DELEGACIONES FEDERALES EN COAHUILA: "CARGAR CON TACHO"

Conrado García Jamin

Leí hace un mes un artículo titulado “Delegaciones Federales, Arietes Políticos” en el que la unidad de análisis de la publicación “El Visto Bueno” realizó un interesante estudio sobre esas cuestionadas dependencias que representan una enorme carga financiera para la nación.
En teoría, las Secretarías que forman parte del gobierno federal —Economía, Educación, Desarrollo Social, etc. —, tienen representación en los distintos estados de la República, a través de las delegaciones federales. Estas instancias tienen la encomienda de cumplir con los programas de las dependencias federales a nivel local. De igual manera, deben facilitar a los ciudadanos la realización de los trámites, o la prestación de los servicios, que corresponden a cada secretaría de Estado.
Las delegaciones federales han adquirido gran relevancia en el escenario político nacional por dos razones. En primer lugar, porque reciben una cantidad importante de recursos para su funcionamiento. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, los fondos asignados a las delegaciones federales para este año ascienden a 67 mil 725 millones de pesos.
Cabe mencionar que de los recursos asignados a las delegaciones federales para este año, el 96% lo concentran las representaciones de la Sagarpa, la SCT y la Sedesol.
La segunda razón por la que las delegaciones federales se han vuelto tan importantes es por el uso que se les ha dado en la práctica. Si bien su función, en teoría de nuevo, es encargarse de las labores y los programas que las secretarías de Estado tienen en las distintas entidades federativas, la realidad es que se han convertido en herramientas políticas y sobre todo, electorales.
Desde la llegada del PAN a Los Pinos en el año 2000, las delegaciones federales han adquirido un evidente tinte político. Durante la administración de Vicente Fox se repartieron cargos importantes —de delegados o subdelegados— de estas instancias a la gente cercana al Presidente. En la administración de Felipe Calderón esta práctica se ha mantenido. De hecho, Juan Camilo Mouriño, como jefe de la Oficina de la Presidencia en 2006, fue el encargado de nombrar a varios delegados federales, cuya principal característica debía ser la lealtad al presidente Calderón.

MANEJOS SOSPECHOSOS
Desde estas posiciones, el Partido Acción Nacional ha conseguido tener el control directo de una cantidad importante de recursos que puede utilizar de manera discrecional, con el claro objetivo de favorecer a los candidatos de dicho partido en tiempos electorales. En el proceso electoral de este año, por ejemplo, el 36% de los recursos asignados a las delegaciones federales correspondía a los estados que tuvieron comicios. Esto representa 24 mil 482 millones de pesos a los cuales tuvo acceso el PAN, pudiendo hacer uso de ellos de manera discrecional o con tintes político electorales.
El uso político de las delegaciones federales ha sido fuertemente criticado en la Cámara de Diputados. La bancada priista ha acusado a los delegados federales de ser “entes electoreros” del PAN, y de tener a su cargo oficinas que en lugar de funcionar como representaciones de las Secretarías de Estado, son utilizadas como casas de campaña para favorecer a sus abanderados con los recursos que la Federación les asigna.
El reclamo del PRI también abarca el hecho de que la mayoría de los delegados federales solamente ocupan dichos cargos por su filiación panista y su cercanía con personajes de alto perfil. Aunque muchos son candidatos que perdieron contiendas o ex funcionarios del gobierno, también hay una gran cantidad de delegados que no tienen experiencia en la administración pública ni en el área a la que son asignados.
Otro punto que ha sido criticado sobre las delegaciones federales es su razón de ser. Para los legisladores priistas las delegaciones lo único que consiguen es duplicar funciones, por lo que resultan innecesarias para cumplir con los objetivos que —en teoría— tienen. En todo caso, los gobiernos de los estados podrían hacer que sus secretarías trabajaran de manera coordinada con las dependencias federales. De esta manera el presupuesto de las delegaciones, que actualmente se ocupa en gran medida para fines electorales y funciones duplicadas, podría ser destinado a fondos que buscaran mayores beneficios para la ciudadanía.

