Los derechos laborales en la etapa panista

José Sobrevilla / Noticias del Empleo

sobrevill@yahoo.com.mx

¿Se ha preguntado usted si los trabajadores tienen derechos humanos? El aumento de la inseguridad y su combate por el Ejecutivo federal ha restado importancia a la violencia que viven los trabajadores y empleados de este país. La paz laboral de la que hablan las autoridades del Trabajo, está llena de acciones y omisiones que han desencadenado una etapa de vejaciones que ya despiertan el interés de organismos internacionales. Antes de caer en los ejemplos, dejemos claro que se consideran derechos humanos laborales a “las condiciones de vida indispensables y mínimas que deben garantizar la libertad e igualdad de los trabajadores. No es únicamente la facultad de formar sindicatos, elegir representantes y votar por lo que convenga”.

Los derechos humanos laborales van más allá de normas legales y garantías sociales. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como “las garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera integral y plena en la vida social como persona, como un ser dotado de sentido y racionalidad” y dan comienzo en el momento en que se inicia un contrato para prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario.

¿Qué otra características tienen? Son inherentes, o sea que no se separan de las personas que dependen de un trabajo para vivir. Integrales, porque se encuentran relacionados entre sí, lo que significa que si uno de éstos es violado, los demás derechos laborales también se ven afectados. Son irrenunciables porque forman parte del ser humano, y no se puede renunciar a ellos, transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. Una última característica es que durante el tiempo en que alguien dependa del trabajo para vivir o desarrollarse, son exigibles.

Como podemos ver, el solo desglose del término habla de una gran ausencia de ellos en nuestro país. En términos humanos, ha sido doloroso para una gran parte de la población el haber otorgado un voto de confianza a quien ofreció abanderar las causas laborales y dotarlos de empleos dignos. No lo digo yo; ésta ha sido la conclusión a que llega el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en su informe 2010 sobre violaciones a los derechos humanos laborales:

“El decenio panista es una década perdida para los trabajadores(as) del país, lo que en términos humanos significa sufrimiento e indignidad”. Es decepcionante porque “el anuncio de la transición democrática implicaba llevarla al terreno de lo sindical y abrir un período floreciente para la democracia sindical y el desmantelamiento del corporativismo; no ocurrió así: por decirlo en forma coloquial, perdonaron a los charros, contradiciendo su doctrina y principios”.

Consigna el organismo –y no le falta razón– que el panismo, en los hechos, adoptó la visión y el interés empresarial sin el menor acatamiento del principio enarbolado del bien común. Sin embargo, el problema no es sólo del panismo, acota el informe. Para las cuestiones de los derechos humanos laborales, “la alternancia sólo vino a agudizar y profundizar lo que el PRI sembró en los ámbitos laborales”. Y enumera: “precarización creciente, insuficiente creación de empleos y ahondamiento de mala calidad de los mismos, disminución de derechos para los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, falta de respeto a la libertad sindical, etcétera”.

No está por demás recordar que desde 1998, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; sin embargo, de una manera que ha llegado a despertar suspicacias, la regulación internacional ha permitido que los países miembros, incluso ratificando dicha declaración, han violado principios como el respeto a la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Violencia laboral azul. Para el Informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, consigna el Cereal, se ha tomado en cuenta que “los esfuerzos organizativos de los trabajadores (sea conformando sindicatos independientes, en recuentos de titularidad o estableciendo corrientes democratizadoras), son llevados a cabo, indistintamente, en un clima de violencia moral y/o física.

“En más de una ocasión se han materializado amenazas de agresiones físicas que atentan contra la integridad de las personas, así como amenazas en contra de activistas sindicales y sus familias”.

Por ejemplo –se cita en el informe–, “en 2005 conocimos las reivindicaciones de estabilidad en el empleo (trabajadores del Centro Nacional de las Artes y de Acamex); afectaciones al salario suficiente con la determinación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y los embates contra las pensiones (casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Colegio de Bachilleres); precarización de las condiciones de trabajo (diversos casos de empresas maquiladoras, y trabajadores del magisterio)”.

Con cuatro renovaciones de dirigencias del Congreso del Trabajo, se ejemplifica la persistencia de prácticas contrarias a la organización auténtica de los trabajadores. “Las reacciones de diversos trabajadores ante la persistencia de la práctica ilegal de las juntas de conciliación y arbitraje de declarar la inexistencia de las huelgas con motivos superficiales sin base jurídica nos lleva a volver nuestra mirada al deplorable estado de la justicia laboral en nuestro país (crisis vivida en Ciudad Juárez, en particular) y los esfuerzos de trabajadores petroleros por encontrar justicia contra el fraude en sus elecciones sindicales”.

Sería ocioso revivir cada uno de los momentos en que han sido vulnerados los derechos humanos laborales durante el panismo. Baste señalar –en 2006– el conflicto poselectoral e ilegitimidad de Felipe Calderón como presidente, además de la no resolución de ciertos problemas (trabajadores de SICARTSA, ejidatarios de San Salvador Atenco, maestros de la Sección 22 del SNTE y las organizaciones sociales que conforman la APPO). 65 mineros mueren en la mina Pasta de Conchos y el gobierno federal encubre a Minera México de Grupo México, para llegar en 2007 al asesinato de Reynaldo Hernández en Nacozari, Sonora, mientras las autoridades protegían a los asesinos que manejaban camiones de Mexicana de Cobre.

Este informe, el cual curiosamente ha sido poco difundido, hace hincapié en que hoy se vuelven a vivir, 2008, “violaciones que parecían ya superadas desde hace casi 100 años: encadenar el salario a la compra de productos del mismo patrón (Walmart); total ausencia de garantías de seguridad social, atención médica y estabilidad en el empleo (caso de actores y actrices); la utilización de formas de contratación que desaparecen todo derecho laboral (simulación de free lances en empresas de medios informativos).

Esto sin contar la normalización de las violaciones de derechos laborales, complicadas en el contexto de violencia asesina, que pretenden mantener impunemente en las maquiladoras de Ciudad Juárez”.