IMPUNIDAD EN LOS CRIMENES CONTRA ACTIVISTAS

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS… EN LA MIRA

Conrado García Jamin

Caso #1
El pasado 27 de abril, la activista Mexicana y líder indígena Alberta ("Bety") Cariño y el observador Finlandés de derechos humanos, Jyri Antero Jaakkola, fueron asesinados y varia gente más herida cuando una caravana de ayuda internacional, de la que ellos formaban parte, fue emboscada por paramilitares.
La caravana, compuesta por más de 30 observadores de derechos humanos, nacionales e internacionales, iba en camino hacia San Juan Copala, Oaxaca, para entregar alimento, ropa y provisiones medicas a miembros de la comunidad autónoma Triqui, quienes habían sido sitiados por paramilitares durante varios meses. Bety era una de las principales organizadoras de la caravana. Ella recibió un disparo en la cabeza; Jyri murió a su lado.
Los hombres armados se identificaron a si mismos como miembros de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), un grupo fundado en 1994 por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político mexicano que históricamente ha gobernado y que controla el gobierno del Estado de Oaxaca. UBISORT ha sido identificado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados como una organización paramilitar.
Funcionarios del Estado de Oaxaca han negado tener alguna responsabilidad por el ataque y más bien han culpado a los organizadores de la caravana. "Quien quiera que haya organizado esta caravana tendrá que responder por ello", dijo el Secretario de Gobernación del Estado de Oaxaca, Evencio Martínez, a la agencia de noticias Associated Press.
Organizaciones en todo México, e internacionalmente, incluyendo la RSM, han llorado la muerte de Bety Cariño. Ella fue fundadora y líder de CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos), una organización de derechos indígenas, humanos y laborales, localizada en Huajuapan de León, Oaxaca. Ella tenía 35 años de edad. CATCUS es miembro de la Red Mexicana de Pueblos Afectados por la Minería (REMA) y de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). El funeral de Bety se realizó el 29 de abril en su pueblo natal, Chila de las Flores, Puebla. Se supo que asistieron más de mil amigos, parientes y simpatizantes.

Caso #2
El 28 de abril, dos miembros del equipo del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Enrique Morales Montaño y Coral Juárez Melo, estaban visitando a trabajadores, empleados de la empresa multinacional de autopartes Johnson Controls Inc. (JCI) en la comunidad de Santo Toribio, Tlaxcala, cuando Enrique fue atacado físicamente por un joven de 17 años, hijo de Magdaleno Texis, el líder local de la CROM, el "sindicato oficial" que tiene firmado un "contrato de protección" con la gerencia de la planta Johnson Controls de Puebla. Este es solo el incidente más reciente de una serie de amenazas y ataques en contra del CAT y trabajadores(as) de JCI.
La CROM está afiliada al PRI, el partido político históricamente gobernante en México, y quien actualmente mantiene el poder político en el Estado de Puebla. Durante los últimos 3 años, el CAT ha estado asesorando y apoyando a los trabajadores de Johnson Controls, quienes han estado luchando por el derecho a ser representados por un sindicato independiente y democrático en la planta FINSA de Johnson Controls.
De acuerdo al CAT, el atacante amenazó a Enrique y a Coral, a otros miembros del CAT, y a "cualquier otro que le venga hacer problemas a su padre". Se reportó también que les dijo: "este es un mensaje de Magdaleno Texis y Marcelino Tecuapacho (otro líder de la CROM), y este es solo el comienzo. La próxima vamos a ir por los demás hijos de la chingada y con los del CAT."
Al darse cuenta que un grupo de gente hostil se acercaba, Coral comenzó a gritar pidiendo ayuda de la policía. Ella pudo identificar que dos de las personas del grupo que se acercaba se parecían a Magdaleno Texis y Marcelino Tecuapacho.
De acuerdo al CAT, la policía le dijo a Coral y Enrique, "Sería mejor que llegaran a un acuerdo con los atacantes y les pagaran aquí", porque si iban al ministerio público "las cosas se podían complicar". En lugar de hacer caso a esto, el CAT intentó presentar una denuncia formal, pero fue mandado de una oficina a otra hasta que finalmente pudieron poner su denuncia a la 1:30 de la mañana del día siguiente.
Hasta el 30 de abril, el agresor estuvo bajo arresto, pero era muy probable que fuera liberado bajo fianza por ser un menor de edad. El CAT está trabajando con el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés para presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluyendo la solicitud de medidas de protección cautelares.