Con la ratificación del Senado de Marisela Morales Ibáñez como procuradora general de la República, la administración de justicia cambia de rostro, de género, pero no sus principales retos, aseguran académicos.
Casi todos reconocen el hecho histórico de que sea una mujer quien quede al frente de la PGR, que haya obtenido 84 votos a favor en su ratificación. Señalan sus inicios como defensora de oficio y también la buena relación que mantiene con organizaciones civiles como "Alto al secuestro" que lidera la activista y empresaria Isabel Miranda de Wallace. Sin embargo destacan que lo más importante será la forma en que enfrente los retos de la dependencia.
Gustavo Fondevila, investigador en seguridad y administración de justicia del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, asegura que lo fundamental deberán ser los programas y no las personas.
El especialista precisa que lo necesario será que cumpla con su palabra de cambiar a la PGR, aunque para eso hacen falta reformas legales fuera del alcance de Marisela Morales.
"Este gobierno ya no tiene capital político para lograr una reforma integral de la procuraduría ni de la procuración de justicia, eso ya va a quedar para el próximo gobierno", indica y agrega que la designación de la abogada Morales Ibáñez tiene algo de golpe publicitario y "no creo que esas reformas vengan de la mano de la nueva procuradora", subraya.
En su trayectoria de 18 años, la nueva procuradora ha tenido a su cargo diversos encargos que, de acuerdo con René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la han marcado. Cuando Marisela Morales estuvo al frente de la Unidad Especializada en Delitos Federales supervisó el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo e integró el proceso de desafuero del jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, el 4 de agosto de 2008, fue nombrada titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, donde elaboró una investigación y la operación conocida como "Michoacanazo", que involucró a 12 presidentes municipales, ocho funcionarios del gobierno del Estado, un juez, 12 policías, dos ex directores de seguridad pública y el diputado federal Julio Cesar Godoy, presuntamente involucrados en actividades del narcotráfico. "Esos antecedentes nos dan un sentido de duda bastante fuerte", asegura Jiménez Ornelas y agrega: "Yo espero que pueda una vez que esté en el cargo, callarnos la boca a los que tenemos duda, pero lo veo muy difícil por el antecedente del 'Michoacanazo', que demuestra que se obra con otro sentido que no es el de justicia, porque de todos los que detuvieron tuvo un aspecto político porque ya están fuera".
Gustavo Fondevila destaca que Marisela Morales Ibáñez tendrá poco menos de un año y medio, en razón del eventual cambio del Ejecutivo federal en el 2012 para implementar reformas administrativas. Insiste en que el principal problema es la que "el gran pendiente y la deuda con el pueblo mexicano es depurar los cuerpos de procuración de justicia para disminuir los altos índices de corrupción".
Este problema es reconocido incluso por Martin Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, quien asegura que "una persona puede hacer la diferencia, pero depende del grupo que se rodee y del equipo que ella integre, es lo que le va a permitir hacer o no hacer cierta labor dentro de la Procuraduría". Desde su perspectiva, el principal reto será consolidar el proceso del sistema penal acusatorio.
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