ACTIVIDADES POLÍTICAS
La afirmación de que el presupuesto de las delegaciones federales es utilizado con matices electorales, no sólo se infiere por el perfil de los delegados, sino por la calendarización del gasto.
Analizando los presupuestos de las delegaciones que concentran la mayor cantidad de recursos, es posible observar que en los meses de mayo, junio y julio, la erogación de recursos se dispara, a comparación de enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, la calendarización del millonario gasto que ejercen las delegaciones federales está sincronizada con los ciclos electorales, que por ley, tienen lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.
De ahí que de manera programada, las delegaciones puedan fungir paralelamente como casas de campaña alternas, y hasta comités partidistas de facto. Ante todo, las delegaciones federales son un vestigio del centralismo con el que el sistema político mexicano burocratizó las funciones del gobierno, adaptado a las nuevas necesidades de competencia electoral.
Durante más de cuatro décadas, el Partido Acción Nacional hizo hincapié en la necesidad de desaparecer las dependencias federales, y fortalecer a las instancias respectivas locales. Sin embargo, desde su arribo al poder las ha asimilado como una estructura partidista paralela con cargo al erario público.
Más allá de un tema de coyuntura electoral, las delegaciones federales representan un reto en materia de política pública. No puede desestimarse que la Ley de Ingresos de este año solicitó a los contribuyentes un esfuerzo adicional, incrementando la tasa del Impuesto al Valor Agregado en 1% para recaudar 30 mil millones de pesos de manera extraordinaria. Tomando en cuenta que tres delegaciones federales concentran un gasto de más de 60 mil pesos anuales, bastaría una revisión a fondo de las funciones, y de los resultados que brindan a la ciudadanía, para determinar que son uno de los lastres más pesados, politizados e insostenibles que carga el Estado mexicano.
La Cámara de Diputados ha planteado en diversos foros y ocasiones, la necesidad de desaparecer algunas delegaciones federales, y revisar a fondo la operación de otras. El próximo período legislativo podría ser determinante para resolver un dilema oneroso para el Estado y los ciudadanos.

LOS NOMBRAMIENTOS
Definidas a partir de criterios políticos y de las cuotas a las facciones del Partido Acción Nacional, las delegaciones del gobierno federal en los estados constituyen una estructura que obedece más a la "lealtad" hacia Felipe Calderón que a los objetivos de los programas públicos y, como acusan PRI y PRD, sus fines son más bien electorales. En la asignación de los nombramientos, cotizados por los salarios y prerrogativas de los delegados, intervienen diversos factores humanos y políticos.
El reparto de las posiciones para amigos, empresarios, candidatos perdedores y aliados políticos se constituyó en una de las principales prácticas del PAN en el gobierno desde la presidencia de Vicente Fox, aun cuando ese tipo de manejos fueron criticados por el panismo a los gobiernos del PRI. En esa distribución, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, ha ubicado a maestros incondicionales como delegados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e inclusive de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Según fuentes gubernamentales, en la actual administración sólo se han cambiado a 150 de los mil 390 delegados de todo el país y, ante los reclamos del PRI, desde Los Pinos se ofreció hablar con los gobernadores para revisar caso por caso y, eventualmente, remover a algunos.
Aunque uno de los principales reclamos del tricolor se centra en que Vicente Fox y ahora Calderón repartieron esas posiciones a distinguidos panistas y empresarios ligados a Acción Nacional, la versión oficial señala que los gobernadores priístas no impugnaron la militancia, sino que no se cubrieron cuestiones de forma y de fondo.
Sin embargo, para 2010 el crecimiento ha sido exponencial, al existir alrededor de 1 mil 390 delegaciones federales que cuentan con una estructura de más de 5 mil funcionarios y con un gasto que alcanza casi los 55 mil millones de pesos.
Manuel Antúnez indicó que el mismo estudio establece que de 2000 a 2010 el gobierno federal ha gastado 411 mil millones de pesos en la manutención de las delegaciones federales, lo que confirma que en sólo nueve años los gastos de operación de las mismas se han incrementado en casi un 300 por ciento, sobre todo porque una gran parte de los recursos de destinan a nómina, pago de rentas de inmuebles, vehículos y materiales de oficina, no a inversión.
El estado de Michoacán sería muy beneficiado con la desaparición de las delegaciones federales, porque las que actualmente existen en la entidad tienen un gasto que asciende a los 2 mil 514 millones de pesos. De esa forma, en lugar de que el estado tuviera un presupuesto de participación estatal de 350 millones de pesos para obra convenida, los mismos recursos se podrían elevar casi a los 3 mil millones de pesos.
Fue por ese motivo, que el legislador Manuel Antúnez Oviedo planteó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a dejar sin efectos el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para convenir los recursos destinados a las delegaciones federales operativas a las dependencias homólogas que en los estados y municipios realicen dichas funciones.
De la misma forma, propuso exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el ámbito de su competencia legislativa derogue el mencionado artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

COAHUILA LAS PADECE
José Luis López Cepeda, representante en Coahuila de la UNTA, viene librando una lucha frontal en contra varias delegaciones federales en Coahuila. Afirma tener registradas al menor mil 200 personas damnificadas por el huracán Alex dentro de la organización, por lo que se requiere de inmediato los recursos en el área de techos y viviendas rurales, ya que muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares por las fuertes filtraciones que presentaron, las que es necesario reparar de manera inmediata.
Y fue muy claridoso: "El dinero no es de los delegados, es de los impuestos y está destinado para apoyos emergentes a través del Fonden, si eso no lo pueden entender están mal, la gente necesita un lugar seguro donde vivir y los programas están atorados por la ineptitud de burócratas como los delegados, que sólo velan por sus intereses y no por la gente jodida".

