Existen tantos sistemas penitenciarios como cárceles hay: José Luis Musi

Artículo de fondo escrito por José Sobrevilla (Forum).

* Cada prisión es manejada al libre albedrío de sus directores
* El sistema carcelario, un agregado disperso y desarticulado
* La violencia no se combate con violencia
* El delito, multifactorial
* Prevenirlo es básico



De las cárceles nadie quiere hablar. Son el territorio postrero del hombre que dañó a sus semejantes. Un lugar al que los políticos no quieren voltear porque no encuentran rentabilidad electoral. Son, sin embargo, el espacio donde también habitan los engendros generados por la sociedad. Donde se deposita la basura moral y humana. Sinónimo de sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, impunidad, desarticulación y pobreza en todos los sentidos.

Su olvido no es nuevo. La primera reforma penitenciaria nacional se hizo en tiempos de Porfirio Díaz y, pese a venir de un dictador, trajo piedad a través de la religión, ciencia y técnica a los penales. La segunda fue con Sergio García Ramírez, a finales de los sesenta y principios de la década siguiente, quien encabezaba grandes penitenciaristas, criminólogos y juristas entre los que estaban Alfonso Quiroz Quarón, Edmundo Montoya y Villa, Antonio Sánchez Galindo, Ema Mendoza Bremauntz y Luis Rodríguez Manzanera.

En esa reforma se estrena la ley de normas mínimas a sentenciados y sus homólogas estatales; se da la posibilidad al interno, de acuerdo al 18 constitucional, de que disminuya su pena de prisión, previos requisitos como trabajo, capacitación y educación. Por cada dos días de trabajo se resta uno de prisión y con buena conducta puede disminuir la pena hasta tres quintas partes.

Es tal el olvido en este rubro, que muchos penalistas experimentados se encuentran en desempleo, “y los que quedamos somos cada vez menos y más viejos. La más joven es la licenciada Ruth Villanueva Castilleja”, dijo en entrevista a Forum José Luis Musi Nahmías, actual gerente de control y procedimientos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) y especialista penitenciario con casi 40 años de experiencia.

El delito es policausal, multifactorial, y hay que atacarlo, pero sobre todo prevenirlo, advirtió Musi Nahmías, quien criticó la mala estructuración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, entre otras cosas, porque no participan en él otros agentes del desarrollo social como las secretarías de Desarrollo Social, Hacienda, Salud y Educación Pública. “En México, la autoridad sigue apostando a la reacción. Nuestras fuerzas actúan cuando ya se cometió un delito y no se cuenta con un programa nacional de prevención. La violencia no sólo se combate con violencia, es tanto como decir que un mal se combate con otro mal”.

Reconoce, sin embargo, que ha habido captura de grandes delincuentes, pero ello no ha disminuido la comisión de delitos y tampoco el consumo e ingreso de droga al país; “porque sabemos que no sólo se está mandando droga a los Estados Unidos”; refiere la revelación periodística de Cynthia Rodríguez, cuando señala en su libro Contacto en Italia, que Los zetas han establecido una sociedad con la mafia calabresa conocida como Ndrangheta en Italia, la más violenta del mundo, y que ha propiciado un reforzamiento en las estructuras de la criminalidad organizada.

Hizo hincapié en que la corrupción de los penales tiene en jaque al sistema penitenciario nacional y que la falta de preparación y experiencia de sus directores los han llevado muchas veces a involucrarse en actos de corrupción, minando la armonía y buen funcionamiento de los reclusorios. Éstos, agregó, “son un fracaso porque no cuentan con los elementos jurídicos, técnicos, operativos o administrativos suficientes para brindar la reinserción social a los internos”.

Denunció que los ejecutivos federal y estatal han abusado del poder discrecional que tienen para otorgar el beneficio de la libertad anticipada, lo que ha llevado a una corrupción terrible. Además, indicó, “hay que revisar las leyes que inciden en la materia, ya que la de normas mínimas para la readaptación de sentenciados de 1971, otorga algunos beneficios de libertad anticipada, pero, la Ley General Contra el Crimen Organizado, que es posterior, los prohíbe; inclusive la actual”.


Privatización, mito o realidad


Práctica y jurídicamente es imposible privatizar instituciones de reclusión. Habría que reformar la Constitución General de la República, los convenios internacionales a que México está suscrito; leyes importantes primarias y secundarias, además de la reglamentación jurídica.

Lo que sí es posible, sin grandes reformas jurídicas, es subrogar servicios que son un fracaso y representan una inquietud permanente en la conducta de los presos, produciendo violencia al interior de los penales. “Resulta increíble que con 40 pesos diarios para alimentación, los presos no puedan comer bien. Si esa cantidad la entregamos a la iniciativa privada, verá que bien van a comer”.

Sugiere Musi Nahmías subrogar los servicios que no afectan la seguridad del penal: cocinas, comedores, lavandería, panadería y tortillería, mismos que podrían dar servicios al exterior y generar una industria y comercio penitenciarios. Subrogar también el mantenimiento preventivo y correctivo de los penales y el servicio medico. “Esto se debe hacer porque las instituciones están cada vez en mayor grado de deterioro”.

