2 de noviembre en la capital del estado.
• José Luis Romero, reportero de la fuente policíaca del noticiario radiofónico Línea Directa, en Los Mochis, Sinaloa, secuestrado por un comando armado el 30 de diciembre y encontrado muerto el pasado 16 de enero (los datos indican que al ser localizado tendría más de 15 días fallecido).

Para el CEPET es especialmente grave el caso de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de El Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, la primera periodista desaparecida en el sexenio y de quien siguen sin tenerse más datos a más de cien días de ausencia.

A la fecha, sólo el crimen de Eliseo Barrón, reportero de La Opinión Milenio, pudo resolverse y actualmente hay cinco implicados en la cárcel, acusados por su asesinato.

La muerte violenta de periodistas y el rezago en la investigación de los registrados en lo que va de este sexenio evidencian la falta de interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno en combatir la impunidad y cumplir con su obligación de acceso a la justicia y protección al derecho de libre expresión.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue sin ofrecer avances importantes o datos de consignaciones que abonen a la confianza.

La falta de resultados en las investigaciones y el incumplimiento de las autoridades en su responsabilidad, ha colocado a México en el centro de la atención de los organismos internacionales, que han clasificado a México entre los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
No obstante la delicada situación, apenas el pasado 17 de febrero (luego de haber sido disuelta en agosto de 2009) quedó instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, mientras, en el Senado, sigue pendiente la discusión y aprobación de la ley para la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, a pesar de que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Frente al número creciente de agresiones a la libertad de expresión, la muerte de periodistas y los ataques a medios de comunicación, el CEPET expresa su más profunda preocupación y exige de las autoridades responsables el esclarecimiento de los casos, el combate frontal a la impunidad y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad mexicana.


El Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) es financiado por la National Endowment for Democracy (NED).

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