Dijo que la CNDH, en el momento que fue informada del caso, envió a dos visitadores para investigar el hecho y deslindar responsabilidades sobre los migrantes secuestrados.
El ombudsman nacional afirmó que ese secuestro es reflejo de que hace falta reforzar las estrategias en materia de seguridad pública que dé protección a las zonas en donde se están presentando estos secuestros del crimen organizado hacia los migrantes. "Hace falta una tarea de prevención de delito", dijo.
Recordó que la CNDH había ya señalado las zonas en donde se están dando secuestros, y que fue en una de éstas en donde ocurrió este incidente. Plascencia Villanueva dijo que sea abrió desde ayer una investigación de hechos para tomar testimonio y llevar las primeras diligencias y recabar todas las evidencias.
No fueron informados
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que tiene efectivos castrenses destacamentados en la estación de rebombeo de Medias Aguas, en Veracruz, para resguardar las instalaciones, pero los soldados no fueron informados del secuestro de migrantes que organizaciones civiles denunciaron el viernes pasado.
"En el caso particular del presunto ilícito, el personal militar antes mencionado no observó su comisión, ni fue informado del mismo para proporcionar apoyo y evitarlo", aclaró la Secretaría de la Defensa Nacional. "La Secretaría de la Defensa Nacional invita a la sociedad mexicana en general a continuar denunciando actos o hechos por parte de la delincuencia organizada para combatir de forma conjunta sociedad y gobierno a este flagelo", pide la dependencia.
La Sedena apunta además que entre los años 2010 y 2011 logró la liberación de 882 migrantes.
El padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes "Hermanos en el camino" denunció el rapto de migrantes entre Oaxaca y Veracruz, justamente en el poblado de Medias Aguas, y dijo que al menos 80 indocumentados habrían sido plagiados a partir de los testimonios de los migrantes que escaparon.
Declaran el plagio
Un hondureño y un guatemalteco son los dos testigos que denunciaron el supuesto secuestro masivo de indocumentados en el sureste de México, informó ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inició una investigación propia para aclarar lo sucedido.
Fernando Batista, responsable del programa de atención a migrantes de la CNDH, dijo ayer que los dos testigos ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y actualmente rinden declaraciones a fiscales de esa dependencia.
Refirió que el hondureño y el guatemalteco, cuyas identidades fueron mantenidas en reserva, narraron a personal de la comisión que el 24 de junio el tren en el que viajaban junto con entre 200 y 250 indocumentados se detuvo en una comunidad del estado de Veracruz y en ese momento vieron a por lo menos 10 personas armadas y encapuchadas descender de tres camionetas y les exigieron a los migrantes a bajar del ferrocarril.
Dijo que los testigos vieron que los hombres armados y vestidos de negro subieron a dos personas a una de las camionetas.
Posteriormente observaron que otros de los encapuchados se acercaron a dos mujeres, dos hombres y un menor de edad que permanecían en uno de los vagones del tren.
Según los primeros testimonios ante la CNDH, el hondureño y el guatemalteco saltaron en ese momento del tren y se ocultaron por cerca de tres o cuatro horas para evitar ser capturados.
Batista dijo que la CNDH aún investiga el número de migrantes que habrían sido secuestrados y está en proceso de revisar todas las declaraciones que los dos testigos rindieron ante el personal de la comisión para ver si hay más detalles sobre el incidente.
Por lo pronto, aseguró, "contamos con evidencias que permiten presumir de momento que pudo haber existido algún o varios casos (de secuestro)".
El tren había salido de Oaxaca rumbo al estado vecino de Veracruz. Solalinde ha dicho que en el tren iban hondureños y guatemaltecos en su mayoría, aunque también había salvadoreños.
El sacerdote dijo que los testigos declararon que al llegar a la comunidad de Medias Aguas, Veracruz, los maquinistas del tren no se detuvieron en el mismo lugar que suelen hacerlo, sino que avanzaron hacia una zona más apartada y solitaria, lo que le hace sospechar que estuvieron coludidos.
Batista señaló que el hondureño y el guatemalteco narraron a la CNDH que el tren "se detuvo en un sitio que no correspondía", lo cual podría indicar que los maquinistas tuvieron alguna "connivencia".