Otro aspecto nodal sería permitir la inversión privada para la planeación, diseño, construcción y operación de prisiones; esto es, darlas en concesión a la iniciativa privada para convertirlas no solamente en centros de reclusión con posibilidades de readaptación social, sino (a través de la industria y el comercio penitenciarios) hacerlas rentables para que no cuesten tanto dinero. La construcción y puesta en marcha de una cárcel de mediana seguridad para mil 500 o 2 mil reos tiene un costo aproximado de 750 a 800 millones de pesos.

Durante el gobierno de Arturo Montiel, en el estado de México, conjuntamente con el arquitecto penitenciarista Roberto Robles Argüelles, José Luis Musi participó como consultor de la constructora francesa Bougues Batimen. “Se pretendía subrogar servicios durante muchos años, pero también explotar la industria y comercio penitenciarios”. Finalmente no se realizó porque el estado de México estaba sobre endeudado y no se podía inscribir el financiamiento en deuda pública. El gobierno no pudo garantizar el pago de la construcción, el diseño y la planeación y las operaciones de las cárceles a esta empresa.

Dentro del proyecto Millennium, José Luis Musi Nahmías ha sido coordinador del nodo México de expertos de la Universidad de las Naciones Unidas contra el crimen internacional, programa que busca un plan de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo en el nuevo siglo, y reducir la pobreza absoluta, el hambre y las enfermedades en el mundo. “El reto número dos del proyecto Milenio, es el crimen trasnacional organizado, con dos grandes prioridades: lavado de dinero y terrorismo. La visión es buena porque no pretende combatir sólo el narcotráfico”.

Consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encargada de investigar el lavado de dinero en México, necesita apoyos y debe crecer mucho. Necesita hacer inteligencia financiera, pero contar también con leyes suficientes que obliguen a las instituciones bancarias a combatir el blanqueo monetario. “Aquí es donde yo veo la situación muy difícil y poco alentadora en el presente”.

Respecto al Centro de Mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a cargo de Genaro García Luna, dio a conocer que su desempeño todavía es muy incipiente, y que es necesario meterle velocidad a la identificación de criminales, de policías, servicios policiales y a toda la información que puede ayudar a la inteligencia y compartir con todos los mandos para la prevención y captura de los delincuentes.

“Resulta absurdo que siendo México un país con tanta criminalidad, sólo tengamos la licenciatura en criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que sea únicamente el Instituto Nacional de Ciencias Penales quien ofrezca maestrías y doctorados. Es inexplicable también que tengamos tantos criminólogos desempleados”.

En Xalapa, Veracruz, hay una academia que tiene la SSP, “me gustaría conocer sus programas, los temas, cursos y sobre todo el tiempo-duración de la capacitación porque de repente salen con que en tres meses ya capacitaron custodios para instituciones de máxima seguridad, cuando en el primer mundo se cursan dos o tres años y a veces internados.

“Hay que sacar a la PF del control de las instituciones de máxima seguridad y poner a custodios penitenciarios que sean especialistas en la materia; no tengo nada en contra de la Policía Federal como tampoco del origen de cada persona, militares, de la Armada de México, la policía, pero cada quien tiene sus objetivos y preparación. Don Javier Piña y Palacios decía que había dos grandes pendientes en el país: el policía científico y el técnico penitenciario; independientemente de que Sergio García Ramírez lo reafirma y añade que hacen falta servicios periciales de primer mundo. Aplicar ciencia para demostrar la culpabilidad o responsabilidad en la comisión de los delitos”.

Finalmente, adelantó que está en proyecto la creación del sistema federal de prisiones, mediante el cual se espera construir 12 conjuntos penitenciarios que alberguen a cuatro instituciones de reclusión cada uno. Una de mínima seguridad, otra de media, una de máxima y otra de súper máxima seguridad, como llaman en Estados Unidos, y que serían las primeras de este tipo en México.

“Hace tres años participé en la elaboración del proyecto, diseño arquitectónico, estructura, plantilla de personal, etcétera, de la cárcel de máxima seguridad del Distrito Federal, que se instalaría junto a Santa Martha; desconozco las razones por las que se paró la obra. Hoy el jefe de gobierno del DF decidió construir dos instituciones para la clasificación criminológica que van a estar junto al reclusorio norte. Ya se hizo el deslinde, incluso la avenida para arribar a ellas. Son dos cárceles para 800 internos cada una”.

Una de máxima seguridad, para secuestradores (los acusados cuya participación realmente haya sido importante y que son de peligrosidad elevada). Otra para albergar y proteger a los reos de la tercera edad y también para separar a los presos por delitos graves de carácter sexual. Se tienen los planos arquitectónicos, y se espera que pronto sean firmados los contratos correspondientes. (Fuente: Forum No. 198. Abril de 2010).