LA ESTRATEGIA DE CALDERÓN

AHORA EN CONTRA DEL LAVADO DE DINERO

Por Salvador Mejía

El 27 agosto 2010 el Presidente Felipe Calderón remitió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de una la Ley Contra el Lavado de Dinero en el marco de la llamada “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”.
Dicha iniciativa contiene, según el Gobierno Federal, la creación de leyes como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, así como reformas a 13 ordenamientos complementarios como a los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de igual manera la iniciativa busca, en teoría, solucionar el caos que prevalece en las Leyes de Instituciones de Crédito; Mercado de Valores; Sociedades de Inversión; de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; del Ahorro y Crédito Popular; de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y las de Uniones de Crédito; del Sistema de Ahorro para el Retiro y para regular a las Agrupaciones Financieras en todas sus modalidades.
De la lectura de la iniciativa se advierten meas culpas y se asignan responsabilidades, por ejemplo se admite que no es posible “estimar el monto de dinero que se lava en México” debido a la ausencia de “una metodología confiable”, pero se le adjudica a los Estados Unidos su parte de responsabilidad por ser los mayores consumidores del mundo y, por lo que entiendo, su falta de control en sus fronteras al permitir que un número no determinado de personas transporte Dólares producto del narcotráfico de Estados Unidos a México sin ser detectados.
Ahora bien, más allá del contenido en la exposición de motivos de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo es necesario señalar, con la información disponible al momento, los pros y contras de la estrategia.
Como lo señalé en mi artículo “EL DÍA QUE EL PRESIDENTE FUE VENCIDO”
http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/08/18/el-dia-que-el-presidente-fue-vencido/ el mayor error del Presidente Calderón fue el haber iniciado una campaña en contra de la delincuencia organizada sin tener la planeación, herramientas jurídicas y técnicas necesarias para poder vencer; en el campo jurídico definitivamente la estructura era endeble, más allá de lo dispuesto en los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (como las de mayor relevancia entre las relativas a las aplicables para Seguros, Centros cambiarios etc.), se requerían normas mucho más enfocadas a la realidad y, por encima de todo, que subsanaran errores y lagunas jurídicas; luego entonces apoyo plenamente que el marco jurídico sea actualizado para apuntalar la lucha contra la delincuencia organizada.
Un avance significativo es que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo sus nuevas facultades, investigará los casos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo mediante el intercambio de información, a decir del Gobierno Federal, con otras dependencias aunque como me fue comentado en septiembre de 2009 (antes de la publicación de la nueva Ley de la Policía Federal) la Policía concentraría toda la información para poder presentar ante el Ministerio Público Federal una investigación perfectamente estructurada para lograr rebatir uno de los señalamientos (38 en total) del Financial Action Task Force (FATF) contenido en la “Mutual Evaluation Report –Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for México” liberado en Octubre de 2008, respecto del ínfimo numero de sentencias condenatorias en los procesos judiciales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita (el dato puede ser consultado en “Is really the 2008 Financial Action Task Force Report for México faultless?” http://mexicobajofuego.wordpress.com/2010/05/19/is-really-the-2008-financial-action-task-force-report-for-mexico-faultless/). El hecho de que sea la Policía Federal la que tome las riendas en estas investigaciones no es un caso aislado, de hecho así es como opera en los estados Unidos: el Federal Bureau of Investigations (FBI) recopila la información e integra la investigación para el General Attorney.
Por otro lado, en el apartado de “Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces” se habla de mecanismos para asegurar activos, obviamente estamos ante la probable implantación de una “Ley de extinción de dominio” a nivel Federal, la cual es más que indispensable pero que requiere ser redactada con una técnica jurídica impecable o nos podríamos enfrentar al problema que el Gobierno del Distrito Federal tiene entre manos: la Ley fue redactada y aprobada al vapor por la Asamblea de Representantes del D.F., por lo que la Consejería Jurídica del D.F. sabe que no puede pelear una sentencia de extinción de dominio que llegue a la fase del Juicio de Amparo ya que se corre el riesgo de que el particular gane el Amparo y se cree Jurisprudencia en contra de la Ley.
En este mismo apartado surge, por fin, la posibilidad para que la ciudadanía tenga acceso a la información que le permitan a la ciudadanía conocer los instrumentos y los resultados de las acciones emprendidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin comprometer la información de inteligencia ni dañar garantías constitucionales; espero sinceramente que dentro de esta información esté contemplado el acceso a tipologías a manera de informar y proteger.
Ahora bien, respecto del marco normativo propuesto es donde comienzan los problemas ya que todo parece indicar que el Gobierno Federal tiene una vez más la intención de enfocar sus acciones hacia el fortalecimiento del sistema financiero por encima del sistema económico; si bien se pretende eliminar el gran agujero negro creado para las entidades financieras no reguladas, ahora todo parece indicar que se buscará sujetar a un régimen de prevención de operaciones de
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a centros de juegos y apuestas; oferentes de préstamos no financieros; emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias; agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras; joyeros profesionales; empresas de blindaje; fedatarios públicos, abogados y contadores; transportadoras de valores; galerías y subastas de arte; prestadores de servicios profesionales a personas morales; y todas aquellas personas con alto riesgo de ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según determinación de la SHCP; es imposible no ver la similitud entre esta propuesta y apartados específicos de la US Patriot Act.
El problema de este apartado es que en los procesos de negocios de personas y empresas se deberán incluir apartados de due dilligence, lo cual en la realidad implica el revisar los antecedentes de las personas o empresas con las cuales realizan operaciones comerciales y, dado el caso, deberán cerciorarse de la “licitud del origen de los recursos”, mala decisión ya que con eso si bien están pavimentando un posible Juicio de Extinción de Domino están acabando con la figura del “comprador de buena fe” o sus equivalentes.
Me pregunto si los redactores de la propuesta están tomando en consideración lo ocurre en las comunidades donde las comunicaciones están siendo “cortadas”, se de casos en Hidalgo donde integrantes de la delincuencia organizada compran “voluntariamente a fuerzas” inmuebles a sus legítimos propietarios de contado y sin regatearles un Peso, quienes por temor y necesidad se ven obligados a aceptar, me pregunto si la propuesta contempla en su apartado de “Entregas Vigiladas” (dejar correr operaciones ilícitas, con el fin de poder detectar todo el proceso y a toda la cadena de participantes) protegerán a la ciudadanía.
Por último quiero señalar que la propuesta incluye la creación de una “lista negra” por parte del Gobierno en la cual se incluirán los “nombres de los criminales —con orden de aprehensión— considerados como los más peligrosos por la Procuraduría General de la República”, lo cual espero que se cumpla conforme a la estructura de las listas negras de la OFAC, el FBI o de la Consolitated List of Financial Sanctions para que puedan aportar valor agregado y no se quede en un mero listado.
El tema es notoriamente largo y es menester conocer los aspectos específicos de la propuesta para poder hacer una crítica feroz pero constructiva ya que, al final de cuentas, todo es a favor de México.

Fuente: http://mexicobajofuego.wordpress.com/