OPINA EL PRI
El secretario General del Comité Directivo Estatal del PRI, José Luis Flores Méndez, consideró que aquellos funcionaros federales que incurran en el subejercicio presupuestal deberán de ser castigados penal y administrativamente, por lo que consideró oportuno que diputados federales del tricolor hayan solicitado a la Auditoría Superior de la Federación un estudio sobre las sanciones que deberán de aplicarse en estos casos.
Según trascendió en la prensa nacional, la Secretarías de Estado tuvieron un subejercicio por más de 32 mil millones de pesos en el primer trimestre de año, por ello Flores Méndez consideró que ésta ha sido una constante del Gobierno de Felipe Calderón, ya que recordó que en el primer semestre del 2008 tuvo un subejercicio de más de 17 mil millones de pesos, mientras que en 2009, la cifra fue de más de 25 mil millones de pesos anuales, según informes sobre la Situación Económica, Finanzas Pública y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda.
Pero Flores Méndez considera que la ineptitud de esta administración federal no ha permitido que nuestro país crezca económicamente, aunado a la falta de acciones decididas y oportunas: “Los delegados federales en Coahuila son un claro ejemplo de que no se tiene la preparación adecuada para responder en el momento indicado, luego de pasar inadvertidos ante la contingencia que generó el huracán "Alex" en nuestro Estado”.
Para el líder priísta las delegaciones federales en Coahuila siguen sin cumplir con el pago del impuesto predial, en tanto que más de la mitad de los contribuyentes ya acudieron a liquidar su adeudo con lo que el municipio que ha registrado una cifra histórica de recaudación en este concepto.

TAMPOCO PAGAN PREDIAL
Carlos Rodríguez Gámez, director de Catastro en Coahuila, confirmó que desde hace un mes se emitieron 11 notificaciones a las instancias federales correspondientes en las que se contempla un censo de 200 predios, pero es fecha siguen en calidad de morosos.
De 240 mil cuentas que se tienen registradas en el padrón, en este momento han pagado el predial alrededor del 53 por ciento, por lo que a pesar de las modificaciones en el Código Financiero aprobadas por el Congreso del Estado, ninguna de las dependencias federales se ha acercado con el Ayuntamiento para liquidar el adeudo correspondiente a un predio que esta en modalidad de no exención.
Esto significa que todas las dependencias federales y otras instituciones públicas que históricamente no pagaban el impuesto predial, comiencen a cumplir con esta obligación, en los casos de inmuebles que funcionen como almacenes, bodegas, oficinas administrativas y demás de naturaleza análoga.
Ante el desacato a la ley estatal en que han incurrido el 100 por ciento de las instancias federales ubicadas en Saltillo en torno al pago del predial, y al vencerse el plazo para cumplir con esta obligación, todas ellas podrían ser sujetas a juicios de ejecución fiscal y de cobranza.

MANIPULACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES: PRD
El Líder Estatal del PRD Gustavo de la Rosa Ramírez, lamentó que los Delegados Federales, estén pensando que los programas sociales, los sigan teniendo acaparados, en perjuicio de los coahuilenses, hasta que el senador Guillermo Anaya Llamas, les de luz verde cuando sea el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, para que los empiecen a operar.
“En la contingencia que vivieron municipios afectados se puso de manifiesto la inexperiencia de los delegados federales, ya que su auxilio no fue de inmediato como lo requería la población afectada de los municipios de la región Centro, Carbonífera y del Norte.
Es lamentable que la poca sensibilidad política que han manejado hasta este momento de ver a muchísimos compañeros coahuilenses en desgracia y tal parece que no les importa y siguen empecinados en manejar los programas y recursos económicos federales a su antojo y con fines partidistas”.
Luego fue lapidario: “el que no tiene vergüenza es el delegado de Sedesol, cuando dijo a tres días de la contingencia que iban esperar a que bajara el agua para empezar hacer una evaluación de los daños y así comenzar a aplicar los recursos de los programas.
“Lo que tiene que hacer el delegado de Desarrollo Social en el Estado de Coahuila, es renunciar porque ha dejado un mal sabor de boca a los coahuilenses desde que asumió como el puesto de delegado en la entidad ha dejado mucho que desear, al no cumplir con el cargo, que reconozca que no da el ancho, que no le sabe, que no le entiende, que no tiene la capacidad política y no tiene vergüenza”, dijo De la Rosa Ramírez, no sin antes rematar con: “A lo mejor a Salazar Fernández, le dio miedo, o asco, mojarse los zapatitos, los pantalones, a lo mejor esto puede ser porque, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es un pequeño burgués, puntualizó.