Washington, DC.- Los altos mandos en Washington del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), recibían informes semanales sobre el tráfico de armas a los cárteles del narcotráfico de México por medio de la operación Rápido y Furioso, y pese a peder el rastro de las armas dejaron que el flujo ilegal siguiera corriendo, reveló el Congreso federal estadunidense.
Según un informe presentado en el Congreso la operación Rápido y Furioso, por la que Estados Unidos permitió la entrada ilegal de armas a México con el objetivo de llegar a los cárteles de narcotraficantes, arriesgó vidas inocentes y generó más violencia en el país vecino, mientras que agentes estadounidenses dijeron a legisladores que recibieron la orden de sólo observar mientras cientos de armas de fuego eran traídas, revendidas ilegalmente y devueltas a México, donde recudece la violencia relacionada al narcotráfico.
En una audiencia del Comité Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, se dieron a conocer correos electrónicos que "exhiben" como dos de los jefes máximos de ATF, recibían información semanal sobre el programa de compra de armas múltiples con destino a los traficantes de droga mexicanos, aun cuando fueron advertidos de que la Operación Rápido y Furioso no estaba funcionando y que perdía el rastro de miles de armas.
Darrell Issa, presidente del Comité que encabeza una investigación legislativa sobre Rápido y Furioso, hizo públicos los correos electrónicos con los que se demuestra que Kenneth Melson, el director interino de ATF, y William Hoover, el Subdirector, eran informados regularmente respecto al tráfico "permitido" de armas a México, y que incluso el último reporte sobre esta estrategia les fue entregado el 10 de marzo de 2010.
"Los correos son la evidencia más íntima de que el Departamento de Justicia, a un alto nivel; sabía de los problemas que enfrentaba Rápido y Furioso, y aún así permitieron que la Operación continuara", declaró el congresista Issa.
Tras darse conocer el fracaso de Rápido y Furioso el Departamento de Justicia en Washington, aseguró que la situación se desconocía entre los altos mandos de ATF, anotando que la Operación realiza en Arizona fue orquestada por los agentes en ese estado.
En otro revés al gobierno de Barack Obama sobre la verdad de Rápido y Furioso, otro de los correos electrónicos develados en la audiencia legislativa, muestra como el 13 de abril de 2010, el Subdirector de Operaciones de ATF en Phoenix, William McMahon, presentó personalmente un informe a sus jefes de Washington sobre el flujo de armas a México.
En otro de los correos incluso, se exhibe como el propio Melson plantea a sus subalternos varios cuestionamientos sobre la Operación Rápido y Furioso.
En la sesión legislativa se apuntó que los agentes de ATF que no estaban de acuerdo con Rápido y Furioso, y quienes se encargaron de denunciar la Operación ante los medios de comunicación, primero, y después el en Capitolio, se quejaron de que aun con cámaras ocultas en Phoenix, para monitorear la compra múltiple de armas y su eventual viaje a México; se estaba perdiendo el rastro del arsenal. En uno de los correos electrónicos, Melson pregunta sobre el monitoreo electrónico del armamento con destino a los cárteles del narcotráfico mexicano.
"Sentado en su oficina en Washington y sen hacer nada, Melson limitó a observar como docenas de rifles AK-47, viajaban a México y se perdía el rastro de las armas", denunció Issa.
En la sesión del Comité de la Cámara de Representantes del Congreso federal, los familiares del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, quien fue asesinado en la frontera con México con armas adquiridas por medio de Rápido y Furioso, demandaron al Congreso presionar al Departamento de Justicia para que se haga una investigación minuciosa y publica, para no sólo llegar al fondo del caso, sino también para castigar a los responsables del fracaso de la Operación.
Los agentes de ATF que denunciaron a Rápido y Furioso, entre estos John Dodson, quien testificó en la audiencia en al que también participó el senador Chuck Grassley, ya que Comité Judicial del Senado también investiga el caso; afirmaron que aun cuando están siendo castigados por sus jefes por denunciar a la Operación, ellos hicieron lo correcto porque consideran que las armas que se traficaron y adquirieron baja supervisión de Washington, podrían terminar siendo usadas para matar a gente inocente, tanto en México como en Estados Unidos, tal y como ya demostró el caso del agente Terry, de la Patrulla Fronteriza. (OEM)
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