El presidente Felipe Calderón lo ha dicho con una metáfora acertada: los análisis descubrieron que el paciente, cuyo mal no se creía tan grave, estaba invadido de cáncer.
El crimen organizado se ha infiltrado profundamente en comunidades, cuerpos policiacos, agencias del Ministerio Público y gobiernos; está provisto de infinitos recursos económicos y de armas abundantes y poderosas; cuenta con copiosos ejércitos de reserva; carece de cualquier escrúpulo o sentimiento de compasión al cometer sus crímenes, desquicia el orden aun en ciudades hasta hace poco muy seguras (como Monterrey) y ha llevado al gobierno, desconcertado ante la fuerza y la omnipresencia de ese monstruo, a tomar medidas que a veces contrarían esa conquista irrenunciable del proceso civilizatorio que son los derechos humanos.
En ocasiones extremas, soldados o policías, presas de una tensión insoportable porque saben que en cualquier momento pueden ser objeto de un atentado letal, han errado el blanco y disparado a civiles inocentes. El reciente caso del oftalmológo abatido en su propio jardín es tan sólo un trágico ejemplo.
Las bandas al servicio de los capos son muy difíciles de combatir en sociedades donde se respetan la ley y los derechos humanos pero no tienen policías altamente profesionales. Sus sicarios están entre nosotros, nos cruzamos con ellos en la calle, en la iglesia, en el transporte público; transitan libremente por cualquier lugar; son invisibles hasta el instante mismo en que perpetran un crimen y después vuelven a serlo.
Son muchos y están en todas partes. Un gobierno no puede tener vigilancia en cada esquina o en cada tramo de las avenidas o en cada rancho.
A diferencia del gobierno, los jefes del crimen organizado no pretenden ganar una guerra: quieren apropiarse de cierto territorio o defender la apropiación; deshacerse de sus rivales; hacer negocio con la venta de droga, la extorsión, el secuestro y el robo de automóviles; aterrorizar a la población para que ésta no los denuncie o incluso pida el retiro de las fuerzas de seguridad.
Me resulta antipática la actitud de quienes, levantando la ceja con desprecio, señalan que la estrategia del gobierno es equivocada sin proponer la alternativa que a su juicio es la correcta.
Pero de lo que no cabe duda es de que si la cantidad de delitos graves aumenta, como está ocurriendo; si medios de comunicación intimidados han renunciado a su libertad de información; si muchos ciudadanos cierran sus negocios por no pagar derecho de piso o porque las extorsiones los han llevado a la ruina; si muchos habitantes están abandonando por temor el lugar en que sus vidas habían discurrido, y si las libertades se están conculcando, no puede decirse que estemos ganando —la sociedad en su conjunto, porque éste no es asunto tan sólo del gobierno— la batalla.
Las autoridades que se irritaban con las cifras que exhibía el ICESI se salieron con la suya al haberse arrebatado a este instituto la encuesta sobre inseguridad, pero velar un espejo no cambia los sucesos ominosos de la terca realidad.
Luis de la Barreda Solórzano, es Director General del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, A.C.
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