Las instituciones en México y su legitimidad se han deteriorado a tal punto que su restauración requiere un rediseño del Estado, advierte un estudio realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales.
Además, subraya que los mecanismos de control del sistema político, como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, han permeado ya el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde, dice, su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
Y, por si fuera poco, menciona que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.
Dirigido por el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Héctor Fix-Fierro, y coordinado por Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión, el estudio abarcó más de 2 mil entrevistas, entre las que siete de cada 10 personas expresaron que la situación que priva actualmente en el país es peor que la de 2010, y más de la mitad dijo ser poco optimista de que las cosas cambien el próximo año.
La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo pasado, y para comparar los datos obtenidos se dividió al país en cuatro regiones.
En un estudio anterior, aplicado en 2003, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro, mientras que en la encuesta actual sobresalieron la violencia generalizada y la delincuencia organizada.
Respecto de la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante. Uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Casi cinco de cada diez (47.7%) señalaron que el funcionamiento de la justicia en México no es el idóneo y 22% ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
Siete de cada 10 entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, mientras que cinco de cada 10 consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.
El 36.3% consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con 21.9% de opiniones desfavorables, y seis de cada 10 encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Alrededor de siete de cada 10 entrevistados señalaron que “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”, y 75.7% consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8% respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada 10 afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.
El 57.1% consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país.
Ocho de cada 10 consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad, y uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, mientras que a 27. 2% le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada 10 expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.
En cuanto a la confianza en las instituciones, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7.1 puntos, seguidas por el Ejército y los maestros, en tanto que los partidos políticos, los diputados y la policía ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada 10 personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen “poco” caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos de 50%.
Casi seis de cada 10 personas expresaron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios, y 60% se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas. (APRO)
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