La muerte de dos universitarios mexicanos en fuego cruzado entre sicarios y militares debería ser indemnizada por el Ejército, afirmó hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En una recomendación formulada a raíz del suceso -un tiroteo en un centro educativo de la norteña ciudad de Monterrey, el 19 de marzo-, se pide también al Ejército que se abstenga de manipular escenas de hechos violentos para tergiversar lo ocurrido.
Los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey fueron identificados tras su muerte como sicarios, cuando no era así. Desde algunos sectores se aseguró que cayeron bajo las balas de los militares, que los confundieron con pistoleros del narcotráfico.
La actuación de los soldados "omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar del enfrentamiento", apunta la recomendación de la CNDH.
Ésta, no obstante, no tiene valor legal, ya que los amonestados no tienen porqué cumplir con lo dispuesto en las recomendaciones de la comisión.
El escaso respeto a los derechos humanos y a la población civil ha sido la crítica más frecuente a la labor del Ejército en materia de seguridad pública contra el crimen organizado.
Desde diciembre de 2006, por orden del presidente Felipe Calderón los militares sirven como punta de lanza para frenar la influencia de los carteles de la droga, cuyo enfrentamiento entre sí ha dejado ya 28.000 muertos en poco más de tres años y medio.
Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han formulado estas críticas, a las que tanto Calderón como la Secretaría de la Defensa Nacional han restado peso, argumentando que los abusos militares son investigados y castigados.
En este caso en concreto, la CNDH achaca al Ejército actos de "uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones, así como ejercicio indebido de la función pública".
El organismo afirma no contar con elementos para definir quién acabó realmente con la vida de los dos estudiantes Javier Arredondo y Jorge Mercado.
La recomendación pide también a la fiscalía federal esclarecer los hechos y que se reconozca a los familiares de los fallecidos como víctimas.
Al gobierno del estado de Nuevo Léon, donde tuvieron lugar las muertes, se pide que instruya a su fiscalía y agentes para que en casos de este tipo se investigue "de forma completa, objetiva e imparcial".
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