Previo al cierre de las campañas electorales y a sólo cuatro días de que los coahuilenses acudan a las urnas para decidir quién tomará las riendas del Estado los próximos seis años, los dos principales partidos se han lanzado acusaciones mutuas sobre presuntas irregularidades en las que estarían inmiscuidos distintos actores políticos.
Por una parte, ayer legisladores del PAN pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigar la presunta falsificación de información oficial para solicitar créditos de deuda pública nombre del Gobierno de Coahuila con instituciones bancarias privadas.
Además, demandaron la investigación de los fondos de Prodemi, que depende del SATEC y recauda 250 millones de pesos al año por cuotas de 75 pesos por tonelada de carbón a productores de Coahuila, quienes no reciben los beneficios de dicha aportación.
En rueda de prensa en el DF, el senador Federico Döring, delegado del PAN en Coahuila, presidió la presentación de documentos con los que afirman que Javier Villarreal, titular del SATEC, engañó a la SHCP, citando dos decretos donde supuestamente el Congreso local autorizaba endeudarse, primero con mil millones, y luego con 2 mil millones de pesos.
A la presentación asistieron los diputados locales Rodrigo Rivas, Ester Quintana y Mario Dávila, y el presidente del CDE del PAN, Carlos Orta, así como el diputado federal Jesús Ramírez.
Rodrigo Rivas quien presentó un documento expedido por el SATEC en el que el Gobierno del Estado pide a SHCP su anuencia para adquirir un crédito por 2 mil millones de pesos, con instituciones financieras particulares.
Por su parte, Ester Quintana mostró otro documento por el que el SATEC solicita a la SHCP avale un crédito con financieras particulares, esta vez por mil millones de pesos, presentando el número de decreto en el que presuntamente el Congreso de Coahuila autorizó tal endeudamiento.
En su intervención, Mario Dávila denunció el uso de los recursos de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, de forma discrecional por parte del SATEC, cuyas altas cuotas no se traducen en beneficios para los productores del carbón de Coahuila.
Por otra parte, a través de Internet y en los últimos días entregado en los hogares coahuilenses, un video del PAN señala una presunta “red de corrupción, negocios turbios y tráfico de influencias”.
Contra el PAN
En contraparte, a nivel nacional fue señalado el supuesto uso de recursos públicos procedentes del Gobierno de Sonora y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para la campaña proselitista del candidato panista Guillermo Anaya.
De acuerdo con la edición 1808 de la Revista Proceso, una serie de conversaciones contenidas en un dispositivo magnético hecho llegar a su redacción de manera anónima, registra la forma en que presuntamente Luis Fernando Salazar, ex delegado de Sedesol en Coahuila y quien actualmente coordina la campaña de Anaya, se pone de acuerdo con el director general de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social para recibir apoyos, así como con el subsecretario de Hacienda de Sonora -entidad gobernada por el panista Guillermo Padrés–, de donde también se destinaría ayuda para la campaña.
En otro video difundido el fin de semana por el diputado local priísta Francisco Tobías, se destacan las presuntas relaciones de Anaya con personajes del crimen organizado como Sergio Villarreal "El Grande".
Además, el mismo Guillermo Anaya fue señalado por haber adquirido al 10 por ciento de su valor una propiedad en Durango que, según se dijo, tiene un costo aproximado de 46 millones de pesos.
El abanderado albiazul salió a desmentir la información asegurando que el rancho en cuestión carece de servicios y la transacción estaba en su declaración patrimonial.
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