Familia Pasta de Conchos
Hace 60 años que no se conformaba como la semana pasada, una delegación tan representativa de mineros y sus familias de la región carbonífera que viniera a la Cd. de México a denunciar las condiciones que imperan en la minería del carbón, luego de lo ocurrido en el siniestro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hace ya 57 meses y del cual se ha señalado, nacional e internacionalmente, a las autoridades del Trabajo y Previsión Social y a Industrial Minera México de Grupo México de Germán Larrea y que preside Francisco Javier García de Quevedo como corresponsables.
Retomando la gesta de la Huelga de Hambre de la década de los cincuenta del siglo pasado, en que miles de mineros marcharon a la Cd de México, en defensa de sus derechos, 45 personas procedentes de los poblados de Palaú, Progreso, Barroterán, Nueva Rosita y La Florida, pertenecientes a los municipios de Múzquiz, san Juan de Sabinas y Nueva Rosita, Coahuila, realizamos una jornada de tres días que incluyó la participación en una audiencia en el Senado de la República y una Marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos.
La delegación conformada por mineros de pozos y minas subterráneas, trabajadores sobrevivientes de los últimos siniestros de la región y familiares de los mineros siniestrados en las Minas Pasta de Conchos, Mina Lulú, Pozo Ferber y Pozo Vertical 4, participamos el día 11, principalmente, como el primer grupo de trabajo de participación ciudadana, en la primera audiencia pública del Capítulo México, de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción, en la sala Isidoro Olvera del Senado de la República.
La sesión, convocada por el senador Ricardo García Cervantes e inaugurada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo, fue el marco para que señaláramos la distinta responsabilidad que le compete, por ejemplo a las Secretarías de Economía (Dirección General de Minas), del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Estado de Coahuila, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a diferentes empresas extractivas de carbón y sindicatos, ya que en la gran mayoría de minas de la región, no se les hacen exámenes médicos a los mineros, no se reparten utilidades, no están sindicalizados los trabajadores, no se les pagan las vacaciones, incluso no se hacen declaraciones anuales fiscales; no se utilizan metanométros para evitar problemas con el gas metano y el equipo de seguridad para los mineros es sólo una lámpara; los centros de trabajo no tienen baños, regaderas, agua potable, vestidores, y hay minas donde duermen los trabajadores afuera de la mina porque no hay transporte para el tercer turno, ni hay lugar adecuado para que duerman; algunas empresas presentan documentos falsos, mienten a los inspectores de la STPS, y tienen niños desde los 14 años extrayendo carbón en turnos completos, sin seguro social y sin protección. Ningún trabajador fue despedido en 2009, todos renuncian voluntariamente.
Luego del testimonio de Ma. Trinidad Cantú, mamá de Raúl Villasana, de Tania Muñoz, hija de 17 años de Jorge Bladimir Muñoz y de Francisco Zamora Castellanos, minero sobreviviente del pozo Vertical 4, nuestra organización concluyó que existe un costo oculto en los precios de compra-venta de carbón que no asumen las empresas, ni los coyotes, ni los que tienen contratos, configurando una situación de muerte e injusticia, resultado de un cúmulo de irregularidades y de intereses en todos los niveles y órganos de gobierno tanto Estatales como Federales.
El tratamiento descoordinado a la minería del carbón por las distintas secretarías y órdenes de gobierno, dejan a los mineros del carbón y sus familias en absoluto estado de indefensión. No tienen a quién acudir porque nadie se siente responsable de la situación en la región carbonífera y los vacíos legales posibilitan que empresas y autoridades justifiquen sus omisiones y negligencias. Incluso la misma CNDH tiene varias Quejas presentadas hace más de un año y no emite las respectivas Recomendaciones.
La senadora María Serrano Serrano expresó bien el consenso entre los senadores asistentes: “no podemos seguir con la explotación minera con estas condiciones”, por lo que los legisladores “necesitamos reformar todas la leyes que sean necesarias”. Dichos legisladores asumieron el compromiso de darle cauce a las peticiones y convertirlas en soluciones.
Los mismos hechos han sido narrados al equipo de Felipe Calderón, por lo que aguardamos la respuesta a la solicitud de audiencia que su mismo equipo quedó de otorgar en dos semanas. Saludamos la decisión del Congreso de Baja California Sur de legislar para prohibir la operación de minas a cielo abierto, lo que pone un freno a la voracidad de empresas como Minera México. Nos solidarizamos con las familias de las 6 trabajadoras de Coppel, fallecidas en Culiacán, Sinaloa.
A una voz, ¡Rescate ya!
Organización Familia Pasta de Conchos
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