Dijo que como parte de su investigación, la PGR debe considerar esa teoría. Batista comentó no saber el nombre de la empresa propietaria del tren, aunque la noche del lunes el Instituto Nacional de Migración informó que ha entrado en comunicación con las compañías Ferrosur y Ferrocarril del Istmo para saber si tienen información para aportar a la investigación. En un reporte recientemente divulgado, la CNDH señaló que sólo entre abril y septiembre de 2010 habían sido secuestrados al menos 11,333 migrantes en 214 plagios masivos.
La comisión propuso a las autoridades poner en marcha diversas medidas para evitar que los migrantes sean víctimas de delitos, como fortalecer la presencia de agentes migratorios en las zonas de riesgo.
Batista dijo que la autoridad debe implementar ese tipo de medidas de prevención, porque de lo contrario se "está lejos de poner un remedio" a situaciones como el plagio de migrantes.
El gobierno ha dicho que en los últimos años los carteles de las drogas han ampliado sus actividades a otros ilícitos como el secuestro y la extorsión.
Autoridades creen que los grupos del narcotráfico secuestran a migrantes tanto para buscar reclutar nuevos sicarios como para extorsionar a sus familiares.
Cierran apoyo a migrantes
La ONG mexicana Centro de Derechos Humanos del Migrante (CDHM) anunció ayer que clausuró un proyecto de apoyo y asistencia legal a migrantes víctimas de abusos en México y EE.UU. que mantenía en la urbe norteña fronteriza de Nuevo Laredo, por amenazas y acoso contra sus activistas.
Representantes de esa ONG y otros activistas demandaron del Gobierno mexicano "que se proteja el último eslabón de la cadena sobre el que está pendiendo la vida de muchísimas personas", en alusión al papel que juegan los defensores de derechos humanos en este país.
En rueda de prensa, la consejera jurídica del CDHM, Gabriela Morales, consideró "muy grave" la situación en Nuevo Laredo debido a que personas que brindaban asesoría legal y apoyo a migrantes han sufrido en los últimos meses "un serie de amenazas, hostigamiento y actos de violencia" que motivaron el cierre del proyecto el 24 de junio.
Los servicios prestados por dos trabajadores en la Casa del Migrante de la ciudad, ubicada en el estado de Tamaulipas, llegaban cada día a unos cincuenta indocumentados, mexicanos deportados de EE.UU. o centroamericanos que trataban de cruzar al norte.
La activista de CDHM explicó que no hay certeza clara de quiénes pueden estar tras los ataques, aunque presumen que pueden ser grupos del crimen organizado.Morales señaló que el proyecto, conocido como Iniciativa Frontera Norte de México y lanzado en mayo de 2010, recibe apoyo económico de una organización estadounidense y continuará en otras tres localidades mexicanas Tijuana, Agua Prieta y Ciudad Juárez.
En la misma rueda de prensa, Miguel Pulido, director del centro de investigación Fundar, denunció la existencia de un "vacío de autoridad" en muchos puntos de México que ha propiciado los casos de hostigamiento."Pasamos de una incapacidad del Estado para controlar a sus propios agentes a una incapacidad para proteger a las personas de los ataques de agentes no estatales a un grado todavía más alto de preocupación, que es el de la infiltración y la corrupción de la delincuencia con las autoridades", apuntó.
Recordó que "cuando todo falla, las y los defensores de derechos humanos se convierten, no en una alternativa, sino en la única alternativa" de la sociedad frente a los abusos, y cuando estos activistas "se ven obligados a renunciar a su trabajo, estamos en la situación prácticamente en donde ya no tenemos ninguna expectativa".
Por su parte, el sacerdote Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, recordó que las agresiones a defensores de derechos humanos en México están aumentando, al pasar de una en 2009, a tres en 2010 y siete en lo que va de 2011.
Dijo que en general en México había un contexto "complejo y adverso" en el que se daban situaciones muy graves de abusos contra los migrantes, como podría ser el presunto secuestro masivo de al menos 80 indocumentados ocurrido la semana pasada en Medias Aguas, en el sureño estado de Veracruz.
Lamentó "la militarización de la seguridad" y "la impunidad en la que siguen viviendo las personas que agreden" en México los derechos de los migrantes, y dijo que los estados con casos más graves eran probablemente Tamaulipas y Coahuila. En el último recordó que tres voluntarios alemanes que trabajaban en la Casa Belén de Saltillo dejaron de prestar sus servicios allí a petición de las autoridades de Alemania, que temían por su seguridad.
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